La lucha contra la corrupción

Para dar verosimilitud al informe de Transparencia Internacional, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.

Como ya es habitual desde hace algunos años, el informe anual de Transparencia Internacional sobre el estado de la lucha contra la corrupción en diferentes países del mundo ha sido tema de muchas polémicas durante los últimos días, desde que el martes pasado se presentó el informe correspondiente al año 2008.

Como se recordará, en años pasados el tema solía recibir gran atención de la prensa nacional y era objeto de muy acres polémicas entre opositores y oficialistas, quienes utilizaban esos datos como una más de las armas empleadas para desacreditar la gestión del gobierno de turno, o para atribuirse supuestos méritos. Este año fue una excepción, pues el asunto pasó entre nosotros casi desapercibido talvez porque nuestra atención está volcada a asuntos mucho más urgentes. Sin embargo, no vale la pena perder de vista el tema pues, ahora como siempre, la corrupción sigue siendo uno de los más serios problemas que sufre nuestro país y nunca será excesiva la preocupación que nos provoque.

El informe merece ser tomado en serio pues ofrece un parámetro fiable sobre la manera como once de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, perciben lo que ocurre en cada país, lo que es tomado como uno de los principales elementos de juicio de inversionistas, políticos y gobernantes a tiempo de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.

En lo que a Bolivia corresponde, el último informe da una muy buena noticia. Es que nuestro país figura entre los ocho países que más avanzaron, en la buena dirección, en el “ranking de la corrupción” pues si en años anteriores ocupábamos el segundo lugar entre las naciones más corruptas del mundo, actualmente se nos ubica en un lugar intermedio, muy lejos de Haití, Venezuela y Ecuador, los más corruptos de Sudamérica.

Como era de esperar, los datos que comentamos fueron muy bien acogidos por el gobierno, que los enarbola como un reconocimiento internacional de los resultados logrados en la aplicación de medidas efectivas en la prevención y lucha contra la corrupción en la gestión pública.Sin embargo, y sin caer en la mezquindad de negarle algún mérito al gobierno, es necesario advertir que estamos muy lejos de cantar victoria. Es que, si bien es cierto el Gobierno ha obtenido algunos éxitos en este campo, lo que se refleja en que muchos casos han sido remitidos al Ministerio Público, y varios han recibido ya sentencias condenatorias, no es menos cierto que hay muchos otros que involucran a altos funcionarios sobre los que aún pesa la sombra de la sospecha de encubrimiento e impunidad.

No se puede pasar por alto el hecho de que durante la gestión de Morales se han denunciado muchos e importantes casos de corrupción, sin que hasta ahora no se hayan aplicado sanciones a ninguno de los involucrados. Es el caso de numerosas transacciones realizadas en YPFB, el desvío de los tractores que formaban parte del plan de mecanización del agro, la compra de equipos en la Empresa de Televisión Boliviana, sólo por citar los más conocidos.

Especial atención merece en ese sentido la denuncia presentada por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), contra la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras para la construcción de carreteras.

Para dar verosimilitud al informe que comentamos, el Gobierno tiene la obligación de dar elocuentes muestras de que sus esfuerzos contra la corrupción responden a un auténtico deseo de luchar contra ella y no al cómodo uso de ese recurso como un arma para dañar a sus adversarios.

Bloqueos, arma del suicidio colectivo

Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. La iniciativa corresponde a la oposición

Durante los últimos días, como ya es cosa de rutina desde hace muchos años, los bolivianos hemos sido víctimas de una de las más absurdas manifestaciones de una locura que tiene entre sus principales síntomas la inclinación hacia el suicidio nacional: los bloqueos de caminos.

El fenómeno ha adquirido tal magnitud que ya puede ser considerado como un rasgo de nuestra idiosincrasia que no puede ser comprendido sólo en términos políticos ni sociológicos. Probablemente corresponda más al ámbito de la psicología social, pues las causas de la frecuencia y pasión con que unos y otros bloquean parecen radicar en algún rincón del inconsciente colectivo.

La irracionalidad de esa conducta ha alcanzado su máxima expresión durante las últimas semanas, cuando dirigentes cívicos de las tierras bajas decidieron bloquear sus propios caminos. Y sobre los mismos caminos, ya bloqueados, sus enemigos, los seguidores del gobierno, construyeron sus propias barricadas. ¿Quién bloqueaba a quien? Ambos, muy orondos, se atribuían el “mérito” y el éxito de su medida.

Entretanto, a ambos lados de los bloqueos, miles de transportistas, comerciantes, empresarios exportadores, ciudadanos comunes y corrientes, sin hallar quien atienda sus súplicas y se solidarice con su desesperación, sólo podían sumar sus cuantiosas pérdidas y rumiar la amargura que produce vivir en un país en el que los caminos al progreso y bienestar están cada vez más cerrados.

Las razones que impulsan a los seguidores del Movimiento al Socialismo a hacer de los bloqueos su favorito medio de lucha ya han sido abundantemente criticadas. Al fin y al cabo, ya son muchos años que el país debe lidiar con ese flagelo sin esperanzas de revertirlo pues resulta plenamente coherente con un proyecto político que entre sus atributos tiene un profundo desprecio por la actividad productiva, por el espíritu emprendedor de quienes la realizan y por todos los valores que les son propios. Además, mal que nos pese, le ha dado buenos resultados políticos. Su forma de actuar es inaceptable, pero es, desgraciadamente, compatible con la visión de país que propugnan.

Es en cambio inconcebible que hayan optado por la misma manera de actuar nada menos que quienes tendrían que haber sido sus más firmes impugnadores, quienes tenían la obligación de asumir la representación de esa ciudadanía que sufre las funestas consecuencias de los bloqueos que es, al fin y al cabo, toda la martirizada población de Bolivia.

¿Cómo explicar, por ejemplo, que quienes dicen representar los intereses de los cada vez menos bolivianos productivos hayan sido los iniciadores de la ola de bloqueos que hoy tiene al borde de la asfixia a Santa Cruz, que se suponía era la punta de lanza de un país diferente al que insiste en suicidarse? Difícil tarea, pues en este caso ni siquiera el rédito político atenúa su culpa, como ocurre con el MAS y sus movimientos sociales.

Ya que los bloqueos de caminos son uno de los peores síntomas de los males que nos aquejan, rechazarlos con toda firmeza como instrumento de lucha tendría que ser parte fundamental del tratamiento que nos conduzca a detener el suicidio nacional. Por todo lo anotado, la iniciativa corresponde a la oposición. Un buen paso sería que, ahora que debe negociar en las mesas de diálogo los términos de su rendición, incluya una cláusula mediante la que ambas partes renuncien, teniendo al país como testigo, a ese criminal recurso.