Los primeros efectos de la crisis

Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables

La última edición del Informe Nacional de Coyuntura que periódicamente publica la Fundación Milenio, ofrece abundantes datos, a cuál más alarmante, sobre los primeros efectos de la crisis económica mundial en nuestro país y especialmente en la “locomotora” de la economía nacional, que es Santa Cruz.

“Por supuesto, Bolivia no estaba blindada y empezó a sentir los efectos de la crisis mundial con la reducción de las exportaciones en enero de 2009, la caída de las remesas en el último trimestre de 2008 y el cierre de varias operaciones mineras en Potosí”, indica, Destaca, además, el hecho de que la economía cruceña será la más afectada, pues los dos pilares sobre los que ésta se sostiene, el sector agroindustrial y el manufacturero, verán drásticamente disminuidos sus mercados.

Los datos oficiales del INE dan cuenta de la magnitud de ese fenómeno, En enero de 2009, las exportaciones cruceñas disminuyeron en 51 por ciento con respecto a similar periodo en 2008. Los principales productos de exportación de Santa Cruz que tuvieron un impacto negativo son: la soya y sus derivados que cayeron de 41 millones de dólares a12 millones; los combustibles de 27 millones a menos de 5 millones, el gas natural de 35 millones a 29 millones y los productos alimenticios de 16 millones a menos de 5 millones de dólares.

A lo anterior se suma la disminución de los precios del gas natural, lo que tendrá un fuerte impacto en el balance financiero del aparato público ya sea éste Gobierno Central, departamental y municipal. En cambio, el sector privado estará afectado por la disminución de las exportaciones no tradicionales.

Por ejemplo, los derivados de la soya disminuyeron su valor en un 30 por ciento desde el precio más alto obtenido en 2008 hasta el 20 de marzo de 2009, los precios de los productos alimenticios como el arroz, maíz, sorgo se redujeron en 35 por ciento, 47 por ciento y 46 por ciento respectivamente.

Otro factor que incidirá drásticamente en la economía nacional es la disminución del flujo de remesas provenientes de los bolivianos que emigraron a trabajar en el exterior, principalmente a Estados Unidos, España e Italia, países que han dejado de ser proveedores de fuentes de trabajo.

Como se puede constatar a la luz de esas cifras, Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables, por lo que todas las previsiones indican que los próximos meses y años traerán crecientes dificultades.

Y como si los factores externos no fueran suficientes, a ellos se suma la política económica del actual gobierno, o la ausencia de ella, que en nada contribuye a contrarrestar los efectos negativos de la crisis global sino, por el contrario, los agudiza.

“Liberen la verdad”

Las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos deben enmarcarse dentro los límites propios de esos valores


Con el lema ‘Liberen la Verdad’, familiares Leopoldo Fernández y varias organizaciones sociales han dedicado la jornada de ayer a recordar los seis meses de detención del ilegalmente destituido pero legítimamente electo prefecto de Pando. Pero más allá del caso individual, se ha llamado la atención del país y del mundo sobre la manera arbitraria como fueron detenidos y son mantenidos en la reclusión muchos ciudadanos acusados de haber promovido los enfrentamientos de Porvenir el 11 de septiembre del pasado año.

Lo que piden los promotores de estas movilizaciones no es que Fernández y los demás detenidos sean liberados de cualquier responsabilidad que pudieran tener. Se reconoce que los luctuosos acontecimientos que tuvieron lugar en Pando deben ser objeto de una investigación y los implicados –tanto los del oficialismo como los de la oposición— sometidos a un juicio justo.

Lo que se exige, pues, es simplemente que el proceso vuelva al cause de la legalidad. Que los más elementales derechos ciudadanos de los imputados sean respetados, que se respete lo que para estos casos tiene previsto la legalidad vigente. En el caso de Fernández, no es otra cosa que un juicio de responsabilidades.

El mismo prefecto pandino se ha encargado de aclarar cuál es su demanda. En una carta pública, Fernández aclaró que no pide que se le dé libertad irrestricta sino, simplemente, que se le dé lo que le corresponde como a cualquier ciudadano: la posibilidad de defenderse de acuerdo a su estatus de prefecto elegido por el voto de la gente. Pero además de esas demandas, el movimiento promovido alrededor de esa causa se propone sentar las bases de una oposición política, por ahora inexistente, capaz de dar batalla en el escenario democrático. Para ello, los comités cívicos de los departamentos autonomistas se proponen analizar la posibilidad de constituir un Frente Amplio y definir una posición conjunta sobre la situación política nacional y sus múltiples desafíos.

La decisión de llevar las luchas cívicas de esos departamentos al escenario político, de modo que su campo de acción sean los escenarios de la democracia y no, como hasta ahora, las luchas callejeras, es desde todo punto de vista encomiable. Es el reflejo de una sana autocrítica sobre la manera de actuar que hasta ahora tuvieron, la que dio lugar a graves errores entre los que se destaca el haberse dejado llevar, como en Pando, al terreno de la violencia.

En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá, como ya se ha visto, a que se imponga el espíritu autoritario.

La lucha contra la corrupción

Para dar verosimilitud al informe de Transparencia Internacional, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.

Como ya es habitual desde hace algunos años, el informe anual de Transparencia Internacional sobre el estado de la lucha contra la corrupción en diferentes países del mundo ha sido tema de muchas polémicas durante los últimos días, desde que el martes pasado se presentó el informe correspondiente al año 2008.

Como se recordará, en años pasados el tema solía recibir gran atención de la prensa nacional y era objeto de muy acres polémicas entre opositores y oficialistas, quienes utilizaban esos datos como una más de las armas empleadas para desacreditar la gestión del gobierno de turno, o para atribuirse supuestos méritos. Este año fue una excepción, pues el asunto pasó entre nosotros casi desapercibido talvez porque nuestra atención está volcada a asuntos mucho más urgentes. Sin embargo, no vale la pena perder de vista el tema pues, ahora como siempre, la corrupción sigue siendo uno de los más serios problemas que sufre nuestro país y nunca será excesiva la preocupación que nos provoque.

El informe merece ser tomado en serio pues ofrece un parámetro fiable sobre la manera como once de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, perciben lo que ocurre en cada país, lo que es tomado como uno de los principales elementos de juicio de inversionistas, políticos y gobernantes a tiempo de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.

En lo que a Bolivia corresponde, el último informe da una muy buena noticia. Es que nuestro país figura entre los ocho países que más avanzaron, en la buena dirección, en el “ranking de la corrupción” pues si en años anteriores ocupábamos el segundo lugar entre las naciones más corruptas del mundo, actualmente se nos ubica en un lugar intermedio, muy lejos de Haití, Venezuela y Ecuador, los más corruptos de Sudamérica.

Como era de esperar, los datos que comentamos fueron muy bien acogidos por el gobierno, que los enarbola como un reconocimiento internacional de los resultados logrados en la aplicación de medidas efectivas en la prevención y lucha contra la corrupción en la gestión pública.Sin embargo, y sin caer en la mezquindad de negarle algún mérito al gobierno, es necesario advertir que estamos muy lejos de cantar victoria. Es que, si bien es cierto el Gobierno ha obtenido algunos éxitos en este campo, lo que se refleja en que muchos casos han sido remitidos al Ministerio Público, y varios han recibido ya sentencias condenatorias, no es menos cierto que hay muchos otros que involucran a altos funcionarios sobre los que aún pesa la sombra de la sospecha de encubrimiento e impunidad.

No se puede pasar por alto el hecho de que durante la gestión de Morales se han denunciado muchos e importantes casos de corrupción, sin que hasta ahora no se hayan aplicado sanciones a ninguno de los involucrados. Es el caso de numerosas transacciones realizadas en YPFB, el desvío de los tractores que formaban parte del plan de mecanización del agro, la compra de equipos en la Empresa de Televisión Boliviana, sólo por citar los más conocidos.

Especial atención merece en ese sentido la denuncia presentada por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), contra la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras para la construcción de carreteras.

Para dar verosimilitud al informe que comentamos, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.

Bloqueos, arma del suicidio colectivo

Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. La iniciativa corresponde a la oposición

Durante los últimos días, como ya es cosa de rutina desde hace muchos años, los bolivianos hemos sido víctimas de una de las más absurdas manifestaciones de una locura que tiene entre sus principales síntomas la inclinación hacia el suicidio nacional: los bloqueos de caminos.

El fenómeno ha adquirido tal magnitud que ya puede ser considerado como un rasgo de nuestra idiosincrasia que no puede ser comprendido sólo en términos políticos ni sociológicos. Probablemente corresponda más al ámbito de la psicología social, pues las causas de la frecuencia y pasión con que unos y otros bloquean parecen radicar en algún rincón del inconsciente colectivo.

La irracionalidad de esa conducta ha alcanzado su máxima expresión durante las últimas semanas, cuando dirigentes cívicos de las tierras bajas decidieron bloquear sus propios caminos. Y sobre los mismos caminos, ya bloqueados, sus enemigos, los seguidores del gobierno, construyeron sus propias barricadas. ¿Quién bloqueaba a quien? Ambos, muy orondos, se atribuían el “mérito” y el éxito de su medida.

Entretanto, a ambos lados de los bloqueos, miles de transportistas, comerciantes, empresarios exportadores, ciudadanos comunes y corrientes, sin hallar quien atienda sus súplicas y se solidarice con su desesperación, sólo podían sumar sus cuantiosas pérdidas y rumiar la amargura que produce vivir en un país en el que los caminos al progreso y bienestar están cada vez más cerrados.

Las razones que impulsan a los seguidores del Movimiento al Socialismo a hacer de los bloqueos su favorito medio de lucha ya han sido abundantemente criticadas. Al fin y al cabo, ya son muchos años que el país debe lidiar con ese flagelo sin esperanzas de revertirlo pues resulta plenamente coherente con un proyecto político que entre sus atributos tiene un profundo desprecio por la actividad productiva, por el espíritu emprendedor de quienes la realizan y por todos los valores que les son propios. Además, mal que nos pese, le ha dado buenos resultados políticos. Su forma de actuar es inaceptable, pero es, desgraciadamente, compatible con la visión de país que propugnan.

Es en cambio inconcebible que hayan optado por la misma manera de actuar nada menos que quienes tendrían que haber sido sus más firmes impugnadores, quienes tenían la obligación de asumir la representación de esa ciudadanía que sufre las funestas consecuencias de los bloqueos que es, al fin y al cabo, toda la martirizada población de Bolivia.

¿Cómo explicar, por ejemplo, que quienes dicen representar los intereses de los cada vez menos bolivianos productivos hayan sido los iniciadores de la ola de bloqueos que hoy tiene al borde de la asfixia a Santa Cruz, que se suponía era la punta de lanza de un país diferente al que insiste en suicidarse? Difícil tarea, pues en este caso ni siquiera el rédito político atenúa su culpa, como ocurre con el MAS y sus movimientos sociales.

Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. Por todo lo anotado, la iniciativa corresponde a la oposición. Un buen paso sería que, ahora que debe negociar en las mesas de diálogo los términos de su rendición, incluya una cláusula mediante la que ambas partes renuncien, teniendo al país como testigo, a ese criminal recurso.