El arrepentimiento de Micheletti

Es alentador saber que la perseverancia de quienes se negaron a avalar el golpe no haya sido en vano y que comienza a dar sus frutos

En un gesto que pese a ser todavía timorato y poco concluyente, de algún modo lo enaltece, el Presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ha reconocido que fue un error destituir al Presidente Constitucional de su país, Manuel Zelaya, a través del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio pasado. “Ése (destituir a Zelaya), fue él único error, porque en el resto actuamos con la ley, ya que Zelaya, violaba la Constitución al buscar una Constituyente para una reelección", dijo Micheletti en una entrevista al diario Clarín de Buenos Aires.

Tales declaraciones se producen en un contexto en el que los arrepentimientos ya causan estragos en la cohesión de las filas de quienes cometieron tan craso “error”. En tono amargo, Micheletti se quejó por la falta de lealtad de quienes lo indujeron a tan descabellada aventura, y hoy buscan la mejor manera de zafarse del embrollo con la esperanza de que la historia los juzgue con alguna benevolencia.

Llama la atención, sin embargo, la soltura con que Michelletti se refiere al golpe de Estado como si de un detalle menor –“el único error”— se tratara. Se diría que pese a su arrepentimiento, sigue creyendo que lo importante es que “…en el resto actuamos con la ley”. Elocuente manera de relativizar tan grave asunto, lo que pone en evidencia la falta de solidez de sus convicciones democráticas.

A pesar de ello, es alentador saber que la paciencia con que la comunidad internacional mantuvo su unanimidad y firmeza al negarse a avalar el golpe y a reconocer al ilegal gobierno de él emergente, no haya sido en vano y comience a dar sus frutos. Y más importante aún, que no se haya permitido que las banderas de la democracia, del respeto al Estado de Derecho, a la libertad de expresión, entre otras, no hayan sido abandonadas en manos de quienes más las desprecian.
Fue gracias a la lucidez con que Barack Obama y otros líderes del mundo afrontaron el asunto, que se evitó que la causa de la defensa de la democracia caiga en manos de personajes tan indignos de ella como Fidel Castro o Hugo Chávez. Gracias a ellos, y a quienes se mantuvieron y se mantienen firmes en la defensa de los valores, principios y formalidades inherentes a la democracia --en contraposición a cualquier manifestación de la tentación totalitaria-- que pese a los desmanes de los golpistas se ha mantenido intacta la autoridad moral, intelectual y política que hace falta para enfrentar con alguna credibilidad y posibilidad de éxito a quienes desde un extremo a otro del espectro político quisieran volver a los tenebrosos tiempos cuando los conflictos políticos se resolvían a través de la violencia bruta.

Aún no se sabe con certeza cuál será la forma que adquiera el desenlace de la crisis hondureña, pero sí se puede afirmar que ya tiene vencidos y vencedores. Entre los primeros, los simpatizantes y pregoneros de las corrientes antidemocráticas de la oposición hondureña y latinoamericana en general. Comparten con ellos su derrota Fidel Castro, Hugo Chávez y sus seguidores, quienes ven esfumarse la oportunidad de quedar como abanderados de una causa justa.

El empadronamiento biométrico

Las deficiencias que queden en el camino tendrán que ser objeto de atención ya no en función al 6 de diciembre, sino a un futuro menos condicionado por las urgencias inmediatas

Los informes que a diario emite el Órgano Electoral Plurinacional –nombre que no acaba de desplazar al de la Corte Nacional Electoral, como ocurre con muchos otros aspectos del “proceso de cambio”—son aparentemente de lo más halagüeños. Ya se ha superado el hito de los cuatro millones de empadronados y no es difícil suponer que durante los días que faltan para que se cumpla el plazo se empadrone medio millón más de personas.

Tales cifras han dejado, por lo menos por ahora, sin argumentos tanto al oficialismo como a la oposición. Al oficialismo, porque se ha desbaratado su afán de mantener vigente el viejo padrón. Y a la oposición, porque su artillería verbal basada en la acusación de que en el viejo padrón había cientos de miles de “fantasmas”, --hasta un 30 por ciento, decían— resulta insostenible.

Ambas partes basaron su estrategia propagandística en supuestos falsos. Los unos porque se ha demostrado que el padrón biométrico no excluye a nadie, y los segundos porque los datos del número de inscritos, y su distribución geográfica, ratifican las mismas tendencias que según ellos eran fruto de una aviesa manipulación.

Lo bueno de todo el descomunal esfuerzo que se está haciendo es que todos los que por una u otra razón quisieron deslegitimar la institucionalidad democrática quedaron sin pretextos para justificar sus respectivas limitaciones. Lo malo es que los problemas de fondo siguen y seguirán opacados por las siempre engañosas apariencias.

Es que como dijimos en más de una ocasión en este espacio editorial, las muchas irregularidades detectadas en el antiguo padrón más que a un expreso propósito de hacer fraude se debían a lo enormemente corrompido que está en Bolivia el sistema de identificación personal. Y eso es algo que trasciende con mucho el problema del padrón electoral. Tanto es así, que por sofisticada que sea la tecnología que se utilice no se habrá resuelto el problema de fondo.

Ahora, cuando está a punto de concluir la primera fase de la construcción del nuevo padrón, todo parecería indicar, siempre según las apariencias, que el sistema de registro biométrico ha sido suficiente para despejar las dudas. La conducta de la ciudadanía, que una vez más ha dado muestras de estar muy por encima de las élites que actúan en su nombre tanto desde el oficialismo como desde la oposición, ha sido, hasta ahora, la clave del éxito.

Hay que insistir, sin embargo, aún a riesgo de incurrir en un exceso de suspicacia, en que el meollo del asunto está aún por resolverse. Es que si las dudas sobre el antiguo padrón tenían algún fundamento, éstas sólo podrán ser despejadas cuando tras la etapa del empadronamiento, se ingrese a la de la depuración. Y es entonces cuando el sistema que tantas expectativas despertó pasará por su verdadera prueba.

Sea como fuere, lo cierto es que ya nadie tiene derecho a poner en tela de juicio el proceso electoral y los resultados que arroje. Las deficiencias que queden en el camino tendrán que ser objeto de atención ya no en función al 6 de diciembre, sino a un futuro menos condicionado por las urgencias inmediatas. Reconstruir el sistema de identificación nacional no es la menor de las tareas pendientes.

Un escenario electoral inmutable

Ya que el Plan Progreso se empeña en calcar lo que fue Podemos, pero sobre todo sus errores, no sorprende que se encamine a similar destino




Como suele ocurrir en vísperas de todo proceso electoral, en Bolivia se ha intensificado la elaboración, aunque no siempre difusión, de las encuestas que se proponen detectar las tendencias y prever los posibles resultados de las elecciones de diciembre.

La más reciente de ellas, la difundida ayer por Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, ratificó una vez más que en Bolivia está sólidamente consolidado un escenario electoral que puntos más, puntos menos, es descrito en términos similares por cuanta encuesta se hace. Cabe advertir, sin embargo, que la que hoy comentamos contiene una limitación muy importante, que consiste en que no abarca el área rural donde, como todos saben, hay un voto cautivo que al no ser tomado en cuenta sin duda distorsiona los resultados.

A pesar de ello, el primer dato relevante es que Evo Morales cuenta con una base electoral prácticamente inmutable. Todas las encuestas indican que se mantiene entre 50 y 60 por ciento del apoyo de la gente, mientras la oposición se mantiene, también estática, con la adhesión firme de un 30 por ciento del electorado, poco más o menos, sin importar quién la represente.

Son tan estables esos números, que resulta evidente que el Plan Progreso y su candidato, Manfred Reyes Villa, no han hecho más que heredar un caudal electoral que desde hace cinco años estuvo, está, y estará, sin importar el nombre del beneficiario, disponible. Es el caudal que antes pertenecía a Podemos. Un caudal que tiene en el “antimasismo” –o “antievismo” su principal, si no único factor cohesionador. No es un voto “a favor de”, sino en “contra de”.

Entre ambos polos compuestos por lo que se suele llamar “voto duro”, pues no es probable que cambie de destino, que sumados fluctúan entre 80 y 90 del electorado, hay sólo entre un 10 y 20 por ciento de gente que podría, según cómo se pinte el panorama, cambiar su intención. Es el único segmento que en realidad está siendo disputado durante la campaña electoral.

De momento, es ese porcentaje el que tiende a beneficiar a Samuel Doria Medina, en distintos porcentajes en todo el país y a René Joaquino en Potosí. Es el voto de quienes no se sienten identificados con ninguna de las principales fórmulas y hallan en los candidatos “de centro”, en el voto blanco, nulo o finalmente en la abstención, una forma de protestar.

Esos tres segmentos, con un margen muy pequeño de variación, están desde hace ya varios años muy sólidamente identificados con una opción política. No es pues probable que ninguna campaña, por intensa que sea, logre significativas modificaciones. Mucho menos si los principales protagonistas, pero sobre todo los de la oposición, pues el MAS, como los datos lo demuestran sabe bien qué y cómo hacer, insisten en ensayar las mismas fórmulas que ya se probaron inútiles cuando de modificar la distribución de adhesiones se trata.

El Plan Progreso, que desde su origen y por la forma en que encara el proceso electoral no hace nada más que calcar lo que fue e hizo su antecesor, Podemos, y sobre todo sus errores, no puede esperar mejores resultados si aplica los mismos métodos. Así, todo parece indicar que nos encaminamos a una reedición casi exacta de lo que fue el acto electoral de 2005. Con la diferencia de que ahora nadie podrá declararse sorprendido.

El Estado, principal promotor de conflictos

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes –y la oposición-- que se merece


Una serie de enfrentamientos que se han producido durante los últimos días en diferentes regiones de nuestro país, a los que se suman muchos otros que están todavía en estado latente pero con la carga explosiva lista para ser activada en cualquier momento, dan cuenta de un fenómeno que ya no puede ser visto como fruto del azar. Es más bien el resultado, el único que se podía esperar, de un conjunto de factores que durante los últimos años han sido, si no creados, por lo menos alimentados por la política gubernamental y el proyecto político que la inspira, el proyecto del MAS.

Cocaleros contra “indígena originarios campesinos”; comunarios de Tinquipaya contra “movimientos sociales” masistas; cooperativistas mineros contra obreros asalariados de las minas; indígenas del norte paceño contra YPFB y sus “socios estratégicos” como PDVSA; campesinos de Pantipata contra narcotraficantes; “Ponchos Rojos” contra masistas… La agenda de conflictos violentos es tan larga que ya no deja tiempo para atender los muchos que a diario se producen con motivo de la decisión de los seguidores del oficialismo de no permitir que los candidatos opositores hagan campaña en gran parte del territorio nacional.

En circunstancias normales, en un país en el que el Estado cumple el rol que les corresponde, las autoridades que lo representan, a través de sus actos y sus mensajes, tendrían que dedicar todos sus esfuerzos y energías a conjurar las causas de esos enfrentamientos. Pero en la Bolivia de hoy pasa algo muy diferente. Es el Estado, a través de quienes lo conducen, el principal promotor de esos conflictos.

Es tan cierto eso, que no es por casualidad que todos los beligerantes, cada cual a su manera, justifica sus actos en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado. Así, la norma básica que en cualquier sociedad civilizada es el instrumento que entre otras cosas fija los límites entre los derechos y obligaciones de sus miembros, es en Bolivia exactamente todo lo contrario. Es el instrumento mediante el que se rompe todo límite y se da legitimidad, rango de constitucionalidad, hasta a los peores desmanes.

No debe ser nada fácil el papel en que a sí mismo se ha puesto el gobierno de Evo Morales. Es que en rigor de verdad, se ha privado por voluntad propia de todo argumento válido para intervenir mediante una acción pacificadora o disuasiva. ¿Cómo podría hacerlo si todos los que han empezado ya a empuñar las armas para defender sus “derechos” no hacen nada más que exigir lo que según su buen saber y entender es lo que manda la Constitución Política del nuevo “Estado Plurinacional”?

Pero tan, o más penoso que el espectáculo que dan las cada vez más diversas fracciones en que está dividido el pueblo boliviano, y la manera como el gobierno del Evo Morales afronta los conflictos, es la respuesta de la oposición. Mientras para cada uno de tan graves problemas unos proponen producir perejil orgánico, o cosas parecidas, otros concentran sus escasas energías en buscar argumentos para justificar su previsible fracaso electoral.

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y habría que agregar que cada pueblo tiene la oposición que se merece.

Campañas con transparencia

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos



A diferencia de las últimas elecciones generales, los partidos políticos que terciarán en los comicios de diciembre próximo ya no tendrán el acostumbrado financiamiento del Estado para financiar sus campañas. El tema, que ya ha sido motivo de polémica, dará mucho que hablar en los próximos días y semanas.

De hecho, la carrera electoral se abrió con sendas denuncias provenientes de la oposición política sobre una presunta utilización de recursos y bienes estatales de parte del oficialismo. El Movimiento al Socialismo, a su vez, ha negado tal extremo y ha señalado que los recursos para su campaña provendrán de aportes de su militancia y de las organizaciones sociales que lo sustentan.

Sea cual fuere la verdad, queda claro que el partido gobernante goza de una sólida base económica que la constituyen los funcionarios públicos, los sindicatos afines y su control sobre todo el aparato del Estado. Una ventaja difícil de superar para el resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

Eso, sin embargo, no exime de responsabilidad a los partidos de la oposición, que deberán invertir importantes sumas de dinero para echar a andar su andamiaje proselitista. Ninguno de ellos ha informado, ni siquiera vagamente, de sus presupuestos de campaña ni de sus fuentes de financiamiento.

Una de las ventajas de que el Estado financie a los partidos políticos —independientemente del debate sobre la conveniencia o no de dicho financiamiento— era precisamente la de establecer reglas electorales más o menos claras de juego, permitiendo la fiscalización de los recursos de campaña así como el origen de los mismos.

Se pretendía, asimismo, que los partidos políticos asumieran compromisos económicos de naturaleza dudosa con financiadores particulares; compromisos que, tarde o temprano, tenían que ser retribuidos con dineros de todos los bolivianos, ya sea a través de cuotas de poder o de favores estatales, o de sobreprecios y jugosas comisiones en los contratos públicos.

Si bien es cierto que el financiamiento estatal a los partidos políticos no disminuyó la corrupción en la administración de la cosa pública, no es menos cierto que al menos generó ciertas condiciones de transparencia sobre el origen del dinero empleado en el proselitismo electoral.

Por eso, ahora que las fuerzas políticas se verán en la obligación de autofinanciar sus campañas, lo menos que tendría que esperarse es una información precisa y clara sobre sus presupuestos y el origen de sus recursos; evitando así que dinero de dudosa procedencia o de actividades ilícitas vuelvan a contaminar la actividad política, tal y como sucedió en el pasado.

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos.

Irán y Honduras en el escenario mundial

Los casos de Irán y Honduras han logrado unir en una causa común a la diplomacia mundial con algunas excepciones. Bolivia y Venezuela entre ellas

Dos acontecimientos aparentemente distantes entre sí, no sólo por razones geográficas sino por sus respectivos antecedentes históricos, han concitado la atención del mundo durante los últimos días y darán sin duda muchos más motivos para la preocupación durante el futuro inmediato. Se trata de las funestas secuelas que trajo consigo el golpe de Estado perpetrado en Honduras hace casi ya tres meses, y la exacerbación de la amenaza que para la paz mundial representa el régimen iraní de Mahmud Ahmadineyad.

Ambos hechos, a pesar de las distancias que los separan, tienen muchos elementos en común. El más importante es que, aunque por vías de lo más diferentes, convergen en un escenario de conflictos que ya no se circunscriben a sus respectivas áreas geográficas sino que tienen una dimensión planetaria. Son dos manifestaciones de una reedición de lo que durante la segunda mitad del siglo XX fue la “guerra fría”. Como la que tuvo divida a la humanidad durante más de cinco décadas, ésta conlleva la amenaza de “calentarse” en cualquier momento.

En términos de Samuel Huntington, se diría que lo que subyace a los actuales conflictos es un “choque de civilizaciones” y quienes se alinean en uno u otro bando no lo hacen a partir de las concepciones que marcaron el siglo XX, --capitalismo y comunismo— ambas modernas y racionalistas, hijas de la civilización Occidental, sino de la adhesión y el rechazo a todo lo que implica la modernidad y su correspondiente visión sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad.

Irán, que bajo la conducción de Ahmadineyad se propone asumir el liderazgo no sólo del mundo islámico sino de los “marginados de la tierra”, plantea su causa como un desafío a la civilización Occidental –judeocristiana— y sus aliados. Y para la “guerra santa” que tiene en mente espera contar con el apoyo de quienes por muy diferentes motivos creen que comparten un “enemigo común”.

Entre sus principales aliados se destacan los regímenes “anticolonialistas”, “anticapitalistas” y “antiimperialistas” representados en el escenario que se configura por Venezuela y Bolivia, en Latinoamérica, y varios países africanos, como Sudán o Zimbabwe. Regímenes todos ellos que en nombre de sus respectivos pueblos están dispuestos a apoyar cualquier aventura.

En ese contexto, ganar a su causa la adhesión de las masas populares de Latinoamérica, África, Asia, así como a los intelectuales “progresistas” del mundo entero, es de vital importancia. Conquistar “las mentes y corazones” de quienes se sienten víctimas de la vida es tan o más importante que dotarse de arsenales de última tecnología.

No es por eso casual que Hugo Chávez, Evo Morales, o el sudanés Omar Al Bashir, figuren entre los principales aliados del régimen iraní. Y que Estados Unidos y todos, absolutamente todos los países del mundo Occidental, bien asesorados por sus servicios de inteligencia, se nieguen a entregar a sus rivales, en nombre de miserables disputas propias de “repúblicas bananeras”, la mente y corazón de amplios sectores del pueblo hondureño que, como otros pueblos, merece algo mejor que tener que elegir entre el chavismo pro iraní y el retorno al reino de la arbitrariedad.

“¿De qué vamos a vivir”?

“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi


Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.

Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.

Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.

Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.

Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.

Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.

Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.

Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.

Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.

La corrupción y el sector privado

A pesar de que Bolivia, con Venezuela, se destaca porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno, está mejor que otros países de la región


El informe 'Global Corruption Report 2009', elaborado por Transparencia Internacional y presentado ayer en Londres, dedica este año su atención al sector privado y contiene una serie de elementos sobre la situación de nuestro país que bien merecen un detenido análisis y evaluación.

Como durante los últimos años, nuestro país figura entre los países que, según la percepción de los encuestados, está mejorando en su lucha contra la corrupción. Y aunque todavía figura entre los más afectados por esa lacra, una vez más aparece fuera del grupo de los más corruptos de la región y del mundo.

Como todos los años, es previsible que durante los próximos días abunden las opiniones a favor y en contra de las conclusiones del informe, y sin duda éstas estarán sesgadas por las visiones parciales del oficialismo y de la oposición. A pesar de ello, bien vale la pena tomar en cuenta lo que dice, pues es un reflejo muy confiable, más que de la realidad, de la manera como ésta es percibida por las personas consultadas.

El estudio este año está dedicado al sector privado y la manera como éste interviene en las prácticas corruptas que actúan como "una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y atenta contra la existencia de las empresas". A partir de 73.000 encuestas en 69 países, añade que la mitad de los encuestados cree que el sector privado utiliza el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y los reglamentos.

Según la clasificación por países, Bolivia y Venezuela son los dos países latinoamericanos que se destacan porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno.

A pesar de ello, Bolivia, en el puesto 102 entre 180, aparece en el “ranking de la corrupción” mejor ubicada que Argentina (109) Paraguay (138), Ecuador (151) y Venezuela (180). La lista de los latinoamericanos mejor ubicados es encabezada por Chile y Uruguay (en el puesto 23), seguidos México y Perú (72), y Brasil (80). Cabe recordar que en 2001 Bolivia figuró como el segundo país más corrupto del mundo y durante los últimos años ha ido mejorando su ubicación.

Si bien en líneas generales la percepción sobre Bolivia continúa con una tendencia positiva, el informe destaca un aspecto negativo. Indica que nuestro país es el único de América que todavía carece de una ley de protección al consumidor, lo que dificulta la lucha contra la corrupción del sector privado.

A medida que se conozcan más detalles del informa se podrá sin duda ver en qué se basan las percepciones sobre el estado de la lucha contra la corrupción en nuestro país. De momento, lo cierto es que a pesar de lo que se podría suponer, la percepción de las personas consultadas por Transparencia Internacional es más positiva que negativa y eso, en sí mismo, es algo digno de atención.
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La lucha contra la corrupción

Santa Cruz, la clave de futuro nacional

En Santa Cruz es donde mejor se manifiesta todo lo que nos une, pero también lo que nos separa. Es donde se sentarán las bases de nuestro futuro

Hoy, 24 de septiembre, se conmemora un aniversario más de la incorporación de Santa Cruz al proceso que concluyó 15 años después con la formación de la República de Bolivia. Hace 199 años, el pueblo cruceño se reunió en un Cabildo Abierto en el que decidió plegarse al levantamiento que diez días antes tuvo en Cochabamba su más reciente hito.

Ese día, codo a codo con los cruceños, paceños, chuquisaqueños, cochabambinos, además de orureños y potosinos e incluso representantes de la Junta de Buenos Aires, se sumaron activamente en la organización del movimiento y luego en las acciones contra las fuerzas realistas. Fue una temprana muestra de lo estrechos que eran los vínculos, pese a las distancias geográficas, entre esa región y las demás ciudades de lo que luego fue Bolivia.

Según un censo de la época, ya entonces la población de Santa Cruz era tan heterogénea como es ahora. De los 10.500 habitantes registrados, 4.303 eran “blancos” --como se denominaba a los españoles y a sus descendientes-- 1.376 mestizos, 2.638 cholos, 2.111 indios y 150 negros.

Como en otros focos de la rebelión independentista, todos esos sectores se unieron por encima de sus diferencias sociales en una causa común, en la que los ideales de la igualdad ocupaban un lugar incluso más importante que en otras latitudes. Tanto es así, que el primer acto de la Junta Gubernamental fue liberar a los esclavos y otorgarles todos los derechos de ciudadanía. Después de aprobar esa medida se procedió a redactar el Acta de Pronunciamiento del Cabildo Abierto.

199 años después, el espíritu acogedor que siempre caracterizó a Santa Cruz se manifiesta en la enorme diversidad de origen de los cruceños de hoy. La inmensa mayoría de quienes se sienten cruceños, por nacimiento o por adopción, proviene de todos los rincones de nuestro país, lo que ha hecho de ese Departamento un inmenso crisol en el que se funden las más variadas identidades.

Es precisamente esa característica la que ha hecho de Santa Cruz el centro más dinámico de la economía nacional; el punto donde más exitosamente se encuentra, complementa y florece el espíritu emprendedor de gentes de distinto origen que se unen la búsqueda de la prosperidad basada en la actividad productiva y el esfuerzo propio.

Por eso, es en Santa Cruz donde mejor se manifiesta todo lo que nos une a los bolivianos, pero también lo que nos separa. Es donde más dramáticamente florecen las contradicciones de nuestro pasado y presente, y donde por consiguiente se sentarán, para bien o para mal, las bases de nuestro futuro.

Es de esperar que el próximo año, cuando Santa Cruz celebre el bicentenario de su efeméride, se manifieste en su plenitud el espíritu que animó a quienes el 24 de septiembre de 1810 se sumaron a la titánica tarea de construir un país libre.

Hacia la cumbre del cambio climático

"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", ha dicho Barack Obama

En medio de un ambiente en el que el escepticismo parece imponerse a las esperanzas, ayer se ha inaugurado en la sede de la Organización de Naciones Unidas la llamada “Semana del Cambio Climático”, en la que los líderes de todo el mundo deben sentar las bases de los acuerdos que se espera suscriban en diciembre, en Copenhague, Dinamarca.

Son casi cien los mandatarios que participaran de la cita, pero la atención se concentra en lo que vayan a decir los representantes de los países más involucrados en la emisión de gases invernadero. Y son precisamente ellos los que más motivos dan al escepticismo.

Estados Unidos, China, India, los que más aportan a la contaminación planetaria, son los que menos dispuestos se muestran a adoptar medidas drásticas más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Y aunque es mucho lo que se espera de lo que proponga Barack Obama, en los hechos hay muchas dudas sobre si su país estará realmente dispuesto a hacer efectivo durante los próximos años.

No es fácil el papel que le toca al presidente estadounidense, pues EE.UU., que se negó a firmar el protocolo de Kyoto, ha aumentado sus emisiones un 18% desde 1990 (año de referencia de Kyoto) mientras que la Unión Europea las ha reducido un 2,7%. Y aunque Obama ha dado abundantes muestras de su buena voluntad, como su elocuente discurso de ayer, eso no es suficiente ni mucho menos.

Es verdad que ha propuesto una ley para reducir sus emisiones un 17% en 2020 y un 83% en 2050, y también que ha dado, durante los primeros ocho meses de su mandato, un formidable impulso a las energías limpias. Pero muy a pesar de sus deseos y voluntad la ley que propuso avanza lentamente en el Congreso y seguirá tramitándose en 2010.

Sin la aprobación de esa ley, Obama llegará a Copenhague “con las manos atadas”. No podrá asumir ningún compromiso en nombre de su país y, mientras EE.UU. no lo haga, China, India, y los demás que por su alto nivel de industrialización se destacan entre los más contaminantes, tampoco lo harán.

En esas circunstancias, sobre la Cumbre del Clima de Copenhague se extiende una densa nube de dudas. Se teme que no en ella no se llegue a ningún acuerdo importante y que se deje pasar, una vez más, la oportunidad de revertir un proceso que al ritmo que avanza hará estragos sobre el futuro de nuestro planeta.

"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", advirtió Barack Obama en el mensaje que dirigió de ayer. Pero por lo visto, quienes más llamados están a atender esas palabras, los congresistas de su país, son los menos dispuestos a hacerlo.

Ante tan desalentador panorama, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a la sociedad civil internacional que aumente la presión sobre los líderes políticos. Propone que durante los próximos meses se haga sentir una presión suficientemente fuerte para que quienes tienen en sus manos la toma de decisiones no puedan dejar de tomarla en cuenta.