Sin oposición a la vista

Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece, aunque insista en recurrir al victimismo

Cuando ya son sólo seis meses y algunos días los que nos separan del día fijado para las elecciones generales, ya comienza a vislumbrarse en el horizonte un panorama muy poco alentador para el futuro de la democracia en nuestro país.

No nos referimos sólo a las dificultades que trae consigo la enorme tarea de crear un nuevo padrón biométrico, pues éste resulta un factor secundario si se lo compara con el principal que consiste en el desequilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Un desequilibrio que, al paso que vamos, tiende a consolidar en nuestro país un régimen monopartidista.

Lo que hace temer esa posibilidad es que el MAS, además de las ventajas que de por sí le da el uso y abuso del aparato estatal, ya está con todaos sus instancias orgánicas movilizadas para afrontar el reto de diciembre con o sin nuevo padrón. La oposición, en cambio, no da ninguna muestra de vida, no logra revertir el proceso de fragmentación, cuando no disolución, en que está sumida desde hace ya más de tres años y a lo único que atina es a buscar con esmero pretextos que justifiquen con anticipación su previsible fracaso.

Hasta ahora, no ha cuajado el proyecto de formación de una organización política capaz de aglutinar, alrededor de una red de liderazgos nuevos, la voluntad de amplios sectores de la ciudanía que con ansiedad esperan la aparición de quien los represente. Hay demasiados aspirantes a candidatos, pero ninguno de ellos ha logrado dotarse del respaldo orgánico indispensable para una acción política efectiva.

Ninguna de las organizaciones que espontáneamente durante los últimos surgieron para asumir la tarea de aglutinar a los sectores de la ciudadanía adversos al proyecto político oficialista ha logrado dar a luz nuevos liderazgos ni constituirse en sólida base de una opción alternativa. No han logrado hacer confluir sus esfuerzos en una estructura orgánica, y mucho menos esbozar siquiera una base doctrinaria e ideológica, un proyecto político alternativo que guíe sus actos.

Ante tan enorme vacío, los viejos partidos intentan volver a recuperar el terreno perdido. El MNR, ADN, MIR, UCS, NFR salir de sus cenizas aunque algunos de ellos ya ni personería tienen. Podemos, por su parte, ha vuelto a recurrir al mercado de siglas en desuso, esta vez la del PDC, para subsanar su condición de fantasma carente de vida propia, personería, de estructura orgánica y de seguidores.

En tales circunstancias, nadie deberá sorprenderse si el MAS vuelve a arrasar en las urnas. Y de nada servirán, si eso ocurre, las majaderías con que hasta ahora la oposición ha intentado disfrazarse de víctima atribuyendo al atribuir al fraude electoral su fracaso en las lides democráticas. Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece.

De retorno hacia la monoproducción

El debilitamiento del sector no tradicional de nuestra economía es una de las más funestas consecuencias de la política económica actual




Un análisis del Centro Boliviano de Economía (Cebec) recientemente difundido, dependiente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, (Cainco), llama la atención sobre una de las más deplorables consecuencias de la manera como durante los últimos años viene siendo administrada la actividad económica de nuestro país. Se trata de la vertiginosa caída de las exportaciones de productos no tradicionales.

Según indica el estudio basado en cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre del presente año la reducción de las exportaciones en términos absolutos llegó a 630,1 millones de dólares. La caída afectó tanto a los productos tradicionales, especialmente el gas destinado a Brasil y los minerales exportados a Corea del Sur, Estados Unidos y algunos países europeos, como a los no tradicionales.

Sobre el primer aspecto del problema ya es mucho lo que se ha dicho. Se trata de algo directamente relacionado con la debacle del sector hidrocarburífero, asunto que ya ha sido ampliamente analizado por expertos en la materia.

Es en cambio relativamente poco lo que se ha reflexionado sobre la continua caída de las exportaciones de productos no tradicionales, pese a lo mucho que este dato significa no sólo en términos cuantitativos sino sobre todo cualitativos. Es que tras las cifras, lo que hay es un fenómeno que dice mucho sobre la magnitud del daño que se está haciendo a la base productiva de nuestra sociedad.

El hecho de que las exportaciones de productos no tradicionales se haya contraído en 33 por ciento es algo que indica cuán rápidamente estamos retrocediendo en el camino que tendría que conducirnos a dejar de ser un país tan dependiente como hasta ahora de la exportación de materias primas.

Si algo se hizo bien durante las últimas décadas, fue precisamente crear las condiciones para que productos como la soya y sus derivados, el girasol y otros productos de la agroindustria, así como productos manufacturados, vayan paulatinamente modificando la matriz productiva de nuestro país.

Más allá de las frías cifras, ese proceso se reflejó en el ensanchamiento de una base productiva cuya capacidad de generar fuentes de trabajo es mucho mayor que la que tienen los rubros tradicionales. Y como ya está ampliamente demostrado, esa es la única vía por la que un país puede avanzar en el camino que conduce a la reducción de la pobreza.

El debilitamiento del sector no tradicional de nuestra economía no ha sido, desgraciadamente, ocasionado sólo por las adversas circunstancias externas. Ha sido, más bien, resultado de una política cuyo principal objetivo era, y sigue siendo, minar las bases de sustentación de un sector que desde el punto de vista gubernamental es el principal baluarte de la oposición al régimen actual: el empresariado agroindustrial del oriente boliviano.

Gobierno vs. periodismo libre

Una muestra del tipo del periodismo que quiere imponer la dan los medios de comunicación, en los que sólo se oye la voz oficial


Más de una vez, en este espacio editorial, hemos afirmado que el victimismo, entendido éste como la tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal, es la principal característica del modo como el actual gobierno de nuestro país se relaciona con el mundo que lo rodea. El quejido lastimero, mediante el que se transfiere a factores externos la causa de los males que se padecen, es la principal manera como el victimismo se manifiesta.

Una extraordinaria muestra de cómo funciona ese mecanismo psicológico de defensa la hemos visto durante la exposición hecha por los representantes del gobierno “indígena” de Bolivia ante los delegados de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), quienes tuvieron que atender una sarta de reclamos sobre la supuesta maldad con que los medios de comunicación juzgan las acciones gubernamentales.

Todo el acto fue un bochornoso despliegue de acusaciones respaldadas en medias verdades en unos casos, en groseras distorsiones de la verdad, en otros, y en descaradas mentiras en los demás. En conjunto, en otras circunstancias, la aparente inocencia con que los funcionarios gubernamentales intentaron justificar la hostilidad que les inspira la libertad de información y la crítica a sus actos, sólo podrían merecer sonrisas burlonas.

Sin embargo, ante la evidente mala intención con que se pretende allanar el camino hacia el ideal de periodismo que el régimen se propone imponer en el país, resulta ineludible la necesidad de abordar el asunto con la seriedad que merece. Es que además de las palabras aparentemente inofensivas con las que se pretende descalificar la labor periodística, hay motivos para temer que tras ellas hay el firme propósito de pasar al terreno de los actos.

La intención hecha pública hace algunos días por los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de promover la instauración de una instancia internacional que “vigile” la labor periodística, indica que está ya en marcha un plan de acción encaminado a imponer en nuestros países un modelo cuyas características principales ya se pueden sospechar.

Un anticipo de ellas son los ejemplos que a diario dan los medios de comunicación gubernamentales en Venezuela y Bolivia. Un periodismo cuyo rol se reduce al de una caja de resonancia que amplifica la voz oficial sin que la perturbe ni el menor atisbo de crítica.

Cuba, donde el gobierno posee el monopolio de la información, donde está prohibida cualquier opinión que desagrade al régimen, y donde los medios de comunicación privados han sido totalmente eliminados es, sin duda, la máxima expresión del modelo que se proponen reproducir.

Por eso, a pesar de la facilidad con que pueden prestarse a las burlas los ataques oficialistas contra la prensa libre, no es algo que deba ser visto con desdén.

Más dudas sobre las elecciones

No será nada fácil detener la firme decisión con la que el MAS se enrumba hacia las elecciones de diciembre con o sin nuevo padrón



La decisión de la comisión evaluadora de las propuestas para el padrón biométrico, que declaró desierto el contrato de adjudicación, debido a que ninguna de las empresas que presentó sus propuestas cumple los requisitos mínimos exigidos, ha vuelto a poner en riesgo la realización de las elecciones de diciembre próximo en condiciones que resulten aceptables para todos.

El asunto, grave de por sí, lo es mucho más si se considera el contexto político en el que se presenta este nuevo escollo en el camino que debía conducir a las urnas. Es que está ya tan avanzado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana que no es sólo el proceso electoral el que está amenazado. Hemos llegado ya a un punto en el que lo que está en riesgo es la preservación del sistema democrático en nuestro país.

Los factores que nos han conducido a tan trágica situación son los mismos que durante los últimos años han ido minando con singular eficiencia las bases de la institucionalidad democrática. Por una parte, el indisimulado afán del Movimiento al Socialismo de crear con paciencia y meticulosidad las condiciones óptimas para la instauración de un régimen totalitario, y por otra la inexistencia de una oposición política capaz de evitar que el proceso avance en esa dirección.

Como era de prever, el MAS ya tiene un plan de acción para sacar provecho a las dificultades que trae consigo el empadronamiento biométrico. Ya presentó un proyecto de ley para modificar el Código Electoral, aprobado a comienzos de abril, que autorice a la CNE utilizar el actual registro de electores, pese a los cuestionamientos de la oposición. Su obvio objetivo es revertir la derrota que sufrió en abril.

La oposición, en cambio, como ya es habitual, no tiene mejor idea que atrincherarse en una posición quejumbrosa y defensiva. Incapaz de salir de su permanente extravío, no tiene una propuesta digna de ser tomada en cuenta y mucho menos un plan de acción que pueda hacer frente al del oficialismo.

Las pocas voces opositoras que se oyen provienen de iniciativas individuales. Es el caso de los senadores de de lo que era Podemos, Carlos Böhrt y Luis Vásquez, ninguno de los cuales representa a nadie más que a sí mismo. Por su parte, algunos aspirantes a candidatos intentan opinar sobre el asunto, pero lo hacen sin ninguna autoridad porque ni siquiera cuentan con una organización política legalmente reconocida.

En esas circunstancias, no será nada fácil detener la firme decisión con la que el MAS se enrumba hacia las elecciones de diciembre con o sin nuevo padrón. El tiempo corre a su favor y no hay porqué suponer que desperdicie la oportunidad que le presenta la absoluta y total ausencia de un rival. Quien pretenda llenar ese vacío deberá estar listo para ir a las urnas, así sea con el antiguo padrón.

Cochabamba ante la historia

Los cochabambinos tenemos un año para ponernos a la altura de nuestros antepasados reconciliándonos con nuestra historia

El 27 de mayo de 1812, tres años después de que en Chuquisaca se dio inicio a la emancipación hispanoamericana, en Cochabamba se marcó otro hito en el camino que conduciría, 15 años después, a la constitución de la República de Bolivia.

Este aniversario, como el que se recordó hace un par de días, nos encuentra a los cochabambinos, como a los bolivianos en general, en una situación que en nada honra la memoria de nuestros antepasados. Muy por el contrario, la manera cómo llegamos a esta fecha es algo que a todos debe llenarnos de vergüenza.

Es que los 200 años transcurridos desde que se sentaron las bases de la patria por la que lucharon los hombres y mujeres que nos antecedieron, y los 197 de la gesta heroica de la Coronilla, nos ponen ante una dolora evidencia: hemos fracasado en la tarea que nos legaron. No hemos sido capaces de construir un país con el que se sientan identificados todos los descendientes de quienes desde las más diversas vertientes supieron hacer confluir sus esfuerzos en una voluntad común.

Es tan grande la diferencia entre el espíritu que animó a quienes hace 200 años lucharon por una patria compartida y el que hoy prevalece entre nosotros, que ni siquiera se puede hablar de una conmemoración. Conmemorar significa compartir una memoria; unión alrededor de un recuerdo común. Implica hacer del pasado un punto de encuentro. Y eso es lo que menos se puede hallar en la forma cómo hoy nos encontramos con nuestra historia.

Por lo que se ve, los 200 años transcurridos no han sido suficientes para afianzar las coincidencias que en aquel entonces hicieron posible que muy diversas motivaciones e intereses confluyan en un solo haz de voluntades. Los vínculos que hicieron posible que un 27 de mayo peleen por la misma causa indígenas, mestizos, criollos, artesanos e intelectuales hoy están diluidos a tal punto que los descendientes de todos ellos nos encontramos recordando e interpretando de muy diferentes modos lo que los llevó a unirse en una causa común.

Cochabamba, por muchas razones, entre las que se destaca su ubicación geográfica, su composición social, sus vínculos económicos con las demás regiones del Alto Perú fue el punto en el que con mayor vigor y cohesión confluyeron las diversas vertientes de las que se alimentó la lucha independentista.

Fue aquí, el 27 de mayo de 1810, donde se dio la más clara muestra de unión entre hombres y mujeres provenientes de los más diversos sectores sociales que, inspirados por diferentes razones, supieron subordinar sus discrepancias a una causa superior.

Los cochabambinos tenemos, a partir de hoy, tres años para ponernos a la altura de nuestros antepasados. Tenemos el enorme reto de llegar al bicentenario reconciliados con nuestra propia historia, pues esa es la mejor manera de reconciliarnos con nuestro futuro.

Entel, a un año de su nacionalización

Hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad


Hace pocos días, el 1 de mayo, se cumplió el primer aniversario de la “nacionalización” de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lo que fue profusamente recordado por el equipo propagandístico del gobierno mediante una intensa campaña que, de paso, sirvió para echar un manto de olvido sobre YPFB.
Que Entel haya sido presentada como la empresa emblemática del “proceso de cambio”, en vez de la petrolera, se explica porque según indicaban las apariencias ésta estaba libre de los malos manejos que hicieron de YPFB todo un símbolo de la corrupción, la ineficiencia administrativa, y en fin, de todos los males que son propios de las empresas estatales.
Tal imagen positiva llegó a ser hasta cierto punto admitida por la opinión pública gracias, en gran medida, a que no se produjeron escándalos como los que sí abundaron en otros casos.
Sin embargo, la primera auditoría al estado financiero y patrimonial de Entel, al 31 de diciembre de 2008, realizada por la empresa Price WaterHouse Coopers, reveló que la realidad no es tan halagüeña como indicaban las apariencias. Reveló que la empresa adolece de graves desajustes financieros.
Quien llamó la atención sobre la situación de la empresa fue un reconocido economista, columnista de Los Tiempos, quien en un artículo que se reproduce en estas páginas afirma que “la situación financiera de Entel debe preocupar a la ciudadanía, pues se trata de una administración estatal al frente de una compañía que es de propiedad de todos los bolivianos”.
En su descargo, los actuales administradores de la empresa afirman que la actual situación de la empresa no es atribuible a la administración estatal sino a los inversionistas italianos que la capitalizaron. Sostienen que ellos ejecutaron una inadecuada administración y registro contable de los activos fijos de la compañía y sobredimensionar su valor real, lo que también habría sido identificado por la auditoria realizada por Price Waterhouse.
De acuerdo a esa versión, los estados financieros de Entel de la gestión 2008 “muestran una realidad premeditadamente amañada que no fue comunicada por los italianos en gestiones anteriores, causando un grave daño a la empresa y a los intereses nacionales”. La administración italiana habría ocultado deudas de con el Estado boliviano, registrado menores gastos por depreciación, entre otras irregularidades, permitiendo con ello la obtención de mayores beneficios.
Sea como fuere, lo cierto es que todo parece indicar que la empresa de telecomunicaciones se constituye en un motivo más de preocupación entre los muchos que impiden ver con optimismo el futuro de nuestro país y sus empresas. Y lamentablemente, hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad.

La gloriosa Charcas y su bicentenario

En esta malévola danza que juntos bailan oficialismo y opositores, primaron el egoísmo común, el encono, el rencor

Hoy, 25 de mayo de 2009, se cumplen doscientos años del levantamiento revolucionario de 1809 que tuvo lugar en Charcas (también La Plata, Chuquisaca y ahora Sucre), la ciudad de los cuatro nombres.

Resulta penoso que tan magna celebración --de verdadera naturaleza continental-- se encuentre devaluada en nuestro propio país por querellas domésticas entre opositores y gobernantes. Semejante aniversario merecía sin duda algo trascendental, por encima de mezquindades o politiquerías de la hora. Lamentablemente, la situación, hoy, es totalmente contradictoria con respecto al ejemplo de esa gesta en materia de unidad patriótica y de luchas compartidas. Ha predominado una visión corta, estrecha, muy por debajo de la necesaria visión histórica del magno evento de hace 200 años.

Desde el Sucre de hoy, la Universidad de San Francisco Xavier fue en el pasado el faro intelectual de la libertad sudamericana. Desde la vieja Charcas partió hacia todos los puntos cardinales de las colonias hispanas un brote de independencia que derivó en la emancipación sudamericana, alcanzada finalmente en 1825 tras los triunfos de Junín y Ayacucho. Chuquisaca fue, además, la simiente de la República de Bolivia, nacida aquí hace casi 184 años, aunque en este 2009 se haya transformado en "Estado Plurinacional".

¿Qué dirán los historiadores en el futuro frente al bochorno de unos y otros? Seguramente manifestarán que Bolivia, una vez más, no pudo superar rencillas o diferencias internas en aras de un sentimiento nacional único. Triste en verdad. Es un hecho: faltó grandeza y sobraron rencores.

Este aniversario debería hacer estado por encima de banderías u opiniones en pugna. Sucre merecía de lejos una festividad en grande y con plena participación nacional e internacional. Las cosas no salieron así por diversos motivos que no entraremos a detallar, pues no se trata ni de eso ni de dar razones o sin razones. Sentimos profundamente que este Bicentenario sea objeto de controversia y que se lo intente minimizar o menospreciar. No era lo que correspondía. Sí era pertinente un sentido nacional profundo y de verdadera unidad entre bolivianos, expresada ésta mediante hechos concretos, no en volátiles palabras.

El Gobierno tendría que haber honrado con todos los honores a nuestra Capital en este inminente aniversario. La presencia oficial en todas las festividades de Sucre debería haber estado por encima de las políticas de coyuntura, pero en esta malévola danza que juntos bailan oficialismo y opositores, primaron el egoísmo común, el encono, el rencor. Sucre merecía una fiesta de realce. No será así. Los responsables de este patético fiasco -de uno y otro lado- serán juzgados más adelante por el tribunal implacable de los tiempos. De nuestra parte, saludamos en este Bicentenario del Primer Grito Libertario al pueblo de Chuquisaca y hacemos votos por la superación de rencillas, para poder transitar así el anhelado camino de una fraterna conciliación entre bolivianos.

La reescritura de la historia

Borrar la historia de la República de Bolivia empezando por sus orígenes es parte fundamental de la “revolución cultural” en curso

Una de las principales características del proyecto político que según lo indican muchos datos de la dura realidad ha ingresado a la fase final de su consumación, consiste en que su avance se desarrolla en diferentes escenarios. Uno de ellos es el que sus autores intelectuales denominan el de la “dominación simbólica”.

La idea consiste en que durante los últimos doscientos años en nuestro país se ha impuesto el “poder simbólico del mundo q’ara; es decir, la legitimidad de la representación subjetiva de lo "boliviano" y lo "occidental”. Una de las principales tareas del “proceso de cambio” consiste en destruir “la legitimidad de lo boliviano y de todo aquello en lo que se sostiene, (…) destruir el poder simbólico que hace que los excluidos y marginados acepten el orden de las cosas existente: el estado colonial republicano”.

Según esa lógica, “no se trata de (avanzar hacia) una democratización social del poder, sino de que los dominados de antes, hoy en el poder, construyan una red de relaciones que les permitan gobernar de manera absoluta en el tiempo. Los excluidos y dominados pasan a ser los dominadores y los dominadores de ayer pasan a ser los excluidos y dominados del presente”.

Una de las más elocuentes manifestaciones de ese afán destructor de los “símbolos de lo boliviano y occidental” la estamos viendo estos días con motivo de las celebraciones del segundo centenario del inicio del proceso que condujo a la constitución de la ex República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional”.

Reescribir la historia de nuestro país, empezando por cuanto ocurrió el 25 de mayo de 1809, es parte fundamental de ese proceso. No es por eso casual que Sucre, la antigua Charcas, haya sido excluida del programa oficial de actos conmemorativos y que en los discursos oficiales se haya borrado sin miramientos la memoria de los personajes que fueron protagonistas del grito libertario con que se inició la guerra de la independencia continental, y que se desde las esferas oficiales se hagan todos los esfuerzos para minimizar la importancia de esos acontecimientos.

De lo que se trata, como es evidente y como con mucha anticipación lo anunciaron los ideólogos de la “revolución cultural” en curso, es de “quitar el alma a la sociedad mestiza y blanca mediante la destrucción de las bases materiales y subjetivas que la sostienen”.

Borrar la historia de la República de Bolivia empezando por sus orígenes, expulsar de ella a quienes son considerados precursores del “mundo q’ara”, eliminar de la memoria colectiva los vínculos con el mundo “occidental”, y reescribir la historia del “Estado Plurinacional”, es un complemento indispensable, en el plano simbólico, de la destrucción de las instituciones republicanas. Es parte de la demolición de 200 años de historia, sobre cuyos escombros se pretende escribir una nueva.

Medidas que multiplican el desempleo

El daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme

Entre los muchos problemas que preocupan siempre a los gobernantes y economistas del mundo entero, pero con mayor intensidad desde que se desencadenó la crisis global, se destaca el del desempleo. Es que la creciente cantidad de personas que carecen de la oportunidad de ganarse el sustento diario es no sólo un problema económico, sino uno que tiene hondas repercusiones sociales y políticas.

Bolivia, desgraciadamente, es uno de los países más afectados por ese problema. Y aunque las cifras oficiales enmascaran su magnitud al considerar que un vendedor callejero de limones o chicles no es un desempleado, la dura realidad desmiente tal falacia.

Así lo confirma un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que revela que el “desempleo equivalente” llega al 52%, lo cual quiere decir que si todos los trabajadores tuvieran un empleo “adecuado”, más de la mitad de la fuerza laboral quedaría desocupada.

El problema no es por supuesto nuevo, por lo tanto no es atribuible a la actual gestión gubernamental. Sin embargo, sí se puede y debe cuestionar la manera como las políticas gubernamentales contribuyen a disminuir o a acrecentar la magnitud del mal.

Al respecto, es mucho lo que se puede decir sobre las recientes medidas adoptadas el pasado 1 de mayo, las que tras la apariencia de proteger los derechos de los trabajadores pueden tener efectos colaterales que den resultados diametralmente opuestos a los deseados.

Es el caso, por ejemplo, del conjunto de disposiciones destinadas a mejorar las condiciones laborales de la población asalariada. El asunto merece ser cuestionado porque la experiencia propia y la acumulada por otras sociedades indica que, independientemente de las buenas intenciones que las inspiran, ese tipo de medidas terminan siempre produciendo resultados que sólo perjudican a sus supuestos beneficiarios, los trabajadores y, especialmente, las mujeres trabajadoras.

Como ya ha quedado ampliamente demostrado, políticas laborales que amplían las licencias por maternidad, subsidios, horarios de lactancia, inamovilidad por maternidad, servicio de guardería en el lugar de trabajo, y muchas otras sólo logran que las mujeres, y peor aún si tienen hijos o están embarazadas, sean excluidas del mercado laboral. Así, resultan siendo víctimas más que beneficiarias de medidas concebidas para protegerlas pues cuanto más costoso es para una empresa contratar personal, menos fuentes de trabajo se generan. El resultado obvio es que el desempleo crece.

Por todo lo anterior, hay motivos para temer que el daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme. La creciente masa de desempleados así lo prueba.

Bolivia, entre EE.UU. e Irán

No es un pequeño detalle que Thomas Shannon haya sido precedido por un grupo de parlamentarios enviados por Mahmud Ahmadinejad


Días de muy intensa actividad diplomática han sido los de la semana que concluye. Con muy pocas horas de diferencia, el Presidente Evo Morales ha recibido a representantes de Irán y Estados Unidos, en ese orden, lo que se constituye en un hecho cuyo valor simbólico trasciende los límites de las relaciones bilaterales entre Bolivia y ambos países.

En el ámbito diplomático, donde los expresiones simbólicas son tan o más importantes que las palabras, no es un pequeño detalle que Thomas Shannon haya sido precedido por un grupo de parlamentarios enviados por Mahmud Ahmadinejad. Más aún cuando casi simultáneamente Irán puso a prueba un nuevo misil capaz de hacer blanco en Israel.

Que tales coincidencias se hayan producido en nuestro país dice mucho del nuevo contexto político internacional y del lugar que Bolivia ocupa en él. Es algo que hace sólo unos meses no habría sido posible siquiera imaginar, lo que da cuenta de los profundos cambios que se están produciendo a nuestro alrededor.

Tan elocuente como lo anterior es el tono cordial, amistoso incluso, que caracterizó al primer encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el gobierno boliviano, lo que permite suponer que ambas partes están dispuestas a allanar el camino hacia una recomposición de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Por lo que se sabe, que sin duda no es todo lo que está en la mesa de las negociaciones, son cuatro los ejes del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales que ha propuesto Bolivia: 1) El Diálogo Político sobre la base de 10 principios centrales entre los cuales destaca el irrestricto respeto a la soberanía, integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos. 2) La cooperación "de Estado a Estado que no persiga apoyar a la oposición”; 3) La responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, y 4) El fortalecimiento del comercio boliviano, en especial de los bienes que tiene más valor agregado a través de tratamientos que tomen las asimetrías existentes entre nuestros países.

Si esas fueran todas las condiciones que pone el gobierno boliviano, seguramente EE.UU. no tendría muchas dificultades para aceptarlas. Sin embargo, se puede suponer que no son los expuestos los temas más espinosos sino que hay otros que para ser resueltos requerirán muchos esfuerzos adicionales. Y precisamente los vínculos del régimen boliviano con el iraní será sin duda uno de ellos.

Se puede suponer que es mucho lo que aún no se sabe sobre lo que se negocia entre bambalinas. Pero sí podemos estar seguros de que habrá muchos cambios en los términos en que se entablen las nuevas relaciones entre EE.UU. y Bolivia. Y tanto allá como acá habrá quienes tengan muchas dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias.