El presidente y el fútbol

Hace falta recomendar al Presidente Morales, y a sus más estrechos colaboradores, que midan con más cuidado sus palabras

Cuando el 1 de abril pasado la selección boliviana de fútbol propinó a su similar argentina una contundente goleada, todos bolivianos nos sentimos sacudidos por una ola de alegría compartida. Más de quince años después de la serie de triunfos que nos condujeron al mundial de 1994, nuestra selección volvió a reforzar nuestros lazos de identidad colectiva.

Ese día, el fútbol volvió a mostrar que es una de las pocas cosas, si no la única, que nos une a los bolivianos por encima y a pesar de regionalismos, diferencias ideológicas, creencias religiosas o de cualquier otra índole.

Ese día, todos nos sentimos agradecidos por la alegría que nos dieron los jugadores que nos representaron. Nos identificamos con los colores de nuestra selección y miles de banderas tricolores cubrieron de rojo, amarillo y verde las principales calles y avenidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Ese día, se abrazaron cambas y collas, oficialistas y opositores. Aunque haya sido sólo un paréntesis, sirvió para recuperar la esperanza en la posibilidad de recuperar la por ahora tan maltrecha unidad nacional.

Ese día, todos los bolivianos nos reconciliamos con Bolivia. En realidad, no todos, pues ahora sabemos que había una excepción. Un boliviano que a diferencia de los demás, lamentó el triunfo de nuestra selección; que habría preferido que Argentina gane ese partido. Ese boliviano es nada menos que el Presidente del “Estado Plurinacional”.

A primera vista, las palabras de Evo Morales podrían ser vistas sólo como una más de las muchas declaraciones anecdóticas que hace con excesiva frecuencia, las mismas que suelen motivar sonrisas burlonas tanto en nuestro país como en el exterior. Podría, por eso, no dárseles más importancia que las que merece un exabrupto.

Sin embargo, por lo importante que es el tema para la sensibilidad colectiva, vale la pena detenerse en él y no dejarlo pasar como un simple desliz. Precisamente porque es un asunto que por su propia naturaleza está libre de cualquier sospecha de apasionamiento político, hace buena la ocasión para recomendar al Presidente Morales, y a sus más estrechos colaboradores, que midan con más cuidado sus palabras.

No es difícil imaginar el malestar que las declaraciones de Morales habrán ocasionado en el ánimo no sólo de los jugadores de nuestra selección, sino el de todos los bolivianos que con razón se sintieron traicionados por tan desafortunadas palabras presidenciales.

Vale la pena insistir en ello porque no es nada positivo para la imagen presidencial y mucho menos para la de nuestro país, que se tome tan a la ligera uno de los pocos factores todavía capaces de mover las fibras del orgullo nacional, de la identidad colectiva.

La democracia abandonada

El sistema democrático está quedando abandonado por la inexistencia de una oposición democrática capaz de asumir su rol

Mientras la atención de todo el país se concentra en el tema del terrorismo tratando de discernir entre los elementos de ficción y realidad que éste tiene, no hay quién se ocupe del proceso que nos debe conducir a las elecciones de diciembre.

La Corte Nacional Electoral, ante la indiferencia colectiva, hace cuanto puede para llevar a cabo la enorme tarea que se le ha asignado. Y lo hace en condiciones sumamente adversas pues, como se sabe, ni siquiera cuenta con el número de vocales necesario para su labor se desarrolle con la eficiencia que sería de esperar.

Pese a ello, ha citado a las organizaciones políticas con personería jurídica para que cumplan con la obligación que tienen de hacer el seguimiento técnico a la conformación e implementación del padrón electoral biométrico y otros aspectos relativos a los procesos electorales de diciembre. Ha solicitado además que el Congreso Nacional conforme una comisión de alto nivel, pero los parlamentarios prefieren disputarse el rol de sabuesos a la caza de terroristas.

La convocatoria de la CNE está especialmente dirigida a los partidos políticos. Y ahí es donde se presenta el primer problema pues, con excepción del MAS, no hay en Bolivia partidos capaces de participar activa y eficazmente en el proceso, lo que dice mucho de la salud de nuestra institucionalidad democrática.

De los partidos con personería vigente, que son trece, (MAS, MSM, MNR, ADN, UCS, PDC, FRI, UN, AS, Muspa, BSD, PPB y Pulso), y las dos agrupaciones ciudadanas (Alianza Siglo XXI y CN), la inmensa mayoría no son más que cascarones vacíos, siglas sin ningún contenido.

Además de ellos, hay cuatro cuya personería está en trámite: Nueva Alianza Plurinacional Occidente y Oriente (Apoyo), Movimiento de Izquierda Nueva Social Democrática (MIR-Nueva SD); Movimiento de la Mayoría Silenciosa (M-SI), y Partido Verde de Bolivia (PVB). Nada indica que alguno de ellos esté a la altura de los retos que plantea la confrontación democrática.

Para colmo, ninguna de las fracciones en que se dividió la que era la principal fuerza de la oposición, Podemos, tiene personería vigente. Es decir, está inhabilitada para ser protagonista del proceso de vigilancia y control del proceso pre electoral, a no ser que se presten una sigla en desuso.

El sistema democrático está quedando sin bases que lo sustenten. No existe una oposición democrática digna de tal nombre y el tiempo corre en contra de la posibilidad de que tan grande vacío sea llenado.

Así, mientras la democracia languidece víctima de la ineptitud de quienes tendrían que ser sus protagonistas, el terreno queda despejado para la violencia, la arbitrariedad y la ilegalidad. En tales condiciones, los previsibles quejidos lastimeros de la oposición, cuando vuelva a fracasar, no merecerán ser atendidos.

Padrón biométrico e identidad ciudadana

La propuesta de fusionar el Padrón Biométrico con una refundación del Servicio Nacional de Identificación merece ser apoyada por todos

El presidente de lo que fue la Corte Nacional Electoral, hoy Órgano Electoral, ha hecho una propuesta que bien merece ser tomada en cuenta y respaldada con todo vigor. Se trata de que el Padrón Biométrico que será construido para las elecciones generales del 6 de diciembre, sea al mismo tiempo la base de datos de un nuevo Servicio Nacional de Identificación, que remplace el obsoleto y corrompido sistema de identificación personal.

Es muy oportuna la propuesta, pues si algo equivocado hubo en la manera como durante los últimos meses fue abordado el tema de las sospechas de fraude es que la atención se dirigió a una de las consecuencias, y no a la causa, de la poca credibilidad que merece el actual padrón electoral.

El tema es, como lo saben quienes se preocupan por él más allá de las mezquindades de la pugna política cotidiana, algo que merece ser tratado con más seriedad, sin atribuirlo a la buena o mala voluntad de quien circunstancialmente preside el Órgano Electoral.

La verdadera dimensión del problema es tan grande que hace ya más de veinte años, a fines de los años 80, expertos en el tema vieron con alarma lo mal que estaba y --sigue estando— el sistema boliviano de registro civil e identificación personal. Por eso recomendaron hacer algo radical al respecto y países amigos, como España, y el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyeron con multimillonarios financiamientos a diversos programas de modernización. Así se implementó el Registro Único Nacional, primero, y el Registro de Identificación Nacional, después.

El primero de ellos, el RUN, fue ejecutado durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Desgraciadamente, el MIR lo vio como una oportunidad para sacarle rédito electoral y lo desvirtuó de tal modo el gobierno del MNR, a partir de 1993, propuso hacer todo de nuevo e incurrió en la misma tentación ante los comicios de 1997. Durante el gobierno de Banzer, ADN siguió los pasos de sus antecesores. Le cambio el nombre a Registro de Identificación Nacional (RIN) y lo convirtió en un cadáver tan putrefacto como el viejo sistema de identificación que se tenía que remplazar.

Así, entre las muchas culpas que pesan sobre las espaldas de los tres principales partidos políticos que gobernaron Bolivia durante los últimos 25 años, la inexistencia de un sistema confiable de identificación personal es una de las mayores. Resulta por eso tan injusto como absurdo que ese tema sea hoy utilizado como pretexto para que sus herederos justifiquen sus fracasos en las lides democráticas.

Es verdad que, como antes lo hizo el MIR, primero, y el MNR y ADN después, es grande el riesgo de que el MAS pretenda poner el nuevo sistema a su servicio. Pero es un riesgo que bien vale la pena correr pues la otra alternativa, seguir como hasta ahora, es muchísimo peor.

Represión en las propias filas

Los masistas también tendrán, como los opositores, que aprender a vivir bajo el signo del miedo. Y no podrán decir que no se les advirtió

Como ya es habitual cada que tienen que tomar decisiones importantes, durante el pasado fin de semana los dirigentes de las organizaciones sociales que apoyan al Movimiento al Socialismo se reunieron en Cochabamba para definir un plan de acción para el futuro inmediato.

Por lo que se sabe, fueron tres los temas que fueron abordados: la proclamación del binomio Morales –García Linera, un plan para agilizar la distribución masiva de cédulas de identidad entre los potenciales adherentes al binomio recién proclamado, y la adopción de drásticas medidas para detener las disidencias y las pugnas internas que están socavando las bases del partido gubernamental.

El objetivo del primer punto, evidentemente, fue cortar de raíz un asunto que podía crecer peligrosamente. Ahora, ya nadie podrá considerar siquiera la posibilidad de que sea otro, y mucho menos otra, quien ocupe el lugar de García Linera en la fórmula oficialista.

El segundo tema fue abordado con una claridad que hace innecesaria cualquier interpretación. “Ya me ha presentado un nuevo plan la Policía, para dotar de identificación a la gente...”, ha dicho Morales, lo que dados los antecedentes permite suponer que pronto las casas de campaña del MAS volverán a bullir de actividad.

Pero lo más importante, dadas las múltiples fisuras que han comenzado a hacerse visibles en la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo y sus “movimientos sociales”, fue la decisión de adoptar muy drásticas medidas para frenar en seco las deserciones.

Es comprensible la inquietud que el tema ocasiona en las filas masistas, pues con cada día que pasa aumentan las manifestaciones de malestar entre importantes líderes y organizaciones sociales que consideran que el “proceso de cambio” está degenerando de un modo que ya les parece intolerable.

Ante tan grave problema, la élite burocrática que se apoderó de la conducción del MAS, con el apoyo de los dirigentes que les son leales, como el empresario del transporte Fidel Surco, o el “indígena originario campesino” Isaac Ávalos, han instruido a sus bases que se encarguen de disuadir a potenciales nuevos desertores, mediante la aplicación del “control social”.

¿A qué se refieren con “control social”? Román Loayza lo sabe muy bien pues, como lo destacábamos en este espacio editorial el 10 de diciembre del año pasado, ya estuvo a punto de ser linchado, acusado de traidor, durante la realización de un ampliado de “organizaciones sociales” que se realizaba en El Alto.

Los masistas también tendrán, como los opositores, que aprender a vivir bajo el signo del miedo. Si caen bajo la sospecha de ser poco sumisos, y por lo tanto potenciales disidentes, el “control social” se encargará de darles su merecido. Y no podrán decir que no se les advirtió.

Preguntas ineludibles

¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con su deber?

¿Qué habría pasado si la “eficiencia” de los agentes del Ministerio de Gobierno hubiera llegado al extremo de sorprender “in fraganti”, en pleno juego de “airsoft”, a quienes practican ese deporte? ¿Qué habría pasado si al mando de ese operativo hubiera estado el Ministro Alfredo Rada, seguro como estaba de haber identificado a un peligroso escuadrón de terroristas, magnicidas y separatistas fuertemente armados?

La respuesta se puede deducir a la luz de la “doctrina de seguridad nacional” que guía los actos gubernamentales en su lucha contra los “enemigos internos”. Se habría, muy probablemente, aplicado el mismo método que en el Hotel Las Américas. Es decir, los “terroristas” habrían sido acribillados. Sus cadáveres expuestos como trofeos de guerra. Y si hubiera habido sobrevivientes, habrían sido llevados a La Paz, conducidos a una mazmorra, torturados para arrancarles alguna confesión y, con algo de suerte, encarcelados. Se les habría además privado del derecho a la defensa pues, como dijo Evo Morales: “¿Cómo semejante gente (…) va a ser defendida?”

Tan horrorosa posibilidad no es fruto de una torcida imaginación, Es lo que se puede esperar de un régimen que a través del Presidente en ejercicio anunció su decisión de ser “inmisericorde e implacable”. “No vamos a ser clementes”, ha dicho García Linera, y para que nadie dude de sus palabras cuenta para respaldarlas con las imágenes de tres cadáveres de supuestos terroristas y con las de los cuerpos apaleados de los prisioneros.

¿Qué esa manera de proceder es ilegal? “No importa… le metemos no más”. Para eso el gobierno cuenta con un batallón de abogados que para eludir “el estorbo” que son las leyes han estudiado.

Nada de lo anterior excluye, por supuesto, la posibilidad de que algunas de las hipótesis que esgrime el gobierno tengan algo de verdad. No sería raro que el “airsoft” esté siendo utilizado en Bolivia, como en otras partes del mundo, como una coartada y como un método de entrenamiento de paramilitares y mercenarios. Pero para afrontar esa sospecha hay métodos más civilizados que los que son propios de la guerra sucia.

Ni esa posibilidad ni nada justifica que se recurra a la ejecución sumaria de los sospechosos, a la tortura, a encarcelamientos fuera de los procedimientos legales. Esas prácticas sólo pueden ser calificadas como terrorismo de Estado.

Ante tan gravísima situación, la sociedad boliviana está indefensa. Y está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol? ¿Esperan que el asunto se resuelva como en la Argentina de los años 70?

Cortinas de humo y agenda informativa

Hay muchos temas que volverán a ser motivo de preocupación cuando se despejen las densas cortinas de humo que por ahora los velan

Entre las muchísimas consecuencias negativas que traen consigo los brotes de violencia, reales o imaginarios, promovidos por el oficialismo o por la oposición, hay uno que es fácilmente verificable si se analiza el contenido informativo de los medios de comunicación. Es que acaparan la atención y condenan al olvido a otros temas menos espectaculares pero de mucha mayor importancia para el futuro de nuestro país.

Como es fácil comprobar, desde que con extraordinaria habilidad el gobierno puso en primer plano el supuesto complot contra la vida de Evo Morales y el desbaratamiento de una supuesta organización terrorista, ya nadie se acordó del caso YPFB-Catler, ni de los ataques contra periodistas y ONG en El Alto, ni los múltiples casos sobre los que pende la sospecha de multimillonarios negociados. Ya nadie se preocupó por analizar las hondas consecuencias que para el MAS ocasionó su reciente derrota en el principal escenario democrático de nuestro país, entre muchos otros ejemplos.

Sin embargo, el que reciban menos atención de la que merecen no significa que esos temas hayan dejado de ser importantes, por lo que sin duda volverán a ser motivo de preocupación cuando se despejen las densas cortinas de humo que por ahora los velan.

Uno de ellos es el relativo a las enormes grietas que se están abriendo en la estructura económica de nuestro país. Las cifras hacen prever días muy difíciles, lo que pondrá al gobierno ante dificultades muy superiores a sus posibilidades de hacerles frente. El pavor que esa perspectiva causa en filas oficialistas es una de las razones que explica el afán con que busca dedicar su atención, y llevar la de la opinión pública, a otros escenarios.

Si no tuviera con qué distraer a la opinión pública, el gobierno estaría en muy serias dificultades, por ejemplo, para explicar cómo se propone contrarrestar los efectos de la caída de las exportaciones de gas natural, que en el primer trimestre de este año cayeron en 205 millones de dólares en relación a similar período del año anterior. Y más difícil aún: cómo revertirá una de las causas de ese descalabro, que es la manera sistemática como destruyó la cadena productiva de los hidrocarburos.

Bueno sería que con el mismo entusiasmo con que se dedica a buscar supuestos magnicidas, el gobierno dé muestras de que le preocupa por lo menos un poco otros asuntos, como la velocidad a la que se extiende por todo su organismo el cáncer de la corrupción, o el desparpajo e impunidad con que muchos de sus miembros carcomen las bases de su propio régimen.

Sin embargo, hay que reconocerlo, lo mismo se debe pedir a los medios de comunicación y a las fuerzas de la oposición que con excesiva facilidad dejan que sea el gobierno quien defina su agenda de prioridades.

Galeano, Chávez, Obama y la coca

Para Galeano la coca es una droga. Una droga letal, cuyo consumo masivo no era permitido por los incas y fue cruelmente difundido por los españoles

La V Cumbre de las Américas que tuvo lugar hace unos días en Trinidad y Tobago, ha marcado un hito en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pero no “por las descargas de artillería ideológica” que con tono beligerante anunció Hugo Chávez en los días previos, sino por los gestos de docilidad que el mandatario venezolano expuso dejando pasmados incluso a sus aliados del Alba, a los que dejó con las ganas de verlo liderar una ofensiva verbal contra “el imperialismo estadounidense”.

Muy lejos de ello, Chávez agachó la cabeza y dejó a Daniel Ortega la bochornosa tarea de aburrir a la audiencia con un larguísimo discurso plagado de los insustanciales lugares comunes tan propios de la vieja izquierda latinoamericana del siglo pasado.

A lo más que se atrevió Chávez fue a regalar un ejemplar en inglés de “Las venas abiertas de América Latina”, un libro escrito hace casi cuarenta años por el inglés-uruguayo Edward Hughes, quien se hizo famoso con su nombre castellanizado y su apellido materno: Eduardo Galeano.

El libro en cuestión es, sin duda, uno de los que más influyó en la mentalidad de varias generaciones de jóvenes latinoamericanos cuyas almas fueron envenenadas con el victimismo y el resentimiento llevados a su máxima expresión. Con su obra, Galeano logró dar al mito del Buen Salvaje un aspecto de seriedad e hizo del quejido lastimero la principal doctrina de la izquierda latinoamericana.

Hay, sin embargo, en la obra que durante los últimos días se ha convertido un best seller en las librerías estadounidenses, un capítulo que resulta de lo más inconveniente para una de las principales causas del gobierno boliviano. Se trata del referido a la coca y el funesto papel que le atribuye como instrumento de dominación de los indígenas.

Para Galeano no hay lugar a dudas. La coca es una droga. Y una droga letal. Una droga que mata a quienes la consumen, y que fue cruelmente utilizada por los españoles –y sigue siendo usada-- para reducir a los indios a la abyección.

El autor de “Las venas…” considera que una de las muestras de la sabiduría que les atribuye a los incas fue no permitir el consumo de la coca excepto para fines rituales. Todo lo contrario de lo que hicieron los españoles, quienes al descubrir la utilidad de la hoja para mantener drogados a los indígenas masificaron su consumo para explotarlos y someterlos mejor. “Los indios compraban hojas de coca en lugar de comida al precio de abreviar la propia vida”, afirma y añade con santa indignación: “A esta altura del siglo veinte, los indígenas de Potosí continúan masticando coca para matar el hambre y matarse”.

Ahora que el gobierno boliviano se propone impulsar una campaña internacional para que la coca deje de ser considerada como una droga, flaco favor le hizo Chávez al poner en manos de Obama uno de los más furiosos alegatos que contra la coca se haya escrito.

Oposición violenta vs. oposición democrática

Se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos en sí mismos repudiables

Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.

Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.

Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”

También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.

Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.

Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.

La dimensión internacional del terrorismo

Los organismos internacionales no deben soslayar su obligación de intervenir en el caso boliviano

A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.

Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.

Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.

La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.

Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.

Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.

Urgente intervención externa

Siendo tantas las dudas y suspicacias, la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción


En medio de la enorme confusión y del mar de dudas y suspicacias que rodean el caso de la supuesta banda de terroristas que según el gobierno fue identificada por los servicios de inteligencia del Estado, hay algunos elementos de juicio que están más allá de toda incertidumbre.

Uno de ellos, el principal, es que estamos ante un caso cuya gravedad no puede ser minimizada por nadie. Sea cual fuere el verdadero trasfondo del asunto, nada de lo que sin duda saldrá a luz durante los próximos días podrá atenuar el hecho de que estamos ante un reto que debe unir en una reacción de repudio compartido a todos los bolivianos.

El terrorismo, sea cual fuere la causa en cuyo nombre actúe, obliga a llevar a un plano secundario cualquier diferencia ideológica que separe a quienes desde diferentes posiciones políticas valoran por sobre todas las cosas la necesidad de preservar la convivencia pacífica y civilizada.

Tanto en las filas del oficialismo como en las de la oposición hay quienes no están dispuestos a permitir que las pugnas políticas salgan de los límites impuestos por la legalidad democrática. Y también, desgraciadamente, hay en ambos polos quienes desprecian esos límites y se adhieren a la posibilidad de que las luchas se lleven al escenario de la violencia.

Por ello, un primer punto de coincidencia ante el fenómeno que nos ocupa debe ser reforzar los puntos de coincidencia entre quienes en uno y otro lado ponen en un lugar privilegiado de su escala de valores el rechazo a cualquier forma de violencia.

Un segundo factor que está claro es que estamos ante un hecho cuya importancia que trasciende los límites de la política interna. Al estar involucrados ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones de alcance internacional, resulta necesario que en las investigaciones se involucren organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también de carácter internacional.

Un primer paso en esa dirección ha sido dado por el Presidente Evo Morales. Ha sido él quien ha propuesto esa vía y esa iniciativa debe ser respaldada por la oposición democrática, esa que tiene, además, la obligación de deslindar cualquier posible vínculo con quienes se muestren proclives a justificar cualquier acto delictivo.

Siendo tantas las dudas que se ciernen sobre la manera como el gobierno ha encarado el asunto, y tan grande la demanda de la ciudadanía de que se actúe con un máximo de transparencia y objetividad, la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción. De otro modo, el riesgo de que el escenario democrático en el que tantas esperanzas aún se depositan resulte desplazado por una exacerbación de la beligerancia, será demasiado alto. Y eso es algo que no nos podemos permitir.