Arce Gómez y el fin del golpismo

La experiencia debe servir para que no se abra ni la más mínima posibilidad de retroceso hacia el golpismo latinoamericano

Pocos días antes de se cumpla el vigésimo noveno aniversario del último de los muchísimos golpes de Estado que jalonaron la historia de nuestro país, uno de sus principales protagonistas, Luis Arce Gómez, ha sido encarcelado. Es un hecho que, además de justiciero, tiene un alto contenido simbólico por las circunstancias internacionales en que se produce.
El encarcelamiento de Arce Gómez, que coincide con el rotundo y unánime rechazo con que el mundo entero reaccionó ante el reciente golpe hondureño, son dos actos que dicen mucho de lo lejos que están --y de lo lejos que deben mantenerse-- esos aciagos tiempos en los que los militares, siempre con la complicidad de grupos civiles, hacían de árbitros y protagonistas de la política latinoamericana.
Hasta hace 30 años, personajes como Arce Gómez y crímenes como los que cometió no eran excepcionales. Por el contrario, los golpes de estado con sus secuelas de atrocidades fueron una constante en la historia latinoamericana desde sus primeros tiempos. Ya Bolívar y Sucre fueron víctimas de ese método de acción política y ni Bolívar se libró, al final de su vida política, de caer en la tentación de la dictadura.
Las razones con las que se justificaron los golpes de estado fueron variando a través de la historia, pero lo que nunca cambió fue el fenómeno de fondo que se manifestaba a través de ellos. La incapacidad de nuestras sociedades para resolver sus conflictos políticos por medios civilizados siempre estuvo tras cada intervención militar.
Todos los golpes de estado de los años 60 y 70, por razones inherentes a su espurio origen, derivaron en regímenes dictatoriales. Todos fueron atroces, pero hubo dos que se destacaron por su extrema crueldad. Uno fue el argentino, que hizo desaparecer a unas 30.000 personas y aplicó indescriptibles torturas a muchas más. Otro fue el de García Meza y Arce Gómez. Los asesinatos de Luis Espinal, en la fase preparatoria del golpe, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de toda la dirigencia del MIR, entre muchos otros, fueron algunos de sus peores crímenes.
Aunque como todos los demás golpes de estado de aquella época pretendió justificarse en la lucha contra la “expansión del comunismo”, expresado entonces en el triunfo electoral de la UDP, tuvo además muy sólidos vínculos con el narcotráfico, lo que lo hizo doblemente repudiable ante los ojos del mundo. Tanto, que contribuyó mucho a que en la conciencia mundial se active, y se mantenga vivo hasta hoy, el rechazo a los regímenes provenientes de golpes de estado.
El encarcelamiento de Arce Gómez es pues una buena ocasión para recordar porqué no se puede ni debe considerar, ni remotamente siquiera, la posibilidad de volver a abrir las puertas al golpismo latinoamericano.

Honduras, entre Obama y Chávez

La manera unánime como el mundo ha reaccionado confirma que estamos asistiendo a la inauguración de una nueva era histórica

El golpe de Estado perpetrado en Honduras el pasado 28 de junio ha tenido muy hondas consecuencias en el escenario político no sólo latinoamericano sino mundial. No en vano todas las cancillerías del planeta asumieron ante el asunto la actitud de un ajedrecista frente a una jugada desconcertante. Y después de sopesar la situación con la frialdad que corresponde a estos casos, todos los países del mundo, sin excepción alguna, aunque no todos de buena gana, cerraron filas alrededor de un objetivo común: evitar que los conflictos políticos en Latinoamérica vuelvan a ser resueltos a través métodos tan comunes en tiempos de la guerra fría.

Obviamente, como no podía ser de otro modo, en medio de tal unanimidad hubo una gran variedad de matices. Desde las amenazas de Chávez de intervenir militarmente, en un extremo, hasta Israel y Taiwán que dudaron mucho antes de tomar partido, en el otro. Diferentes matices, pero finalmente todos en el mismo lado de la línea trazada el 28 de junio.

Un segundo efecto, tan importante como el anterior, es que se ha abierto una muy profunda brecha entre las diversas corrientes de la oposición continental contra el proyecto del “Socialismo del Siglo XXI”. A un lado han quedado, aislados y desacreditados, quienes quisieron ver en el caso hondureño un ejemplo digno de ser imitado por las Fuerzas Armadas de los otros países alineados en el ALBA. Y en el otro, las corrientes de una oposición democrática que se niegan a aceptar la vía hondureña como la más idónea para afrontar tan enorme desafío.

Dos ejemplos muy elocuentes de las profundas diferencias entre los medios empleados y los resultados obtenidos por ambas tendencias fueron vistos coincidentemente el mismo día, el 28 de junio. La oposición democrática asestó una contundente derrota al kirchnerismo, en Argentina, mientras la oposición violenta estuvo a punto de regalarle al chavismo las banderas de la libertad y la democracia.

Felizmente esa situación, que además de una aberración habría sido una calamidad, fue evitada por la firmeza y lucidez con que otros países se involucraron en la batalla diplomática. Gracias a ello, el centro de operaciones contra el golpe se trasladó de Managua a Washington –y no a Caracas-- primero, y ahora a Costa Rica, donde Chávez y sus seguidores tendrán que callar.

Por ahora no se sabe cuál será el desenlace de la crisis hondureña; pero sea cual fuere, el hecho histórico ya se ha producido. La manera unánime como el mundo ha reaccionado confirma que se ha ingresado a una nueva era y Barack Obama se ha consolidado como un líder de talla mundial. Ante ello, resulta elocuente que el canciller del régimen de facto hondureño, y quienes piensan como él, sigan creyendo que es “un negrito que no sabe nada de nada”.

Los gastos reservados del MAS

Habrá quien se descontente por la mala calidad de las obras, pero será mayor la satisfacción de participar en la “redistribución de la riqueza”

Entre los muchos temas que fueron muy hábilmente esgrimidos por quienes combatieron a los gobiernos “neoliberales” de los últimos años, hubo uno que se destacó por la eficiencia con que ilustraba la manera arbitraria como “los políticos”, se enriquecían a costa de los dineros del estado. Era el muy cuestionado tema de los “gastos reservados”.

Con mucha razón, además de un sólido respaldo de cifras, los opositores de aquel entonces enrostraban a los gobernantes los cuantiosos montos que bajo el rótulo de “gastos reservados” eran puestos fuera del alcance de las instituciones fiscalizadoras. Por ser “reservados”, nadie estaba obligado a rendir cuentas, lo que muy fácilmente se prestaba a todo tipo de suspicacias.
Conscientes de lo sensible que era la opinión pública a ese tema, una de las primeras y más publicitadas medidas que adoptaron los nuevos gobernantes fue precisamente la eliminación de “los gastos reservados” del presupuesto gubernamental.

Muy astutamente, sin embargo, tal medida fue acompañada por otra especialmente pensada para llenar el vacío dejado por la eliminación de un medio tan conveniente para la reproducción del poder. Se ´creó el programa “Bolivia Cambia Evo Cumple” financiado por el Gobierno de Venezuela a través de un convenio firmado el 29 de abril de 2006, en La Habana Cuba dentro del ALBA – TCP.

Según los datos oficiales, los montos que ese programa pone a disposición del gobierno de Evo Morales no son nada extraordinario. Apenas unos cuantos cientos de millones de dólares, según algunos cálculos cuya precisión es imposible verificar pues precisamente una de las características del programa es su falta de transparencia. Por eso, nunca se sabrá cuál es exactamente la cantidad de dinero tan libremente administrada.

Sin embargo, más que la magnitud de los recursos que el programa pone a disposición de los seguidores de Morales, lo importante es la forma en que lo hace. Una forma que consiste en abrir una enorme cuenta de “gastos reservados” mucho más grandes y muchísimo más reservados que los de otros tiempos.

En esas circunstancias, no resulta nada sorprendente la proliferación de denuncias sobre malos manejos, sobre nuevas fortunas particulares, sobre obras que se desmoronan antes de ser entregadas. Son las consecuencias obvias de una manera de dejar la administración de tan cuantiosos recursos al libre arbitrio de los militantes del MAS, con la única condición de que den constantes pruebas de su lealtad al “proceso de cambio”.

Tampoco es difícil suponer cuáles serán las consecuencias políticas de la democratización de los “gastos reservados”. Habrá quien se descontente por la mala calidad de las obras, pero será mayor la satisfacción de participar activamente en tan original procedimiento de “redistribución de la riqueza”.

Proyecciones electorales

Si la oposición pretende evitar un rotundo triunfo del MAS, tendrá que hacer algo drástico para cambiar el curso del proceso

Según los resultados obtenidos por tres encuestas realizadas durante las últimas semanas en las principales ciudades de nuestro país, el futuro político boliviano, si no ocurre algo extraordinario, ya se puede prever. La fórmula electoral del Movimiento al Socialismo,
encabezada por Evo Morales y Álvaro García Linera volverá a imponerse por un amplio margen y no habrá oposición capaz de contrarrestar su fortaleza en las urnas.
La encuesta realizada por Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, la más fidedigna de las tres, dados los antecedentes y prestigio internacional de la empresa, le asignan el 47% de las intenciones de voto al presidente Evo Morales. En el segundo lugar estaría Víctor Hugo Cárdenas, con el 9%. Samuel Doria Medina, con el 7%; Rubén Costas, con el 6%. Finalmente, en un lugar más marginal aún, figuran Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, ambos con el 5%.
Las otras dos encuestas, aunque difieren ligeramente en los detalles cuantitativos, coinciden en el dato fundamental: la popularidad de Evo Morales está prácticamente intacta, mientras la de sus potenciales rivales prácticamente por los suelos.
El dato, de por sí significativo, lo es más aún si se considera que los sondeos se hicieron exclusivamente entre habitantes de las principales ciudades capitales del país, lo que deja fuera de las proyecciones a la población rural la que, como todos saben, apoya al MAS en una proporción mucho mayor que en las ciudades. Si se considera que durante los últimos meses el partido oficialista ha logrado grandes avances en pos del control monopólico de la actividad política en las áreas rurales, no es difícil suponer que en las actuales circunstancias el MAS podría obtener una victoria con un porcentaje superior al 60%.
Ante tal posibilidad, algunos dirigentes políticos que se niegan a ver la realidad han reaccionado como era de prever. Han atribuido los datos que comentamos a una supuesta confabulación urdida entre el Gobierno y quienes realizan las encuestas. Se esmeran en mantener viva una ilusión de popularidad que sólo existe en la imaginación de quienes pretenden aplicar a la política métodos que son propios de la especulación mercantil.
Otros aspirantes a candidatos, felizmente más serios, buscan en los datos de las encuestas alguna pista que les ayude a tomar decisiones. Algunos, es de esperar, terminarán resignándose a buscar nuevos rumbos, mientras los que sobrevivan a este pulseo pre electoral tendrán que buscar una sigla que los acoja.
Como se ve, es muy poco alentador el panorama que se perfila en el horizonte de la oposición democrática. Si la oposición pretende evitar un rotundo triunfo del MAS, tendrá que hacer algo drástico para cambiar el curso del proceso. Y hacerlo ya, porque el tiempo se agota.

El índice del planeta feliz

El estudio pretende dar base científica a una muy antigua sospecha: “el dinero no trae la felicidad”. Los países ricos no son los más felices

El pasado sábado, la “New Economics Foundation” (NEF), presentó la segunda versión del “Índice del Planeta Feliz” (IPF), indicador del bienestar humano que se propone erigirse en una alternativa a los clásicos parámetros utilizados para medir los éxitos y fracasos de las personas, los países y los pueblos en su afán de mejorar sus condiciones de vida.
El IPF, que fue presentado bajo e título “Por qué las buenas vidas no tienen que costar un mundo”, está basado en datos corroborados de 143 países que representan el 99 por ciento de la población mundial. El índice utiliza tres baremos para realizar la clasificación: la esperanza de vida, la satisfacción vital que expresan los ciudadanos de cada país y la huella contaminante que dejan para obtener el nivel de vida que consideran necesario para ser felices.
Entre los resultados del estudio, lo que más llama la atención es la enorme distancia que hay entre los parámetros clásicos y los que se obtienen aplicando el IPF. Es decir, los países ricos no son necesariamente los más felices y mucho menos los que más contribuyen a la construcción de un “Planeta Feliz”. Todo lo contrario, los países que más retroceden en el índice son los que más éxitos económicos obtienen. Estados Unidos, China e India, vistos como modelos de éxito económico, son según el IPF los que más rápidamente ven deteriorarse la calidad de vida de sus habitantes.
América Latina, por su parte, aparece como el continente más feliz. Nueve de los 10 países “más felices y ecológicos” son latinoamericanos y Costa Rica es el que encabeza la lista. La República Dominicana figura segunda y Guatemala cuarta, y entre el sexto y el décimo puesto se sitúan por este orden Colombia, Cuba, El Salvador, Brasil y Honduras. Bolivia figura en el puesto 47, uno por debajo de Chile.
Los países que se supone deberían representar un desarrollo exitoso, en cambio, son los que peor calificación tienen en términos de crear bienestar dentro de los límites de la Tierra.
El estudio que comentamos será sin duda recibido con cierto escepticismo en algunos círculos académicos y se hará más de una objeción a los valores que promueve y a los resultados que arroja. Es un tema que se presta a la polémica. Lo que es indudable, a pesar de ello, es que se trata de algo muy representativo de una corriente de pensamiento y de “sentimiento” muy influente en el mundo contemporáneo. Algo que de ningún modo se puede soslayar si se pretende comprender una de las más vigorosas corrientes que impulsan los procesos políticos del mundo actual: el cuestionamiento a los valores imperantes cuyo eje central es el desempeño económico. Es uno de los “signos de los tiempos”.

La elocuente lección de Honduras

Serán sin duda derrotadas las corrientes políticas más retrógradas, esas que tan erróneamente creen que una tiranía puede neutralizar a otra

Hace una semana, cuando las Fuerzas Armadas hondureñas ejecutaron un golpe de Estado para defenestrar al presidente Manuel Zelaya, lograron un verdadero prodigio. Lograron que todos, absolutamente todos los países del mundo, más allá de sus múltiples discrepancias, se unan en una sola voz de repudio.

Nunca antes había ocurrido algo así. Nunca antes se había visto que países cuyas discrepancias son tan hondas como Estados Unidos y Cuba, Taiwán y China continental, Colombia y Venezuela, por sólo citar algunos ejemplos, coincidan de manera tan unánime. Ni siquiera Israel, país al que motivos no le faltan para simpatizar con lo hecho por los militares hondureños, cometió el desatino de reconocer al gobierno surgido del sablazo.

Tampoco tiene precedentes la firmeza con que actuaron todos los organismos internacionales sin excepción alguna. Incluso los del ámbito financiero, como el Banco Mundial, BID, FMI, que por su naturaleza suelen ser muy cautos en temas políticos, se manifestaron sin dejar ningún margen a las dudas.

Fue también muy elocuente la severidad con la que la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) condenó insistentemente, durante toda la semana, la manera brutal como el tan repudiado régimen atentó contra la libertad de expresión desde el amanecer del domingo pasado. No podía ser de otro modo pues hacía ya más de dos décadas que en Latinoamérica, con excepción de Cuba, no se llegaba a los extremos de falta de respeto a la labor periodística.

Es evidente, sin embargo, que abundan los motivos para dudar de la sinceridad de muchas de las declaraciones de apoyo al régimen encabezado por Manuel Zelaya. Hay sin duda mucha hipocresía en algunos casos y el más descarado cinismo en otros. El hecho de que dictadores como los hermanos Fidel y Raúl a Castro tengan la desfachatez de hablar en defensa de la democracia, de la libertad de expresión y de los derechos humanos, lo dice todo.

No menos grotescos son los esfuerzos hechos por los caudillos del “Socialismo del Siglo XXI” para apoderarse de las banderas de la libertad y la democracia. Felizmente, la oportuna, firme y unánime reacción de todos los países del planeta evitó que tales causas queden en manos de personajes tan desprovistos de la autoridad moral que hace falta para enarbolarlas. De otro modo, habría ocurrido a escala continental algo similar a lo que pasó en Bolivia cuando por sus desatinos la oposición dejó en manos oficialistas banderas tan valiosas como las de las autonomías.

Aunque aún no se sabe cuál será el desenlace de la crisis hondureña, sí se puede afirmar, más allá de toda duda, que la derrota corresponderá a las corrientes políticas más retrógradas, esas que tan erróneamente creen que dos pecados hacen una virtud, o que una tiranía puede neutralizar a otra.

Informes mal interpretados

Un síntoma del problema es la tendencia a leer informes como el del BM con una mirada limitada por los cálculos propagandísticos

La reciente publicación del informe titulado “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” elaborado por el Banco Mundial, y las múltiples interpretaciones, análisis y comentarios a que dio lugar tal documento, han puesto ante nuestros ojos una muy elocuente muestra de lo perniciosos que pueden llegar a ser los apasionamientos ideológicos cuando de encarar los principales problemas que afligen a nuestro país se trata.
Muchos dirigentes del oficialismo y de la oposición, de quienes cabría esperar un ejemplo de objetividad y seriedad cuando de abordar estos temas se trata, fueron más bien, como ya es habitual, los que más primariamente reaccionaron. Unos se regocijaron con la creencia de que los datos publicados por el BM podrían alimentar la artillería verbal para echar sombras a la gestión gubernamental. Otros, con similar lógica, supusieron que estaban ante una prueba más del afán con que los organismos internacionales se afanan por desprestigiar el “proceso de cambio”.
Un ejemplo de lo primero es el entusiasmo con que muchos exponentes de la oposición se refirieron al tema de la corrupción. Fue el aspecto del informe que más llamó su atención y casi al unísono lo esgrimieron como una prueba de que éste es un gobierno más corrupto que los anteriores. Los demás temas, seguramente porque en apariencia se prestan menos al sensacionalismo mediático, pasaron casi desapercibidos.
Tal actitud puso en evidencia a quienes quisieron sacar provecho del informe del BM. Quedó claro que no se tomaron la molestia de informarse antes de hablar. De haberlo hecho, habrían sabido que de los seis temas que son objeto de la evaluación el control de la corrupción es el único en el que Bolivia habría mejorado durante los últimos tres años.
Probablemente preocupado y molesto por tan mala interpretación y peor uso de los datos arrojados por el informe, el representante del Banco Mundial en Bolivia hizo las aclaraciones correspondientes empezando por los reales alcances del informe. Se trata, explicó, de medir la calidad de gobierno en todos los países a fin de contar con una base de datos que permita hacer comparaciones y ayude a medir los avances y retrocesos en cada continente”. Algo que sin duda trasciende con mucho la puerilidad de las interpretaciones y manipulaciones de quienes creen que todo gira alrededor de sus pequeños y mezquinos cálculos propagandísticos.
El tema no es irrelevante pues la dificultad que tanto los dirigentes del oficialismo como los de la oposición tienen para leer informes como el del BM con una mirada que vaya más allá de sus estrechos horizontes es precisamente uno de los factores que más impide que en nuestro país puedan adoptarse políticas de Estado, como ocurre en los países que sí mejoran sus indicadores de “Buen Gobierno”.

Otro paso hacia la miseria

Lo único cierto es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria


Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.

La política, clave del éxito o del fracaso

Chile y Uruguay, con sus respectivos éxitos, enseñan la importancia de la política y de los partidos políticos para la buena marcha de un país


Según el estudio “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado. Hay dos países latinoamericanos que se destacan entre los 212 que son objeto de evaluación por el organismo internacional. Se trata de Chile y Uruguay, cuyos éxitos en materias como participación y responsabilidad, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, cualidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción.la lucha contra la corrupción son dignos de ser imitados no sólo por los demás países de la región sino incluso por muchos europeos y asiáticos.
El informe del Banco Mundial no es el único que llega conclusiones tan halagüeñas para ambos países. Desde hace ya muchos años los indicadores económicos chilenos se destacan entre los más exitosos del mundo y lo mismo ocurre en áreas relacionadas con el desarrollo humano, como educación, salud, deportes, esperanza de vida, entre muchos otros. Uruguay tiene similares motivos para enorgullecerse aunque, a diferencia de Chile, sus buenos indicadores tienen unos antecedentes que se remontan a muchas décadas atrás.
Una prueba del éxito chileno es que según funcionarios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la institución que agrupa a los países más desarrollados del mundo, Chile podría ser aceptado a fin de año como miembro pleno del selecto club de los 30 países más ricos.
Ante tan elocuentes resultados, resulta pertinente indagar sobre los factores que confluyeron para que Uruguay y Chile se destaquen del resto de la América Latina. Pero entre todos, hay sin duda uno que es el principal, el que creó las condiciones necesarias para que todos los demás se refuercen mutuamente en una dinámica siempre ascendente. Ese factor, la clave del éxito, es la alta calidad de sus prácticas políticas.
Chile y Uruguay a diferencia de otros países de la región, fueron capaces de construir un muy sólido sistema de partidos políticos, cada uno de los cuales es una verdadero pilar de su andamiaje institucional. Son partidos políticos que como no podía ser de otro modo tienen grandes discrepancias en muchos temas, pero ninguna es mayor que un conjunto de coincidencias alrededor de temas básicos, como la economía de mercado y el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática.
Algo en lo que todos están de acuerdo, de un extremo al otro del espectro, es en que la solidez de su sistema político es la clave de todos sus demás éxitos, y que los partidos su pilar fundamental. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en países como el nuestro, donde la política es la actividad más desacreditada y despreciada nada menos que por sus principales protagonistas.

Dos caminos con diferentes destinos

Ver de cerca lo hecho por Chile y Uruguay y seguir su ejemplo puede ser muy útil para enmendar nuestro propio rumbo

Chile y Uruguay, en un extremo, y Bolivia y Venezuela, en el otro, son los países que figuran como los más representativos de dos maneras diametralmente opuestas de encarar los problemas económicos, políticos y sociales, según la última edición del informe “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno”, que el Banco Mundial presentó el lunes recién pasado.
El estudio, que evalúa la situación de 212 países, mide diversas categorías de gobernabilidad durante el período comprendido entre 1996 y 2008, y está basado en información de miles de organizaciones no gubernamentales y expertos del sector privado y público.
Los seis elementos que definen la calificación de un país son:
participación y responsabilidad, 57,7 a 48,1
estabilidad política y ausencia de violencia, 36,1 a 14,8
efectividad del gobierno, 56,4 a 19
cualidad regulatoria, 61,5 a 15,9
estado de derecho y 45,7 a 12
control de la corrupción.
Por participación y responsabilidad se entiende a la medida en la que los ciudadanos son capaces de participar en la elección de su Gobierno y también es la medida de las libertades de expresión, asociación y prensa. En diez años, este índice cayó en Bolivia de por ciento, aunque subió un punto con relación a 2003.
Estabilidad política y ausencia de violencia es la posibilidad de que un gobierno pueda ser desestabilizado por formas inconstitucionales o violentas, inclusive terroristas. Este parámetro en Bolivia cayó de 36,1 a 14,8 por ciento entre 1998 y 2008.
Efectividad del Gobierno es la medida de la calidad de los servicios públicos y la capacidad de los servidores públicos para resistir presiones políticas, que en Bolivia bajó de por ciento en el lapso estudiado.
Cualidad regulatoria es la habilidad del Gobierno para aplicar políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo del sector privado, cuya declinación en el país fue de 61,5 a 15,9 por ciento.
Por estado de derecho se entiende la medida de confianza en el acatamiento de las reglas de la sociedad, incluyendo los derechos sobre la propiedad privada, así como la acción de la Policía y los tribunales de justicia contra el crimen. La caída de este parámetro en Bolivia fue de por ciento durante el decenio mencionado.
El control de corrupción es la medida en la que se ejerce el poder público para que el sector privado genere utilidades e incluye los mecanismos para evitar la corrupción en todas sus formas. Bolivia mejoró este índice con relación a 2003, cuando se ubicó en 22,3 por ciento y cinco años más tarde alcanza 38,2.
Como se ve, son muy elocuentes los datos del estudio. Pero lo son más si se los contrasta con la situación de otros países, como Chile y Uruguay, los dos mejor calificados. Ver de cerca lo que esos países hacen y seguir su ejemplo puede ser muy útil para mejorar nuestro propio rumbo.