¿La impunidad como norma?

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.


Si una característica ha tenido el proceso político que vivió Bolivia en la última década es que el mismo se ha visto teñido por la sangre de decenas -si no centenares- de vidas cegadas a raíz de los innumerables episodios de conflicto, crisis social y política.

Sólo en los tristemente célebres hechos de febrero y octubre de 2003, que marcaron el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjeron alrededor de un centenar de víctimas mortales. Más antes, en las gestiones de los presidentes Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, son incontables los conflictos sociales con que se saldaron la vida de ciudadanos bolivianos; y después, la sucesión constitucional del presidente Carlos Mesa al entonces titular de la Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, se vio manchada por la muerte, en circunstancias hasta hoy no esclarecidas, de un dirigente minero en las proximidades de la ciudad de Sucre.

Ni qué decir de los hechos de violencia que se desataron durante la actual gestión gubernamental. Desde el sangriento conflicto minero ocurrido en el centro minero de Huanuni hasta el enfrentamiento de El Porvenir (Pando), pasando por los cruentos conflictos de Cochabamba, La Calancha (Sucre) o la ejecución de una presunta célula de terroristas boliviano-extranjeros en el Hotel Las Américas, la cantidad de personas muertas es por demás alarmante.

Lo cierto es que en todos esos hechos de violencia fratricida, así como en todos los que resultaría imposible de enumerar en este espacio editorial, se han producido víctimas fatales sin que hasta el día de hoy exista una sola persona que haya sido hallada responsable y, por consiguiente, condenada por la justicia boliviana.

Parecería, pues, que en nuestro país la impunidad ha quedado institucionalizada, y que el luto, el ensangrentamiento y la muerte de ciudadanos bolivianos se han convertido en prácticas habituales de los actores de la vida política y de las luchas sociales, como si no existiera respeto por la vida ni los derechos de las personas.

¿Cómo se puede explicar que las instituciones encargadas de administrar justicia no hubieran cumplido debidamente su rol ante semejante extralimitación de los actores políticos que han estado y están involucrados en la lucha por el poder? ¿Se trata de una conducta que habría que calificar de negligencia, incapacidad, indolencia, temor o sometimiento político de la justicia?

Ahora que nos encontramos sumergidos en un nuevo proceso electoral, éste es un tema que no puede ni debería quedar al margen de los temas de debate público que sostendrán los principales aspirantes a la presidencia de la República, porque finalmente todos ellos han estado vinculados, en distintos momentos de la vida democrática boliviana, al manejo del aparato del Estado.

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.

Día de la Mujer Boliviana

Ha quedado atrás la época en la que Zamudio denunciara, a través de su poesía, la marginación de la mujer del voto. Hoy, esta conquista y otras han dado una mejor calidad de vida a la mujer, pero a todas luces nsuficiente


El Día de la Mujer Boliviana encuentra hoy, a este grupo de la población con metas aún lejos de su alcance. Como sucede en el resto del mundo, la reivindicación de la equidad de género se ha plasmado más en leyes que en la vida real.

Al margen de la violencia y la pobreza, un ejemplo de esta situación, en la actual época electoral, es que muy pocas mujeres han sido inscritas en la denominada "franja de seguridad" por los partidos que las postulan a distintos cargos electivos.

La norma electoral exige que las listas de candidatos contemplen un 50 por ciento de postulantes femeninas. Debido a que la ley no se discute, a los distintos frentes políticos no les ha quedado alternativa que cumplir con la exigencia, pero sus candidatas son, en la mayoría de los casos, suplentes de varones o aspirantes a diputaciones y senadurías que el partido o la agrupación -cualquiera sea el caso- sólo alcanzaría con una votación aplastante.

¿Qué pasa entonces con la igualdad de género? Desde los partidos o las agrupaciones, se ha admitido, de manera general, la falta de formación de cuadros femeninos, e incluso, contadas dirigentes han llegado al criticado extremo de renunciar a los curules que la Ley les asigna. A esta explicación, brindada por hombres y mujeres, se añade el reconocimiento de que el machismo aún impera en Bolivia, pero tampoco en este caso se ahonda en situaciones específicas.

La opinión pública sólo llega a conocer la discriminación cuando ésta deriva en agresiones, como ha sucedido en reiteradas oportunidades con concejalas, sobre todo en el área rural, incluso golpeadas por sus pares varones, ante una indiferencia alarmante de los actores políticos. ¿O es que son conocidos los procesos internos en partidos y agrupaciones contra quienes han agredido a sus compañeras?

Cabe entonces preguntarse si no harían bien políticos, instituciones y organizaciones en generar debates sinceros respecto a la participación de la mujer en la vida política y pública del país. Si la reivindicación de derechos sigue basándose en meras demandas de curules, Bolivia tardará mucho en dar a la mujer el espacio que realmente se merece.

En esta línea, los distintos homenajes a la mujer boliviana deben estar exentos de la victimización que tan mal hace en cualquier ámbito, sin que ello signifique renunciar al derecho a la denuncia.

Ojalá que más bien los actos reparen en la figura de la poetisa Adela Zamudio, inspiradora de esta efeméride. La maestra cochabambina no sólo concentró su vida a su pasión por la lírica, sino que fue una luchadora incansable por los derechos de la mujer.

Ha quedado atrás la época en la que Zamudio denunciara, a través de su poesía, la marginación de la mujer del voto. Hoy, esta conquista y otras han dado una mejor calidad de vida a la mujer con respecto a siglos pasados, pero a todas luces insuficiente; si hombres y mujeres no lo entendemos así, con las obligaciones y los derechos que ello implica, las celebraciones pasarán como tantas más.

27 años de democracia

A 27 años de su restauración, luego de 18 años de sucesión de dictaduras militares, y constatados los logros en materia de respeto, ampliación y ejercicio de los derechos ciudadanos, conviene redoblar esfuerzos para reencauzar y consolidar el sistema democrático


La recordación, el día de hoy, de los 27 años de la recuperación de la democracia encuentran a Bolivia en un momento particularmente especial, precisamente cuando la ciudadanía se prepara para asistir -el próximo 6 de diciembre- a un nuevo acto electoral que marcará la profundización o reorientación del proceso de cambios estructurales llevados adelante por la administración del presidente Evo Morales.

Es importante resaltar que éste es el período más largo de vida democrática ininterrumpida de la historia boliviana. El 10 de octubre de 1982 se inaugura el período más largo de la vida democrática ininterrumpida de la historia boliviana, con la salida del poder del último gobernante de facto, General Guido Vildozo Calderón, y la posesión presidencial de Hernán Siles Suazo, quien había resultado vencedor en las justas electorales de 1979 y 1980 a la cabeza de la alianza centro izquierdista Unidad Democrática y Popular (UDP). Desde ese momento hasta hoy, ha habido comicios libres, plurales y transparentes, lo que ha permitido la alternancia en el ejercicio del mando.

El país tuvo que hacer uso de toda su capacidad de presión para evitar que la apertura de octubre de 1982 corriera mala suerte, y la ciudadanía logró esa victoria pese a que en las agrupaciones políticas se mantenía -como ahora mismo- el virus de la intolerancia. De ahí es que, ante la posibilidad de que se repitieran actos autoritarios o fraudulentos, el presidente Siles Zuazo, asumiendo un gesto de desprendimiento sin precedentes ni emulaciones posteriores, renunció a un año de su mandato y abrió las compuertas para que la crisis que aquejaba a la nación, pudiera ser enfrentada con más democracia; es decir, a través de elecciones para relegitimar el poder.

Empero y si bien hasta finales de la década de los ´90 se dieron más avances que retrocesos, el sistema político partidario comenzó a deteriorarse por la carencia de paradigmas y propuestas, lo que hizo que se fuera encerrando en sí mismo, abdicando de su función de agregar demandas sectoriales y formular visiones de país para convertirse en simple maquinaria electoral y gestor de intereses particulares.

Así, por ambición, llegar al poder se convirtió en un fin y para conservarlo se devaluó el pacto interpartidario que las circunstancias exigían, tornándolo en repartija de los estancos burocráticos.

Esto, sumado a la crisis económica de 1998 y su ineficiente administración, ha conducido al desmoronamiento del sistema político tradicional y a una sórdida lucha por el poder que derivó, finalmente, en el surgimiento de nuevas alternativas políticas como la que hoy está al mando de la nave del Estado.

A 27 años de su restauración, luego de 18 años de sucesión de dictaduras militares con breves interregnos libertarios y constatados los logros en materia de respeto, ampliación y ejercicio de los derechos ciudadanos, conviene redoblar esfuerzos para reencauzar y consolidar el sistema democrático.

A la caza del voto urbano

Es previsible que, teniendo las preferencias del voto rural a su favor, el oficialismo vuelque toda la intensidad de su estrategia electoral a conquistar el electorado de las ciudades capitales y del exterior del país

No es desde ningún punto de vista ilógico el anuncio del Presidente de Bolivia, de orientar el mayor esfuerzo electoral del oficialismo a conquistar el voto de las clases medias del país, tomando en cuenta que el grueso del voto rural está prácticamente asegurado a favor del Movimiento al Socialismo.

Sólo así se explica que el MAS haya acudido a personalidades invitadas para confeccionar sus listas de candidatos, como es el caso de la ex Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero, quien es postulada a la primera senaduría por la ciudad de La Paz.

Así como Ana María Romero, cuya candidatura no puede tener otro objetivo que cautivar a la clase media paceña, el MAS se está jugando en otros departamentos por aproximarse al electorado de las ciudades capitales, para recuperar aquella votación urbana que perdió por efecto del proceso de extremada polarización política en que derivaron los cambios llevados adelante por el partido gobernante en los últimos tres años.

Y es que del voto urbano dependerá, en gran medida, la mayor o menor cantidad de senadores que pueda lograr el MAS en su propósito de lograr el control absoluto de las dos cámaras que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Si las proyecciones de las actuales encuestas se mantienen hasta diciembre, el oficialismo tendría asegurada su mayoría en la Cámara de Diputados y la verdadera batalla electoral se estaría librando en torno al control del Senado, para lo cual el MAS necesita ganar en la mayor cantidad posible de departamentos y no solamente en su principal bastión político concentrado en el occidente del país.

Por eso, en las próximas elecciones el oficialismo buscará más que la sola reelección de Evo Morales: buscará el control absoluto de los órganos Ejecutivo y Legislativo; objetivo indispensable para avanzar -sin más obstáculos ni demoras- en la aplicación de la Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum de enero de este año.

Otro frente electoral inexplorado hasta hoy, pero que puede afirmar decisivamente las tendencias electorales y los porcentajes finales de la votación, lo constituye el de los bolivianos residentes en el exterior, que por primera vez podrán sufragar fuera de nuestras fronteras.

En esta elección, los migrantes bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos emitirán su voto en el país donde residen. No es casual, por eso, que el Presidente, al igual que el resto de los candidatos de la oposición, vaya a dedicarle particular atención al electorado residente fuera de nuestras fronteras.

Es previsible, pues, que teniendo las preferencias del voto rural a su favor, el oficialismo vuelque toda la intensidad de su estrategia electoral a conquistar el electorado de las ciudades capitales y del exterior del país, en procura de recapturar al electorado de la clase media que, por razones que no viene al caso anotar aquí, quedó desencantado con la forma de gobernar del Movimiento al Socialismo.

El desafío de la integración

¿Será que el Gobierno que vaya a asumir después de las elecciones del 6 de diciembre esté en capacidad de afrontar desafíos de la magnitud antes citados? Son, pues, temas que tendrían que debatirse y dilucidarse a lo largo de la actual campaña electoral.

A lo largo de las últimas cinco décadas, Bolivia ha recibido apelativos como "país tranca", "país tapón", "país fraccionado", "país disgregado" "país bloqueado". Las definiciones provinieron desde expertos en ingeniería y geopolítica hasta analistas dedicados al catastrofismo. Cada uno supo darle su particular uso, tendencioso o no. Sin embargo, apelaron a una de las más grandes debilidades del Estado boliviano, sino la mayor.

En lado opuesto se hallan quienes enarbolan el ideal de la integración nacional. Sin embargo, el anhelo resalta la gran carencia: Bolivia, a diferencia del grueso de los países del planeta, sufre sobre todo de una grave falta de integración física.

El símbolo más claro de su postración es el aislamiento al que están sometidos cientos de pueblos. Mientras los hitos de su limitado desarrollo han sido marcados, por ejemplo, con la carretera que unió Santa Cruz con el occidente del país, la marca de las recientes crisis, los bloqueos, se acentuó justamente en la todavía escuálida infraestructura carretera.

No siempre fueron necesarios grandes movimientos sociales ni grandes causas para frenar la dinámica comercial nacional. Ello porque el eje económico de Bolivia se articula en base a solitarias y cada vez más saturadas rutas, especialmente la que une Oruro con La Paz y Cochabamba y también desvía al Pacífico. No existen variantes estratégicas y por ello, por ejemplo, el drama de los célebres estrangulamientos a La Paz o los cierres tridepartamentales en Caracollo y Cahihuasi. Sin embargo, hasta ahí cuentan los problemas.

A lo largo de los últimos años el país tiende también a recuperar apelativos más amables: "Tierra de contactos", "paso intercontinental", esbozados como esperanza por los expertos. No por nada desde 2003 se multiplicaron las caravanas de integración que empresarios y autoridades, especialmente de Brasil y Chile, emprendieron por nuestra geografía.

Ello porque la carretera que otrora unía Santa Cruz con La Paz, promete convertirse en una muy importante vena de integración de los puertos de Santos y Arica. Y porque, por ejemplo ya se perfila, que existan nuevas rutas que integren el eje troncal del país entre sí y más alternativas de comunicación terrestre con los puertos chilenos. Todavía están pendientes de su conclusión las rutas que marchan hacia el sur del país, así como también avanza a paso lento la integración del norte.

La nueva realidad política del país ha hecho que, al menos en los últimos años, Bolivia deje de ser un país tranca para el transporte de carga en la región, pero de ahí a convertir a Bolivia en un núcleo de integración bioceánica hay mucho camino por andar, así como también queda muchísimo por hacer para que el país se transforme en el nudo energético de Sudamérica.

De ahí a convertir a Bolivia en un núcleo de integración bioceánica hay mucho camino por andar, así como también queda muchísimo por hacer para que el país se transforme en el nudo energético de Sudamérica

¿Otra elección sin debate?

No es congruente despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas


Los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, han empezado a apoderarse de los medios de comunicación en los primeros tres días del período establecido por Ley para la campaña electoral.

Adicionalmente, los postulantes a la presidencia han dado inicio a una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos irán incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de los próximos dos meses, tiempo que los partidos políticos tienen para desplegar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

La campaña electoral se ha iniciado con unas tendencias de voto que, según coinciden todas las encuestas hechas públicas hasta hoy, le dan una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino, en ese orden.

Los primeros mensajes de propaganda electoral que han comenzado a ser difundidos a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en el curso de la campaña electoral que apenas comienza, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y programas de gobierno, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

Una legislación necesaria

Este primer llamado de alerta es suficiente para temer, por una parte, por la privacidad que se ha confiado en los soportes digitales e Internet y, por otra, para iniciar, de una vez, la tarea de legislar las comunicaciones electrónicas.

Hace algunos años, cuando el correo electrónico dejó de ser una novedad y se reveló como un eficaz instrumento de comunicación, se proclamó la resurrección del arte epistolar; es decir, de la práctica de escribir cartas que se extendió por siglos.

Como muchos anuncios relacionados con la Internet, ese fue un error.

Hasta antes de la invención del teléfono y el telégrafo, la carta fue el medio de comunicación por excelencia. Para escribir una se tomaban en cuenta muchas cosas, desde la calidad del papel hasta la caligrafía del remitente. El contenido era, desde luego, lo más importante. En sus párrafos, el autor de la carta demostraba tanto sus conocimientos como su sensibilidad.

Los grandes romances de la humanidad se sostuvieron en gran medida sobre las cartas. Esos papeles cuidadosamente escritos eran enviados por los enamorados eludiendo, muchas veces, el férreo control paterno.

La aparición de la máquina de escribir le quitó la magia al arte epistolar. De inicio, escribir una carta a máquina fue visto como un acto de modernidad pero luego se convirtió en una falta de respeto porque había impersonalizado un medio de comunicación tan antiguo. El telégrafo obligó al uso de resúmenes o, peor, a epítomes y la popularización del teléfono le dio el tiro de gracia a la carta. Siguió existiendo pero en un nivel casi marginal.

Y en medio de una verdadera explosión de tecnología alimentada, entre otros adelantos, por el satélite o la fibra óptica, surgió la red virtual de computadores que hoy todos conocemos por Internet y con ella llegó el correo electrónico. Volvieron las cartas pero ya sin el soporte de papel ni el preciosismo de la caligrafía. Es cierto que en estos no sólo se puede enviar mensajes sino también imágenes (en fotografía y video), canciones, animaciones y muchas otras cosas pero no ha resucitado el arte epistolar. Por el contrario, el "mensajeo" (deformación del español que se utiliza para referirse al envío de mensajes por celulares, generalmente eliminando letras de las palabras) incluso está afectando el idioma.

En los tiempos en que la carta era la reina de las comunicaciones, los países reglamentaron su uso. La legislación que rigió en España y sus colonias está en la recopilación de las Leyes de Indias y era tan detallada que hasta tenía disposiciones de cómo proceder en los diferentes puertos.

No era exageración ni mucho menos. Las autoridades coloniales le dieron la importancia debida y, aunque muchas de las leyes tenían, más bien, contenido de censura, sirvieron para normar las comunicaciones.

Gracias a la Internet, el envío de cartas o mensajes por correo electrónico se ha convertido en una actividad masiva que, empero, no está sometida a ningún tipo de control.

Ayer, las agencias de noticias informaron que los detalles de por lo menos 10.000 cuentas de Hotmail, un conocido servicio gratuito de correo electrónico, fueron publicados en un website. Los detalles incluían las contraseñas para ingresar a esos correos así que lo que ocurrió es que se posibilitó la figura penal que en muchos países se conoce como violación de correspondencia.

Campañas en marcha

Las cartas están echadas y las tendencias políticas más o menos definidas. Sólo cabe esperar que el fragor del proselitismo electoral, en vez de ahondar las diferencias entre bolivianos, contribuya a fortalecer los cimientos de nuestra todavía joven democracia


El cronograma electoral señala que el día de hoy se abre, de manera oficial, el período asignado por ley para la campaña electoral de los partidos políticos que participarán en los comicios generales del próximo 6 de diciembre.

Serán, pues, dos meses de intensa actividad proselitista que marcan el inicio de una nueva etapa en la vida democrática de Bolivia. Veamos por qué:

Por primera vez en la historia, y por efecto de la actual Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum de enero de este año, un Presidente y un Vicepresidente de la República en funciones están habilitados para buscar su reelección; y a diferencia de procesos anteriores, los bolivianos residentes en el exterior también podrán emitir su voto.

Otro elemento –tal vez el más importante– a tomar en cuenta es que en las elecciones de diciembre están en juego intereses políticos mucho más importantes y vitales que la sola renovación o ratificación de las autoridades y representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Lo que verdaderamente está en juego es el futuro del proyecto político y del esquema de poder diseñado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo, porque es finalmente a partir de las elecciones de diciembre cuando comenzará, en los hechos, la aplicación del texto constitucional en actual vigencia, así como la puesta en vigencia del nuevo modelo de organización política y administrativa del Estado.

Una vez hechas esas consideraciones, es posible afirmar que los próximos comicios generales marcarán –qué duda cabe– la suerte que le toque correr a Bolivia en los próximos años, si no décadas; y que la responsabilidad de la decisión que vayan a tomar los ciudadanos bolivianos en las urnas es, probablemente, la más delicada y compleja de toda nuestra vida democrática.

Resulta penoso constatar, sin embargo, que los candidatos y partidos políticos en carrera no parecen estar a la altura de los desafíos antes señalados. De hecho, la campaña electoral que hoy se inicia estará signada por la amplia ventaja con que el oficialismo enfrentará a una oposición frágil, dividida y políticamente extraviada.

Por un lado, está claro que el objetivo del Movimiento Al Socialismo no se centra únicamente en ganar las elecciones generales y asegurar la reelección del presidente Evo Morales. El MAS aspira a tener el control absoluto de las cámaras de Diputados y Senadores, y si es posible de dos tercios de la composición del futuro Congreso Nacional, de manera que pueda tener el camino llano para aprobar sin dificultades el vasto andamiaje jurídico que requiere la implementación de la Constitución Política del Estado.

En el otro lado, en cambio, el resto de los partidos políticos parecen más preocupados por disputarse entre sí la porción del electorado que no es afín al Gobierno y por ganar el liderazgo de la oposición antes de las elecciones de diciembre.

Las cartas están echadas y las tendencias políticas más o menos definidas. Sólo cabe desear que el fragor del proselitismo electoral, en vez de ahondar las diferencias entre bolivianos, contribuya a fortalecer los cimientos de nuestra todavía joven democracia.

Plan Progreso versus Unidad Nacional

Los estrategas del Plan Progreso tendrán que reconducir su artillería. De otro modo, no podrán evitar correr la misma suerte de lo que un día fue Podemos

Entre las muy pocas ideas claras que los candidatos y estrategas del Plan Progreso parecen tener en su intento de hacer frente a la fórmula oficialista en las elecciones de diciembre, hay una que, por lo menos por ahora, se muestra como el eje de su plan de acción. Consiste en concentrar sus escasas energías en destruir, o por lo menos debilitar, la candidatura de Unidad Nacional. Se diría es su enemigo principal.

Los primeros pasos de esa estrategia fueron dados en vísperas del vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos. Recurriendo a los más diversos medios, que van desde las amables exposiciones de argumentos dignos de consideración, hasta las más viles amenazas y chantajes, lograron disuadir a importantes personajes de los nueve departamentos que habían aceptado presentar sus candidaturas con el partido de Doria Medina. Fracasaron en algunos casos, tuvieron éxito en otros; lograron debilitar la fórmula de UN, pero sacarla del camino.

Durante los últimos días, pero con especial empeño después de que se hicieron públicos los resultados de una encuesta sobre las intenciones de voto, la ofensiva contra UN arreció. Según denuncias de muchos partidarios de esa candidatura, han circulado amenazas, a veces veladas y otras no tanto, entre muchas otras formas de presión, para causar tanto daño como sea posible a la fórmula Doria Medina-Helbing y sus seguidores. El más reciente y serio de esos intentos ha tenido el objetivo de convencer al líder cruceño Oscar Ortiz para que abandone a su actual aliado y se pliegue a las filas del Plan Progreso.

Tal forma de actuar merece ser cuestionada desde tres puntos de vista: el ético, el aritmético y el político.

Desde el punto de vista ético, porque es inadmisible que aunque de manera un poco más sutil, el Plan Progreso recurra a métodos que en nada se diferencian de los empleados por los “Ponchos Rojos” y otros “movimientos sociales” para ejercer coerción sobre quienes no se le adhieren voluntariamente. Declarar “traidores” a quienes no se cuadran ante la candidatura del Capitán Reyes Villa, por ejemplo, es una aberración que no puede ni debe ser vista con tolerancia.

Pero si las razones éticas no fueran suficientes para cuestionar tal forma de actuar, abundan también las que dictan los cálculos aritméticos y políticos. En el primer caso, porque por mucho empeño que se ponga a restar votos al caudal de uno para sumarlos al del otro, no alcanza para que las cifras cuadren, más aún si, como ya está ampliamente demostrado, en la política hay sumas que restan y viceversa.

Más importante aún es que una adecuada interpretación del fenómeno político que se refleja en el actual escenario electoral indica que una eventual eliminación de las fórmulas del “centro” daría como resultado un ensanchamiento del caudal electoral del oficialismo más que del de la oposición. La exacerbación de la polarización arrojaría un nítido beneficiario que no sería el conglomerado opositor.

En base a esos elementos, y a la experiencia acumulada durante los últimos años, cabe esperar que los estrategas del Plan Progreso reconduzcan su artillería si no quieren correr la suerte de lo que un día fue Podemos.

Hacia el fin de la Autonomía Universitaria

¿Dónde están los defensores de la Autonomía? ¿Aceptarán tan dócilmente que el dé órdenes sobre cómo gastar el dinero del sistema universitario?

Hace algo menos de seis meses, en abril pasado, se desencadenó un muy ligero alboroto en los ámbitos universitarios de nuestro país. No fue muy intenso ni duradero, pues las voces que daban la alerta fueron pronta y fácilmente silenciadas por las que llamaban a la calma.

El motivo de la inquietud fueron unas declaraciones, no del Ministro de Educación, como cabía esperar, sino del de Hidrocarburos, quien se atribuyó la tarea de anunciar los lineamientos centrales de la manera como el gobierno del MAS se propone proceder a la reforma del sistema de educación superior y especialmente de las universidades estatales.

Al inaugurar tres universidades “indígenas”, el Ministro de Hidrocarburos afirmó que aquella ocasión marcaba “el fin del sistema universitario público que responde a ‘criterios neoliberales’ (…) para “descolonizar ideológicamente y culturalmente” a los profesionales (… y ) sepultar definitivamente al sistema universitario, discriminador, individualista y neoliberal”.

Al comentar esas palabras, el 13 de abril decíamos en este espacio editorial que no era difícil prever que pronto le llegaría al sistema universitario el turno “en el proceso de destrucción del Estado nacional”. “La “revolución cultural” tiene ahora una nueva tarea que cumplir en la que, obviamente, no tendrán cabida los profesionales “colonizados”, esos que hasta ahora tuvieron a su cargo la formación de las nuevas generaciones”, decíamos.

Al preguntarnos sobre la manera como se iniciaría tal proceso, preveíamos que la primera etapa consistiría en destruir el actual sistema universitario “colonialista y neoliberal”. “¿Cómo se lo logrará? Será, un proceso moroso, se entiende, pero ya se ha iniciado. El primer paso, como no es difícil prever, será sin duda asfixiar económicamente a las universidades públicas y someter a reglas cada vez más duras a las privadas”. Afirmábamos.

No hace falta mucha suspicacia para sospechar que es precisamente en esa dirección que apunta el Decreto Supremo 308 promulgado el pasado 21 de septiembre por el Vicepresidente Álvaro García Linera, mediante el cual se instruye a las universidades estatales que dediquen una parte muy considerable de sus ingresos a dar un seguro de salud a más de 350.000 estudiantes del sistema estatal de educación superior.

Semejante disposición, que a todas luces es una aviesa violación a principios básicos de la autonomía universitaria, por muy encubierta que esté en una aparentemente noble causa, no ha merecido mayor reacción. Ni autoridades universitarias, ni docentes, ni estudiantes… nadie ha advertido la magnitud del desafío que se les ha lanzado o, si lo han hecho, han optado por el cauteloso silencio.

Es probable que sea esto último, más que la desinformación, lo que explique la pasividad con que se reaccionó. Sería comprensible, pues como lo dijimos en este espacio en abril pasado: “Los docentes que quieran sobrevivir en el nuevo sistema ya saben qué tienen que hacer. Si no quieren engrosar pronto las filas de los desempleados, deben comenzar a dar claras muestras de su compromiso con “el proceso de cambio”.