sábado, 31 de octubre de 2009

Un sano debate en Santa Cruz

Una sociedad que asume el reto de mirarse ante el espejo de la crítica y la autocrítica; que reconoce sus limitaciones pero también, y sobre todo, sus enormes potencialidades, es una sociedad sana y llena de vitalidad

En ocasión de conmemorarse el 59 aniversario del Comité pro Santa Cruz, el matutino El Deber tuvo la feliz iniciativa de promover un debate acerca el papel que esa institución ha jugado durante los últimos años y para que, sobre la base de una evaluación autocrítica de los aciertos que tuvo y los errores que cometió, tome las decisiones necesarias para recuperar un liderazgo que hoy atraviesa por una muy profunda crisis.

El tema merece ser visto con atención no sólo por los cruceños sino por todos los bolivianos, pues por muchas razones Santa Cruz juega un rol cuya importancia, para bien o para mal, afecta a todo nuestro país. Se trata de un debate que no ha hecho más que comenzar y bueno sería que de él participen todos quienes se sienten involucrados en la búsqueda de mejores horizontes para el futuro nacional.

La iniciativa de El Deber, en sí misma encomiable, lo es más aún si se considera el amplio espíritu pluralista que se reflejó en la diversidad de los puntos de vista políticos e ideológicos que representaron los participantes invitados. Tuvieron la oportunidad de hacer oír sus opiniones tanto los más firmes defensores de la institución cruceña, como su actual presidente, Luis Núñez, hasta uno de sus más severos críticos, como el socialista Jerjes Justiniano.

Como no podía ser de otro modo, fueron muchos los temas en los que las discrepancias afloraron pero fueron también grandes las coincidencias. Todos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en que Santa Cruz debe asumir como un dato de la realidad innegable que Bolivia está atravesando por un profundo proceso de cambios y que lejos de negarlo, lo que corresponde es comprenderlo y participar de él “sobre la base de una ideología regional, pero con visión nacional”.

Coincidieron también al reconocer que el liderazgo cruceño ha perdido durante los últimos tiempos mucho del vigor que en algún momento tuvo y que uno de los principales retos del comité cívico es buscar la forma de recuperarlo. Ardua tarea que no podrá ser cumplida exitosamente si no se revierten los factores que dieron lugar a los recientes fracasos.

Un tema central que fue abordado pero no con suficiente detenimiento y tampoco se plasmó en conclusiones claras, por lo que sin duda deberá seguir siendo objeto principal de las futuras reflexiones, es el relativo a los límites que impone el rol cívico del comité y su relación con la práctica política. El hecho de que durante los últimos años haya asumido un papel eminentemente político en sus enfrentamientos contra el proyecto de país desarrollado por el MAS desde la gestión gubernamental, es uno de los aspectos más cuestionados.

Fueron sin duda muchos los temas que no llegaron a ser suficientemente debatidos dada la complejidad de cada uno de ellos, pero lo importante es que se ha iniciado un proceso que, es de esperar, ya no se detenga. Una sociedad que asume valientemente el reto de mirarse a sí misma ante el espejo de la crítica y la autocrítica; que reconoce sus limitaciones pero también, y sobre todo, sus enormes potencialidades, es una sociedad sana y llena de vitalidad. Es por eso de esperar que este ejemplo que da Santa Cruz, como muchos otros, sea seguido en otras regiones del país.

viernes, 30 de octubre de 2009

La oposición, peor que el oficialismo

Si bien gran parte del pueblo venezolano considera que el gobierno de Chávez es malo, muy malo o pésimo, no cree que sea lo peor. Hay algo peor que el chavismo, y es la oposición

Los resultados de una encuesta recientemente hecha en Venezuela por la empresa Datanálisis, está dando mucho trabajo a los políticos oficialistas y opositores, así como a los observan, analizan y comentan sobre la situación política de ese país.

A primera vista, es al régimen de Hugo Chávez el que más motivos de preocupación tiene, pues el dato más relevante parece ser el vertiginoso descenso de la popularidad del caudillo. Y como si eso fuera poco, otro estudio, elaborado por el Instituto Legatum que midió la riqueza y felicidad en 104 países del mundo, ubicó a Venezuela en la última posición en el hemisferio.

Ambos resultados, que fueron difundidos casi simultáneamente, han puesto con justificada razón en estado de emergencia a los operadores del chavismo pues se suman a muchos otros indicadores que permiten suponer que la “revolución bolivariana” ha ingresado a una fase de declinación que pone en serio riesgo su continuidad en el próximo futuro.

Y como suele ocurrir desde hace más de diez años cada que una encuesta arroja resultados poco satisfactorios para el oficialismo, las muchísimas fracciones en que está dividida la oposición venezolana baten palmas creyendo acerca la hora de su redención.

Sin embargo, una interpretación que vaya más allá de las siempre engañosas apariencias muestra una realidad muy diferente. Es que si bien es cierto que la aceptación de Chávez está en descenso, no menos cierto es que a la oposición le va aún peor. Es que si se suman todas las adhesiones que consiguen los opositores, éstas apenas superan el diez por ciento.

A tal extremo llega el desprestigio de la oposición venezolana que si bien Chávez pasó de tener 31% de intención de voto en septiembre a 17% en octubre, lo que equivale a una disminución de 14 puntos porcentuales, tan menguada cifra bastaría y sobraría para derrotar a todos los candidatos de oposición juntos, si las elecciones se realizaran el próximo domingo.

Si se deja de ver a la oposición como un conjunto, y se observan en detalle los resultados correspondientes a sus principales fracciones, el panorama es aún peor. Es que ninguno de los aspirantes a liderar a las corrientes antichavistas llega siquiera al 4% de las adhesiones.

Que un gobernante latinoamericano vea su popularidad disminuida después de diez años de gestión, no es algo difícil de comprender. Más aún si se trata, como en el caso venezolano, de un régimen que ha hecho estragos en la estructura económica de su país.

No es tan fácil, en cambio, y por ello requiere mayor esfuerzo, comprender lo que ocurre en las filas de una oposición que después de diez años de permanente pelea sólo obtiene tan miserables resultados. Tal fracaso es, no cabe ya duda alguna, tan o más importante para comprender el fenómeno venezolano como lo que hace o deja de hacer el régimen Chávez.

Es que si bien gran parte del pueblo venezolano considera que el gobierno de Chávez es malo, muy malo o pésimo, no cree que sea lo peor. Hay algo peor que el chavismo, y es la oposición. Y no habría que descartar la posibilidad de que algo muy similar esté ocurriendo en Bolivia.

jueves, 29 de octubre de 2009

Las mafias mexicanas en Bolivia

La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle del Estado mexicano, es sólo uno más de los muchos aspectos del problema

Entre los muchos problemas que aquejan a nuestro país sin recibir de los candidatos presidenciales la atención que merecen, hay uno que al ser soslayado pone en evidencia la enorme irresponsabilidad y ceguera con que están actuando quienes aspiran a recibir el apoyo de la ciudadanía. Se trata del vertiginoso ritmo al que crecen las actividades relacionadas con el narcotráfico, y sus múltiples secuelas.

Las informaciones que a diario dan cuenta de la magnitud del fenómeno al que nos referimos son muchas. Prácticamente no hay día que pase sin que se conozcan nuevas noticias acerca de la profundidad y extensión con que este mal está devorando la estructura económica, política y social de Bolivia.

Una de las más funestas consecuencias de ese proceso es que como se produce de manera paulatina, sin grandes traumas que sirvan para despertar la consciencia colectiva, va incorporándose a la normalidad cotidiana. Así, la sociedad poco a poco se acostumbra a convivir con el mal y pierden fuerza las voces que tratan de llamar la atención con la vana esperanza de provocar una reacción colectiva.

Un ejemplo de lo dicho es la poca atención que han recibido las denuncias hechas por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), según las que los carteles mexicanos que ya controlan gran parte del tráfico de cocaína estarían invirtiendo enormes sumas de dinero en nuestro país a través de organizaciones mafiosas de origen colombiano.

De acuerdo a los informes expuestos por la principal autoridad policial boliviana en la materia, sólo en la construcción de “megalaboratorios” para la transformación de la hoja de coca en cocaína se estarían invirtiendo varias decenas de millones de dólares. Y si eso ocurre en la infraestructura básica, no es difícil suponer que los montos involucrados en las otras fases de la “cadena productiva” son aún mayores.

Otros datos confirman esos temores. El crecimiento exponencial de la extensión de los cultivos de coca no sólo en el trópico cochabambino, sino también en zonas antes libres esas plantaciones, es uno de ellos. Los descubrimientos de laboratorios en provincias rurales que hasta hace poco estaban íntegramente dedicadas a las labores agrícolas, es otro.

Es tan obvia e inocultable la directa relación entre ambos eslabones de la cadena, que de nada valen los esfuerzos que hace el gobierno de Evo Morales por negarla o minimizarla. Y así lo entienden los gobernantes de países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, cada vez menos dispuestos permitir que la condescendencia con que tratan al gobierno boliviano sea confundida con debilidad o estupidez.

La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle del Estado mexicano, es sólo uno más de los muchos aspectos del problema que tendría que servir como llamada de alerta para que dejemos de verlo como si algo que incumbe a todos menos a nosotros se tratara. Evitar que las majaderías de los candidatos presidenciales continúen distrayendo la atención colectiva alejándola de los temas realmente importantes, es por ahora lo mejor que se puede hacer.

miércoles, 28 de octubre de 2009

Bolivia, un modelo para el FMI

La situación económica del país no es, ni mucho menos, el flanco más débil del gobierno actual. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver


Si hay algo que caracteriza a la actual situación económica de nuestro país, es la confusión. Es que como no ocurría hace ya mucho tiempo, información clave sobre muchos aspectos de la actividad económica, y sobre todo la relativa al manejo que el gobierno central hace de los recursos disponibles, es muy escasa cuando no inexistente, y la poca disponible no goza de la credibilidad que sería de esperar.

A la confusión que eso ocasiona se suma la proliferación de datos aparentemente contradictorios. Se sabe, por ejemplo, que los indicadores macroeconómicos figuran entre los mejores del mundo, pero eso no se refleja en las cifras relativas a la producción, exportaciones y empleo, indicadores en los que el retroceso es inocultable.

Si hay algo que queda claro, a pesar de todo, es que por lo menos por ahora la situación económica de nuestro país no está, ni mucho menos, entre los puntos más débiles de la actual gestión gubernamental. Y aunque las proyecciones hacia e futuro inmediato no son tan halagüeñas, el gobierno tiene motivos más que suficientes para ver con desdén los esfuerzos que hacen sus rivales para dirigir su artillería propagandística hacia un flanco que no es, ni mucho menos, el más vulnerable.

Así lo ha confirmado el informe sobre la economía boliviana recientemente presentado por representantes del Fondo Monetario Internacional quienes no escatimaron elogios al referirse a la política económica de la actual gestión gubernamental. Que el FMI haya puesto al gobierno de Evo Morales como un ejemplo de prudencia y equilibrio, entre otros encomiosos calificativos, no es algo cuya importancia pueda ser minimizada en ninguna circunstancia y mucho menos en pleno proceso electoral.

Entre los muchos elogios tan generosamente vertidos por Gilbert Terrier, asesor principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, al presentar el informe, destaca el relativo a la manera como durante los últimos años se administraron los extraordinarios recursos de los que nuestro país gozó gracias a los altos precios de nuestras exportaciones tradicionales, principalmente el gas. Precisamente lo que más se suele criticar desde las filas de la oposición política y de los centros académicos especializados en temas económicos de nuestro país.

El FMI elogió que Bolivia tenga la tasa más alta de crecimiento de Latinoamérica y una de las más altas del mundo en un año que en todo el planeta fue uno de los peores. Pero nada, o muy poco, dijo sobre la falta de correspondencia entre esos datos y el debilitamiento del aparato productivo nacional en el mismo período de tiempo, lo que se refleja en la vertiginosa caída de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

De cualquier modo, aún siendo evidente que el cuadro actual tiene mucho de engañoso por lo frágiles que son las bases que lo proyectan al porvenir, lo cierto es que, en una coyuntura electoral como la actual, la situación económica del país no es, ni mucho menos, la mayor de las preocupaciones para el equipo gubernamental. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver.

martes, 27 de octubre de 2009

Desigual correlación de fuerzas

Mientras el oficialismo despliega sendos planes de acción para dos escenarios diferentes, la oposición no halla la vía para salir de su aturdimiento paralizador



Cuando ya hemos ingresado ya a lo que en los hechos es el último tramo del proceso que concluirá el 6 de diciembre próximo, las campañas electorales y la actitud de la ciudadanía ante ellas dan ya suficientes elementos de juicio para describir cuál es la correlación de fuerzas en el escenario político y lo que se puede esperar en el futuro inmediato.

Dos parecen ser los rasgos principales del proceso. Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez.

Para el primer caso, el fin es superar ampliamente los dos tercios de los votos y de los asambleístas electos y el medio mantener y reforzar su condición de partido prácticamente monopólico, para lo que cuenta con los muchos mecanismos montados durante los últimos años para que en esas regiones no haya presencia efectiva de la oposición.

En esas regiones, que en términos geográficos y demográficos representan a más de la mitad del país, el objetivo oficialista ha sido ampliamente logrado. Ninguna de las fórmulas opositoras ha podido, en cambio, hacer mella siquiera en la hegemonía oficialista. A tal punto que, así como en esta etapa no tienen ni casas de campaña en el vasto “territorio masista”, tampoco es previsible que vayan a tener presencia alguna cuando llegue el día de controlar, mediante delgados de mesa, el acto electoral.

Diferente, pero no por eso menos eficiente, es el plan oficialista a ser aplicado en lo que fue la “Media Luna”. Allá, por ejemplo, la wiphala ha sido arriada “por respeto a la cultura cruceña”, lo que indica que no se trata en este caso de imponer los símbolos propios, sino de arrebatar los de los rivales. Así, tomar la plaza 24 de septiembre, máximo símbolo de lo que fue la resistencia cívica, y hacer de ella un bastión a partir del que se inicie la “ofensiva electoral final”, más que un acto político se convierte en uno simbólico de máxima significación.

Tal como antes el MAS se apoderó de las banderas de la autonomía, ahora serán los más destacados miembros de las huestes de la “juventud crueceñista” las encargadas de arrinconar, en el plano fáctico y en el simbólico, a lo poco que queda de la oposición cívica.

Que en ambos escenarios estén ejecutándose con tanto éxito sendos planes de acción oficialista se explica no sólo por la habilidad de sus estrategas sino también, y en no menor medida, por la ineptitud de sus rivales. Es que a estas alturas del proceso todavía no se ve, ni remotamente siquiera, una fuerza capaz de oponer resistencia. Sin liderazgo, sin organización y sin un cuerpo de ideas que se plasmen en una propuesta política digna de tal nombre, la oposición no atina a nada más que perseverar en su estéril victimismo.

lunes, 26 de octubre de 2009

La necesidad de debatir

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos


A poco más de un mes de las elecciones generales, los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, se han apoderado de los medios de comunicación, pero el país no ha visto hasta hoy una exposición clara y real de los proyectos y visiones que plantean los partidos políticos que participan en este proceso electoral.

Los postulantes a la presidencia, además de desplegar sus estrategias de propaganda electoral, desarrollan una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos vayan incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de las siguientes cinco semanas, tiempo que los partidos políticos tienen para agotar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

Mientras la campaña electoral transcurre, todas las encuestas de intención de voto coinciden en otorgarle una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino.

Los mensajes de propaganda electoral que se están difundiendo a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en lo poco que queda del período de la campaña electoral, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y proyectos, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario, de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

domingo, 25 de octubre de 2009

Hacia la cumbre mundial de Copenhague

Los Tiempos, con más de 300 de los más importantes diarios del mundo, ha asumido en días pasados, en Copenhague, el compromiso de sumarse a la causa de revertir el cambio climático



Entre el 7 y el 18 de diciembre próximo, los ojos de todo el mundo estarán fijados en Copenhague, la capital de Dinamarca. Durante esos días, en el marco de convención mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los gobernantes de todos los países de nuestro planeta se reunirán con solo objetivo: suscribir un nuevo acuerdo mundial de lucha contra el calentamiento climático global que prosiga e intensifique los esfuerzos del Protocolo de Kyoto.

Las razones por la expectativa que ya precede a la cumbre de Copenhague son por demás justificadas. Es que a diferencia de lo que ocurrió en Kyoto, las pruebas científicas sobre la responsabilidad humana en el cambio climático son mucho más sólidas y eso ha contribuido a que no sólo los gobiernos, sino los pueblos del mundo, estén más convencidos de la urgente necesidad de adoptar medidas drásticas e inmediatas para detener, primero, y revertir después, un proceso que al ritmo de avanza conducirá a la humanidad entera, en un plazo no lejano, a una catástrofe de horrorosas dimensiones.

Pese a ello, son todavía muchas las dudas que todavía existen sobre la posibilidad de que Copenhague alcance el éxito esperado. Es que la complejidad del fenómeno, y los muchos intereses económicos y políticos que están involucrados, hacen temer que en diciembre no se logre el tan ansiado acuerdo.

Estados Unidos es el obstáculo principal. Es que a pesar del firme compromiso del Presidente Barack Obama, todavía predomina en el senado de ese país una muy fuerte corriente adversa a la adopción de las medidas que el mundo espera.

La reticencia estadounidense contrasta con los esfuerzos que hace el resto del mundo. Los mandatarios de la Unión Europea, por ejemplo, en una de las reuniones preparatorias para la cumbre de diciembre realizada en días pasados, se han comprometido a reducir las emisiones europeas de CO2 hasta en un 95% hasta 2050. China, India y Japón también han adelantado ya su voluntad para adoptar medidas similares, y los demás países del mundo dan señales alentadoras. Estados Unidos, como ya ocurrió en Kyoto, corre el riesgo de quedar como el país más irresponsable del planeta, con todo lo que ello implica en contra de su imagen internacional.

Pero no es sólo de los países más industrializados de los que se esperan drásticas medidas. Los países que todavía cuentan con grandes extensiones de bosques, como Bolivia, también están llamados a fijarse metas que reduzcan su cuota de responsabilidad en las emisiones de dióxido de carbono. Y eso no es poco, pues la destrucción de bosques es causante del 25% de de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra característica especial de lo que será la cumbre de Copenhague es que se realizará ante una sociedad humana mucho más consciente e involucrada en el asunto.. Cientos, si no miles de organizaciones representativas de la sociedad civil del mundo estarán no sólo pendientes, sino presionando activamente para que los gobernantes se pongan a la altura de la responsabilidad que tienen.

Los Tiempos, con más de 300 de los más importantes diarios del mundo, ha asumido en días pasados, en Copenhague, el compromiso de sumarse a tal empeño. Nuestros lectores tendrán pues, la oportunidad de involucrarse en lo que con razón ha sido definido como el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI.

sábado, 24 de octubre de 2009

La “juventud cruceñista” y el MAS

La alianza entre los líderes de la “juventud cruceñista” y el MAS confirma que las similitudes entre quienes desprecian la legalidad democrática son siempre mayores que sus eventuales diferencias



Hace un año, en octubre de 2008, las principales organizaciones de la oposición cívica de Santa Cruz comenzaban a salir del aturdimiento en que las dejó la contundente derrota de que les inflingió el gobierno de Evo Morales. Comenzaban a tomar consciencia de la magnitud del error que cometieron al optar por la vía de la violencia, al dar batalla en un terreno en el que, como debió ser evidente, el oficialismo tenía todas las de ganar.

Como cabe recordar, hasta poco antes la oposición cívica cruceña, y tras ella la de la “Media Luna”, pasaba por su mejor momento. Habían logrado resonantes triunfos políticos a través de medios pacíficos--los “referendos autonómicos”--, contaban con enorme respaldo popular, habían logrado poner en una muy difícil situación al gobierno que, por primera vez, parecía condenado a negociar, hacer concesiones, limitar sus aspiraciones de alcanzar el control total del proceso político nacional.

Tan favorables condiciones fueron súbitamente desbaratadas cuando en las filas cívicas se impuso una corriente más proclive a las vías de hecho, a la radicalidad en el discurso y en los actos. Los líderes tras los que se alineaba la Unión Juvenil Cruceñista, con el franco respaldo de mayoría de los miembros del Comité Cívico, terminaron imponiendo su lógica belicista y se procedió, así, a la toma violenta de las principales instituciones del Estado.

Tal ofensiva fue pronto emulada en otros departamentos. Y los líderes de la UJC fueron aclamados como héroes. Hubo, felizmente, muchas voces que oportunamente alertaron sobre la magnitud de tal despropósito. Pero fueron acalladas. Se llegó al extremo de amenazar con imponer “la muerte civil” a quienes tuvieron el valor de oponerse a los métodos delincuenciales aplicados por la “juventud cruceñista” y sus admiradores.

No pasó mucho tiempo antes de que los resultados obtenidos pusieran en evidencia cuán equivocados estaban quienes creyeron que las hordas delictivas elevadas a la categoría de vanguardia de la oposición cívica eran paladines de la defensa de la autonomía, la libertad y la democracia. Pocos días bastaron para que el gobierno aproveche tan excelente ocasión y aseste un golpe tan contundente que fue suficiente para modificar definitivamente y a su favor, el curso del proceso.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de Pando, y la posterior detención de Leopoldo Fernández, marcaron el punto culminante de la malhadada ofensiva cívica. Fue el punto de inflexión a partir del que el hasta entonces vertiginoso ascenso de la oposición cívica se transformó en una caída al vacío.

Ahora, un año después, las consecuencias de tan enorme extravío político no dejan de hacerse sentir. La alianza suscrita entre los más prominentes líderes de la “juventud cruceñista”, los mismos que hasta hace poco eran todavía ensalzados como dignos exponentes del “heroísmo” con que en “épicas jornadas” se opusieron al “totalitarismo comunista”, ha ratificado una vez más que las similitudes entre quienes desprecian los valores y principios inherentes a la legalidad democrática son mayores que sus eventuales diferencias. Una lección que los actuales aspirantes a liderar la oposición no deben dejar de asimilar.

viernes, 23 de octubre de 2009

El ensordecedor silencio de Anamar

Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia

Cuando a principios de septiembre pasado Ana María Romero de Campero, --quien se destacó en su labor periodística con el seudónimo de Anamar—fue presentada como candidata a la primera senaduría por La Paz en las listas del Movimiento al Socialismo, se produjo una inusitada vorágine de reacciones a favor y en contra de tal postulación. Pero entre unas y otras, fueron más numerosas y más contundentes las que vieron su incorporación al escenario político como una señal esperanzadora.

Muchas destacadas personalidades del ámbito intelectual no dudaron en expresar su optimismo y la defendieron con muy buena fe de la andanada de críticas de la que tan prestigiosa mujer fue objeto. Tal visión optimista fue alimentada por las palabras con que Ana María Romero justificó su decisión, y con las cuales se comprometió a no defraudar a quienes confiaron en la posibilidad de que su presencia en las filas del MAS contribuiría imponer cierta racionalidad democrática a la conducta del partido gobernante.

Anamar aseguró, en esa ocasión, que no sería una “levantamanos” y que “no sería capaz de seguir una consigna contra mi consciencia”. “El horror a que nos dividamos y la preocupación porque se frustre un proceso que puede permitirnos construir un país con equidad y justicia ha hecho carne en mí durante este tiempo de retiro y me ha decidido a dar el paso. Ha pesado en mí la convicción de que no puedo negarme a brindar mi esfuerzo al ánimo de tender puentes y concertar que me ha manifestado el presidente Evo Morales y que considero imprescindible”, dijo, y por la autoridad moral acumulada durante mucho tiempo, se le creyó.

Quienes entendieron esas palabras como un compromiso digno de ser tomado en serio lo hicieron convencidos de que a la muy probablemente próxima presidente de la Cámara de Senadores no le faltarían oportunidades para ratificar con hechos sus palabras.

Una serie de acontecimientos producidos durante los últimos días, lamentablemente, han echado por la borda tantas ilusiones. Es que teniendo la oportunidad de corresponder a las muestras de apoyo recibidas y refutar a sus detractores, Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia.

La tozudez con que el gobierno del MAS insiste en coartar la libertad de expresión de Leopoldo Fernández; la nueva ofensiva oficialista contra el Órgano Electoral, las reiteradas agresiones contra periodistas, o la brutal arremetida de hordas masistas contra autoridades ediles, cívicas y vecinales de El Alto, son sólo algunos de los casos más recientes, pero no los únicos.

Lejos de aprovechar tales oportunidades para dar una muestra de la sinceridad de las palabras con que asumió el compromiso, Romero no sólo que ha optado por callar, sino que ha participado activamente en actos proselitistas al lado del presidente y candidato presidencial del MAS, lo que no puede interpretarse sino como un tácito aval a la manera como la organización política de la que ahora forma parte actúa. Es una verdadera pena que tan poco tiempo haya sido suficiente para que se produzca tan enorme decepción.

jueves, 22 de octubre de 2009

El victimismo de la oposición

Insistir en mendigar un derecho sólo contribuye a reforzar la sospecha de que lo que buscan, más que dar batalla, es regodearse en la cómoda actitud autoexculpatoria tan propia del victimismo


Una de las principales características de toda contienda electoral, como la que está desarrollándose en nuestro país, consiste en que los contendores dedican sus mejores esfuerzos a llamar la atención de los medios de comunicación, y a través de ellos de la ciudadanía, hacia sus respectivos candidatos, propuestas y mensajes.

En ese contexto, resulta evidente que la fórmula oficialista lleva una enorme ventaja. La oposición, en cambio, apenas atina a balbucear una que otra iniciativa sin lograr salir de la marginalidad en la que se encuentra.

En el afán de revertir tal situación, los asesores de las dos principales candidaturas de la oposición parecen haber definido cuáles serán lás fórmulas que ensayarán. Machacar con el tema del empleo y desafiar al presidente y candidato Evo Morales a un debate, es una. Atrincherarse en el victimismo y concentrar sus pocas energías en una inacabable sarta de quejidos lastimeros es la otra.

La más reciente manifestación de esta segunda táctica es la insistencia con que los estrategas de Plan Progreso se lamentan porque el gobierno no da su venia para que su candidato vicepresidencial ejerza su derecho a la libertad de expresión. Ya son varios días, valiosísimos días para una campaña electoral tan corta, durante los que perseveran en su afán de atribuir a una supuesta censura sufrida por el ex prefecto de Pando la falta de vigor y consistencia de su campaña.

No se trata, por supuesto, de minimizar la descarada arbitrariedad con que el gobierno actúa en este caso. Ya se ha dicho mucho en este espacio editorial sobre el asunto y seguiremos insistiendo, cuantas veces sea necesario, en denunciar la manera flagrante como el gobierno viola las leyes y los derechos fundamentales del recluido desde hace más de un año.

Pero lo que ahora está en cuestión, más que los aspectos relativos a las formalidades legales, es el aspecto político del asunto. Y es ahí donde resulta por demás cuestionable la manera de actuar de Plan Progreso pues, siendo tan evidente que la ley respalda sus demandas, insistir en mendigar un derecho sólo contribuye a reforzar la sospecha de que lo que buscan, más que dar batalla, es regodearse en la cómoda actitud autoexculpatoria tan propia del victimismo.

¡El derecho a expresarse no se mendiga, se toma!, habría que decirles a los estrategas de PPB, parafraseando la famosa consigna del mayo francés de 1968. Es que por grande que sea el empeño con que el gobierno del MAS intente coartar el derecho de su candidato vicepresidencial a hacer oír su voz, son muchas, muchísimas las formas como podría ejercerlo sin tener que magnificar su condición de víctima.

Hace poco, por ejemplo, Leopoldo Fernández escribió un artículo de opinión que fue publicado en muchos diarios del país. ¿Podía hacer algo el gobierno para impedirlo? Por supuesto que no, como que no lo hizo. Grabar mensajes para difundirlos a través de radios, televisión o Internet; publicar a través de la prensa escrita artículos o solicitadas, entre muchas otras, son algunas de las posibilidades.

Hacerlo no es algo que requiera la venia gubernamental, sino la voluntad política necesaria para salir de la pasividad, superar el victimismo y dar batalla en todos los terrenos que sea necesario. Actuar de otro modo, como hasta ahora, sólo puede servir para inspirar una inútil conmiseración

miércoles, 21 de octubre de 2009

Libertad de prensa, de mal en peor

Ante tan deplorable situación, sólo cabe perseverar, sin dar brazo a torcer, en la lucha diaria para detener, primero, y revertir después, un proceso que nos puede llevar a la pérdida del bien más preciado: la libertad

Confirmando una tendencia que durante los últimos años tiene en permanente estado de zozobra a periodistas y medios de comunicación de nuestro país, el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras, publicado ayer en París, destaca a Bolivia entre los países que más están retrocediendo en lo que al respeto a la libertad de prensa se refiere. Y en lo que es algo más que una casualidad, Venezuela comparte con nuestro país tan vergonzosa situación.

El ritmo al que avanza el proceso que paulatinamente está llevando a que Bolivia pase a formar parte del conjunto de países sometidos a regímenes proclives a coartar la libertad de expresión es más penoso aún si se lo compara con el lugar que ocupaba en años anteriores. Como lo recuerda el mismo informe, hace sólo seis años Bolivia se contaba con orgullo entre los 16 más destacados por la solidez de uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.

El informe de Reporteros Sin Fronteras merece ser objeto de atención aunque no contiene nada novedoso para quienes día a día, desde hace tres años, llamamos la atención sobre este problema. Debe ser tomado muy en cuenta, a pesar de ello, pues confirma que no son exageradas, ni están motivadas por intereses ajenos al interés colectivo, las denuncias que con creciente frecuencia se hacen sobre las muchas maneras como el gobierno de Evo Morales pone cortapisas a la labor periodística.

La similitud entre el caso boliviano y el de Venezuela, país que ya ha avanzado mucho más en el camino que conduce a la eliminación de la libertad de prensa, son por demás elocuentes. La inadmisible conducta de Hugo Chávez, que con su ya conocida arrogancia y desparpajo dio durante las pocas horas en que estuvo en nuestra ciudad una elocuente muestra de su actitud ante los periodistas y medios de comunicación, lo dice todo. El silencio cómplice del gobierno, que se empeña en seguir su ejemplo, da plena cuenta de lo acertado que es el diagnóstico de RSF.

El caso de Honduras, que desde el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio pasado se ha rebajado al nivel de los países sometidos a regímenes con ínfulas totalitarias, es otro que pone en estado de alerta a los periodistas e intelectuales que ponen los valores básicos de la libertad y la democracia por encima de los intereses que están llevando a nuestro continente a un retroceso histórico de grandes proporciones.

La manera brutal como el ilegal gobierno hondureño se dio a la tarea de silenciar a los medios que no se mostraron dóciles ante el golpe, así como a los reporteros de las agencias internacionales de noticias, y a perseguir, encarcelar y amedrentar a periodistas que no se sometieron a los dictámenes del régimen de Micheletti, ha ocasionado que con razón Reporteros Sin Fronteras lo ponga, con Venezuela, a la cabeza de los que más retrocedieron durante los últimos meses.

Ante tan deplorable situación, sólo cabe perseverar, sin dar brazo a torcer, en la lucha diaria para detener, primero, y revertir después, un proceso que si no es resistido con todo vigor nos puede llevar a la pérdida del bien más preciado: la libertad. La firmeza con que hasta ahora se ha dado la batalla, lo que ha impedido que el resultado sea aún peor, da motivos suficientes para mantener viva la esperanza.

martes, 20 de octubre de 2009

Dudas y certezas sobre el nuevo padrón

…si hay algo que queda claro es que el Padrón Biométrico dará al próximo acto electoral una legitimidad que estará muy por encima de toda duda



Aunque todavía no se conoce la cifra final con la que se cerrará el Padrón Biométrico, pues los datos siguen llegando de provincias alejadas y no ha concluido el proceso de depuración, ha quedado claro que todas las previsiones fueron superadas. Con toda razón, los miembros del Órgano Electoral que hicieron posible la hazaña se sienten tan orgullosos.

Ya se ha dicho que tan notable resultado no habría sido posible sin la extraordinaria muestra de espíritu cívico que una vez más dio el pueblo boliviano. Pero hay que insistir en ello una y otra vez, pues no es un detalle menor. Es, más bien, el más sólido pilar sobre el que a pesar de todo se sostiene el sistema democrático de nuestro país.

Hay que insistir también, aun a riesgo de aparentar un exceso de suspicacia, en que son todavía muchas las dudas que se pueden vislumbrar tras las cifras que arroja el Padrón Biométrico. Despejarlas debe ser el próximo paso que dé el Órgano Electoral para completar su hasta ahora impecable labor.

Un análisis comparativo entre el número de personas habilitadas para votar con el antiguo padrón durante los últimos actos electorales y referendos, y los datos del nuevo padrón da una pauta de lo que nos inquieta. Es que nos encontramos ante dos posibilidades mutuamente excluyentes. O el antiguo padrón no estaba tan contaminado como se creía y como denunciaba la oposición, o el nuevo padrón es tan poco confiable como el que viene a sustituir.

Si la primera hipótesis es la correcta, quienes tanto empeño pusieron al afán de deslegitimar los resultados de las últimas votaciones atribuyéndolos a un supuesto fraude masivo realizado a través de “miles, decenas de miles, y hasta cientos de miles de “fantasmas”, “clones” y muertos que usurparon la “voluntad popular”, tendrán que disculparse.

La segunda posibilidad consistiría en que tales denuncias eran ciertas y, como la cantidad de inscritos no sólo que no disminuyó sino que se incrementó notablemente, sólo cabría suponer que el nuevo padrón está tan lleno de irregularidades como el anterior. Si fuera así, sólo cabría esperar que durante los próximos días se produzca una masiva depuración. Los informes preliminares, sin embargo, descartan esa posibilidad. Las inscripciones dobles hasta ahora detectadas serían tan pocas que su incidencia en el conjunto sería insignificante.

Hay, sin embargo, otros datos que dan cuenta de un fenómeno mucho más relevante desde el punto de vista de la demografía electoral. Se trata del desproporcionado crecimiento del número de potenciales electores en algunas regiones del país, y su disminución, también desproporcionada, en otras.

Al ver los datos, no es difícil sospechar que se están produciendo masivas migraciones de unos departamentos a otros, y de unas provincias a otras, e incluso entre barrios de algunas ciudades, para reforzar la presencia de seguidores de la fórmula oficialista allá donde escasean. Lo que sin ser del todo ilegal, sí denota un afán de manipular la voluntad popular.

De cualquier modo, salvo sorpresas de último momento, si hay algo que queda claro es que el Padrón Biométrico dará al próximo acto electoral una legitimidad que estará muy por encima de toda duda, y a los políticos y asesores intelectuales de la oposición los privará de lo que durante los últimos tiempos fue su principal argumento.

lunes, 19 de octubre de 2009

Tráfico y desorden urbano

Ninguna de las capitales de Bolivia, aunque unas en mayor grado que otras, ha tomado medidas urbanísticas oportunas ni apropiadas para atender los crecientes problemas derivados del desproporcionado crecimiento de sus respectivos parques vehiculares.

Todas las capitales de Bolivia se han visto atiborradas, en los últimos años, por el incontenible y desmedido crecimiento del parque vehicular, como producto, en gran medida, del ingreso -sea por la vía legal o ilegal- de unidades motorizadas a medio uso, traídas desde Chile, Brasil y, más recientemente, desde Estados Unidos.

En este último caso, la crisis económica estadounidense ha hecho que muchos habitantes de ese país se deshagan de grandes cantidades de vagonetas o vehículos todoterreno que, por sus características, representan un alto consumo de carburantes.

Muchos de esos vehículos, comercializados a precios bajos en comparación a los ofertados por las tiendas importadoras, han inundado las calles de países como el nuestro.

Lo propio sucede con los coches más pequeños o aquellos utilizados para el servicio de transporte público de taxis, minibuses o buses, que han crecido de manera excesiva y sin que exista ninguna regulación de por medio. Y es que mucha gente, golpeada por el desempleo y las carencias económicas, ha optado por el fácil recurso de trabajar con uno o varios vehículos.

Lo cierto es que ninguna de las capitales de Bolivia, aunque unas en mayor grado que otras, ha tomado medidas urbanísticas oportunas ni apropiadas para atender los crecientes problemas derivados del desproporcionado crecimiento de sus respectivos parques vehiculares.

Si bien el Gobierno le ha puesto límites a la irrestricta importación de vehículos usados, no es para nadie desconocido que el contrabando sigue haciendo de las suyas y, aunque en proporciones menores a las vistas en años pasados, continúan ingresando al país vehículos usados.

Lo cierto es que, independientemente del crecimiento del parque vehicular, la cuestión del tráfico está empezando a causar serias dificultades en todas las ciudades de Bolivia sin excepción, y ahora toca que los gobiernos municipales sean capaces de dar respuestas eficaces e inmediatas para evitar problemas urbanos de proporciones todavía mayores.

El problema se torna mucho mayor si tomamos en cuenta la poca o ninguna conciencia de una gran mayoría de los conductores, sobre todo del transporte público, para quienes no existen normas viales ni quiénes las hagan cumplir. Y sobre este particular, tanto el Gobierno como la Policía Nacional tendrían que asumir parte de su responsabilidad.

Así pues, el tema del tráfico vehicular es abordado por las autoridades concernidas con absoluta simpleza y sin ninguna planificación, cuando más bien tendría que ser afrontado a tiempo y en su verdadera dimensión, antes de que la sobresaturación vehicular alcance proporciones imposibles de controlar.

domingo, 18 de octubre de 2009

A seis años de un hito histórico

La recordación de los hechos de octubre de 2003 adquiere sentido en la medida en que sea parte de un esfuerzo de comprensión de la historia contemporánea de nuestro país


Hay acontecimientos en la vida de los pueblos que, por las profundas consecuencias que dejan, marcan hitos históricos. Marcan un antes y un después. Cierran un capítulo y abren otro. Es el caso de lo que ocurrió hace seis años, en octubre de 2003, cuando la presión popular obligó a Gonzalo Sánchez de Lozada a embarcarse en un avión para irse del país.

Lo que hace importante esa dramática escena es que no era sólo un Presidente Constitucional de la República el que se iba. Con él se iba todo un período de nuestra historia. Se clausuraban 21 años de un ciclo democrático que se agotó, dejando el terreno expedito para que se inaugure otra era, la que hoy vivimos.

Todo lo que ocurrió después de ese día, hasta que Evo Morales asumió el poder en enero de 2006, fue sólo un paréntesis. Un periodo de transición cuya trascendencia se reduce a la que corresponde a una bisagra.

Seis años, que son los que nos separan de los acontecimientos que comentamos, son muy pocos para ser vistos con la perspectiva de largo alcance que es la que corresponde para interpretar, juzgar y aquilatar en su verdadera dimensión los fenómenos políticos que no son sólo coyunturales sino estructurales. Tendrán que ser por eso los historiadores del futuro los que libres de las pasiones que suelen obnubilar la mirada de quienes de una u otra manera fueron testigos o protagonistas de los hechos, los que den a cuanto ocurrió en octubre de 2003 su justa valoración.

Mientras tanto, sólo cabe recordar que fue la conjunción de dos factores la que hizo posible la debacle de un sistema de partidos políticos y su sustitución por un régimen virtualmente monopartidista. La ceguera y soberbia de una élite política que no supo ponerse a la altura de los desafíos de su tiempo fue uno de ellos. La tesonera construcción de un proyecto político alternativo que no se conformaba con sacar rédito de la coyuntura sino que tenía la mirada puesta en el largo plazo, fue el otro.

La absoluta y total desaparición del escenario político actual de los partidos que tuvieron en sus manos la conducción de nuestro país durante más de veinte años, en unos casos, (ADN y MIR) y casi setenta, en otro, el MNR, además de los que jugaron un rol secundario pero no por eso menos importante, como UCS, es la más categórica prueba de lo profundo que fue el proceso de transformaciones que se inauguró. La consolidación del Movimiento al Socialismo, cuyo proyecto político tiene en las próximas décadas su punto de referencia, es la otra manera como se manifiesta el fenómeno.

Ambos hechos son de por sí suficientes para que se ponga en evidencia la magnitud del error en que incurren quienes se empeñan en minimizarlos. Quienes a estas alturas todavía insisten en que nada está cambiando en Bolivia y perseveran en el afán de aferrarse a la ilusión de que se trata sólo de un accidente en el camino que para ser revertido requiere sólo algo de voluntarismo, se engañan y se condenan a sí mismos, y con ellos a esa parte de la sociedad que todavía cree en sus palabras y en sus actos, a nuevas y más grandes frustraciones.

Así pues, la recordación de los hechos de octubre de 2003 adquiere sentido en la medida en que no se limite a alimentar la vocación victimista de unos y triunfalista de otros, sino que sea parte de un esfuerzo de comprensión de la historia contemporánea de nuestro país, de sus antecedentes en el reciente pasado, y sus proyecciones hacia el porvenir.

sábado, 17 de octubre de 2009

Y la justicia no llega

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país

Al recordarse los seis años de los cruentos enfrentamientos de "octubre negro", resulta pertinente señalar que, si una característica ha tenido el proceso político que vivió Bolivia en al menos la última década, es que el mismo se ha visto teñido por la sangre de decenas -si no centenares- de vidas cegadas a raíz de los innumerables episodios de conflicto y crisis social y política.

Sólo en los tristemente célebres hechos de febrero y octubre de 2003, que marcaron el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjeron alrededor de un centenar de víctimas mortales. Más antes, en las gestiones de los presidentes Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, son incontables los conflictos sociales que se saldaron con la vida de ciudadanos bolivianos; y después, la sucesión constitucional del presidente Carlos Mesa al entonces titular de la Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, se vio manchada por la muerte, en circunstancias hasta hoy no esclarecidas, de un dirigente minero en las proximidades de la ciudad de Sucre.

Ni qué decir de los hechos de violencia que se desataron durante la actual gestión gubernamental. Desde el sangriento conflicto minero ocurrido en el centro minero de Huanuni hasta el enfrentamiento de El Porvenir (Pando), pasando por los cruentos conflictos de Cochabamba, La Calancha (Sucre) o la ejecución de una presunta célula de terroristas boliviano-extranjeros en el Hotel Las Américas, la cantidad de personas muertas es por demás alarmante.

Lo cierto es que en todos esos hechos de violencia fratricida, así como en todos los que resultaría imposible de enumerar en este espacio editorial, se han producido víctimas fatales sin que hasta el día de hoy exista una sola persona que haya sido hallada responsable y, por consiguiente, condenada por la justicia boliviana.

Parecería, pues, que en nuestro país la impunidad ha quedado institucionalizada, y que el luto, el ensangrentamiento y la muerte de ciudadanos bolivianos se han convertido en prácticas habituales de los actores de la vida política y de las luchas sociales, como si no existiera respeto por la vida ni los derechos de las personas.

¿Cómo se puede explicar que las instituciones encargadas de administrar justicia no hubieran cumplido debidamente su rol ante semejante extralimitación de los actores políticos que han estado y están involucrados en la lucha por el poder? ¿Se trata de una conducta que habría que calificar de negligencia, incapacidad, indolencia, temor o sometimiento político de la justicia?

Ahora que nos encontramos sumergidos en un nuevo proceso electoral, éste es un tema que no puede ni debería quedar al margen de los temas de debate público que sostendrán los principales aspirantes a la presidencia de la República, porque finalmente todos ellos han estado vinculados, en distintos momentos de la vida democrática boliviana, al manejo del aparato del Estado.

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.

viernes, 16 de octubre de 2009

Censo urgente

Si tenemos recursos para consultas populares por todo y por nada, ¿por qué no podemos disponer de una parte para un dato que es imprescindible en la planificación de nuestro desarrollo?

El registro en el padrón biométrico cerró esta madrugada con un balance más que positivo: todo cálculo previo fue rebasado pues se llegó a la impensada cifra de 4,8 millones de inscritos. Semejante éxito amerita nuevos desafíos

En teoría, un padrón electoral aglutina a las personas en edad de votar. Tomando en cuenta que la edad mínima para el sufragio y el ejercicio de la ciudadanía es 18 años, se supone que en el registro están las personas que tienen esa edad o más.

Según los datos, todavía preliminares, de la Corte Nacional Electoral, unas 4,8 millones de personas se inscribieron en el nuevo padrón, cuya principal característica es que registra datos biométricos; es decir, firma, fotografía y, especialmente, las huellas dactilares de los inscritos.

Manejando simplemente esos resultados, habría que decir que el padrón biométrico nos proporciona un dato bastante aproximado de las personas en edad de votar que viven en nuestro país. Si restamos a las aproximadamente 160 mil personas que se registraron en el exterior, tenemos una base de datos nacional de 4,6 millones de ciudadanos que sigue siendo bastante respetable y está muy por encima de las previsiones iniciales.

¿Hay 4,6 millones de personas en edad de votar en Bolivia?

El último Censo Nacional de Población y Vivienda se realizó el año 2001 y, sobre la base de los resultados que arrojó, se estima que la cifra de habitantes de nuestro país subió a 8,2 millones de habitantes hasta 2008.

El dato sobre la población de un país, departamento, municipio o circunscripción no es simplemente estadístico ya que se emplea en la planificación del desarrollo.

Por ello, el 21 de junio de 2000 se promulgó una ley, la 2105, que modificó la Ley de Participación Popular en la parte que corresponde a la planificación y fijó la obligatoriedad de realizar censos de población y vivienda en todos los años terminados en cero. En función a dicha ley, el próximo año tendría que realizarse un censo, pero como este gobierno se ha acostumbrado a atropellar nuestro ordenamiento legal (recordemos que el presidente dijo "yo le meto nomás" porque luego vienen los abogados a arreglar el entuerto), ya se anticipó que el recuento no se realizará.

La imposibilidad de contar con un dato poblacional actualizado evitará un buen trabajo en la planificación del desarrollo. Más aún, los datos que arroja el registro biométrico demuestran que la proyección de 8,2 millones de habitantes para el 2008 está alejada de la realidad. Si los mayores de 18 años son 4,6 millones, ¿a cuántos llegaremos con los menores de esa edad? La proyección, ya sin respaldo científico, de que el país tiene unos diez millones de habitantes es válida estadísticamente, pero no para fines de planificación del desarrollo.

Tras los datos del exitoso registro en el nuevo padrón, no sólo se hace urgente un censo el próximo año, cumpliendo lo dispuesto por la Ley 2105, sino que, siempre en función planificadora, habría que modificarla imponiendo que esos recuentos se realicen cada quinquenio.

jueves, 15 de octubre de 2009

El MAS, por el poder total

Aunque las tendencias electorales son claras, y si bien es cierto que nada está dicho entretanto no se conozca el resultado de la votación ciudadana del próximo 6 de diciembre, no es menos cierto que el poder total suele ser origen de toda clase de excesos y tentaciones autoritarias

En el marco de una concentración electoral, el aspirante a la reelección y actual presidente de Bolivia reveló ante sus simpatizantes que la intención del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 6 de diciembre próximo no es ganar ni reeditar su actual mayoría legislativa; lo que el oficialismo busca es mucho más que eso: el control de los dos tercios del Congreso.

Con dos tercios del Congreso a su favor, el partido gobernante no sólo podrá aprobar, modificar, abrogar o derogar cualquier Ley sin necesidad de acudir a acuerdos políticos previos, sino que tendrá la posibilidad de modificar parcialmente la Constitución Política del Estado según su propio interés.

Tal y como están las encuestas de intención de voto que se han hecho públicas hasta el día de hoy, y de no mediar sorpresas que puedan cambiar radicalmente la actual configuración del tablero político, el MAS tiene el camino allanado para lograr una cómoda victoria y asegurar nuevamente su mayoría en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

Vistas así las cosas, y tomando en cuenta la desorientación política y la fragmentación de las fuerzas políticas opositoras, no es descabellada la intención del Primer Mandatario, y por consiguiente del oficialismo, de acariciar y controlar los dos tercios del Congreso.

Si el MAS lograra su propósito, habrá conseguido dar un tercer y definitivo paso hacia la consolidación de su proyecto político. El primer paso lo dio al triunfar en las elecciones generales de diciembre de 1995, después de una prolongada lucha por el poder librada en Bolivia en el último quinquenio; el segundo paso, y quizás el más trascendental para el oficialismo, se produjo cuando el partido gobernante consiguió finalmente aprobar y refrendar, en un accidentado proceso constituyente, su proyecto de nueva Carta Magna.

La siguiente fase será, como también lo han señalado los propios dirigentes del Gobierno, la de aplicar y poner en vigencia plena dicho texto constitucional, lo cual requiere la construcción de un vasto andamiaje jurídico que dé rostro legal e institucional al nuevo modelo de organización política y administrativa contemplado en la Constitución vigente.

Tamaña tarea requerirá, pues, de una intensa labor legislativa que, desde la óptica del MAS, se verá entorpecida si para ese cometido existe la necesidad de negociar y alcanzar acuerdos políticos con partidos de la oposición; máxime si, como hemos visto hasta hoy, la visión del oficialismo suele, por lo general, ser antagónica e innegociable frente a la visión de las minorías.

Aunque las tendencias electorales son claras, y si bien es cierto que nada está dicho entretanto no se conozca el resultado de la votación ciudadana del próximo 6 de diciembre, no es menos cierto que el poder total suele ser origen de toda clase de excesos y tentaciones autoritarias.

No hay que perder de vista que, después de los comicios generales, el MAS procurará ganar el control de los distintos órganos del Poder Judicial, cuyos miembros -en el nuevo régimen constitucional- serán seleccionados mediante sufragio universal, así como de la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías del país.

Y es probable que eso vaya a suceder mientras en el país no exista una oposición capaz de generar los necesarios contrapesos y equilibrios que toda democracia moderna necesita para poder considerarse como tal.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Periodismo y elecciones

Resulta importante que los medios de comunicación y quienes en ellos trabajamos, seamos capaces de realizar una profunda evaluación de nuestro desempeño durante los procesos electorales, de forma tal que evitemos incurrir en prácticas alejadas de la responsabilidad y la ética

Si el periodista está llamado a ejercer su labor con responsabilidad, ética y profesionalismo en todo momento, con mayor razón está obligado a hacerlo durante los procesos electorales. En momentos como estos, en que la pasión política flota en el ambiente y las campañas saturan la agenda informativa, es cuando los hombres de prensa más pueden rebasar la naturaleza de su trabajo y confundir sus alcances. Así, suele ocurrir que simples sondeos de opinión, realizados a pequeña escala y con métodos empíricos, cuando no artesanales, son irresponsablemente presentados cual si fueran encuestas hechas y derechas, olvidando -a veces de forma intencional- que de este modo se confunde a la opinión pública y hasta se llega a influir en su decisión de voto. Lo propio sucede con la difusión de encuestas de dudosa procedencia, lo que no hace sino demostrar el manejo irresponsable e interesado de un método científico de investigación.

Por otra parte, también sucede en estos períodos que la información política, cargada de acusaciones y adjetivos ofensivos hacia los circunstanciales rivales, es indebidamente presentada y valorada, sin la necesaria ponderación y el requerido equilibrio, algo que con más frecuencia sucede en los medios audiovisuales.

No hay que olvidar, pues, que los ciudadanos muchas veces forman su propio juicio a partir de las informaciones y análisis mediáticos, razón por la que los mensajes que se difunden masivamente tendrían que ser cuidadosamente elaborados, sin apartarse de principios elementales como la responsabilidad y credibilidad que están obligados a ofrecer todos los medios de comunicación.

Es desde todo punto de vista reprochable que existan -si es que los hay- periodistas o medios de comunicación parcializados a favor de un determinado partido o candidato, sea de la oposición o del oficialismo. Desgraciadamente, no todos los comunicadores sociales saben guardar la independencia que el oficio demanda, evitando que sus propias convicciones, que naturalmente poseen, contaminen su trabajo periodístico.

Es también condenable que en países democráticos como el nuestro subsistan aún métodos de intimidación, presión y amedrentamiento a los hombres de prensa de parte de los actores políticos. Esta, desde luego, es una práctica inaceptable que no puede ser admitida en un Estado de derecho, como menos todavía puede ser tolerado que ocurra lo contrario: que un periodista políticamente comprometido intimide o pretenda ejercer presión sobre un candidato.

Por todo lo dicho, pues, resulta importante que los medios de comunicación y quienes en ellos trabajamos, seamos capaces de realizar una profunda evaluación de nuestro desempeño durante los procesos electorales, de forma tal que evitemos incurrir en prácticas alejadas de la responsabilidad y la ética y asumamos a cabalidad la función de mediadores, informadores y orientadores que la opinión pública espera de nosotros.

Después de todo, siendo que el periodismo suele ser muy duro con los actores del sistema político, tendría que guardar una similar actitud para con sus propios errores o deficiencias, siempre desde una saludable perspectiva autocrítica.

Estas elecciones generales tendrían que servir, pues, como un marco adecuado para una serena reflexión, siempre en procura de ejercer con mayor equilibrio y responsabilidad el rol que estamos llamados a desempeñar los medios de comunicación y los periodistas en este tipo de coyunturas.

martes, 13 de octubre de 2009

Combatir la inseguridad

Mientras el Estado continúe eludiendo su responsabilidad de ofrecer más seguridad, serán cada vez más frecuentes los desbordes de aquellos ciudadanos que, hartos de la impunidad de la que gozan los delincuentes callejeros, ya no dudan en hacer justicia por su propia mano


En estos últimos meses y años, varias ciudades del país están sido afectadas por una alarmante ola de delincuencia, expresada en horrendos crímenes, ataques cada vez más frecuentes con armas blancas y robos sistemáticos a entidades financieras, quedando así plenamente demostrado el poco o ningún impacto que han tenido los planes de seguridad ciudadana puestos en vigencia por los últimos gobiernos, así como las tremendas limitaciones que afectan a la Policía Nacional, dificultando su misión de combatir el delito con eficiencia.

Ante esta situación, que tiende a agravarse cada día más con el consiguiente riesgo para las vidas y propiedades de cientos de miles de bolivianos, se torna apremiante la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, asumiendo como una de sus tareas de prioridad la de garantizar la seguridad ciudadana a través de un programa que afronte el problema en todas sus variables.

Más todavía, en virtud de los cambios que se avecinan en el andamiaje jurídico del país a partir de las elecciones generales que tendrán lugar en diciembre próximo, ya está abundantemente demostrada la necesidad de modificar la legislación penal vigente, especialmente para asegurar que los delincuentes no aprovechen las medidas cautelares para evadir su responsabilidad, así como para introducir una necesaria normativa sobre los delitos que involucran a menores de edad de edad -sea como autores o como víctimas- o a personas que hoy, por gozar de fueros especiales debido a su pertenencia a instituciones como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, logran esquivar merecidos castigos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Es clara, también, la urgencia de contar con una verdadera política preventiva y punitiva para esta clase de delitos, que tendría que pasar necesariamente por la remisión de los criminales menores de edad a centros especializados de rehabilitación, que tendrían que ser creados al menos en los centros urbanos más importantes. A estas alturas, ya no quedan dudas de que la labor policial no está siendo debidamente acompañada ni por el Ministerio Público ni por la legislación vigente en esta materia.

Por otra parte, es patente que para contar con una estrategia eficaz de seguridad ciudadana, la Policía tiene que ser redimensionada y reestructurada en su integridad, puesto que sólo podrá cumplir a cabalidad sus deberes de vigilancia, patrullaje, investigación y aprehensión de delincuentes si se transforma en un cuerpo organizado, probo y dotado de recursos humanos capacitados, así como de los suficientes recursos técnicos y -sobre todo- económicos que hoy tanto le hacen falta.

Dicha reforma resulta ineludible y debería ser reactivada por el Gobierno en acuerdo con la institución del orden, cuyos integrantes creemos que están plenamente concientes de que tal como se encuentra, con las tremendas limitaciones que afronta, no está pudiendo desempeñar en toda su plenitud el papel que debe jugar en la sociedad, estando inclusive en riesgo su propia razón de ser, frente a la acelerada e irrestricta proliferación de fuerzas de seguridad privada que, en los hechos, no ofrecen garantías a la población.

Y tampoco debemos olvidar que mientras el Estado continúe eludiendo su responsabilidad de ofrecer más seguridad, serán cada vez más frecuentes los desbordes de aquellos ciudadanos que, hartos de la impunidad de la que gozan los delincuentes callejeros, ya no dudan en hacer justicia por su propia mano, lo cual constituye un exceso que debe evitarse.

lunes, 12 de octubre de 2009

¿La impunidad como norma?

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.


Si una característica ha tenido el proceso político que vivió Bolivia en la última década es que el mismo se ha visto teñido por la sangre de decenas -si no centenares- de vidas cegadas a raíz de los innumerables episodios de conflicto, crisis social y política.

Sólo en los tristemente célebres hechos de febrero y octubre de 2003, que marcaron el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjeron alrededor de un centenar de víctimas mortales. Más antes, en las gestiones de los presidentes Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, son incontables los conflictos sociales con que se saldaron la vida de ciudadanos bolivianos; y después, la sucesión constitucional del presidente Carlos Mesa al entonces titular de la Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, se vio manchada por la muerte, en circunstancias hasta hoy no esclarecidas, de un dirigente minero en las proximidades de la ciudad de Sucre.

Ni qué decir de los hechos de violencia que se desataron durante la actual gestión gubernamental. Desde el sangriento conflicto minero ocurrido en el centro minero de Huanuni hasta el enfrentamiento de El Porvenir (Pando), pasando por los cruentos conflictos de Cochabamba, La Calancha (Sucre) o la ejecución de una presunta célula de terroristas boliviano-extranjeros en el Hotel Las Américas, la cantidad de personas muertas es por demás alarmante.

Lo cierto es que en todos esos hechos de violencia fratricida, así como en todos los que resultaría imposible de enumerar en este espacio editorial, se han producido víctimas fatales sin que hasta el día de hoy exista una sola persona que haya sido hallada responsable y, por consiguiente, condenada por la justicia boliviana.

Parecería, pues, que en nuestro país la impunidad ha quedado institucionalizada, y que el luto, el ensangrentamiento y la muerte de ciudadanos bolivianos se han convertido en prácticas habituales de los actores de la vida política y de las luchas sociales, como si no existiera respeto por la vida ni los derechos de las personas.

¿Cómo se puede explicar que las instituciones encargadas de administrar justicia no hubieran cumplido debidamente su rol ante semejante extralimitación de los actores políticos que han estado y están involucrados en la lucha por el poder? ¿Se trata de una conducta que habría que calificar de negligencia, incapacidad, indolencia, temor o sometimiento político de la justicia?

Ahora que nos encontramos sumergidos en un nuevo proceso electoral, éste es un tema que no puede ni debería quedar al margen de los temas de debate público que sostendrán los principales aspirantes a la presidencia de la República, porque finalmente todos ellos han estado vinculados, en distintos momentos de la vida democrática boliviana, al manejo del aparato del Estado.

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.

domingo, 11 de octubre de 2009

Día de la Mujer Boliviana

Ha quedado atrás la época en la que Zamudio denunciara, a través de su poesía, la marginación de la mujer del voto. Hoy, esta conquista y otras han dado una mejor calidad de vida a la mujer, pero a todas luces nsuficiente


El Día de la Mujer Boliviana encuentra hoy, a este grupo de la población con metas aún lejos de su alcance. Como sucede en el resto del mundo, la reivindicación de la equidad de género se ha plasmado más en leyes que en la vida real.

Al margen de la violencia y la pobreza, un ejemplo de esta situación, en la actual época electoral, es que muy pocas mujeres han sido inscritas en la denominada "franja de seguridad" por los partidos que las postulan a distintos cargos electivos.

La norma electoral exige que las listas de candidatos contemplen un 50 por ciento de postulantes femeninas. Debido a que la ley no se discute, a los distintos frentes políticos no les ha quedado alternativa que cumplir con la exigencia, pero sus candidatas son, en la mayoría de los casos, suplentes de varones o aspirantes a diputaciones y senadurías que el partido o la agrupación -cualquiera sea el caso- sólo alcanzaría con una votación aplastante.

¿Qué pasa entonces con la igualdad de género? Desde los partidos o las agrupaciones, se ha admitido, de manera general, la falta de formación de cuadros femeninos, e incluso, contadas dirigentes han llegado al criticado extremo de renunciar a los curules que la Ley les asigna. A esta explicación, brindada por hombres y mujeres, se añade el reconocimiento de que el machismo aún impera en Bolivia, pero tampoco en este caso se ahonda en situaciones específicas.

La opinión pública sólo llega a conocer la discriminación cuando ésta deriva en agresiones, como ha sucedido en reiteradas oportunidades con concejalas, sobre todo en el área rural, incluso golpeadas por sus pares varones, ante una indiferencia alarmante de los actores políticos. ¿O es que son conocidos los procesos internos en partidos y agrupaciones contra quienes han agredido a sus compañeras?

Cabe entonces preguntarse si no harían bien políticos, instituciones y organizaciones en generar debates sinceros respecto a la participación de la mujer en la vida política y pública del país. Si la reivindicación de derechos sigue basándose en meras demandas de curules, Bolivia tardará mucho en dar a la mujer el espacio que realmente se merece.

En esta línea, los distintos homenajes a la mujer boliviana deben estar exentos de la victimización que tan mal hace en cualquier ámbito, sin que ello signifique renunciar al derecho a la denuncia.

Ojalá que más bien los actos reparen en la figura de la poetisa Adela Zamudio, inspiradora de esta efeméride. La maestra cochabambina no sólo concentró su vida a su pasión por la lírica, sino que fue una luchadora incansable por los derechos de la mujer.

Ha quedado atrás la época en la que Zamudio denunciara, a través de su poesía, la marginación de la mujer del voto. Hoy, esta conquista y otras han dado una mejor calidad de vida a la mujer con respecto a siglos pasados, pero a todas luces insuficiente; si hombres y mujeres no lo entendemos así, con las obligaciones y los derechos que ello implica, las celebraciones pasarán como tantas más.

sábado, 10 de octubre de 2009

27 años de democracia

A 27 años de su restauración, luego de 18 años de sucesión de dictaduras militares, y constatados los logros en materia de respeto, ampliación y ejercicio de los derechos ciudadanos, conviene redoblar esfuerzos para reencauzar y consolidar el sistema democrático


La recordación, el día de hoy, de los 27 años de la recuperación de la democracia encuentran a Bolivia en un momento particularmente especial, precisamente cuando la ciudadanía se prepara para asistir -el próximo 6 de diciembre- a un nuevo acto electoral que marcará la profundización o reorientación del proceso de cambios estructurales llevados adelante por la administración del presidente Evo Morales.

Es importante resaltar que éste es el período más largo de vida democrática ininterrumpida de la historia boliviana. El 10 de octubre de 1982 se inaugura el período más largo de la vida democrática ininterrumpida de la historia boliviana, con la salida del poder del último gobernante de facto, General Guido Vildozo Calderón, y la posesión presidencial de Hernán Siles Suazo, quien había resultado vencedor en las justas electorales de 1979 y 1980 a la cabeza de la alianza centro izquierdista Unidad Democrática y Popular (UDP). Desde ese momento hasta hoy, ha habido comicios libres, plurales y transparentes, lo que ha permitido la alternancia en el ejercicio del mando.

El país tuvo que hacer uso de toda su capacidad de presión para evitar que la apertura de octubre de 1982 corriera mala suerte, y la ciudadanía logró esa victoria pese a que en las agrupaciones políticas se mantenía -como ahora mismo- el virus de la intolerancia. De ahí es que, ante la posibilidad de que se repitieran actos autoritarios o fraudulentos, el presidente Siles Zuazo, asumiendo un gesto de desprendimiento sin precedentes ni emulaciones posteriores, renunció a un año de su mandato y abrió las compuertas para que la crisis que aquejaba a la nación, pudiera ser enfrentada con más democracia; es decir, a través de elecciones para relegitimar el poder.

Empero y si bien hasta finales de la década de los ´90 se dieron más avances que retrocesos, el sistema político partidario comenzó a deteriorarse por la carencia de paradigmas y propuestas, lo que hizo que se fuera encerrando en sí mismo, abdicando de su función de agregar demandas sectoriales y formular visiones de país para convertirse en simple maquinaria electoral y gestor de intereses particulares.

Así, por ambición, llegar al poder se convirtió en un fin y para conservarlo se devaluó el pacto interpartidario que las circunstancias exigían, tornándolo en repartija de los estancos burocráticos.

Esto, sumado a la crisis económica de 1998 y su ineficiente administración, ha conducido al desmoronamiento del sistema político tradicional y a una sórdida lucha por el poder que derivó, finalmente, en el surgimiento de nuevas alternativas políticas como la que hoy está al mando de la nave del Estado.

A 27 años de su restauración, luego de 18 años de sucesión de dictaduras militares con breves interregnos libertarios y constatados los logros en materia de respeto, ampliación y ejercicio de los derechos ciudadanos, conviene redoblar esfuerzos para reencauzar y consolidar el sistema democrático.

viernes, 9 de octubre de 2009

A la caza del voto urbano

Es previsible que, teniendo las preferencias del voto rural a su favor, el oficialismo vuelque toda la intensidad de su estrategia electoral a conquistar el electorado de las ciudades capitales y del exterior del país

No es desde ningún punto de vista ilógico el anuncio del Presidente de Bolivia, de orientar el mayor esfuerzo electoral del oficialismo a conquistar el voto de las clases medias del país, tomando en cuenta que el grueso del voto rural está prácticamente asegurado a favor del Movimiento al Socialismo.

Sólo así se explica que el MAS haya acudido a personalidades invitadas para confeccionar sus listas de candidatos, como es el caso de la ex Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero, quien es postulada a la primera senaduría por la ciudad de La Paz.

Así como Ana María Romero, cuya candidatura no puede tener otro objetivo que cautivar a la clase media paceña, el MAS se está jugando en otros departamentos por aproximarse al electorado de las ciudades capitales, para recuperar aquella votación urbana que perdió por efecto del proceso de extremada polarización política en que derivaron los cambios llevados adelante por el partido gobernante en los últimos tres años.

Y es que del voto urbano dependerá, en gran medida, la mayor o menor cantidad de senadores que pueda lograr el MAS en su propósito de lograr el control absoluto de las dos cámaras que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Si las proyecciones de las actuales encuestas se mantienen hasta diciembre, el oficialismo tendría asegurada su mayoría en la Cámara de Diputados y la verdadera batalla electoral se estaría librando en torno al control del Senado, para lo cual el MAS necesita ganar en la mayor cantidad posible de departamentos y no solamente en su principal bastión político concentrado en el occidente del país.

Por eso, en las próximas elecciones el oficialismo buscará más que la sola reelección de Evo Morales: buscará el control absoluto de los órganos Ejecutivo y Legislativo; objetivo indispensable para avanzar -sin más obstáculos ni demoras- en la aplicación de la Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum de enero de este año.

Otro frente electoral inexplorado hasta hoy, pero que puede afirmar decisivamente las tendencias electorales y los porcentajes finales de la votación, lo constituye el de los bolivianos residentes en el exterior, que por primera vez podrán sufragar fuera de nuestras fronteras.

En esta elección, los migrantes bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos emitirán su voto en el país donde residen. No es casual, por eso, que el Presidente, al igual que el resto de los candidatos de la oposición, vaya a dedicarle particular atención al electorado residente fuera de nuestras fronteras.

Es previsible, pues, que teniendo las preferencias del voto rural a su favor, el oficialismo vuelque toda la intensidad de su estrategia electoral a conquistar el electorado de las ciudades capitales y del exterior del país, en procura de recapturar al electorado de la clase media que, por razones que no viene al caso anotar aquí, quedó desencantado con la forma de gobernar del Movimiento al Socialismo.

jueves, 8 de octubre de 2009

El desafío de la integración

¿Será que el Gobierno que vaya a asumir después de las elecciones del 6 de diciembre esté en capacidad de afrontar desafíos de la magnitud antes citados? Son, pues, temas que tendrían que debatirse y dilucidarse a lo largo de la actual campaña electoral.

A lo largo de las últimas cinco décadas, Bolivia ha recibido apelativos como "país tranca", "país tapón", "país fraccionado", "país disgregado" "país bloqueado". Las definiciones provinieron desde expertos en ingeniería y geopolítica hasta analistas dedicados al catastrofismo. Cada uno supo darle su particular uso, tendencioso o no. Sin embargo, apelaron a una de las más grandes debilidades del Estado boliviano, sino la mayor.

En lado opuesto se hallan quienes enarbolan el ideal de la integración nacional. Sin embargo, el anhelo resalta la gran carencia: Bolivia, a diferencia del grueso de los países del planeta, sufre sobre todo de una grave falta de integración física.

El símbolo más claro de su postración es el aislamiento al que están sometidos cientos de pueblos. Mientras los hitos de su limitado desarrollo han sido marcados, por ejemplo, con la carretera que unió Santa Cruz con el occidente del país, la marca de las recientes crisis, los bloqueos, se acentuó justamente en la todavía escuálida infraestructura carretera.

No siempre fueron necesarios grandes movimientos sociales ni grandes causas para frenar la dinámica comercial nacional. Ello porque el eje económico de Bolivia se articula en base a solitarias y cada vez más saturadas rutas, especialmente la que une Oruro con La Paz y Cochabamba y también desvía al Pacífico. No existen variantes estratégicas y por ello, por ejemplo, el drama de los célebres estrangulamientos a La Paz o los cierres tridepartamentales en Caracollo y Cahihuasi. Sin embargo, hasta ahí cuentan los problemas.

A lo largo de los últimos años el país tiende también a recuperar apelativos más amables: "Tierra de contactos", "paso intercontinental", esbozados como esperanza por los expertos. No por nada desde 2003 se multiplicaron las caravanas de integración que empresarios y autoridades, especialmente de Brasil y Chile, emprendieron por nuestra geografía.

Ello porque la carretera que otrora unía Santa Cruz con La Paz, promete convertirse en una muy importante vena de integración de los puertos de Santos y Arica. Y porque, por ejemplo ya se perfila, que existan nuevas rutas que integren el eje troncal del país entre sí y más alternativas de comunicación terrestre con los puertos chilenos. Todavía están pendientes de su conclusión las rutas que marchan hacia el sur del país, así como también avanza a paso lento la integración del norte.

La nueva realidad política del país ha hecho que, al menos en los últimos años, Bolivia deje de ser un país tranca para el transporte de carga en la región, pero de ahí a convertir a Bolivia en un núcleo de integración bioceánica hay mucho camino por andar, así como también queda muchísimo por hacer para que el país se transforme en el nudo energético de Sudamérica.

De ahí a convertir a Bolivia en un núcleo de integración bioceánica hay mucho camino por andar, así como también queda muchísimo por hacer para que el país se transforme en el nudo energético de Sudamérica

miércoles, 7 de octubre de 2009

¿Otra elección sin debate?

No es congruente despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas


Los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, han empezado a apoderarse de los medios de comunicación en los primeros tres días del período establecido por Ley para la campaña electoral.

Adicionalmente, los postulantes a la presidencia han dado inicio a una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos irán incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de los próximos dos meses, tiempo que los partidos políticos tienen para desplegar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

La campaña electoral se ha iniciado con unas tendencias de voto que, según coinciden todas las encuestas hechas públicas hasta hoy, le dan una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino, en ese orden.

Los primeros mensajes de propaganda electoral que han comenzado a ser difundidos a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en el curso de la campaña electoral que apenas comienza, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y programas de gobierno, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

martes, 6 de octubre de 2009

Una legislación necesaria

Este primer llamado de alerta es suficiente para temer, por una parte, por la privacidad que se ha confiado en los soportes digitales e Internet y, por otra, para iniciar, de una vez, la tarea de legislar las comunicaciones electrónicas.

Hace algunos años, cuando el correo electrónico dejó de ser una novedad y se reveló como un eficaz instrumento de comunicación, se proclamó la resurrección del arte epistolar; es decir, de la práctica de escribir cartas que se extendió por siglos.

Como muchos anuncios relacionados con la Internet, ese fue un error.

Hasta antes de la invención del teléfono y el telégrafo, la carta fue el medio de comunicación por excelencia. Para escribir una se tomaban en cuenta muchas cosas, desde la calidad del papel hasta la caligrafía del remitente. El contenido era, desde luego, lo más importante. En sus párrafos, el autor de la carta demostraba tanto sus conocimientos como su sensibilidad.

Los grandes romances de la humanidad se sostuvieron en gran medida sobre las cartas. Esos papeles cuidadosamente escritos eran enviados por los enamorados eludiendo, muchas veces, el férreo control paterno.

La aparición de la máquina de escribir le quitó la magia al arte epistolar. De inicio, escribir una carta a máquina fue visto como un acto de modernidad pero luego se convirtió en una falta de respeto porque había impersonalizado un medio de comunicación tan antiguo. El telégrafo obligó al uso de resúmenes o, peor, a epítomes y la popularización del teléfono le dio el tiro de gracia a la carta. Siguió existiendo pero en un nivel casi marginal.

Y en medio de una verdadera explosión de tecnología alimentada, entre otros adelantos, por el satélite o la fibra óptica, surgió la red virtual de computadores que hoy todos conocemos por Internet y con ella llegó el correo electrónico. Volvieron las cartas pero ya sin el soporte de papel ni el preciosismo de la caligrafía. Es cierto que en estos no sólo se puede enviar mensajes sino también imágenes (en fotografía y video), canciones, animaciones y muchas otras cosas pero no ha resucitado el arte epistolar. Por el contrario, el "mensajeo" (deformación del español que se utiliza para referirse al envío de mensajes por celulares, generalmente eliminando letras de las palabras) incluso está afectando el idioma.

En los tiempos en que la carta era la reina de las comunicaciones, los países reglamentaron su uso. La legislación que rigió en España y sus colonias está en la recopilación de las Leyes de Indias y era tan detallada que hasta tenía disposiciones de cómo proceder en los diferentes puertos.

No era exageración ni mucho menos. Las autoridades coloniales le dieron la importancia debida y, aunque muchas de las leyes tenían, más bien, contenido de censura, sirvieron para normar las comunicaciones.

Gracias a la Internet, el envío de cartas o mensajes por correo electrónico se ha convertido en una actividad masiva que, empero, no está sometida a ningún tipo de control.

Ayer, las agencias de noticias informaron que los detalles de por lo menos 10.000 cuentas de Hotmail, un conocido servicio gratuito de correo electrónico, fueron publicados en un website. Los detalles incluían las contraseñas para ingresar a esos correos así que lo que ocurrió es que se posibilitó la figura penal que en muchos países se conoce como violación de correspondencia.

lunes, 5 de octubre de 2009

Campañas en marcha

Las cartas están echadas y las tendencias políticas más o menos definidas. Sólo cabe esperar que el fragor del proselitismo electoral, en vez de ahondar las diferencias entre bolivianos, contribuya a fortalecer los cimientos de nuestra todavía joven democracia


El cronograma electoral señala que el día de hoy se abre, de manera oficial, el período asignado por ley para la campaña electoral de los partidos políticos que participarán en los comicios generales del próximo 6 de diciembre.

Serán, pues, dos meses de intensa actividad proselitista que marcan el inicio de una nueva etapa en la vida democrática de Bolivia. Veamos por qué:

Por primera vez en la historia, y por efecto de la actual Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum de enero de este año, un Presidente y un Vicepresidente de la República en funciones están habilitados para buscar su reelección; y a diferencia de procesos anteriores, los bolivianos residentes en el exterior también podrán emitir su voto.

Otro elemento –tal vez el más importante– a tomar en cuenta es que en las elecciones de diciembre están en juego intereses políticos mucho más importantes y vitales que la sola renovación o ratificación de las autoridades y representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Lo que verdaderamente está en juego es el futuro del proyecto político y del esquema de poder diseñado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo, porque es finalmente a partir de las elecciones de diciembre cuando comenzará, en los hechos, la aplicación del texto constitucional en actual vigencia, así como la puesta en vigencia del nuevo modelo de organización política y administrativa del Estado.

Una vez hechas esas consideraciones, es posible afirmar que los próximos comicios generales marcarán –qué duda cabe– la suerte que le toque correr a Bolivia en los próximos años, si no décadas; y que la responsabilidad de la decisión que vayan a tomar los ciudadanos bolivianos en las urnas es, probablemente, la más delicada y compleja de toda nuestra vida democrática.

Resulta penoso constatar, sin embargo, que los candidatos y partidos políticos en carrera no parecen estar a la altura de los desafíos antes señalados. De hecho, la campaña electoral que hoy se inicia estará signada por la amplia ventaja con que el oficialismo enfrentará a una oposición frágil, dividida y políticamente extraviada.

Por un lado, está claro que el objetivo del Movimiento Al Socialismo no se centra únicamente en ganar las elecciones generales y asegurar la reelección del presidente Evo Morales. El MAS aspira a tener el control absoluto de las cámaras de Diputados y Senadores, y si es posible de dos tercios de la composición del futuro Congreso Nacional, de manera que pueda tener el camino llano para aprobar sin dificultades el vasto andamiaje jurídico que requiere la implementación de la Constitución Política del Estado.

En el otro lado, en cambio, el resto de los partidos políticos parecen más preocupados por disputarse entre sí la porción del electorado que no es afín al Gobierno y por ganar el liderazgo de la oposición antes de las elecciones de diciembre.

Las cartas están echadas y las tendencias políticas más o menos definidas. Sólo cabe desear que el fragor del proselitismo electoral, en vez de ahondar las diferencias entre bolivianos, contribuya a fortalecer los cimientos de nuestra todavía joven democracia.

domingo, 4 de octubre de 2009

Plan Progreso versus Unidad Nacional

Los estrategas del Plan Progreso tendrán que reconducir su artillería. De otro modo, no podrán evitar correr la misma suerte de lo que un día fue Podemos

Entre las muy pocas ideas claras que los candidatos y estrategas del Plan Progreso parecen tener en su intento de hacer frente a la fórmula oficialista en las elecciones de diciembre, hay una que, por lo menos por ahora, se muestra como el eje de su plan de acción. Consiste en concentrar sus escasas energías en destruir, o por lo menos debilitar, la candidatura de Unidad Nacional. Se diría es su enemigo principal.

Los primeros pasos de esa estrategia fueron dados en vísperas del vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos. Recurriendo a los más diversos medios, que van desde las amables exposiciones de argumentos dignos de consideración, hasta las más viles amenazas y chantajes, lograron disuadir a importantes personajes de los nueve departamentos que habían aceptado presentar sus candidaturas con el partido de Doria Medina. Fracasaron en algunos casos, tuvieron éxito en otros; lograron debilitar la fórmula de UN, pero sacarla del camino.

Durante los últimos días, pero con especial empeño después de que se hicieron públicos los resultados de una encuesta sobre las intenciones de voto, la ofensiva contra UN arreció. Según denuncias de muchos partidarios de esa candidatura, han circulado amenazas, a veces veladas y otras no tanto, entre muchas otras formas de presión, para causar tanto daño como sea posible a la fórmula Doria Medina-Helbing y sus seguidores. El más reciente y serio de esos intentos ha tenido el objetivo de convencer al líder cruceño Oscar Ortiz para que abandone a su actual aliado y se pliegue a las filas del Plan Progreso.

Tal forma de actuar merece ser cuestionada desde tres puntos de vista: el ético, el aritmético y el político.

Desde el punto de vista ético, porque es inadmisible que aunque de manera un poco más sutil, el Plan Progreso recurra a métodos que en nada se diferencian de los empleados por los “Ponchos Rojos” y otros “movimientos sociales” para ejercer coerción sobre quienes no se le adhieren voluntariamente. Declarar “traidores” a quienes no se cuadran ante la candidatura del Capitán Reyes Villa, por ejemplo, es una aberración que no puede ni debe ser vista con tolerancia.

Pero si las razones éticas no fueran suficientes para cuestionar tal forma de actuar, abundan también las que dictan los cálculos aritméticos y políticos. En el primer caso, porque por mucho empeño que se ponga a restar votos al caudal de uno para sumarlos al del otro, no alcanza para que las cifras cuadren, más aún si, como ya está ampliamente demostrado, en la política hay sumas que restan y viceversa.

Más importante aún es que una adecuada interpretación del fenómeno político que se refleja en el actual escenario electoral indica que una eventual eliminación de las fórmulas del “centro” daría como resultado un ensanchamiento del caudal electoral del oficialismo más que del de la oposición. La exacerbación de la polarización arrojaría un nítido beneficiario que no sería el conglomerado opositor.

En base a esos elementos, y a la experiencia acumulada durante los últimos años, cabe esperar que los estrategas del Plan Progreso reconduzcan su artillería si no quieren correr la suerte de lo que un día fue Podemos.

sábado, 3 de octubre de 2009

Hacia el fin de la Autonomía Universitaria


¿Dónde están los defensores de la Autonomía? ¿Aceptarán tan dócilmente que el dé órdenes sobre cómo gastar el dinero del sistema universitario?

Hace algo menos de seis meses, en abril pasado, se desencadenó un muy ligero alboroto en los ámbitos universitarios de nuestro país. No fue muy intenso ni duradero, pues las voces que daban la alerta fueron pronta y fácilmente silenciadas por las que llamaban a la calma.

El motivo de la inquietud fueron unas declaraciones, no del Ministro de Educación, como cabía esperar, sino del de Hidrocarburos, quien se atribuyó la tarea de anunciar los lineamientos centrales de la manera como el gobierno del MAS se propone proceder a la reforma del sistema de educación superior y especialmente de las universidades estatales.

Al inaugurar tres universidades “indígenas”, el Ministro de Hidrocarburos afirmó que aquella ocasión marcaba “el fin del sistema universitario público que responde a ‘criterios neoliberales’ (…) para “descolonizar ideológicamente y culturalmente” a los profesionales (… y ) sepultar definitivamente al sistema universitario, discriminador, individualista y neoliberal”.

Al comentar esas palabras, el 13 de abril decíamos en este espacio editorial que no era difícil prever que pronto le llegaría al sistema universitario el turno “en el proceso de destrucción del Estado nacional”. “La “revolución cultural” tiene ahora una nueva tarea que cumplir en la que, obviamente, no tendrán cabida los profesionales “colonizados”, esos que hasta ahora tuvieron a su cargo la formación de las nuevas generaciones”, decíamos.

Al preguntarnos sobre la manera como se iniciaría tal proceso, preveíamos que la primera etapa consistiría en destruir el actual sistema universitario “colonialista y neoliberal”. “¿Cómo se lo logrará? Será, un proceso moroso, se entiende, pero ya se ha iniciado. El primer paso, como no es difícil prever, será sin duda asfixiar económicamente a las universidades públicas y someter a reglas cada vez más duras a las privadas”. Afirmábamos.

No hace falta mucha suspicacia para sospechar que es precisamente en esa dirección que apunta el Decreto Supremo 308 promulgado el pasado 21 de septiembre por el Vicepresidente Álvaro García Linera, mediante el cual se instruye a las universidades estatales que dediquen una parte muy considerable de sus ingresos a dar un seguro de salud a más de 350.000 estudiantes del sistema estatal de educación superior.

Semejante disposición, que a todas luces es una aviesa violación a principios básicos de la autonomía universitaria, por muy encubierta que esté en una aparentemente noble causa, no ha merecido mayor reacción. Ni autoridades universitarias, ni docentes, ni estudiantes… nadie ha advertido la magnitud del desafío que se les ha lanzado o, si lo han hecho, han optado por el cauteloso silencio.

Es probable que sea esto último, más que la desinformación, lo que explique la pasividad con que se reaccionó. Sería comprensible, pues como lo dijimos en este espacio en abril pasado: “Los docentes que quieran sobrevivir en el nuevo sistema ya saben qué tienen que hacer. Si no quieren engrosar pronto las filas de los desempleados, deben comenzar a dar claras muestras de su compromiso con “el proceso de cambio”.