El Estado, principal promotor de conflictos

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes –y la oposición-- que se merece


Una serie de enfrentamientos que se han producido durante los últimos días en diferentes regiones de nuestro país, a los que se suman muchos otros que están todavía en estado latente pero con la carga explosiva lista para ser activada en cualquier momento, dan cuenta de un fenómeno que ya no puede ser visto como fruto del azar. Es más bien el resultado, el único que se podía esperar, de un conjunto de factores que durante los últimos años han sido, si no creados, por lo menos alimentados por la política gubernamental y el proyecto político que la inspira, el proyecto del MAS.

Cocaleros contra “indígena originarios campesinos”; comunarios de Tinquipaya contra “movimientos sociales” masistas; cooperativistas mineros contra obreros asalariados de las minas; indígenas del norte paceño contra YPFB y sus “socios estratégicos” como PDVSA; campesinos de Pantipata contra narcotraficantes; “Ponchos Rojos” contra masistas… La agenda de conflictos violentos es tan larga que ya no deja tiempo para atender los muchos que a diario se producen con motivo de la decisión de los seguidores del oficialismo de no permitir que los candidatos opositores hagan campaña en gran parte del territorio nacional.

En circunstancias normales, en un país en el que el Estado cumple el rol que les corresponde, las autoridades que lo representan, a través de sus actos y sus mensajes, tendrían que dedicar todos sus esfuerzos y energías a conjurar las causas de esos enfrentamientos. Pero en la Bolivia de hoy pasa algo muy diferente. Es el Estado, a través de quienes lo conducen, el principal promotor de esos conflictos.

Es tan cierto eso, que no es por casualidad que todos los beligerantes, cada cual a su manera, justifica sus actos en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado. Así, la norma básica que en cualquier sociedad civilizada es el instrumento que entre otras cosas fija los límites entre los derechos y obligaciones de sus miembros, es en Bolivia exactamente todo lo contrario. Es el instrumento mediante el que se rompe todo límite y se da legitimidad, rango de constitucionalidad, hasta a los peores desmanes.

No debe ser nada fácil el papel en que a sí mismo se ha puesto el gobierno de Evo Morales. Es que en rigor de verdad, se ha privado por voluntad propia de todo argumento válido para intervenir mediante una acción pacificadora o disuasiva. ¿Cómo podría hacerlo si todos los que han empezado ya a empuñar las armas para defender sus “derechos” no hacen nada más que exigir lo que según su buen saber y entender es lo que manda la Constitución Política del nuevo “Estado Plurinacional”?

Pero tan, o más penoso que el espectáculo que dan las cada vez más diversas fracciones en que está dividido el pueblo boliviano, y la manera como el gobierno del Evo Morales afronta los conflictos, es la respuesta de la oposición. Mientras para cada uno de tan graves problemas unos proponen producir perejil orgánico, o cosas parecidas, otros concentran sus escasas energías en buscar argumentos para justificar su previsible fracaso electoral.

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y habría que agregar que cada pueblo tiene la oposición que se merece.

Las autonomías indígenas

La principal facultad que la Constitución concede a las autonomías indígenas es la del autogobierno, permitiéndoles organizarse de acuerdo a sus propias normas, instituciones y procedimientos ancestrales

El día de ayer, en el marco de la celebración de la Reforma Agraria, el presidente de la República promulgó en la localidad de Camiri un Decreto Supremo que autoriza a los municipios del país que quieran adoptar el régimen de las autonomías indígenas puedan convocar a referendos municipales que tendrán el próximo 6 de diciembre de este año, el mismo día en que se llevarán a cabo las elecciones generales.

De esta manera, y en la que podría considerarse como una de las principales medidas gubernamentales para aplicar la Constitución Política del Estado en actual vigencia, la administración de Evo Morales dio un paso decisivo que marcará, a no dudarlo, el rumbo que vaya a seguir el proceso autonómico iniciado en el país hacen ya varios años bajo el liderazgo de los departamentos de la denominada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).

Es precisamente en respuesta al planteamiento de esas cuatro regiones, que propugnaban un modelo de autonomías departamentales, que el oficialismo creó en el nuevo texto constitucional cuatro niveles de autonomías: la autonomía regional, la autonomía municipal, la autonomía departamental y la autonomía indígena originaria campesina.

El referéndum al que podrán acogerse los municipios en el marco del Decreto Supremo promulgado ayer da lugar a la aplicación del último de esos niveles; es decir, de la autonomía indígena originaria campesina.

De esta manera, se pone en aplicación, también, la nueva organización territorial establecida en el texto de la CPE; en la que, además de los departamentos, provincias y municipios, se crean los territorios indígena originarios campesinos.

Así, los municipios que el 6 de diciembre adopten la condición de Autonomía Indígena, Originaria Campesina, se convertirán en entidades territoriales que, según lo estipulado en la CPE, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional; es decir que no tendrán dependencia alguna de los niveles de autonomía departamental, municipal o regional.

La principal facultad que la Constitución concede a las autonomías indígenas es la del autogobierno, permitiéndoles organizarse de acuerdo a sus propias normas, instituciones y procedimientos ancestrales.

No está claro, aún, cuántos municipios, de los 327 que existen en Bolivia, irán al referéndum para acogerse al modelo de las autonomías indígena; ni cuántas -si no todas- de las 36 naciones indígenas constitucionalmente reconocidas se declararán autónomas.

Lo cierto es que ayer, con la promulgación del mencionado Decreto, se crea otro hito del largo proceso de inclusión y reconocimiento de los derechos de los indígenas y campesinos iniciado hace más de medio siglo, con la dictación de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953.
De ahora en adelante, al Gobierno le toca la difícil tarea de dar viabilidad y sostenibilidad a la coexistencia de varios niveles autonómicos, evitando que las competencias y atribuciones de cada uno de ellos puedan constituirse en fuente de futuros conflictos.

Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.

Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.

“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”

Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.

El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.

En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.