La democracia en su hora crucial

Por muchas razones, el MAS se enfrenta, por primera vez, a la inminente posibilidad de sufrir una derrota política

Cuando hace un par de semanas la élite burocrática que se apropió del Movimiento al Socialismo se reunió con los dirigentes de “movimientos sociales” que todavía le son fieles para definir el plan de acción de lo que suponían sería el tiro de gracia a la institucionalidad democrática, lo hicieron seguros de que la última batalla congresal la ganarían con tanta facilidad como las anteriores. “Ha llegado el momento de las definiciones”, sentenció Evo Morales, muy convencido de que así sería.

Hubo, sin embargo, algo que salió de sus cálculos. No tomaron en cuenta dos factores que durante las últimas semanas modificaron sustancialmente la correlación de fuerzas.

Uno de de ellos fue el surgimiento, por primera vez en los últimos tres años, de una oposición con un mínimo de ideas claras, libre de las ingenuidades que a tantos errores condujeron. Esta vez hubo una oposición con objetivos precisos, los que fueron definidos en Santa Cruz. Ese hecho fue suficiente para poner un límite no sólo a los planes del oficialismo sino, lo que en la práctica resulta más importante, a la hasta ahora tan condescendiente oposición parlamentaria.

Un segundo factor fue que también por primera vez se hizo evidente la ruptura de la monolítica unidad del MAS y sus aliados. Cuando Morales trazó una línea y conminó a sus seguidores a que la crucen sin titubeos, no recibió la respuesta que esperaba. Algunos de sus adherentes se negaron a hacerse cómplices de la destrucción de la democracia y otros a seguir siendo utilizados como objetos de manipulación.

Los “movimientos sociales”, hasta hace poco tan dóciles, dieron las primeras muestras de rebeldía. El rotundo fracaso de los intentos hechos para cercar al Parlamento, la disidencia de la Cidob, las pugnas internas en Conamaq y la Csutcb, y la presión de la opinión pública, privaron al oficialismo de lo que hasta ahora fue su principal método de coerción.

A todo lo anterior se debe sumar un cambio de actitud de organismos internacionales y gobiernos cuya tolerancia fue rebasada por las ya groseras arbitrariedades del MAS, las mismas con las que hasta hace poco fueron tan condescendientes. Es que al oficialismo se le fue la mano y el victimismo que tantos réditos le dio ya no alcanza para conmover a incautos. Ya no se ve en el exterior a Evo Morales como al pobre “indígena” incomprendido, sino como a un peligroso constructor de un régimen autocrático.

En ese contexto, el Gobierno se enfrenta, por primera vez, a la inminente posibilidad de sufrir una derrota política. Es de esperar que ahora sí se le ponga un límite a la impostura, y que no sea en nombre de la democracia que se terminen de sentar las bases de un régimen totalitario.

El triunfo de la arbitrariedad

Se ha sentado así un precedente cuyas funestas consecuencias ya las están sufriendo en carne propia cientos de ciudadanos bolivianos

Ha transcurrido ya un mes desde que en un acto cuyo simbolismo trasciende el simple afán de amedrentar a quien se perfila como principal líder de la oposición, los “indígenas originarios campesinos” del altiplano paceño, dirigidos por los “Ponchos Rojos”, se apoderaron de la casa de Víctor Hugo Cárdenas.

El tiempo transcurrido ha sido suficiente para que se ponga en evidencia la falsedad de las declaraciones que en su momento hicieron algunas autoridades gubernamentales en sentido de que protegerían el derecho a la propiedad privada y sancionarían a quienes la avasallaron. Nada de eso ha ocurrido y, por el contrario, se ha comprobado que en Bolivia, o por lo menos en gran pate de territorio nacional, ya está en plena vigencia un nuevo régimen estatal.

Se trata de un régimen en el que muchos de los artículos de la nueva Constitución Política del Estado no pasan de ser irrelevantes declaraciones líricas, pues lo que realmente prevalece es la jurisdicción ‘indígena originaria campesina’ estipulada en los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado (CPE), por encima de cualquier otra consideración.

Como se sabe, la CPE ha creado funciones jurisdiccionales y de competencia para las naciones y pueblos “indígenas originarios campesinos”, donde se aplican principios, valores culturales, normas y procedimientos propios en las relaciones y hechos jurídicos, válidos en la jurisdicción de un pueblo indígena. Eso significa que los usos y costumbres de los pueblos indígenas “de acuerdo a sus normas y procedimientos propios”, están, como los hechos lo confirman, fuera del alcance de principios reconocidos en la misma Constitución, de acuerdo a valores como los consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la CPE, hay dos jurisdicciones que son totalmente separadas: la ordinaria y la indígena originaria campesina. Y ante la posibilidad, como en el caso Cárdenas, de que ambas entren en conflicto, sólo se puede recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional para que sea esa instancia la que dirima la controversia. Actualmente, al no existir ese tribunal, queda abierto sin límite alguno, el camino de la arbitrariedad.

Se ha sentado así un precedente cuyas funestas consecuencias ya las están sufriendo en carne propia cientos de ciudadanos bolivianos residentes en esos enclaves étnicos en los que ya no está vigente el Estado de Derecho. Se trata de personas que ya no tienen ninguna posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos sin correr el riesgo de que en nombre de la justicia comunitaria se los haga víctimas de todo tipo de medidas de coerción. Es sólo un anticipo del tipo de país al que nos encaminamos.

A nueve años de la “guerra del agua”

Los cochabambinos tendríamos que sentir una muy profunda vergüenza colectiva al recordar la “guerra del agua” nueve años después

Hace nueve años, por estas mismas fechas, Cochabamba se sumió en una vorágine de violencia que pasó a la historia como “la guerra del agua”. Como lo recuerda un reportaje publicado en este matutino el domingo pasado, en abril de 2000 se marcó un hito no sólo en la historia regional, sino nacional, por las posteriores repercusiones que tuvo ese acontecimiento.

Hoy, nueve años después, tiempo más que suficiente para hacer un balance, los resultados arrojados por lo que en su momento fue visto como una hazaña sólo puede ser motivo de una muy intensa vergüenza colectiva.

Como se recordará, en aquella oportunidad toda la “cochabambinidad”, con muy pocas excepciones representadas por ciudadanos que inútilmente hicieron reiterados llamados a la cordura, se entregó a una especie de delirio colectivo que culminó con un la expulsión de “Aguas del Tunari”, la única empresa que estaba dispuesta a hacer las inversiones necesarias para dar agua potable y llevar a cabo el proyecto Misicuni.

Una vez alcanzado el “triunfo” de los movimientos sociales, a cuya causa se sumaron ciegamente hasta las más serias instituciones de la región, no se escatimaron elogios a los autores de la hazaña. Se los trató como a héroes y su fama de paladines de la justicia y la lucha contra la “voracidad de las transnacionales” trascendió nuestras fronteras, lo que les rindió muy buenos réditos de los que aún hoy gozan impunemente.

Las pocas personas que tuvieron el valor de oponerse a la ola de desvarío colectivo, en cambio, fueron acusadas de traicionar al “espíritu de la cochabambinidad”. Sus voces fueron acalladas y no se quiso oír sus advertencias sobre la magnitud del error que se estaba cometiendo.

Nueve años después, los resultados obtenidos no dejan ni el más mínimo margen a las dudas. El saldo obtenido es el peor de los imaginables, pues el problema de la escasez de agua se ha multiplicado, la debacle económica de Semapa ha alcanzado dimensiones catastróficas, la corrupción ha dado fin con los pocos recursos económicos de esa empresa.

Y en lo que a Misicuni corresponde, el panorama es aún más desolador. Ahí está el túnel, con los más de 70 millones de dólares que devoró durante su perforación, convertido, como alguien previó, en la cueva de murciélagos más grande y cara del mundo. De la represa, de las obras complementarias, de la planta generadora de hidroelectricidad, absolutamente nada.

Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la “guerra del agua”, los nueve años desde entonces transcurridos, y la condescendencia con los cochabambinos permitimos que tan funesto episodio pase a la historia sin que se nadie se haga responsable de sus consecuencias, es la más elocuente muestra de que la nuestra es una sociedad extraviada, enferma del alma. Y eso es peor que no tener agua.

Hacia una oposición democrática

El encuentro de organizaciones ciudadanas que se han propuesto sentar las bases de una oposición democrática es una buena noticia para el país

Por primera vez desde que hace algo más de tres años el Movimiento al Socialismo propinó una feroz derrota electoral a las organizaciones que intentaron constituirse en alternativas a ese proyecto político, ha comenzado a vislumbrarse en el horizonte político del país una alternativa capaz de lidiar en los diferentes escenarios propios de la democracia.

Como no podía ser de otro modo, dado el fracaso de los partidos ya existentes, la iniciativa fue tomada por representantes de una gran diversidad de agrupaciones civiles que durante los últimos años fueron surgiendo a lo largo y ancho del país.

Entre las cualidades de la iniciativa, hay una que se destaca: es que tuvieron el acierto de evitar que el proceso que se inició en el encuentro nacional que tuvo lugar en Santa Cruz se vea perturbado por las pugnas entre los muchos aspirantes a candidatos que anteponen sus propias expectativas individuales en desmedro de un plan de acción que se proyecte hacia el largo plazo y no sólo a una disputa electoral.

Que el tema de las postulaciones haya sido relegado para una etapa posterior hará sin duda más fácil la tarea de maximizar los factores aglutinantes y no dar cabida las potenciales causas de dispersión de voluntades.

Los objetivos principales propuestos para alcanzar en el futuro inmediato, como el rechazo al proyecto de Ley Electoral del oficialismo, la demanda de un nuevo padrón electoral para las elecciones de diciembre, la restitución de una Corte Nacional Electoral transparente e independiente, tienen la virtud de ser suficientemente amplios como para que con ellos se identifique gran parte de la población boliviana más allá de discrepancias secundarias.

Hay, sin embargo, algunos temas que no parecen haber recibido suficiente atención. Es que si bien es cierto que las irregularidades que se produjeron en los anteriores actos electorales contribuyeron a los resultados tan ampliamente favorables al oficialismo, no es menos cierto que eso fue posible, en no poca medida, por la inexistencia de una organización capaz de ejercer los derechos y obligaciones de control durante el proceso electoral y especialmente durante el cómputo de votos.

No se debe perder de vista que mientras en Bolivia no haya una organización política de oposición capaz de movilizar activamente a sus adherentes, no habrá ley, ni Corte Electoral, ni padrón que garantice la transparencia de las elecciones.

Construir una organización que pueda realizar esa tarea no es algo fácil. Es algo que requiere algo más que el voluntarismo de ciudadanos de buena fe. Sentar las bases de una estructura orgánica que apunte al largo plazo es pues tan o más importante que asumir actitudes defensivas.

Corea de Norte desafía a mundo

El régimen de Pyongyang ha puesto al mundo entero ante uno de lso escenarios más complejos de las últimas décadas

El mundo entero, con la probable excepción de algunos gobernantes que ven en la explosión de una catástrofe bélica a escala planetaria su única vía de salvación, ha visto con espanto la decisión de Corea del Norte de desafiar a la comunidad internacional con el lanzamiento de un cohete de largo alcance, el Taepodong-2.

La magnitud del reto es enorme. Tanto, que el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado a una reunión de máxima urgencia para decidir una respuesta a la provocación del régimen de Pyongyang y los 15 países que lo integran evalúan con máximo rigor cada paso que darán, cada palabra que dirán.

El presidente de Estados Unidos ha sido uno de los primeros en manifestarse al respecto. “Ha llegado el momento de dar una respuesta internacional fuerte”, ha dicho, y hay motivos para suponer que no se refiere a más declaraciones líricas ni a exhortaciones amistosas.

Con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur son los más proclives a la adopción de medidas drásticas. Temen que tras la apariencia del lanzamiento de un satélite Corea del Norte haya escondido el lanzamiento de un misil de largo alcance, lo que multiplicaría el potencial destructivo de su arsenal nuclear.

Entre las posibles respuestas al lanzamiento está la imposición de nuevas sanciones. Pero ese recurso ya parece agotado, pues Corea del Norte es ya objeto de sanciones de la ONU, Japón y Estados Unidos. Y adelantándose a esa posibilidad, Pyongyang ha advertido que si la ONU le endurece las medidas de presión en su contra, la decisión será interpretada como un "acto hostil" que pondría fin a las negociaciones sobre su desnuclearización, actualmente atascadas.

En vísperas de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, los principales mandatarios de la Unión Europea han anticipado ya su firme condena a la provocación norcoreana, pero no se ha despejado la duda sobre cuán lejos están dispuestos a ir para respaldar la demanda de EE.UU. Japón y Corea, para que esta vez, dada la magnitud del reto, se vaya más allá de las declaraciones y se adopten severas medidas de hecho.

Mientras tanto, Rusia y China, ambas naciones con derecho a veto en el Consejo de Seguridad ya han optado por la moderación y se teme que llegado el momento de las definiciones, se nieguen a respaldar una respuesta firme, como lo demanda Obama con el apoyo de Tokio y Seúl.

Estamos pues ante un escenario internacional cuya complejidad es una de las mayores de las últimas décadas. De lo que se resuelva durante las próximas horas puede depender la preservación de la paz o el desencadenamiento de un proceso cuyas consecuencias es difícil imaginar. Razón más que suficiente para que la atención del mundo se concentre, durante las próximas horas y días en aquella parte del mundo.

La hora de las definiciones

Es de esperar que las diferentes iniciativas para preservar la democracia confluyan en un esfuerzo común

“Ha llegado la hora de las definiciones”, dijo hace algunos días el presidente Evo Morales, y no le faltaba razón. En efecto, tres años después de haberse iniciado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana en Bolivia, nos encontramos al borde del punto sin retorno, del punto más allá del cual la democracia puede pasar a ser sólo un episodio de la historia, del pasado de nuestro país.

La batalla final, según la concepción de los estrategas que conducen el proyecto político del MAS hacia su consumación, serán las elecciones de diciembre próximo. Y es para ganar tan decisiva confrontación de fuerzas que todos los recursos de los que dispone el oficialismo se concentran en su objetivo principal: imponer un reglamento electoral que asegure dar, a través de las urnas, el salto final hacia la consolidación de un régimen totalitario.

Para hacer frente a tan ambicioso plan no existe una oposición política que esté a la altura del desafío. La existente, representada por las múltiples fracciones a que se redujo lo que un día fue Podemos, ha dado ya y sigue dando demasiadas muestras de su ineptitud, por lo que nada serio se puede esperar de ella. Muy por el contrario, se puede temer que una vez más, como ya lo ha hecho en otros momentos decisivos, termine dándole al proyecto masista el empujón final, el que le falta para imponerse.

La otra vertiente de la oposición, la cívico-regional, cuya principal base de acción es Santa Cruz, pese a que aún no termina de reponerse de la derrota a que fue conducida en septiembre pasado por las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron, ha asumido el rol conductor de la resistencia civil contra el proyecto hegemónico del MAS.

Otra iniciativa para movilizar a la ciudadanía es la encabezada por Víctor Hugo Cárdenas y secundada por diversas agrupaciones civiles. La base de su propuesta es retirar temporalmente de la agenda de la oposición el tema de los candidatos, y concentrar fuerzas y energías en una movilización ciudadana que, lejos del efecto perturbador de las ambiciones personales, haga oír y sentir su voluntad colectiva para impedir que el totalitarismo logre derrotar a la democracia.

Siendo tan grande el desafío que se tiene al frente, es de esperar que ambas iniciativas, la originada en Santa Cruz y la encabezada por Cárdenas, confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina.

La tarea no será fácil, pues además de las acciones del oficialismo deberán enfrentar la acción disociadora de individuos que, sin tener mérito alguno, aspiran a ser candidatos sin tener más norte que su ya patológico egocentrismo.

El G-2, salvador de la humanidad

No es justo que Evo Morales haya sido excluido del G-2, la alianza que se anuncia como portadora de una nueva era para la humanidad

Abatido por el rotundo fracaso del pilar principal de su política exterior, que apuntaba a la formación de una alianza “anticapitalista y antimperialista” entre los países árabes y los devotos del “Socialismo del Siglo XXI”, el presidente venezolano, Hugo Chávez, abandonó Doha y se fue a Teherán a reunirse con el único aliado incondicional que ha logrado reclutar entre los mandatarios del mundo islámico: Mahmud Ahmadineyad.

Con él, y solo con él, pues nadie más está dispuesto a secundar sus desvaríos, Chávez proclamó “la muerte del capitalismo". Ambos dieron vida a lo que según afirman con gran convicción, será su sepulturero: el “G-2” (Venezuela e Irán), la alianza bilateral que nació para inaugurar “un Nuevo Orden Mundial”.

El instrumento del que se valdrán para dar a luz al nuevo sistema, “en el que reinará la paz, la independencia y la libertad", será el banco binacional que comenzará a funcionar con un capital inicial de nada menos que 1.600 millones de dólares. Según Chávez, el acto de presentación de la entidad bancaria marcó “la hora del fin del imperialismo. Se hunde el imperialismo y sobre sus cenizas surgirá un mundo nuevo". Ahmadineyad, por su parte, proclamó: “Nosotros, el G-2, somos ya responsables de todo el mundo, para hacer un mundo mejor para todos. Lo que estamos haciendo parece solo un banco, pero la verdad es que es un acto de voluntad y justicia para todo el mundo”.

Ambos mandatarios, al poner sobre sus hombros la salvación, no de sus países, sino de “toda la humanidad”, convocaron a que otros líderes se sumen a su iniciativa. Y mientras a la humanidad se le anunciaba en Teherán el advenimiento del instrumento de su salvación, en Bolivia, Evo Morales, asumiendo el rol de profeta anunciador de la llegada del salvador, repetía ante la prensa internacional el llamado a dar al capitalismo el tiro de gracia.

Dado el entusiasmo con que Morales proclama su devoción a la obra salvadora de sus dos principales aliados, no resulta fácil comprender por qué no fue invitado a la constitución del G-2. ¿Por qué no G-3, si el gobierno de Morales da todos los días muestras de la eficiencia con que contribuye al colapso del capitalismo mediante la sistemática destrucción del aparato productivo de Bolivia? ¿Y por qué no G-4 ó G-5, si hay otros gobernantes, como Omar al Bashir de Sudán, o Robert Mugabe de Zimbabwe que comparten la misma causa? ¿Acaso no están ellos también destruyendo con gran éxito las bases económicas de sus respectivos países, como un aporte a la destrucción del capitalismo?

Evo Morales debe exigirle a Chávez una explicación. No es justo, pues méritos no le faltan, que se lo haya excluido del acto constitutivo de la alianza que se anuncia como portadora de una nueva era para la humanidad.

Chávez, más solo que nunca

Chávez salió de la cumbre de Qatar más solo que nunca. Ahmadineyad y Morales quedan como sus únicos aliados firmes

La II Cumbre de Presidentes de América del Sur y los países árabes (ASPA) que se celebró en Doha, la capital del emirato de Qatar, concluyó con resultados que estuvieron muy lejos de las expectativas que la precedieron. La unificación de criterios sobre la manera de encarar conjuntamente los desafíos que plantea la crisis económica global no sólo que no se produjo, sino que las muchas discrepancias internas en los dos bloques participantes se acentuaron tanto que obligaron a suspender el encuentro antes de lo previsto.

El gran perdedor, el que sin duda más frustrado salió de la reunión, fue Hugo Chávez. Fracasó de la manera más rotunda en todos los objetivos que se propuso alcanzar. En lo económico, porque no logró que los árabes secunden, más allá de las declaraciones líricas, su deseo de esgrimir el petróleo como arma fulminante contra el capitalismo. Y en lo político, porque su tan ansiada alianza entre el mundo islámico y el “socialismo del Siglo XXI” quedó reducida a la condición de una alucinación sin ninguna viabilidad práctica.

Menos notoria, pero no por eso menos significativa, fue la indiferencia con que fue acogida la propuesta de Evo Morales de unir fuerzas para darle el golpe de gracia al capitalismo. Tal disparate no mereció más que sonrisas burlonas pues pocos están más interesados en la recuperación del capitalismo que los países árabes.

Si para algo sirvió la cumbre de Qatar, fue para que se ponga en evidencia la magnitud de las fisuras en el bloque sudamericano. La cínica defensa que hizo Chávez de uno de los más sanguinarios dictadores que el mundo haya conocido, el sudanés Omar Al Bashir, rebasó la paciencia de Lula da Silva, Bachelet y Kirchner, quienes no disimularon su repudio por tan vergonzosa actitud.

A eso se sumó la andanada de feroces críticas a Bachellet por haber sido anfitriona de la Cumbre Progresista de Viña del Mar, de la que fue elocuentemente excluido, como su homólogo boliviano.

Chávez superó todo límite al haber sido el único mandatario que tuvo el descaro de hacer una apología de Al Bashir, condenado por la Corte Penal Internacional por los más de 300.000 muertos y casi tres millones de refugiados víctimas de su plan de exterminio de los cristianos sudaneses. Es verdad que los árabes rechazaron el fallo de la CPI, pero ninguno llegó al extremo de presentar al tirano sudanés como si de un modelo digno de imitar se tratara.

En síntesis, Chávez salió de la cumbre de Qatar más solo que nunca. Tan lejos de los árabes como su principal aliado, Mahmud Ahmadineyad, y con solo Evo Morales como socio de aventuras en la región sudamericana. Muy pobre saldo para quien pretendía erigirse en líder de una poderosa coalición entre el mundo islámico y Latinoamérica.

Himalaya y el nuevo Estado

La “nacionalización” de la mina Himalaya se suma a los muchos ejemplos de lo que en los hechos significa el “nuevo Estado”

Si hay algo que ya tendría que estar claro a estas alturas del proceso político que se inauguró con el ascenso del Movimiento al Socialismo al gobierno, es que no se trata de un simple relevo de élites burocráticas en la gestión del aparato estatal. Mucho más que eso, es la destrucción premeditada y sistemática del Estado republicano y su paulatina sustitución por otro Estado, uno que va construyendo su propia estructura institucional.

Muestras de lo que eso significa en el plano teórico se las puede encontrar en abundancia en las elucubraciones hechas durante los últimos años por los principales ideólogos del nuevo régimen. Ellos, franca y abiertamente, postulan la necesidad de reducir a escombros la “vieja estructura estatal” para sobre ellos erigir una nueva.

En lo práctico, eso se manifiesta cada vez con mayor claridad en la consolidación y proliferación de enclaves en los que las instituciones del Estado republicano son expulsadas y su lugar va siendo ocupado por las del que está en proceso de construcción.

La “republiqueta de Achacachi”, así definida por el Vicepresidente de la República, es un buen ejemplo pero no el único. Lo que está ocurriendo en El Alto es parte del mismo proceso, sólo que en una etapa aún no tan avanzada.

Otro ejemplo, no menos elocuente, es el que durante los últimos días ha vuelto a salir a luz en el cantón Cohoni, en la provincia Murillo de La Paz, donde se encuentra la mina Himalaya. Allá, hace ya 17 meses, los comunarios “indígena originarios campesinos” decidieron “nacionalizar” esa mina, así como muchas otras de las que fueron expulsados los cooperativistas.

El argumento con que los comunarios justifican sus actos es muy simple. “Los recursos naturales existentes en el país pertenecen a los originarios y deben ser explotados y manejados por los originarios; estamos decididos a eso. Estamos 1 año y 4 meses (en la mina) y ellos (la empresa) estaban 23 años explotando a nuestros hermanos”, dicen. No se refieren a una empresa transnacional, sino a una cooperativa perteneciente a mineros bolivianos tan pobres como ellos pero que, según sus parámetros, no merecen el privilegiado título de “originarios”.

Como se sabe, ni la policía nacional, ni las instancias judiciales, ni otra institución del “viejo Estado” puede intervenir. Han sido impunemente expulsados, de modo que quede claro quién tiene el poder y quién está demás. Y ante ello, más allá de irrelevantes declaraciones líricas que ni siquiera logran disimular sus verdaderas intenciones, los constructores del “Estado Plurinacional” no disimulan su beneplácito. Es que así se da un paso más hacia el logro de su principal objetivo que no es otro que la consolidación de un poder de facto ante el que nada pueda la legalidad “colonial”.

Las ONG en la hora de las definiciones

Para las ONG de El Alto, y para todas las que trabajan a lo largo y ancho del país, también ha llegado la hora de las definiciones

Hace unos días, cuando Evo Morales dijo que había llegado “la hora de las definiciones”, y trazó una línea a un lado de la cual debían ubicarse sin titubeos los que están con el “proceso de cambio”, y al otro sus enemigos, no hablaba en vano. Sabía lo que decía, y esperaba que sus seguidores, tanto los incondicionales como los que no lo son tanto, entiendan el significado de sus palabras.

Las primeras reacciones no se dejaron esperar. Uno de sus principales aliados políticos, el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, se reunió en un ampliado para decidir si están dispuestos a renunciar a su actitud crítica para convertirse en dóciles seguidores del masismo, o si se mantendrán leales a los principios básicos inherentes a una izquierda democrática. Pero ante la duda, optaron por abstenerse y postergar para junio tan importante decisión.

No fueron tan dubitativos los dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto, quienes decidieron dar el ejemplo y asumir el rol de inquisidores e iniciar la purga. A quienes no consideran suficientemente masistas, y por consiguiente, siguiendo la lógica de Morales, son fascistas, los expulsarán de la urbe alteña y expropiarán sus bienes.

Para dar el primer ejemplo aleccionador, han decidido acallar y exiliar de El Alto a un comunicador social de amplia trayectoria, a quien acusan de haber criticado a dirigentes de los “movimientos sociales”. No se conforman con privarle del derecho al trabajo y a la libre expresión. Además de ello, le quieren prohibir que pise la ciudad que en los hechos gobiernan.

El segundo objetivo de esa ofensiva “purificadora” son las 145 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en esa ciudad. A ellas las han conminado a que en el plazo de 30 días les presenten sus informes económicos y sometan las actividades que realizan a una evaluación de los dirigentes. “Los alteños no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza de los alteños”, han dicho, y ya se preparan para dar el zarpazo.

Entre las muchas ONG que han sido conminadas a decidir “si son masistas o fascistas”, hay por ahora sólo una que ha rechazado el trato que los dirigentes alteños le pretenden dar. Es el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza que desde hace 26 años brinda múltiples servicios a las mujeres de El Alto. Ellas han decidido salir en defensa de la institución y se niegan a someterse a los dictados de la COR.

¿Qué dirán, y qué harán las otras 144 ONG de El Alto? ¿Y las varias centenas que trabajan a lo largo y ancho del país? ¿Cuántas de ellas aceptarán por ponerse de rodillas ante los inquisidores del MAS? Es difícil saberlo. Pero lo que sí es seguro es que para ellas también ha llegado la hora de las definiciones.