El “caso Rozsa” y la intervención externa

Aunque opacado en medio de otras quejas pueriles, tan propias de la oposición boliviana, es plausible que el “Caso Rozsa” haya llegado por fin a instancias internacionales

Casi siete meses después de que durante un operativo policial fueran fríamente asesinados unos mercenarios supuestamente involucrados en actos terroristas y separatistas, por fin el asunto ha llegado a las instancias internacionales, en cuyas manos desde un principio debieron ser puestas las investigaciones.

Infructuosamente, desde este espacio editorial, hemos venido insistiendo durante los últimos meses en la urgente necesidad de que así se proceda. Ya el 21 de abril, bajo el título de “Urgente intervención externa”, afirmábamos que “estamos ante un hecho cuya importancia trasciende los límites de la política interna. Al estar involucrados ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones de alcance internacional, resulta necesario que en las investigaciones se involucren organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también de carácter internacional”.

Más adelante, sosteníamos que “Siendo tantas las dudas que se ciernen sobre la manera como el gobierno ha encarado el asunto (…) la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción”.

Al día siguiente, el 22 de abril, decíamos: “sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional”.

Posteriormente, el 26 del mismo mes, sosteníamos que “Está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol?”, nos preguntábamos.

Días después, el 7 de mayo, “Investigaciones mal encaminadas” titulaba este espacio, y en él afirmábamos: “El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios”.

Y el 18 del mismo mes insistíamos: “Hay abundantes motivos para suponer que la magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas. Razón más que suficiente para insistir en la necesidad y conveniencia de que en las investigaciones se involucren organismos internacionales. Si hay algo claro, es que ni el oficialismo ni la oposición están a la altura de un caso que trasciende nuestras fronteras”.

Con esos antecedentes, no podemos dejar de expresar nuestra satisfacción porque por fin, aunque con tanta demora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese a un escenario del que nunca debió estar ausente. Y si bien es lamentable que un asunto tan serio como el “Caso Rozsa” resulte opacado en medio de otras quejas pueriles, tan propias de la oposición boliviana, es sin duda un buen paso en la dirección correcta.

Un dilema inadmisible

No podemos admitir que protagonistas de la “guerra sucia” argentina pretendan ponernos en el dilema de estar con ellos o contra ellos

Desde el 17 de abril pasado, cuando tras un operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron asesinados tres supuestos terroristas y detenidos otros dos, en este espacio editorial hemos adoptado una posición sobre el tema que por su claridad está más allá de cualquier interpretación ambigua y malintencionada.

Con la firmeza que caracteriza nuestro compromiso con la defensa de la libertad y la democracia y por consiguiente nuestro repudio a todo lo que contribuya a su socavamiento y destrucción, hemos expuesto reiteradamente algunas ideas en las que hoy nos ratificamos.

Hemos dicho, por ejemplo, que Bolivia avanza hacia la instauración de un régimen dictatorial y que lo hace por una doble vía: las acciones gubernamentales, por una parte, y los recurrentes desaciertos de la oposición, por la otra. Y hemos puesto especial énfasis al criticar a una oposición antidemocrática que por los efectos de sus actos se constituye en el principal sostén del totalitarismo en ciernes.

Nos hemos referido también al riesgo de que las pugnas políticas que nos dividen se agraven con la injerencia de fuerzas externas que se proponen hacer del territorio nacional un escenario de enfrentamientos inspirados en fanatismos a cuál más repudiable.

Consideramos que es tan grave el peligro de que eso ocurra, que hemos invocado insistentemente la intervención de organismos internacionales que contribuyan a conjurarlo. Al cuestionar su indiferencia, nos preguntábamos el 26 de abril pasado: “¿Esperan que el asunto se resuelva como en la Argentina de los años 70?”. Nos referíamos al alarmante protagonismo que en el escenario político nacional han adquirido durante los últimos meses personajes que desde uno y otro bando estuvieron profundamente involucrados en esa aciaga etapa de la historia argentina.

En su momento cuestionamos la intervención, bajo la cobertura de Unasur, del abogado argentino Rodolfo Mattarollo a quien se atribuye un activo papel, como fundador y militante activo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el proceso que desembocó en la destrucción de la democracia en su país.

Desgraciadamente, nuestros peores temores se vieron confirmados cuando tras Mattarollo, y a modo de contrarrestar su influencia en Bolivia, se involucraron connotados ex agentes de la represión argentina, los mismos que recurrieron a los más atroces métodos para combatir a las organizaciones de izquierda.

El peligro de que ex guerrilleros y ex militares argentinos –los “carapintadas”-- vengan a Bolivia a saldar sus cuentas pendientes, que unos y otros lo hagan en nombre de la democracia boliviana y de los derechos humanos, y que coincidan en su pretensión de ponernos en el dilema de optar por estar con ellos o contra ellos, es algo que de ningún modo podemos admitir.

Carapintadas y croatas en Bolivia

La magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas

Entre los muchos y diversos hilos que se entrelazan para dar forma al abigarrado entramado que paulatinamente ha comenzado a salir a la luz a partir del asesinato y detención de un grupo de mercenarios en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, hay uno que ya se vislumbra como uno de los más importantes. Se trata de la participación de ex militares argentinos, los conocidos “carapintadas”, en la organización de la oposición violenta al régimen del MAS.

Por ahora es todavía mucha la confusión que rodea el tema. Sin embargo, en medio de ella hay ya algunos elementos que permiten afirmar que se trata de algo más que de una de las artimañas de las que se vale el gobierno para legitimar sus actos. Es que más allá de exageraciones y de los muchos yerros que caracterizan el proceso de investigación, hay razones para temer que algo de verdad hay en las denuncias hechas en ese sentido.

Y no se trata sólo de las declaraciones de uno de los individuos involucrados, aparentemente convertido en un soplón al servicio del gobierno. Además de ellas, hay suficientes indicios de que efectivamente más de un “carapintada” se ha hecho presente en el escenario político boliviano y no precisamente con el afán de promover la defensa de los derechos humanos.

Muy ligado a lo anterior está otro de los hilos cuya punta parece conducir a una maraña que por lo compleja que es no puede aún ser vista en toda su magnitud. Se trata de los posibles vínculos entre los “carapintadas” mencionados y excombatientes de una de las fracciones militares que combatió con las fuerzas croatas en la guerra que asoló los Balcanes.

Esos vínculos, que aparentemente forman parte de la trama que comentamos, tienen una larga historia. Se remontan a principios de los años 90 cuando se produjo un escándalo de alcance mundial a raíz del descubrimiento de un millonario tráfico de armas que involucraba al gobierno de Carlos Saúl Menem, al líder de los “carapintadas” Tcnl. Mohamed Alí Seineldín y a las milicias croatas que combatían en Bosnia.

Como se recordará, el asunto llegó a envolver al ex presidente Jaime Paz Zamora y a las Fuerzas Armadas bolivianas. Es un asunto que seguramente habrá que recordar ahora que hay motivos para sospechar que así de antiguos y enmarañados son los antecedentes del caso.

Hay pues abundantes motivos para suponer que la magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas. Razón más que suficiente para insistir en la necesidad y conveniencia de que en las investigaciones se involucren organismos internacionales. Si hay algo claro, es que ni el oficialismo ni la oposición están a la altura de un caso que trasciende nuestras fronteras.

Los dos pilares del totalitarismo

Sólo cabe esperar que no lleguemos al extremo de confundir la causa de la libertad con la de “carapintadas” y muyahidines asalariados


Hace un mes, el 16 de abril, un día antes de que irrumpa en el escenario político nacional el tema del terrorismo, decíamos en este espacio editorial, bajo el título “El miedo, instrumento del poder”, que había abundantes motivos para temer que el proceso político boliviano, en su incesante marcha hacia la consolidación de un régimen totalitario, estaba a punto de ingresar a una nueva fase que tendría en la utilización del miedo su principal característica.

“El miedo, cuando es inculcado a la sociedad desde las más altas esferas del poder, se constituye en un formidable instrumento de dominación política y control social. Cuando es hábilmente empleado, resulta más efectivo que cualquier instrumento legal”, decíamos. Y agregábamos que “”quien logra infundir miedo se apropia de por lo menos una parte de la voluntad de sus oponentes. Y logra así algo que muy difícilmente conseguiría por otros medios: la autocensura, la pasividad, la sumisión”. Concluíamos afirmando que “identificar el peligro y solidarizarse con las víctimas es tarea urgente para evitar que el miedo se convierta en el principal aliado de las pulsiones totalitarias de quienes gobiernan”.

Paralelamente, en una serie de editoriales que de manera reiterativa se referían al tema, advertíamos sobre el peligro de que las corrientes antidemocráticas de la oposición se constituyan en un factor útil para el avance del totalitarismo, en uno de sus pilares. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo.

En ese contexto, el 5 de abril sosteníamos que una de las principales tareas pendientes de la oposición democrática era marcar con toda claridad sus diferencias con la que optaba por la violencia. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.” Días después lamentábamos que “la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar”.

Ahora, un mes después de que la victoria democrática obtenida en el Congreso fuera neutralizada, revertida y trastocada en un triunfo de quienes de uno y otro lado abonan el terreno del totalitarismo, sólo cabe esperar que no sea demasiado tarde para recuperar los espacios que han sido usurpados por los mercaderes de la muerte. Y que no lleguemos al extremo de confundir la causa de la libertad y la democracia con la de “carapintadas” y muyahidines asalariados.

Un país sumido en la confusión

En medio de tanta confusión, ¿se podrá todavía esperar que la sensatez vuelva a poner las cosas en orden?

Si hubiera que definir con una palabra cuanto está ocurriendo en la Bolivia de hoy, probablemente “confusión” sería la más adecuada. Es que todos los factores que usualmente dan alguna coherencia a los acontecimientos y a las ideas han comenzado a diluirse dando lugar a una caótica mezcla en la que todos los límites se hacen difusos.

“Confusión”, según el Diccionario de la Real Academia Española, tiene varias acepciones. Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo, equivocación, error, abatimiento, humillación, afrenta, ignominia, son algunas de ellas. También se refiere a la “acción y efecto de mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse”. Finalmente, se define como “perturbar, desordenar las cosas o los ánimos”.

Eso exactamente es lo que está ocurriendo en nuestro país. No podía ser de otro modo cuando en el escenario político irrumpen en calidad de protagonistas individuos cuyo perfil ideológico y prontuario militar van desde su entrenamiento en los servicios de inteligencia del extinto régimen soviético hasta organizaciones inspiradas en el fundamentalismo islámico, pasando por el Opus Dei y logias que a sí mismas se asumen como simpatizantes del Tercer Reich.

Cuando amigos íntimos de personajes como Ilich “el Chacal” Ramírez son tan bien acogidos por líderes de la oposición boliviana; cuando organizaciones supuestamente defensoras de los Derechos Humanos de derecha los defienden como si de paladines de la libertad se tratara, y cuando las de izquierda dan por bien hecho su asesinato, lo menos que puede decirse es que estamos en medio de una enorme confusión.

Si tan alucinante mezcolanza (mezcla extraña y confusa, y algunas veces ridícula según el DRAE) afectara sólo a las mentes desquiciadas de unos cuantos individuos, el asunto podría ser dejado en manos de psicólogos o psiquiatras. Pero ocurre que es todo un país, con su gobierno y sus opositores incluidos, el que se sume en el marasmo.

Tampoco sería tan grave el asunto si las consecuencias de tanto extravío se limitaran a los delirios ideológicos, a las angustias existenciales de individuos que buscan una causa en la que creer con suficiente fe para liberarse de la necesidad de pensar. Lo terrible es que todas las ideologías involucradas, más allá de sus diferencias, tienen un elemento en común: la creencia en que bien vale la pena morir y matar por ellas.

Así, terminan encontrándose en un mismo campo de batalla, que para desgracia nuestra es nuestro país, ex combatientes de la guerra sucia argentina, de las matanzas balcánicas, de las guerras que en nombre de fanatismos anegan en sangre regiones íntegras del planeta.

En medio de tanta confusión, ¿se podrá todavía esperar que la sensatez vuelva a poner las cosas en orden?

Investigaciones mal encaminadas

Está tan mal encaminado el caso del supuesto terrorismo, que da abundantes motivos para los malos augurios


Hace tres semanas, cuando un tras un operativo policial que culminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos, el gobierno anunció que sus servicios de inteligencia habían logrado dar con una peligrosa organización terrorista, fueron muchas las voces que se sumaron a un llamado para que el caso sea afrontado con la seriedad debida. Se recomendó, además que por sus previsibles consecuencias, el caso sea puesto bajo mirada de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Interpol.

Ante esa posibilidad, el gobierno adoptó desde el primer momento una actitud ambigua. El presidente Morales se mostró plenamente dispuesto a aceptar esa propuesta, pero muy poco después fue desmentido por el Vicepresidente quien negó esa posibilidad y finalmente impuso su criterio. La oposición, por su parte, como ya es habitual, nunca atinó a fijar una posición clara y firme sobre el tema.

Ahora, tres semanas después, todo indica que fue un muy grave error no haber insistido, por todos los medios, en solicitar una intervención externa pues el asunto está muy mal encaminado. El gobierno, la fiscalía, la Policía, la comisión parlamentaria, y todos quienes de una u otra manera se han involucrado en el asunto han tenido ya el tiempo suficiente para poner a prueba su capacidad para resolver buenamente el embrollo y el resultado es aún peor de lo que temían las más pesimistas previsiones.

Son tantas y tan bien fundamentadas las dudas que pesan sobre la idoneidad de los investigadores y juzgadores del caso que ya nadie puede tomar en serio sus informes. Las contradicciones, las acusaciones temerarias, la falta de pruebas que las respalden son, entre otras, las características principales del modo como están siendo conducidas las investigaciones. Es por ello previsible que cuando llegue el momento de las conclusiones y las consecuencias, abundarán los motivos para rechazarlas.

Y como si no fueran suficientes todos los antecedentes que desde un principio enturbiaron las investigaciones --entre los que se destaca el papelón que hizo el Ministro de Gobierno, quien desde entonces guarda un elocuente silencio--, ahora es el fiscal Marcelo Sosa quien con cada una de sus intervenciones sólo logra multiplicar las dudas y las sospechas que pesan sobre su rectitud y su idoneidad profesional.

El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios.

Preguntas ineludibles

¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con su deber?

¿Qué habría pasado si la “eficiencia” de los agentes del Ministerio de Gobierno hubiera llegado al extremo de sorprender “in fraganti”, en pleno juego de “airsoft”, a quienes practican ese deporte? ¿Qué habría pasado si al mando de ese operativo hubiera estado el Ministro Alfredo Rada, seguro como estaba de haber identificado a un peligroso escuadrón de terroristas, magnicidas y separatistas fuertemente armados?

La respuesta se puede deducir a la luz de la “doctrina de seguridad nacional” que guía los actos gubernamentales en su lucha contra los “enemigos internos”. Se habría, muy probablemente, aplicado el mismo método que en el Hotel Las Américas. Es decir, los “terroristas” habrían sido acribillados. Sus cadáveres expuestos como trofeos de guerra. Y si hubiera habido sobrevivientes, habrían sido llevados a La Paz, conducidos a una mazmorra, torturados para arrancarles alguna confesión y, con algo de suerte, encarcelados. Se les habría además privado del derecho a la defensa pues, como dijo Evo Morales: “¿Cómo semejante gente (…) va a ser defendida?”

Tan horrorosa posibilidad no es fruto de una torcida imaginación, Es lo que se puede esperar de un régimen que a través del Presidente en ejercicio anunció su decisión de ser “inmisericorde e implacable”. “No vamos a ser clementes”, ha dicho García Linera, y para que nadie dude de sus palabras cuenta para respaldarlas con las imágenes de tres cadáveres de supuestos terroristas y con las de los cuerpos apaleados de los prisioneros.

¿Qué esa manera de proceder es ilegal? “No importa… le metemos no más”. Para eso el gobierno cuenta con un batallón de abogados que para eludir “el estorbo” que son las leyes han estudiado.

Nada de lo anterior excluye, por supuesto, la posibilidad de que algunas de las hipótesis que esgrime el gobierno tengan algo de verdad. No sería raro que el “airsoft” esté siendo utilizado en Bolivia, como en otras partes del mundo, como una coartada y como un método de entrenamiento de paramilitares y mercenarios. Pero para afrontar esa sospecha hay métodos más civilizados que los que son propios de la guerra sucia.

Ni esa posibilidad ni nada justifica que se recurra a la ejecución sumaria de los sospechosos, a la tortura, a encarcelamientos fuera de los procedimientos legales. Esas prácticas sólo pueden ser calificadas como terrorismo de Estado.

Ante tan gravísima situación, la sociedad boliviana está indefensa. Y está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol? ¿Esperan que el asunto se resuelva como en la Argentina de los años 70?

La dimensión internacional del terrorismo

Los organismos internacionales no deben soslayar su obligación de intervenir en el caso boliviano

A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.

Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.

Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.

La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.

Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.

Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.

Urgente intervención externa

Siendo tantas las dudas y suspicacias, la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción


En medio de la enorme confusión y del mar de dudas y suspicacias que rodean el caso de la supuesta banda de terroristas que según el gobierno fue identificada por los servicios de inteligencia del Estado, hay algunos elementos de juicio que están más allá de toda incertidumbre.

Uno de ellos, el principal, es que estamos ante un caso cuya gravedad no puede ser minimizada por nadie. Sea cual fuere el verdadero trasfondo del asunto, nada de lo que sin duda saldrá a luz durante los próximos días podrá atenuar el hecho de que estamos ante un reto que debe unir en una reacción de repudio compartido a todos los bolivianos.

El terrorismo, sea cual fuere la causa en cuyo nombre actúe, obliga a llevar a un plano secundario cualquier diferencia ideológica que separe a quienes desde diferentes posiciones políticas valoran por sobre todas las cosas la necesidad de preservar la convivencia pacífica y civilizada.

Tanto en las filas del oficialismo como en las de la oposición hay quienes no están dispuestos a permitir que las pugnas políticas salgan de los límites impuestos por la legalidad democrática. Y también, desgraciadamente, hay en ambos polos quienes desprecian esos límites y se adhieren a la posibilidad de que las luchas se lleven al escenario de la violencia.

Por ello, un primer punto de coincidencia ante el fenómeno que nos ocupa debe ser reforzar los puntos de coincidencia entre quienes en uno y otro lado ponen en un lugar privilegiado de su escala de valores el rechazo a cualquier forma de violencia.

Un segundo factor que está claro es que estamos ante un hecho cuya importancia que trasciende los límites de la política interna. Al estar involucrados ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones de alcance internacional, resulta necesario que en las investigaciones se involucren organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también de carácter internacional.

Un primer paso en esa dirección ha sido dado por el Presidente Evo Morales. Ha sido él quien ha propuesto esa vía y esa iniciativa debe ser respaldada por la oposición democrática, esa que tiene, además, la obligación de deslindar cualquier posible vínculo con quienes se muestren proclives a justificar cualquier acto delictivo.

Siendo tantas las dudas que se ciernen sobre la manera como el gobierno ha encarado el asunto, y tan grande la demanda de la ciudadanía de que se actúe con un máximo de transparencia y objetividad, la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción. De otro modo, el riesgo de que el escenario democrático en el que tantas esperanzas aún se depositan resulte desplazado por una exacerbación de la beligerancia, será demasiado alto. Y eso es algo que no nos podemos permitir.

Miedo, terrorismo y confusión

Impedir que el miedo se apodere de la voluntad colectiva es el principal desafío que ahora tiene la sociedad boliviana

El jueves recién pasado, antes de que se produzca la matanza de supuestos terroristas en Santa Cruz, en este mismo espacio editorial, bajo el título: “El miedo, instrumento del poder”, llamábamos la atención sobre abundantes indicios según los cuales el gobierno del Movimiento al Socialismo, a través de sus brazos operativos, comenzó a recurrir a al miedo como un instrumento muy eficiente para alcanzar algunos de sus principales objetivos.

Decíamos miedo y no terror porque, siendo rigurosos con el uso de los términos, nos parece que entre uno y otro concepto hay una diferencia de grado que, aunque parezca pequeña, no debe ser perdida de vista si no se quiere banalizar un fenómeno que merece ser abordado con la mayor seriedad. Es que el término “terrorismo”, por lo mucho que implica, suele llevar a confusiones que dificultan la comprensión del tema.

Y eso, precisamente, es lo que está ocurriendo en nuestro país. La confusión ha sido introducida como el elemento central de un fenómeno que tiene en el estado de incertidumbre colectiva que produce uno de sus principales atributos. Se puede pues decir que sean quienes fueren los que mueven los hilos de la trama de que estamos siendo testigos, han logrado un primer objetivo: confundir a la sociedad y así anular, por lo menos temporalmente, cualquier posible reacción.

Hay, sin embargo, en medio de la confusión reinante, algunos elementos que están más allá de toda duda. Uno de ellos es que ya antes del “caso Las Américas” había motivos para sospechar que el miedo estaba siendo introducido como un instrumento de la acción política gubernamental. Ese es un dato fehaciente que puede ser corroborado con abundantes ejemplos.

Un segundo factor que contribuye a la confusión reinante es que también en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática, lo que da un toque de verosimilitud a las versiones gubernamentales. El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias.

A pesar de ello, son más las razones que inducen a la duda que a la credibilidad cuando de juzgar la versión gubernamental sobre el caso que nos ocupa se trata. Es que son demasiadas las incongruencias que ésta tiene y los antecedentes dan pie a poner en cuestión el verdadero rol que el oficialismo juega en tan complejo entramado.

De cualquier modo, si hay algo que debe quedar muy por encima de cualquier otra consideración es la necesidad de que toda la sociedad active todos sus recursos de defensa para impedir que el miedo se apodere de la voluntad colectiva.

El miedo, instrumento del poder

Evitar que el miedo se convierta en el principal aliado de las pulsiones totalitarias de quienes gobiernan es un deber de todos

Los diferentes regímenes políticos, según cuál sea su naturaleza, se erigen sobre pilares también diferentes. La libertad, la independencia de poderes, la igualdad de la ciudadanía son algunos de los que sostienen a los regímenes republicanos. Los totalitarios, en cambio, requieren otros fundamentos. Entre ellos, hay uno principal: el miedo.

El miedo, cuando es inculcado a la sociedad desde las más altas esferas del poder, se constituye en un formidable instrumento de dominación política y control social. Cuando es hábilmente empleado, resulta más efectivo que cualquier instrumento legal.

Eso es algo que saben bien los arquitectos de regímenes totalitarios. Por eso recurren a las amenazas, a los ataques, al acoso y a la persecución de sus oponentes. Atemorizar a quienes los incomodan es un método fácil, barato y muy efectivo para alcanzar sus objetivos, pues impulsa a sus víctimas a actuar de determinada manera para librarse de la amenaza y la ansiedad que ésta produce.

Quien logra infundir miedo se apropia de por lo menos una parte de la voluntad de sus oponentes. Y logra así algo que muy difícilmente conseguiría por otros medios: la autocensura, la pasividad, la sumisión.

Los regímenes totalitarios, los que aspiran a obtener y conservar el poder total, se sostienen sobre tres pilares fundamentales: la capacidad de que lo ejerce de distribuir premios a sus súbditos leales, castigos a quienes no lo son, y modificar las creencias, sentimientos y valores de unos y otros.

Lo que está pasando en Bolivia tiene mucho que ver con esa manera de ejercer el poder. La generosidad con que se distribuyen prebendas, cargos públicos, contratos para proveer bienes y servicios al Estado, es un ejemplo. Otro, es el caso de la expropiación de la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas y actos similares de los que fueron víctimas otros líderes menos conocidos en el altiplano paceño.

Otro caso igualmente elocuente es el de un comunicador social de El Alto quien fue conminado a renunciar a su labor periodística por no ser ésta del agrado de los dirigentes de los “movimientos sociales”. Al principio se resistió, pero ante el miedo ocasionado por las amenazas hechas ya no sólo contra él sino contra su familia, terminó cediendo. No es un caso excepcional; hay muchos otros que pasan desapercibidos.

Las amenazas que durante los últimos días han recibido periodistas de La Prensa y el atentado terrorista en la vivienda del Cardenal Julio Terrazas, son otros ejemplos de un método de acción política ante el que no hay ley que valga. Identificar el peligro y solidarizarse con las víctimas es pues tarea urgente para evitar que el miedo se convierta en el principal aliado de las pulsiones totalitarias de quienes gobiernan.