El presidente y el fútbol

Hace falta recomendar al Presidente Morales, y a sus más estrechos colaboradores, que midan con más cuidado sus palabras

Cuando el 1 de abril pasado la selección boliviana de fútbol propinó a su similar argentina una contundente goleada, todos bolivianos nos sentimos sacudidos por una ola de alegría compartida. Más de quince años después de la serie de triunfos que nos condujeron al mundial de 1994, nuestra selección volvió a reforzar nuestros lazos de identidad colectiva.

Ese día, el fútbol volvió a mostrar que es una de las pocas cosas, si no la única, que nos une a los bolivianos por encima y a pesar de regionalismos, diferencias ideológicas, creencias religiosas o de cualquier otra índole.

Ese día, todos nos sentimos agradecidos por la alegría que nos dieron los jugadores que nos representaron. Nos identificamos con los colores de nuestra selección y miles de banderas tricolores cubrieron de rojo, amarillo y verde las principales calles y avenidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Ese día, se abrazaron cambas y collas, oficialistas y opositores. Aunque haya sido sólo un paréntesis, sirvió para recuperar la esperanza en la posibilidad de recuperar la por ahora tan maltrecha unidad nacional.

Ese día, todos los bolivianos nos reconciliamos con Bolivia. En realidad, no todos, pues ahora sabemos que había una excepción. Un boliviano que a diferencia de los demás, lamentó el triunfo de nuestra selección; que habría preferido que Argentina gane ese partido. Ese boliviano es nada menos que el Presidente del “Estado Plurinacional”.

A primera vista, las palabras de Evo Morales podrían ser vistas sólo como una más de las muchas declaraciones anecdóticas que hace con excesiva frecuencia, las mismas que suelen motivar sonrisas burlonas tanto en nuestro país como en el exterior. Podría, por eso, no dárseles más importancia que las que merece un exabrupto.

Sin embargo, por lo importante que es el tema para la sensibilidad colectiva, vale la pena detenerse en él y no dejarlo pasar como un simple desliz. Precisamente porque es un asunto que por su propia naturaleza está libre de cualquier sospecha de apasionamiento político, hace buena la ocasión para recomendar al Presidente Morales, y a sus más estrechos colaboradores, que midan con más cuidado sus palabras.

No es difícil imaginar el malestar que las declaraciones de Morales habrán ocasionado en el ánimo no sólo de los jugadores de nuestra selección, sino el de todos los bolivianos que con razón se sintieron traicionados por tan desafortunadas palabras presidenciales.

Vale la pena insistir en ello porque no es nada positivo para la imagen presidencial y mucho menos para la de nuestro país, que se tome tan a la ligera uno de los pocos factores todavía capaces de mover las fibras del orgullo nacional, de la identidad colectiva.

La democracia abandonada

El sistema democrático está quedando abandonado por la inexistencia de una oposición democrática capaz de asumir su rol

Mientras la atención de todo el país se concentra en el tema del terrorismo tratando de discernir entre los elementos de ficción y realidad que éste tiene, no hay quién se ocupe del proceso que nos debe conducir a las elecciones de diciembre.

La Corte Nacional Electoral, ante la indiferencia colectiva, hace cuanto puede para llevar a cabo la enorme tarea que se le ha asignado. Y lo hace en condiciones sumamente adversas pues, como se sabe, ni siquiera cuenta con el número de vocales necesario para su labor se desarrolle con la eficiencia que sería de esperar.

Pese a ello, ha citado a las organizaciones políticas con personería jurídica para que cumplan con la obligación que tienen de hacer el seguimiento técnico a la conformación e implementación del padrón electoral biométrico y otros aspectos relativos a los procesos electorales de diciembre. Ha solicitado además que el Congreso Nacional conforme una comisión de alto nivel, pero los parlamentarios prefieren disputarse el rol de sabuesos a la caza de terroristas.

La convocatoria de la CNE está especialmente dirigida a los partidos políticos. Y ahí es donde se presenta el primer problema pues, con excepción del MAS, no hay en Bolivia partidos capaces de participar activa y eficazmente en el proceso, lo que dice mucho de la salud de nuestra institucionalidad democrática.

De los partidos con personería vigente, que son trece, (MAS, MSM, MNR, ADN, UCS, PDC, FRI, UN, AS, Muspa, BSD, PPB y Pulso), y las dos agrupaciones ciudadanas (Alianza Siglo XXI y CN), la inmensa mayoría no son más que cascarones vacíos, siglas sin ningún contenido.

Además de ellos, hay cuatro cuya personería está en trámite: Nueva Alianza Plurinacional Occidente y Oriente (Apoyo), Movimiento de Izquierda Nueva Social Democrática (MIR-Nueva SD); Movimiento de la Mayoría Silenciosa (M-SI), y Partido Verde de Bolivia (PVB). Nada indica que alguno de ellos esté a la altura de los retos que plantea la confrontación democrática.

Para colmo, ninguna de las fracciones en que se dividió la que era la principal fuerza de la oposición, Podemos, tiene personería vigente. Es decir, está inhabilitada para ser protagonista del proceso de vigilancia y control del proceso pre electoral, a no ser que se presten una sigla en desuso.

El sistema democrático está quedando sin bases que lo sustenten. No existe una oposición democrática digna de tal nombre y el tiempo corre en contra de la posibilidad de que tan grande vacío sea llenado.

Así, mientras la democracia languidece víctima de la ineptitud de quienes tendrían que ser sus protagonistas, el terreno queda despejado para la violencia, la arbitrariedad y la ilegalidad. En tales condiciones, los previsibles quejidos lastimeros de la oposición, cuando vuelva a fracasar, no merecerán ser atendidos.

Padrón biométrico e identidad ciudadana

La propuesta de fusionar el Padrón Biométrico con una refundación del Servicio Nacional de Identificación merece ser apoyada por todos

El presidente de lo que fue la Corte Nacional Electoral, hoy Órgano Electoral, ha hecho una propuesta que bien merece ser tomada en cuenta y respaldada con todo vigor. Se trata de que el Padrón Biométrico que será construido para las elecciones generales del 6 de diciembre, sea al mismo tiempo la base de datos de un nuevo Servicio Nacional de Identificación, que remplace el obsoleto y corrompido sistema de identificación personal.

Es muy oportuna la propuesta, pues si algo equivocado hubo en la manera como durante los últimos meses fue abordado el tema de las sospechas de fraude es que la atención se dirigió a una de las consecuencias, y no a la causa, de la poca credibilidad que merece el actual padrón electoral.

El tema es, como lo saben quienes se preocupan por él más allá de las mezquindades de la pugna política cotidiana, algo que merece ser tratado con más seriedad, sin atribuirlo a la buena o mala voluntad de quien circunstancialmente preside el Órgano Electoral.

La verdadera dimensión del problema es tan grande que hace ya más de veinte años, a fines de los años 80, expertos en el tema vieron con alarma lo mal que estaba y --sigue estando— el sistema boliviano de registro civil e identificación personal. Por eso recomendaron hacer algo radical al respecto y países amigos, como España, y el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyeron con multimillonarios financiamientos a diversos programas de modernización. Así se implementó el Registro Único Nacional, primero, y el Registro de Identificación Nacional, después.

El primero de ellos, el RUN, fue ejecutado durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Desgraciadamente, el MIR lo vio como una oportunidad para sacarle rédito electoral y lo desvirtuó de tal modo el gobierno del MNR, a partir de 1993, propuso hacer todo de nuevo e incurrió en la misma tentación ante los comicios de 1997. Durante el gobierno de Banzer, ADN siguió los pasos de sus antecesores. Le cambio el nombre a Registro de Identificación Nacional (RIN) y lo convirtió en un cadáver tan putrefacto como el viejo sistema de identificación que se tenía que remplazar.

Así, entre las muchas culpas que pesan sobre las espaldas de los tres principales partidos políticos que gobernaron Bolivia durante los últimos 25 años, la inexistencia de un sistema confiable de identificación personal es una de las mayores. Resulta por eso tan injusto como absurdo que ese tema sea hoy utilizado como pretexto para que sus herederos justifiquen sus fracasos en las lides democráticas.

Es verdad que, como antes lo hizo el MIR, primero, y el MNR y ADN después, es grande el riesgo de que el MAS pretenda poner el nuevo sistema a su servicio. Pero es un riesgo que bien vale la pena correr pues la otra alternativa, seguir como hasta ahora, es muchísimo peor.

Represión en las propias filas

Los masistas también tendrán, como los opositores, que aprender a vivir bajo el signo del miedo. Y no podrán decir que no se les advirtió

Como ya es habitual cada que tienen que tomar decisiones importantes, durante el pasado fin de semana los dirigentes de las organizaciones sociales que apoyan al Movimiento al Socialismo se reunieron en Cochabamba para definir un plan de acción para el futuro inmediato.

Por lo que se sabe, fueron tres los temas que fueron abordados: la proclamación del binomio Morales –García Linera, un plan para agilizar la distribución masiva de cédulas de identidad entre los potenciales adherentes al binomio recién proclamado, y la adopción de drásticas medidas para detener las disidencias y las pugnas internas que están socavando las bases del partido gubernamental.

El objetivo del primer punto, evidentemente, fue cortar de raíz un asunto que podía crecer peligrosamente. Ahora, ya nadie podrá considerar siquiera la posibilidad de que sea otro, y mucho menos otra, quien ocupe el lugar de García Linera en la fórmula oficialista.

El segundo tema fue abordado con una claridad que hace innecesaria cualquier interpretación. “Ya me ha presentado un nuevo plan la Policía, para dotar de identificación a la gente...”, ha dicho Morales, lo que dados los antecedentes permite suponer que pronto las casas de campaña del MAS volverán a bullir de actividad.

Pero lo más importante, dadas las múltiples fisuras que han comenzado a hacerse visibles en la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo y sus “movimientos sociales”, fue la decisión de adoptar muy drásticas medidas para frenar en seco las deserciones.

Es comprensible la inquietud que el tema ocasiona en las filas masistas, pues con cada día que pasa aumentan las manifestaciones de malestar entre importantes líderes y organizaciones sociales que consideran que el “proceso de cambio” está degenerando de un modo que ya les parece intolerable.

Ante tan grave problema, la élite burocrática que se apoderó de la conducción del MAS, con el apoyo de los dirigentes que les son leales, como el empresario del transporte Fidel Surco, o el “indígena originario campesino” Isaac Ávalos, han instruido a sus bases que se encarguen de disuadir a potenciales nuevos desertores, mediante la aplicación del “control social”.

¿A qué se refieren con “control social”? Román Loayza lo sabe muy bien pues, como lo destacábamos en este espacio editorial el 10 de diciembre del año pasado, ya estuvo a punto de ser linchado, acusado de traidor, durante la realización de un ampliado de “organizaciones sociales” que se realizaba en El Alto.

Los masistas también tendrán, como los opositores, que aprender a vivir bajo el signo del miedo. Si caen bajo la sospecha de ser poco sumisos, y por lo tanto potenciales disidentes, el “control social” se encargará de darles su merecido. Y no podrán decir que no se les advirtió.

Preguntas ineludibles

¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con su deber?

¿Qué habría pasado si la “eficiencia” de los agentes del Ministerio de Gobierno hubiera llegado al extremo de sorprender “in fraganti”, en pleno juego de “airsoft”, a quienes practican ese deporte? ¿Qué habría pasado si al mando de ese operativo hubiera estado el Ministro Alfredo Rada, seguro como estaba de haber identificado a un peligroso escuadrón de terroristas, magnicidas y separatistas fuertemente armados?

La respuesta se puede deducir a la luz de la “doctrina de seguridad nacional” que guía los actos gubernamentales en su lucha contra los “enemigos internos”. Se habría, muy probablemente, aplicado el mismo método que en el Hotel Las Américas. Es decir, los “terroristas” habrían sido acribillados. Sus cadáveres expuestos como trofeos de guerra. Y si hubiera habido sobrevivientes, habrían sido llevados a La Paz, conducidos a una mazmorra, torturados para arrancarles alguna confesión y, con algo de suerte, encarcelados. Se les habría además privado del derecho a la defensa pues, como dijo Evo Morales: “¿Cómo semejante gente (…) va a ser defendida?”

Tan horrorosa posibilidad no es fruto de una torcida imaginación, Es lo que se puede esperar de un régimen que a través del Presidente en ejercicio anunció su decisión de ser “inmisericorde e implacable”. “No vamos a ser clementes”, ha dicho García Linera, y para que nadie dude de sus palabras cuenta para respaldarlas con las imágenes de tres cadáveres de supuestos terroristas y con las de los cuerpos apaleados de los prisioneros.

¿Qué esa manera de proceder es ilegal? “No importa… le metemos no más”. Para eso el gobierno cuenta con un batallón de abogados que para eludir “el estorbo” que son las leyes han estudiado.

Nada de lo anterior excluye, por supuesto, la posibilidad de que algunas de las hipótesis que esgrime el gobierno tengan algo de verdad. No sería raro que el “airsoft” esté siendo utilizado en Bolivia, como en otras partes del mundo, como una coartada y como un método de entrenamiento de paramilitares y mercenarios. Pero para afrontar esa sospecha hay métodos más civilizados que los que son propios de la guerra sucia.

Ni esa posibilidad ni nada justifica que se recurra a la ejecución sumaria de los sospechosos, a la tortura, a encarcelamientos fuera de los procedimientos legales. Esas prácticas sólo pueden ser calificadas como terrorismo de Estado.

Ante tan gravísima situación, la sociedad boliviana está indefensa. Y está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol? ¿Esperan que el asunto se resuelva como en la Argentina de los años 70?

Cortinas de humo y agenda informativa

Hay muchos temas que volverán a ser motivo de preocupación cuando se despejen las densas cortinas de humo que por ahora los velan

Entre las muchísimas consecuencias negativas que traen consigo los brotes de violencia, reales o imaginarios, promovidos por el oficialismo o por la oposición, hay uno que es fácilmente verificable si se analiza el contenido informativo de los medios de comunicación. Es que acaparan la atención y condenan al olvido a otros temas menos espectaculares pero de mucha mayor importancia para el futuro de nuestro país.

Como es fácil comprobar, desde que con extraordinaria habilidad el gobierno puso en primer plano el supuesto complot contra la vida de Evo Morales y el desbaratamiento de una supuesta organización terrorista, ya nadie se acordó del caso YPFB-Catler, ni de los ataques contra periodistas y ONG en El Alto, ni los múltiples casos sobre los que pende la sospecha de multimillonarios negociados. Ya nadie se preocupó por analizar las hondas consecuencias que para el MAS ocasionó su reciente derrota en el principal escenario democrático de nuestro país, entre muchos otros ejemplos.

Sin embargo, el que reciban menos atención de la que merecen no significa que esos temas hayan dejado de ser importantes, por lo que sin duda volverán a ser motivo de preocupación cuando se despejen las densas cortinas de humo que por ahora los velan.

Uno de ellos es el relativo a las enormes grietas que se están abriendo en la estructura económica de nuestro país. Las cifras hacen prever días muy difíciles, lo que pondrá al gobierno ante dificultades muy superiores a sus posibilidades de hacerles frente. El pavor que esa perspectiva causa en filas oficialistas es una de las razones que explica el afán con que busca dedicar su atención, y llevar la de la opinión pública, a otros escenarios.

Si no tuviera con qué distraer a la opinión pública, el gobierno estaría en muy serias dificultades, por ejemplo, para explicar cómo se propone contrarrestar los efectos de la caída de las exportaciones de gas natural, que en el primer trimestre de este año cayeron en 205 millones de dólares en relación a similar período del año anterior. Y más difícil aún: cómo revertirá una de las causas de ese descalabro, que es la manera sistemática como destruyó la cadena productiva de los hidrocarburos.

Bueno sería que con el mismo entusiasmo con que se dedica a buscar supuestos magnicidas, el gobierno dé muestras de que le preocupa por lo menos un poco otros asuntos, como la velocidad a la que se extiende por todo su organismo el cáncer de la corrupción, o el desparpajo e impunidad con que muchos de sus miembros carcomen las bases de su propio régimen.

Sin embargo, hay que reconocerlo, lo mismo se debe pedir a los medios de comunicación y a las fuerzas de la oposición que con excesiva facilidad dejan que sea el gobierno quien defina su agenda de prioridades.

Galeano, Chávez, Obama y la coca

Para Galeano la coca es una droga. Una droga letal, cuyo consumo masivo no era permitido por los incas y fue cruelmente difundido por los españoles

La V Cumbre de las Américas que tuvo lugar hace unos días en Trinidad y Tobago, ha marcado un hito en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pero no “por las descargas de artillería ideológica” que con tono beligerante anunció Hugo Chávez en los días previos, sino por los gestos de docilidad que el mandatario venezolano expuso dejando pasmados incluso a sus aliados del Alba, a los que dejó con las ganas de verlo liderar una ofensiva verbal contra “el imperialismo estadounidense”.

Muy lejos de ello, Chávez agachó la cabeza y dejó a Daniel Ortega la bochornosa tarea de aburrir a la audiencia con un larguísimo discurso plagado de los insustanciales lugares comunes tan propios de la vieja izquierda latinoamericana del siglo pasado.

A lo más que se atrevió Chávez fue a regalar un ejemplar en inglés de “Las venas abiertas de América Latina”, un libro escrito hace casi cuarenta años por el inglés-uruguayo Edward Hughes, quien se hizo famoso con su nombre castellanizado y su apellido materno: Eduardo Galeano.

El libro en cuestión es, sin duda, uno de los que más influyó en la mentalidad de varias generaciones de jóvenes latinoamericanos cuyas almas fueron envenenadas con el victimismo y el resentimiento llevados a su máxima expresión. Con su obra, Galeano logró dar al mito del Buen Salvaje un aspecto de seriedad e hizo del quejido lastimero la principal doctrina de la izquierda latinoamericana.

Hay, sin embargo, en la obra que durante los últimos días se ha convertido un best seller en las librerías estadounidenses, un capítulo que resulta de lo más inconveniente para una de las principales causas del gobierno boliviano. Se trata del referido a la coca y el funesto papel que le atribuye como instrumento de dominación de los indígenas.

Para Galeano no hay lugar a dudas. La coca es una droga. Y una droga letal. Una droga que mata a quienes la consumen, y que fue cruelmente utilizada por los españoles –y sigue siendo usada-- para reducir a los indios a la abyección.

El autor de “Las venas…” considera que una de las muestras de la sabiduría que les atribuye a los incas fue no permitir el consumo de la coca excepto para fines rituales. Todo lo contrario de lo que hicieron los españoles, quienes al descubrir la utilidad de la hoja para mantener drogados a los indígenas masificaron su consumo para explotarlos y someterlos mejor. “Los indios compraban hojas de coca en lugar de comida al precio de abreviar la propia vida”, afirma y añade con santa indignación: “A esta altura del siglo veinte, los indígenas de Potosí continúan masticando coca para matar el hambre y matarse”.

Ahora que el gobierno boliviano se propone impulsar una campaña internacional para que la coca deje de ser considerada como una droga, flaco favor le hizo Chávez al poner en manos de Obama uno de los más furiosos alegatos que contra la coca se haya escrito.

Oposición violenta vs. oposición democrática

Se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos en sí mismos repudiables

Durante los últimos meses, pero con especial énfasis durante las últimas semanas, ha habido un tema que ha sido abordado de manera recurrente en este espacio editorial. Es el relativo a la urgente necesidad de que en Bolivia se sienten las bases de una oposición democrática alrededor de un mínimo de ideas y objetivos compartidos, una oposición capaz de actuar eficientemente en los escenarios de la democracia.

Entre los ejes articuladores de esa oposición democrática, dijimos una y otra vez, hay uno imprescindible: que cualquier iniciativa se enmarque dentro los límites de la legalidad. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo pasado.

Más adelante, el domingo 5 de abril, al comentar la iniciativa de formar un Frente Amplio de oposición, decíamos que era necesario que las diversas corrientes “confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina”. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.”

También decíamos, hace algunos días, que “en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática”. “El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias”, agregábamos.

Desgraciadamente, como ahora se ve, el costo político que la oposición democrática deberá pagar por no haber hecho lo suficiente para que su apego a la legalidad quede más allá de toda duda, será demasiado alto. Se ha abierto la posibilidad de que justos paguen por pecadores, con lo que una vez más se confirma que el principal aliado de cualquier totalitarismo es la tentación de recurrir a métodos de acción política tan repudiables como los que se critica cuando provienen del polo opuesto.

Quienes carecen de los principios, los valores y las ideas inherentes a la convivencia civilizada; quienes por no ser capaces de lidiar en los escenarios de la democracia optan por las vías de la violencia, no pueden ser considerados aliados de quienes sí creen, a pesar de todo, en la necesidad y conveniencia de mantener las pugnas políticas dentro los límites de la legalidad.

La dimensión internacional del terrorismo

Los organismos internacionales no deben soslayar su obligación de intervenir en el caso boliviano

A medida que las horas y los días pasan, la confusión y las dudas acerca de la supuesta organización terrorista que habría estado operando en Bolivia, lejos de disminuir, no hacen más que aumentar. El gobierno no ha respaldado con pruebas las gravísimas acusaciones hechas contra empresarios e instituciones de Santa Cruz, y tampoco ha despejado la sospecha de que las versiones oficiales no reflejan la verdad de los hechos.

Los días transcurridos tampoco han sido suficientes para que la propuesta que hizo Evo Morales durante la Cumbre de las Américas, poniendo al mundo como testigo, en sentido de promover la intervención de organismos internacionales en la investigación de los hechos, se haga realidad. Muy por el contrario, el Vicepresidente lo ha desmentido al afirmar que el caso será asumido sólo por investigadores bolivianos.

Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el caso ha dejado ya de ser un asunto de política interna. Los gobiernos de Hungría e Irlanda se han pronunciado exigiendo pruebas de la supuesta participación en actos delictivos de ciudadanos de ambos países y el Embajador de Croacia en Lima, según informa el Canciller Choquehuanca, ha hecho lo mismo. Piden también, con toda razón, que se aclaren las circunstancias en que fueron ultimados sus súbditos.

La respuesta que Evo Morales dio a las demandas planteadas por los representantes de los tres países que tienen súbditos involucrados en el caso ha sido la peor de las posibles. Desconociendo las más elementales normas de la diplomacia, con una torpeza que lo deja muy mal parado a él mismo y a su gobierno, ha tenido la osadía de negarse a atender las solicitudes y ha insinuado que los gobiernos de Hungría, Croacia e Irlanda podrían ser nada menos que los autores intelectuales de los supuestos atentados contra la democracia y contra su vida.

Más aún: ha dejado al descubierto su peculiar manera de comprender lo que son los derechos humanos y el respeto a los procedimientos universalmente reconocidos como imprescindibles en casos como éste. “Cómo semejante gente (…) va a ser defendida. Es muy grave, yo puedo pensar que ellos entonces son los que han mandado acá a atentar contra la democracia”, ha dicho. La contundencia de tal frase sin duda traerá muy serias consecuencias cuando llegue el momento de aclarar la forma como se mató a los supuestos terroristas.

Con esos antecedentes, sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional.

Urgente intervención externa

Siendo tantas las dudas y suspicacias, la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción


En medio de la enorme confusión y del mar de dudas y suspicacias que rodean el caso de la supuesta banda de terroristas que según el gobierno fue identificada por los servicios de inteligencia del Estado, hay algunos elementos de juicio que están más allá de toda incertidumbre.

Uno de ellos, el principal, es que estamos ante un caso cuya gravedad no puede ser minimizada por nadie. Sea cual fuere el verdadero trasfondo del asunto, nada de lo que sin duda saldrá a luz durante los próximos días podrá atenuar el hecho de que estamos ante un reto que debe unir en una reacción de repudio compartido a todos los bolivianos.

El terrorismo, sea cual fuere la causa en cuyo nombre actúe, obliga a llevar a un plano secundario cualquier diferencia ideológica que separe a quienes desde diferentes posiciones políticas valoran por sobre todas las cosas la necesidad de preservar la convivencia pacífica y civilizada.

Tanto en las filas del oficialismo como en las de la oposición hay quienes no están dispuestos a permitir que las pugnas políticas salgan de los límites impuestos por la legalidad democrática. Y también, desgraciadamente, hay en ambos polos quienes desprecian esos límites y se adhieren a la posibilidad de que las luchas se lleven al escenario de la violencia.

Por ello, un primer punto de coincidencia ante el fenómeno que nos ocupa debe ser reforzar los puntos de coincidencia entre quienes en uno y otro lado ponen en un lugar privilegiado de su escala de valores el rechazo a cualquier forma de violencia.

Un segundo factor que está claro es que estamos ante un hecho cuya importancia que trasciende los límites de la política interna. Al estar involucrados ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones de alcance internacional, resulta necesario que en las investigaciones se involucren organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también de carácter internacional.

Un primer paso en esa dirección ha sido dado por el Presidente Evo Morales. Ha sido él quien ha propuesto esa vía y esa iniciativa debe ser respaldada por la oposición democrática, esa que tiene, además, la obligación de deslindar cualquier posible vínculo con quienes se muestren proclives a justificar cualquier acto delictivo.

Siendo tantas las dudas que se ciernen sobre la manera como el gobierno ha encarado el asunto, y tan grande la demanda de la ciudadanía de que se actúe con un máximo de transparencia y objetividad, la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción. De otro modo, el riesgo de que el escenario democrático en el que tantas esperanzas aún se depositan resulte desplazado por una exacerbación de la beligerancia, será demasiado alto. Y eso es algo que no nos podemos permitir.

15 años de Participación Popular

Recuperar el espíritu que inspiró la aprobación de la Ley 1551 bien puede ser la base de una nueva propuesta de futuro para nuestro país

Un día como hoy, hace ya 15 años, se puso en vigencia la Ley 1551, de Participación Popular. Se trató de un hecho histórico que bien merece ser recordado, pues el tiempo desde entonces transcurrido da suficientes elementos de juicio para valorar en su justa dimensión lo mucho que significó esa medida en la historia contemporánea de nuestro país. Fue la base de una serie de reformas en la estructura económica, política y social de Bolivia, la mayor parte de las cuales no fueron, y aún hoy no son, suficientemente valoradas.

Entre las muchas consecuencias positivas que la Participación Popular trajo consigo, se destaca el haber iniciado un proceso de desconcentración del poder que hizo posible la incorporación de amplios sectores de la población boliviana a la toma de decisiones de interés colectivo a través de los gobiernos municipales. Como se recordará, hasta 1994 el territorio boliviano contaba con 186 radios urbanos donde se elegían autoridades, pero sólo 24 municipios de ciudades capitales y urbes intermedias recibían recursos. Ahora son 327 gobiernos municipales que manejan sus propios recursos.

La Ley de Participación Popular sentó también las bases de muchas de las tareas que aún ahora están en proceso de maduración. La participación de pueblos indígenas, campesinos, y la ampliación de las competencias de los municipios, que asumieron responsabilidades en temas relacionados con la salud, educación, deporte, cultura y caminos, entre otros, dieron un formidable impulso al fortalecimiento de los derechos y obligaciones de amplios sectores de la ciudadanía que hasta entones tenían un rol pasivo en sus relaciones con el Estado.

Desgraciadamente, tan profundos cambios no fueron debidamente comprendidos por quienes por aquel entonces actuaban desde la oposición. Desde quienes la calificaron como “ley maldita”, hasta los que temieron que su éxito tenga consecuencias adversas sobre sus expectativas electorales, muchos coincidieron en el afán de entorpecer, cuando no sabotear, la aplicación de la Participación Popular. La mezquindad de quienes heredaron la tarea de darle continuidad al proceso fue sin duda una de las causas de que los resultados obtenidos no hayan sido todos los que se podía esperar.

A pesar de ello, es necesario recordar esta medida pues se constituye en un ejemplo de los profundos cambios que se pueden realizar no sólo respetando sino reforzando los límites de la legalidad democrática. Retomar ese camino, recuperar los aciertos del pasado y proyectarlos hacia el porvenir bien puede ser la base de una propuesta de futuro para nuestro país. Una propuesta que hoy hace más falta que nunca.

Miedo, terrorismo y confusión

Impedir que el miedo se apodere de la voluntad colectiva es el principal desafío que ahora tiene la sociedad boliviana

El jueves recién pasado, antes de que se produzca la matanza de supuestos terroristas en Santa Cruz, en este mismo espacio editorial, bajo el título: “El miedo, instrumento del poder”, llamábamos la atención sobre abundantes indicios según los cuales el gobierno del Movimiento al Socialismo, a través de sus brazos operativos, comenzó a recurrir a al miedo como un instrumento muy eficiente para alcanzar algunos de sus principales objetivos.

Decíamos miedo y no terror porque, siendo rigurosos con el uso de los términos, nos parece que entre uno y otro concepto hay una diferencia de grado que, aunque parezca pequeña, no debe ser perdida de vista si no se quiere banalizar un fenómeno que merece ser abordado con la mayor seriedad. Es que el término “terrorismo”, por lo mucho que implica, suele llevar a confusiones que dificultan la comprensión del tema.

Y eso, precisamente, es lo que está ocurriendo en nuestro país. La confusión ha sido introducida como el elemento central de un fenómeno que tiene en el estado de incertidumbre colectiva que produce uno de sus principales atributos. Se puede pues decir que sean quienes fueren los que mueven los hilos de la trama de que estamos siendo testigos, han logrado un primer objetivo: confundir a la sociedad y así anular, por lo menos temporalmente, cualquier posible reacción.

Hay, sin embargo, en medio de la confusión reinante, algunos elementos que están más allá de toda duda. Uno de ellos es que ya antes del “caso Las Américas” había motivos para sospechar que el miedo estaba siendo introducido como un instrumento de la acción política gubernamental. Ese es un dato fehaciente que puede ser corroborado con abundantes ejemplos.

Un segundo factor que contribuye a la confusión reinante es que también en las filas de la oposición hay sectores que se inclinan por la vía de la violencia. Hay grupos de derecha que comparten con los radicales del otro polo el mismo desprecio por la legalidad democrática, lo que da un toque de verosimilitud a las versiones gubernamentales. El que la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar es una de sus principales falencias.

A pesar de ello, son más las razones que inducen a la duda que a la credibilidad cuando de juzgar la versión gubernamental sobre el caso que nos ocupa se trata. Es que son demasiadas las incongruencias que ésta tiene y los antecedentes dan pie a poner en cuestión el verdadero rol que el oficialismo juega en tan complejo entramado.

De cualquier modo, si hay algo que debe quedar muy por encima de cualquier otra consideración es la necesidad de que toda la sociedad active todos sus recursos de defensa para impedir que el miedo se apodere de la voluntad colectiva.

Menos aspirantes, más claridad

Si el tema de las candidaturas sea asumido no como el primero sino el último de la agenda de la oposición, será más fácil que ésta se organice

La aprobación de la Ley Electoral Transitoria que regirá las elecciones de diciembre próximo ha marcado, tanto para el oficialismo como para las múltiples fracciones en que está dividida la oposición boliviana, el inicio de una nueva etapa. Los desafíos que ambas partes deberán afrontar a partir de ahora, unos para mantenerse en el gobierno, y otros para evitar que eso ocurra, son muchos y a cual más difícil.

El previsible empeoramiento de la situación económica, las dificultades que enfrenta para satisfacer las excesivas expectativas que alentó entre sus seguidores, las pugnas originadas en ambiciones personales, la corrupción que se extiende como un cáncer en el organismo gubernamental son, entre otros, los retos del oficialismo deberá afrontar.

La oposición, por su parte, no la tiene más fácil. Su dispersión, la abundancia de aspirantes a candidatos que contrasta con la inexistencia de líderes capaces de dirigir una acción política eficaz, la falta de organización y de ideas que se plasmen en un proyecto político alternativo, son algunas de ellas.

El oficialismo tiene una ventaja. Tiene dos líderes a los que nadie les disputa la candidatura a los principales cargos del país. Tiene una sólida organización y, lo más importante: tiene un proyecto político que guía sus actos.

El punto de partida de la oposición, en cambio, es el peor de los imaginables. Durante tres años no ha sido capaz de reunir ninguna de las condiciones imprescindibles para una acción política que vaya más allá de la queja y hasta ahora no se vislumbra nada que modifique esa situación.

Sin embargo, y no gracias, sino a pesar de quienes se atribuyen la conducción de una inexistente oposición democrática, diversas organizaciones que durante los últimos años han ido surgiendo entre la ciudadanía han comenzado a sentar las bases de una alternativa política. Al hacerlo, han tenido y todavía tienen que vencer muchos obstáculos, uno de los cuales es la perturbadora presencia en el escenario de aspirantes a candidatos que sólo enturbian el panorama.

En esas circunstancias, la decisión de Carlos Mesa de renunciar a sus aspiraciones es un paso que puede ser considerado como positivo, pues al poner a su propia persona como núcleo del proyecto político que pretendía encabezar sólo introdujo un elemento perturbador en lugar de contribuir a un esfuerzo colectivo, que es lo que más falta hace.

Sería muy encomiable que su ejemplo sea seguido por los otros aspirantes. A medida que el tema de las candidaturas sea asumido no como el primero sino el último de la agenda de la oposición, será más fácil que ésta se dote de las condiciones necesarias para una acción efectiva.

Hacia la recuperación de la democracia

Se han sentado las bases para la recuperación de la democracia como escenario principal y único de las disputas políticas

Aunque gran parte de los esfuerzos del oficialismo, después de que fuera aprobada y promulgada la Ley Electoral Transitoria, estuvieron dirigidos a transmitir a sus bases la sensación de victoria, para lo que se organizaron festejos y se pronunciaron discursos triunfalistas, ha quedado claro, sobre todo para las bases “indígenas originarias campesinas” del Movimiento al Socialismo, que esa no es la realidad.

Muy por el contrario, la primera gran derrota sufrida por el proyecto hegemónico del MAS ha calado muy hondo en el ánimo de los “movimientos sociales” que hace poco acataron incondicionalmente las instrucciones de sus líderes.

Las medidas de presión con que el oficialismo contaba para doblegar a la oposición parlamentaria, por primera vez fracasaron. El MAS no logró que sus brazos operativos movilicen masivamente a sus bases, y los parlamentarios masistas se negaron a llevar la renuncia colectiva más allá de las amenazas, lo que puso en ridículo a los promotores de tan descabellada medida.

Los factores que ocasionaron tan importante cambio en la correlación de fuerzas son muchos. Entre ellos, hay tres que merecen ser destacados. Uno es la pérdida de la cohesión interna en las filas del MAS y sus “movimientos sociales”. El segundo fue la presión de la opinión de gruesos sectores de la ciudadana que ya no iban a tolerar una nueva claudicación de la oposición parlamentaria. Y el tercero, la presión externa, la proveniente de organismos internacionales y gobiernos amigos que ya no están tan dispuestos como antes a mirar con condescendencia los abusos cometidos en nombre del victimismo indigenista.

El primero de los factores mencionados se refleja en la profundización de la brecha que durante los últimos meses se abrió entre la élite burocrática que se apropió de la conducción del “proceso de cambio” y las bases cuyo rol se redujo a “mandar obedeciendo”, a votar, bloquear y cercar, a ser carne de cañón. No será fácil para el MAS restablecer los vínculos de confianza entre quienes mandan y quienes obedecen.

Pero tan importante como lo anterior es que también quedó neutralizada una de las corrientes más negativas de la oposición, la que quiso hacer de la deslegitimación del sistema democrático, con el tema del fraude electoral, la coartada para justificar sus fracasos. Y lo que es más importante aún, quedaron sin argumentos legitimadores quienes proponen llevar las luchas de la oposición al terreno de la violencia.

Así, se han sentado las bases para la recuperación de la democracia como escenario principal y único de las disputas políticas. Quienes no sean capaces de actuar en él tendrán que dejar de entorpecer con su presencia la reconstrucción de un sistema de partidos capaces de librar las próximas batallas electorales.

El miedo, instrumento del poder

Evitar que el miedo se convierta en el principal aliado de las pulsiones totalitarias de quienes gobiernan es un deber de todos

Los diferentes regímenes políticos, según cuál sea su naturaleza, se erigen sobre pilares también diferentes. La libertad, la independencia de poderes, la igualdad de la ciudadanía son algunos de los que sostienen a los regímenes republicanos. Los totalitarios, en cambio, requieren otros fundamentos. Entre ellos, hay uno principal: el miedo.

El miedo, cuando es inculcado a la sociedad desde las más altas esferas del poder, se constituye en un formidable instrumento de dominación política y control social. Cuando es hábilmente empleado, resulta más efectivo que cualquier instrumento legal.

Eso es algo que saben bien los arquitectos de regímenes totalitarios. Por eso recurren a las amenazas, a los ataques, al acoso y a la persecución de sus oponentes. Atemorizar a quienes los incomodan es un método fácil, barato y muy efectivo para alcanzar sus objetivos, pues impulsa a sus víctimas a actuar de determinada manera para librarse de la amenaza y la ansiedad que ésta produce.

Quien logra infundir miedo se apropia de por lo menos una parte de la voluntad de sus oponentes. Y logra así algo que muy difícilmente conseguiría por otros medios: la autocensura, la pasividad, la sumisión.

Los regímenes totalitarios, los que aspiran a obtener y conservar el poder total, se sostienen sobre tres pilares fundamentales: la capacidad de que lo ejerce de distribuir premios a sus súbditos leales, castigos a quienes no lo son, y modificar las creencias, sentimientos y valores de unos y otros.

Lo que está pasando en Bolivia tiene mucho que ver con esa manera de ejercer el poder. La generosidad con que se distribuyen prebendas, cargos públicos, contratos para proveer bienes y servicios al Estado, es un ejemplo. Otro, es el caso de la expropiación de la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas y actos similares de los que fueron víctimas otros líderes menos conocidos en el altiplano paceño.

Otro caso igualmente elocuente es el de un comunicador social de El Alto quien fue conminado a renunciar a su labor periodística por no ser ésta del agrado de los dirigentes de los “movimientos sociales”. Al principio se resistió, pero ante el miedo ocasionado por las amenazas hechas ya no sólo contra él sino contra su familia, terminó cediendo. No es un caso excepcional; hay muchos otros que pasan desapercibidos.

Las amenazas que durante los últimos días han recibido periodistas de La Prensa y el atentado terrorista en la vivienda del Cardenal Julio Terrazas, son otros ejemplos de un método de acción política ante el que no hay ley que valga. Identificar el peligro y solidarizarse con las víctimas es pues tarea urgente para evitar que el miedo se convierta en el principal aliado de las pulsiones totalitarias de quienes gobiernan.

El primer retroceso del MAS

La nueva etapa de la que se ha inaugurado, pondrá a prueba la habilidad de los protagonistas de la actividad política

Después de varios días durante los que tuvieron a todo el país en ascuas esperando los resultados de sus negociaciones, las fuerzas del oficialismo y de la oposición lograron por fin un acuerdo para conjurar, una vez más, un nuevo episodio de la crisis política en que está sumida Bolivia desde hace ya muchos años.

Los acuerdos alcanzados, aunque no satisfacen plenamente las expectativas de las partes en conflicto, tienen la virtud de haber impedido que se produzca la destrucción de la institucionalidad democrática. No se consumaron las amenazas hechas contra la vigencia del Poder Legislativo y eso permite mantener el escenario democrático como el único válido para dirimir las disputas.

El balance final de la batalla parlamentaria recién librada pude por eso ser calificado como positivo. Las fuerzas radicales de ambos polos, las que hubieran preferido llevar la confrontación a otros escenarios en los que las acciones de hecho ocupen el lugar de las votaciones han sido derrotadas, y ese es, en sí mismo, un buen resultado.

Como no podía ser de otro modo, ambas partes tuvieron que hacer algunas concesiones. Lo que hace la diferencia es que en esta oportunidad, por primera vez en mucho tiempo, fue el oficialismo el que más lejos quedó de sus aspiraciones iniciales.

La oposición logró dos de sus objetivos principales: el nuevo empadronamiento e impedir que las circunscripciones especiales “indígena originario campesinas” se consoliden como enclaves bajo el control monopólico del Movimiento al Socialismo. A partir de ahora, ya sin poder esgrimir las dudas que pesaban sobre el padrón electoral, no tendrá pretextos para justificar sus sucesivas derrotas en las urnas.

El resultado obtenido por el oficialismo, en cambio, puede ser considerado como su primera gran derrota. No logró ninguno de los principales objetivos que se propuso alcanzar. Se fijó metas excesivamente ambiciosas, muy superiores a sus actuales fuerzas, por lo que tuvo que buscar una salida más o menos decorosa.

A partir de ahora, tanto unos como otros tendrán que concentrar todas sus fuerzas y energías en la disputa democrática. Al MAS le espera una muy ardua tarea para recomponer sus filas y atenuar la frustración que la derrota ocasionó entre gruesos sectores de sus adherentes. A las fuerzas de la oposición, por su parte, lo que ahora les corresponde es desarrollar un plan de acción que le permita llegar a diciembre con alguna posibilidad de éxito.

Se ha cerrado así un capítulo y se ha abierto otro cuyo punto culminante serán las elecciones de diciembre. El desenlace de la nueva etapa que se ha inaugurado depende ahora sólo de la habilidad con que actúen los protagonistas de la actividad política.

La Cumbre de las Américas

Pueden ser las circunstancias adversas las que más contribuyan a reforzar las normas básicas de convivencia entre los países

El próximo viernes 17, en Puerto España, Trinidad y Tobago, se inaugurará la V Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. Por muchas razones, entre las que se destaca la reconfiguración del escenario económico y político del mundo a raíz de la crisis económica global, será un encuentro que marque una nueva etapa en las relaciones interamericanas.

La presencia de Barack Obama, quien ha dado ya un importante giro a la política exterior estadounidense, es uno de los factores que permite esperar que en esta reunión se sienten las bases de un entendimiento que facilite la adopción de planes de acción conjuntos para afrontar los enormes retos que les esperan a los países americanos durante los próximos años.

El nuevo enfoque tendrá como punto de partida el nuevo rol que está obligado a asumir Estados Unidos. A diferencia de años anteriores, el país más rico de las Américas ya no está en condiciones de asumir un papel tutelar. Está obligado, desde una posición más débil, a conquistar adhesiones a sus políticas pues ya no puede intentar imponerlas de manera unilateral.

Una de las características del encuentro será que los temas que originalmente fueron incluidos en la agenda, como el alto precio de los alimentos y la energía, la sostenibilidad ambiental y el calentamiento global, la seguridad ciudadana y la gobernabilidad, pasarán a un segundo plano opacados por la urgencia de contrarrestar la crisis económica global y sus efectos.

El peligro de que durante los próximos años se reviertan los avances logrados gracias a la bonanza generalizada de los mercados de materias primas y al fortalecimiento del sector exportador de artículos manufacturados, es algo que preocupa a todos. Y no sólo por razones estrictamente económicas, sino porque se teme que tras ellas se produzcan graves secuelas sociales y políticas. Ese peligro que acecha a todos por igual, más allá de las divergencias ideológicas que separan a unos regímenes de otros, facilitará sin duda la moderación de los discursos más radicales, como el del venezolano Chávez.

Al haberse llegado a un punto en el que la suerte de unos está más que nunca relacionada con la de otros, se amplía el espacio de los interese comunes y se atenúa el de las diferencias. El caso de Venezuela es el mejor ejemplo, pues ya se ha visto que el futuro político de su gobierno depende de la salud de la economía global, lo que abre la posibilidad de que la necesidad obligue al mandatario venezolano a moderar sus ínfulas revolucionarias.

Así, paradójicamente, pueden ser las circunstancias adversas las que más contribuyan a crear condiciones favorables retomar, con renovado vigor, las normas básicas de convivencia entre los países, como las establecidas Carta Democrática Interamericana.

Hacia la nueva Universidad

Los docentes que quieran sobrevivir en el nuevo sistema ya saben qué tienen que hacer. Deben elegir entre ser masistas o “fascistas”

Consecuente con el principal objetivo que se propuso alcanzar desde el momento mismo en que se hizo cargo de la conducción del país, que no es otro que el de destruir hasta reducir a escombros la estructura institucional “republicana y colonial” de nuestro país, el gobierno ha decidido dar un nuevo paso en esa dirección. Su nueva víctima será el sistema universitario.

El encargado de hacer el anuncio fue el Ministro de Hidrocarburos. Aparentemente muy orgulloso por los resultados obtenidos en su área, los que se sintetizan en la destrucción de la principal fuente de sustento de la economía nacional, el ministro en cuestión ha decidido desplegar las mismas habilidades para dar las directrices de lo que será el nuevo sistema de educación superior.

En efecto, al inaugurar las tres primeras universidades indígenas de Bolivia el Ministro de Hidrocarburos afirmó que ese acto “marca el fin del sistema universitario público que responde a ‘criterios neoliberales’ (…) para “descolonizar ideológicamente y culturalmente” a los profesionales”.

“Estas universidades indígenas van a sepultar definitivamente al sistema universitario, discriminador, individualista y neoliberal”, ha dicho el Ministro Coca. Los profesionales que salgan del nuevo sistema universitario “deberán acompañar y comprometerse con el proceso de cambio iniciado en el país para que no haya más retrocesos”.

Así, con una elocuencia y franqueza que no deja lugar a interpretaciones ambiguas, se ha iniciado la próxima etapa del proceso de destrucción del Estado nacional. La “revolución cultural” tiene ahora una nueva tarea que cumplir, en la que, obviamente, no tendrán cabida los profesionales “colonizados”, esos que hasta ahora tuvieron a su cargo la formación de las nuevas generaciones.

El perfil de los docentes y estudiantes que el gobierno se propone como ideal a alcanzar está ya definido en sus lineamientos básicos. Deberán ser personas dispuestas a “acompañar y comprometerse con el proceso de cambio”. “Tendrán una ideología y serán operadores del cambio”.

Para avanzar tras ese ideal de nueva educación superior, habrá, por supuesto, que comenzar por destruir el actualmente existente, el “colonialista y neoliberal”. ¿Cómo se lo logrará? Será, un proceso moroso, se entiende, pero ya se ha iniciado. El primer paso, como no es difícil prever, será sin duda asfixiar económicamente a las universidades públicas y someter a reglas cada vez más duras a las privadas.

Los docentes que quieran sobrevivir en el nuevo sistema ya saben qué tienen que hacer. Si no quieren engrosar pronto las filas de los desempleados, deben comenzar a dar claras muestras de su compromiso con “el proceso de cambio”. Deben elegir entre ser masistas o “fascistas”.

Castro y la “verdadera democracia”

Fidel Castro tiene toda la razón, y sabe lo que dice, al suponer que en Bolivia se está librando una batalla decisiva

Durante dos días consecutivos, Fidel Castro dedicó sus “Reflexiones del Compañero Fidel” a describir minuto a minuto y analizar los entretelones de las sesiones parlamentarias en las que el oficialismo intenta sentar las bases de una “verdadera democracia” en Bolivia.

En sus artículos, Castro se dedica a pontificar sobre cuanto Evo Morales hace y deja de hacer en su afán por imponer un régimen electoral con el que obviamente, el más veterano dictador latinoamericano se siente plenamente identificado.

El asunto merece ser tomado muy en cuenta porque, efectivamente, lo que está en juego en Bolivia, y Castro lo sabe muy bien, es la preservación de una democracia pluralista o la instauración de un régimen de partido único, en el que la oposición no tenga ninguna posibilidad de intervenir en los asuntos de interés colectivo.

Si hay alguien que sabe mucho del asunto es precisamente Fidel Castro. Es que durante más de cincuenta años ha logrado imponer en Cuba un sistema en el que resulta innecesario hacer fraude electoral, como todavía lo es en Bolivia, para lograr el monopolio del poder.

Como se sabe, el pueblo cubano participa regularmente en elecciones en las que un solo partido, el Partido Comunista, puede participar. El resultado, como no podría ser de otro modo, es que el PCC gana siempre con muy poco menos del cien por ciento de los votos. Como el MAS en el altiplano paceño.

Esa es, desde el punto de vista de Castro, la “verdadera democracia” por la que se está peleando en Bolivia. Y, hay que reconocerlo, tiene toda la razón y no se le puede negar toda la autoridad que le da la experiencia para dar instrucciones sobre el asunto.

Hay, sin embargo, otros temas sobre los que las peroratas castristas resultan ridículas. Cabe preguntar, por ejemplo:¿Qué pasaría en Cuba si los cubanos de origen africano exigieran el 60 por ciento de representación en los órganos de poder, que es lo que demográficamente les corresponde? ¿O si las mujeres demandaran el 50% en nombre de la equidad de género? ¿O si los jóvenes exigieran una renovación generacional? ¿Y qué pasaría si alguien propusiera la participación de los cubanos que viven en el exterior?

Muy bueno sería ver a la rancia gerentocracia íntegramente compuesta por varones de origen español que gobierna la isla predicar con el ejemplo sobre cualquiera de esos temas. Y que se debata sobre ellos, sin censura de por medio, en los medios de comunicación del Estado.

Empero, más allá de los detalles, lo que es indudable es que Castro tiene toda la razón al decir que en Bolivia se está librando una batalla decisiva. En lo que se equivoca es al subestimar la decisión de gran parte del pueblo boliviano de perseverar en la defensa de su libertad.

El Estado y la religión

Si se quiere un Estado aconfesional, no corresponde que Presidente oficie de sacerdote en ritos “pachamámicos”

La Semana Santa que durante estos días se celebra en Bolivia, como en todos los países cuya tradición cultural está ligada al cristianismo, tiene este año características muy especiales. Y no sólo por haber coincidido con una de las más intensas disputas entre el oficialismo y la oposición, sino, sobre todo, porque por primera vez se ha puesto en práctica lo establecido en el artículo cuarto de la nueva Constitución Política del Estado. Es decir, Bolivia ha estrenado su flamante condición de Estado aconfesional.

Que eso sea así no debiera ser motivo de grandes cuestionamientos. A estas alturas de la historia, se debe reconocer que un Estado que reconocía un vínculo especial con la religión católica era un anacronismo difícil de sostener, pues la separación entre la Iglesia y el Estado es un paso que ya fue dado prácticamente en todo el mundo occidental y el caso nuestro era una rara excepción.

Como es bien sabido, hace ya más de un siglo que la mayor parte de los países modernos optaron por retirar de sus respectivas constituciones cualquier reconocimiento a una religión oficial, y la Iglesia católica renunció también hace ya mucho a hacer de la defensa de los privilegios que le daban los estados confesionales una de sus causas más importantes.

Sin embargo, más allá del fondo del asunto, el caso boliviano se complica por aspectos formales y por los antecedentes que durante los últimos meses enturbiaron las relaciones entre el gobierno (más que el Estado), con la jerarquía de la Iglesia católica.

Son esos factores los que dieron lugar a que la actitud asumida por el gobierno central ante las celebraciones de Semana Santa caigan bajo la sospecha de responder, más que a un sano afán de modernizar las relaciones entre el Estado y la religión, a un burdo intento de marcar distancias con los representantes de la fe que más adeptos tiene en Bolivia.

A eso se agrega, por supuesto, la doblez de la conducta gubernamental. Es que mientras el Presidente Morales justifica en lo establecido por la nueva Constitución su falta de participación en las celebraciones católicas, no tiene tanto celo cuando se hacer gala de su adhesión a prácticas religiosas “originarias” se refiere.

Si en verdad el nuevo Estado quiere hacer prevalecer su condición de aconfesional, e incluso laico, no corresponde pues que el primer mandatario oficie, con la frecuencia con que lo hace, de sacerdote en ritos “pachamámicos”, o que se haga del palacio de gobierno un templo donde se rinde culto a los acachilas. Y mucho menos que se rinda pleitesía a los jerarcas de estados teocráticos, como el iraní. O que se imponga el velo musulmán a las ministras del gabinete cuando deben recibir a representes de ese tipo de regímenes, como ocurrió cuando se recibió a Mahmud Ahmadineyad.

La democracia en su hora crucial

Por muchas razones, el MAS se enfrenta, por primera vez, a la inminente posibilidad de sufrir una derrota política

Cuando hace un par de semanas la élite burocrática que se apropió del Movimiento al Socialismo se reunió con los dirigentes de “movimientos sociales” que todavía le son fieles para definir el plan de acción de lo que suponían sería el tiro de gracia a la institucionalidad democrática, lo hicieron seguros de que la última batalla congresal la ganarían con tanta facilidad como las anteriores. “Ha llegado el momento de las definiciones”, sentenció Evo Morales, muy convencido de que así sería.

Hubo, sin embargo, algo que salió de sus cálculos. No tomaron en cuenta dos factores que durante las últimas semanas modificaron sustancialmente la correlación de fuerzas.

Uno de de ellos fue el surgimiento, por primera vez en los últimos tres años, de una oposición con un mínimo de ideas claras, libre de las ingenuidades que a tantos errores condujeron. Esta vez hubo una oposición con objetivos precisos, los que fueron definidos en Santa Cruz. Ese hecho fue suficiente para poner un límite no sólo a los planes del oficialismo sino, lo que en la práctica resulta más importante, a la hasta ahora tan condescendiente oposición parlamentaria.

Un segundo factor fue que también por primera vez se hizo evidente la ruptura de la monolítica unidad del MAS y sus aliados. Cuando Morales trazó una línea y conminó a sus seguidores a que la crucen sin titubeos, no recibió la respuesta que esperaba. Algunos de sus adherentes se negaron a hacerse cómplices de la destrucción de la democracia y otros a seguir siendo utilizados como objetos de manipulación.

Los “movimientos sociales”, hasta hace poco tan dóciles, dieron las primeras muestras de rebeldía. El rotundo fracaso de los intentos hechos para cercar al Parlamento, la disidencia de la Cidob, las pugnas internas en Conamaq y la Csutcb, y la presión de la opinión pública, privaron al oficialismo de lo que hasta ahora fue su principal método de coerción.

A todo lo anterior se debe sumar un cambio de actitud de organismos internacionales y gobiernos cuya tolerancia fue rebasada por las ya groseras arbitrariedades del MAS, las mismas con las que hasta hace poco fueron tan condescendientes. Es que al oficialismo se le fue la mano y el victimismo que tantos réditos le dio ya no alcanza para conmover a incautos. Ya no se ve en el exterior a Evo Morales como al pobre “indígena” incomprendido, sino como a un peligroso constructor de un régimen autocrático.

En ese contexto, el Gobierno se enfrenta, por primera vez, a la inminente posibilidad de sufrir una derrota política. Es de esperar que ahora sí se le ponga un límite a la impostura, y que no sea en nombre de la democracia que se terminen de sentar las bases de un régimen totalitario.

El triunfo de la arbitrariedad

Se ha sentado así un precedente cuyas funestas consecuencias ya las están sufriendo en carne propia cientos de ciudadanos bolivianos

Ha transcurrido ya un mes desde que en un acto cuyo simbolismo trasciende el simple afán de amedrentar a quien se perfila como principal líder de la oposición, los “indígenas originarios campesinos” del altiplano paceño, dirigidos por los “Ponchos Rojos”, se apoderaron de la casa de Víctor Hugo Cárdenas.

El tiempo transcurrido ha sido suficiente para que se ponga en evidencia la falsedad de las declaraciones que en su momento hicieron algunas autoridades gubernamentales en sentido de que protegerían el derecho a la propiedad privada y sancionarían a quienes la avasallaron. Nada de eso ha ocurrido y, por el contrario, se ha comprobado que en Bolivia, o por lo menos en gran pate de territorio nacional, ya está en plena vigencia un nuevo régimen estatal.

Se trata de un régimen en el que muchos de los artículos de la nueva Constitución Política del Estado no pasan de ser irrelevantes declaraciones líricas, pues lo que realmente prevalece es la jurisdicción ‘indígena originaria campesina’ estipulada en los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado (CPE), por encima de cualquier otra consideración.

Como se sabe, la CPE ha creado funciones jurisdiccionales y de competencia para las naciones y pueblos “indígenas originarios campesinos”, donde se aplican principios, valores culturales, normas y procedimientos propios en las relaciones y hechos jurídicos, válidos en la jurisdicción de un pueblo indígena. Eso significa que los usos y costumbres de los pueblos indígenas “de acuerdo a sus normas y procedimientos propios”, están, como los hechos lo confirman, fuera del alcance de principios reconocidos en la misma Constitución, de acuerdo a valores como los consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De acuerdo con la CPE, hay dos jurisdicciones que son totalmente separadas: la ordinaria y la indígena originaria campesina. Y ante la posibilidad, como en el caso Cárdenas, de que ambas entren en conflicto, sólo se puede recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional para que sea esa instancia la que dirima la controversia. Actualmente, al no existir ese tribunal, queda abierto sin límite alguno, el camino de la arbitrariedad.

Se ha sentado así un precedente cuyas funestas consecuencias ya las están sufriendo en carne propia cientos de ciudadanos bolivianos residentes en esos enclaves étnicos en los que ya no está vigente el Estado de Derecho. Se trata de personas que ya no tienen ninguna posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos sin correr el riesgo de que en nombre de la justicia comunitaria se los haga víctimas de todo tipo de medidas de coerción. Es sólo un anticipo del tipo de país al que nos encaminamos.

A nueve años de la “guerra del agua”

Los cochabambinos tendríamos que sentir una muy profunda vergüenza colectiva al recordar la “guerra del agua” nueve años después

Hace nueve años, por estas mismas fechas, Cochabamba se sumió en una vorágine de violencia que pasó a la historia como “la guerra del agua”. Como lo recuerda un reportaje publicado en este matutino el domingo pasado, en abril de 2000 se marcó un hito no sólo en la historia regional, sino nacional, por las posteriores repercusiones que tuvo ese acontecimiento.

Hoy, nueve años después, tiempo más que suficiente para hacer un balance, los resultados arrojados por lo que en su momento fue visto como una hazaña sólo puede ser motivo de una muy intensa vergüenza colectiva.

Como se recordará, en aquella oportunidad toda la “cochabambinidad”, con muy pocas excepciones representadas por ciudadanos que inútilmente hicieron reiterados llamados a la cordura, se entregó a una especie de delirio colectivo que culminó con un la expulsión de “Aguas del Tunari”, la única empresa que estaba dispuesta a hacer las inversiones necesarias para dar agua potable y llevar a cabo el proyecto Misicuni.

Una vez alcanzado el “triunfo” de los movimientos sociales, a cuya causa se sumaron ciegamente hasta las más serias instituciones de la región, no se escatimaron elogios a los autores de la hazaña. Se los trató como a héroes y su fama de paladines de la justicia y la lucha contra la “voracidad de las transnacionales” trascendió nuestras fronteras, lo que les rindió muy buenos réditos de los que aún hoy gozan impunemente.

Las pocas personas que tuvieron el valor de oponerse a la ola de desvarío colectivo, en cambio, fueron acusadas de traicionar al “espíritu de la cochabambinidad”. Sus voces fueron acalladas y no se quiso oír sus advertencias sobre la magnitud del error que se estaba cometiendo.

Nueve años después, los resultados obtenidos no dejan ni el más mínimo margen a las dudas. El saldo obtenido es el peor de los imaginables, pues el problema de la escasez de agua se ha multiplicado, la debacle económica de Semapa ha alcanzado dimensiones catastróficas, la corrupción ha dado fin con los pocos recursos económicos de esa empresa.

Y en lo que a Misicuni corresponde, el panorama es aún más desolador. Ahí está el túnel, con los más de 70 millones de dólares que devoró durante su perforación, convertido, como alguien previó, en la cueva de murciélagos más grande y cara del mundo. De la represa, de las obras complementarias, de la planta generadora de hidroelectricidad, absolutamente nada.

Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la “guerra del agua”, los nueve años desde entonces transcurridos, y la condescendencia con los cochabambinos permitimos que tan funesto episodio pase a la historia sin que se nadie se haga responsable de sus consecuencias, es la más elocuente muestra de que la nuestra es una sociedad extraviada, enferma del alma. Y eso es peor que no tener agua.

Hacia una oposición democrática

El encuentro de organizaciones ciudadanas que se han propuesto sentar las bases de una oposición democrática es una buena noticia para el país

Por primera vez desde que hace algo más de tres años el Movimiento al Socialismo propinó una feroz derrota electoral a las organizaciones que intentaron constituirse en alternativas a ese proyecto político, ha comenzado a vislumbrarse en el horizonte político del país una alternativa capaz de lidiar en los diferentes escenarios propios de la democracia.

Como no podía ser de otro modo, dado el fracaso de los partidos ya existentes, la iniciativa fue tomada por representantes de una gran diversidad de agrupaciones civiles que durante los últimos años fueron surgiendo a lo largo y ancho del país.

Entre las cualidades de la iniciativa, hay una que se destaca: es que tuvieron el acierto de evitar que el proceso que se inició en el encuentro nacional que tuvo lugar en Santa Cruz se vea perturbado por las pugnas entre los muchos aspirantes a candidatos que anteponen sus propias expectativas individuales en desmedro de un plan de acción que se proyecte hacia el largo plazo y no sólo a una disputa electoral.

Que el tema de las postulaciones haya sido relegado para una etapa posterior hará sin duda más fácil la tarea de maximizar los factores aglutinantes y no dar cabida las potenciales causas de dispersión de voluntades.

Los objetivos principales propuestos para alcanzar en el futuro inmediato, como el rechazo al proyecto de Ley Electoral del oficialismo, la demanda de un nuevo padrón electoral para las elecciones de diciembre, la restitución de una Corte Nacional Electoral transparente e independiente, tienen la virtud de ser suficientemente amplios como para que con ellos se identifique gran parte de la población boliviana más allá de discrepancias secundarias.

Hay, sin embargo, algunos temas que no parecen haber recibido suficiente atención. Es que si bien es cierto que las irregularidades que se produjeron en los anteriores actos electorales contribuyeron a los resultados tan ampliamente favorables al oficialismo, no es menos cierto que eso fue posible, en no poca medida, por la inexistencia de una organización capaz de ejercer los derechos y obligaciones de control durante el proceso electoral y especialmente durante el cómputo de votos.

No se debe perder de vista que mientras en Bolivia no haya una organización política de oposición capaz de movilizar activamente a sus adherentes, no habrá ley, ni Corte Electoral, ni padrón que garantice la transparencia de las elecciones.

Construir una organización que pueda realizar esa tarea no es algo fácil. Es algo que requiere algo más que el voluntarismo de ciudadanos de buena fe. Sentar las bases de una estructura orgánica que apunte al largo plazo es pues tan o más importante que asumir actitudes defensivas.

Corea de Norte desafía a mundo

El régimen de Pyongyang ha puesto al mundo entero ante uno de lso escenarios más complejos de las últimas décadas

El mundo entero, con la probable excepción de algunos gobernantes que ven en la explosión de una catástrofe bélica a escala planetaria su única vía de salvación, ha visto con espanto la decisión de Corea del Norte de desafiar a la comunidad internacional con el lanzamiento de un cohete de largo alcance, el Taepodong-2.

La magnitud del reto es enorme. Tanto, que el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado a una reunión de máxima urgencia para decidir una respuesta a la provocación del régimen de Pyongyang y los 15 países que lo integran evalúan con máximo rigor cada paso que darán, cada palabra que dirán.

El presidente de Estados Unidos ha sido uno de los primeros en manifestarse al respecto. “Ha llegado el momento de dar una respuesta internacional fuerte”, ha dicho, y hay motivos para suponer que no se refiere a más declaraciones líricas ni a exhortaciones amistosas.

Con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur son los más proclives a la adopción de medidas drásticas. Temen que tras la apariencia del lanzamiento de un satélite Corea del Norte haya escondido el lanzamiento de un misil de largo alcance, lo que multiplicaría el potencial destructivo de su arsenal nuclear.

Entre las posibles respuestas al lanzamiento está la imposición de nuevas sanciones. Pero ese recurso ya parece agotado, pues Corea del Norte es ya objeto de sanciones de la ONU, Japón y Estados Unidos. Y adelantándose a esa posibilidad, Pyongyang ha advertido que si la ONU le endurece las medidas de presión en su contra, la decisión será interpretada como un "acto hostil" que pondría fin a las negociaciones sobre su desnuclearización, actualmente atascadas.

En vísperas de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, los principales mandatarios de la Unión Europea han anticipado ya su firme condena a la provocación norcoreana, pero no se ha despejado la duda sobre cuán lejos están dispuestos a ir para respaldar la demanda de EE.UU. Japón y Corea, para que esta vez, dada la magnitud del reto, se vaya más allá de las declaraciones y se adopten severas medidas de hecho.

Mientras tanto, Rusia y China, ambas naciones con derecho a veto en el Consejo de Seguridad ya han optado por la moderación y se teme que llegado el momento de las definiciones, se nieguen a respaldar una respuesta firme, como lo demanda Obama con el apoyo de Tokio y Seúl.

Estamos pues ante un escenario internacional cuya complejidad es una de las mayores de las últimas décadas. De lo que se resuelva durante las próximas horas puede depender la preservación de la paz o el desencadenamiento de un proceso cuyas consecuencias es difícil imaginar. Razón más que suficiente para que la atención del mundo se concentre, durante las próximas horas y días en aquella parte del mundo.

La hora de las definiciones

Es de esperar que las diferentes iniciativas para preservar la democracia confluyan en un esfuerzo común

“Ha llegado la hora de las definiciones”, dijo hace algunos días el presidente Evo Morales, y no le faltaba razón. En efecto, tres años después de haberse iniciado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana en Bolivia, nos encontramos al borde del punto sin retorno, del punto más allá del cual la democracia puede pasar a ser sólo un episodio de la historia, del pasado de nuestro país.

La batalla final, según la concepción de los estrategas que conducen el proyecto político del MAS hacia su consumación, serán las elecciones de diciembre próximo. Y es para ganar tan decisiva confrontación de fuerzas que todos los recursos de los que dispone el oficialismo se concentran en su objetivo principal: imponer un reglamento electoral que asegure dar, a través de las urnas, el salto final hacia la consolidación de un régimen totalitario.

Para hacer frente a tan ambicioso plan no existe una oposición política que esté a la altura del desafío. La existente, representada por las múltiples fracciones a que se redujo lo que un día fue Podemos, ha dado ya y sigue dando demasiadas muestras de su ineptitud, por lo que nada serio se puede esperar de ella. Muy por el contrario, se puede temer que una vez más, como ya lo ha hecho en otros momentos decisivos, termine dándole al proyecto masista el empujón final, el que le falta para imponerse.

La otra vertiente de la oposición, la cívico-regional, cuya principal base de acción es Santa Cruz, pese a que aún no termina de reponerse de la derrota a que fue conducida en septiembre pasado por las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron, ha asumido el rol conductor de la resistencia civil contra el proyecto hegemónico del MAS.

Otra iniciativa para movilizar a la ciudadanía es la encabezada por Víctor Hugo Cárdenas y secundada por diversas agrupaciones civiles. La base de su propuesta es retirar temporalmente de la agenda de la oposición el tema de los candidatos, y concentrar fuerzas y energías en una movilización ciudadana que, lejos del efecto perturbador de las ambiciones personales, haga oír y sentir su voluntad colectiva para impedir que el totalitarismo logre derrotar a la democracia.

Siendo tan grande el desafío que se tiene al frente, es de esperar que ambas iniciativas, la originada en Santa Cruz y la encabezada por Cárdenas, confluyan en un esfuerzo común. Y que lo hagan sin dar cabida a quienes quisieran precipitar un desenlace violento de la lucha que se avecina.

La tarea no será fácil, pues además de las acciones del oficialismo deberán enfrentar la acción disociadora de individuos que, sin tener mérito alguno, aspiran a ser candidatos sin tener más norte que su ya patológico egocentrismo.

El G-2, salvador de la humanidad

No es justo que Evo Morales haya sido excluido del G-2, la alianza que se anuncia como portadora de una nueva era para la humanidad

Abatido por el rotundo fracaso del pilar principal de su política exterior, que apuntaba a la formación de una alianza “anticapitalista y antimperialista” entre los países árabes y los devotos del “Socialismo del Siglo XXI”, el presidente venezolano, Hugo Chávez, abandonó Doha y se fue a Teherán a reunirse con el único aliado incondicional que ha logrado reclutar entre los mandatarios del mundo islámico: Mahmud Ahmadineyad.

Con él, y solo con él, pues nadie más está dispuesto a secundar sus desvaríos, Chávez proclamó “la muerte del capitalismo". Ambos dieron vida a lo que según afirman con gran convicción, será su sepulturero: el “G-2” (Venezuela e Irán), la alianza bilateral que nació para inaugurar “un Nuevo Orden Mundial”.

El instrumento del que se valdrán para dar a luz al nuevo sistema, “en el que reinará la paz, la independencia y la libertad", será el banco binacional que comenzará a funcionar con un capital inicial de nada menos que 1.600 millones de dólares. Según Chávez, el acto de presentación de la entidad bancaria marcó “la hora del fin del imperialismo. Se hunde el imperialismo y sobre sus cenizas surgirá un mundo nuevo". Ahmadineyad, por su parte, proclamó: “Nosotros, el G-2, somos ya responsables de todo el mundo, para hacer un mundo mejor para todos. Lo que estamos haciendo parece solo un banco, pero la verdad es que es un acto de voluntad y justicia para todo el mundo”.

Ambos mandatarios, al poner sobre sus hombros la salvación, no de sus países, sino de “toda la humanidad”, convocaron a que otros líderes se sumen a su iniciativa. Y mientras a la humanidad se le anunciaba en Teherán el advenimiento del instrumento de su salvación, en Bolivia, Evo Morales, asumiendo el rol de profeta anunciador de la llegada del salvador, repetía ante la prensa internacional el llamado a dar al capitalismo el tiro de gracia.

Dado el entusiasmo con que Morales proclama su devoción a la obra salvadora de sus dos principales aliados, no resulta fácil comprender por qué no fue invitado a la constitución del G-2. ¿Por qué no G-3, si el gobierno de Morales da todos los días muestras de la eficiencia con que contribuye al colapso del capitalismo mediante la sistemática destrucción del aparato productivo de Bolivia? ¿Y por qué no G-4 ó G-5, si hay otros gobernantes, como Omar al Bashir de Sudán, o Robert Mugabe de Zimbabwe que comparten la misma causa? ¿Acaso no están ellos también destruyendo con gran éxito las bases económicas de sus respectivos países, como un aporte a la destrucción del capitalismo?

Evo Morales debe exigirle a Chávez una explicación. No es justo, pues méritos no le faltan, que se lo haya excluido del acto constitutivo de la alianza que se anuncia como portadora de una nueva era para la humanidad.

Chávez, más solo que nunca

Chávez salió de la cumbre de Qatar más solo que nunca. Ahmadineyad y Morales quedan como sus únicos aliados firmes

La II Cumbre de Presidentes de América del Sur y los países árabes (ASPA) que se celebró en Doha, la capital del emirato de Qatar, concluyó con resultados que estuvieron muy lejos de las expectativas que la precedieron. La unificación de criterios sobre la manera de encarar conjuntamente los desafíos que plantea la crisis económica global no sólo que no se produjo, sino que las muchas discrepancias internas en los dos bloques participantes se acentuaron tanto que obligaron a suspender el encuentro antes de lo previsto.

El gran perdedor, el que sin duda más frustrado salió de la reunión, fue Hugo Chávez. Fracasó de la manera más rotunda en todos los objetivos que se propuso alcanzar. En lo económico, porque no logró que los árabes secunden, más allá de las declaraciones líricas, su deseo de esgrimir el petróleo como arma fulminante contra el capitalismo. Y en lo político, porque su tan ansiada alianza entre el mundo islámico y el “socialismo del Siglo XXI” quedó reducida a la condición de una alucinación sin ninguna viabilidad práctica.

Menos notoria, pero no por eso menos significativa, fue la indiferencia con que fue acogida la propuesta de Evo Morales de unir fuerzas para darle el golpe de gracia al capitalismo. Tal disparate no mereció más que sonrisas burlonas pues pocos están más interesados en la recuperación del capitalismo que los países árabes.

Si para algo sirvió la cumbre de Qatar, fue para que se ponga en evidencia la magnitud de las fisuras en el bloque sudamericano. La cínica defensa que hizo Chávez de uno de los más sanguinarios dictadores que el mundo haya conocido, el sudanés Omar Al Bashir, rebasó la paciencia de Lula da Silva, Bachelet y Kirchner, quienes no disimularon su repudio por tan vergonzosa actitud.

A eso se sumó la andanada de feroces críticas a Bachellet por haber sido anfitriona de la Cumbre Progresista de Viña del Mar, de la que fue elocuentemente excluido, como su homólogo boliviano.

Chávez superó todo límite al haber sido el único mandatario que tuvo el descaro de hacer una apología de Al Bashir, condenado por la Corte Penal Internacional por los más de 300.000 muertos y casi tres millones de refugiados víctimas de su plan de exterminio de los cristianos sudaneses. Es verdad que los árabes rechazaron el fallo de la CPI, pero ninguno llegó al extremo de presentar al tirano sudanés como si de un modelo digno de imitar se tratara.

En síntesis, Chávez salió de la cumbre de Qatar más solo que nunca. Tan lejos de los árabes como su principal aliado, Mahmud Ahmadineyad, y con solo Evo Morales como socio de aventuras en la región sudamericana. Muy pobre saldo para quien pretendía erigirse en líder de una poderosa coalición entre el mundo islámico y Latinoamérica.

Himalaya y el nuevo Estado

La “nacionalización” de la mina Himalaya se suma a los muchos ejemplos de lo que en los hechos significa el “nuevo Estado”

Si hay algo que ya tendría que estar claro a estas alturas del proceso político que se inauguró con el ascenso del Movimiento al Socialismo al gobierno, es que no se trata de un simple relevo de élites burocráticas en la gestión del aparato estatal. Mucho más que eso, es la destrucción premeditada y sistemática del Estado republicano y su paulatina sustitución por otro Estado, uno que va construyendo su propia estructura institucional.

Muestras de lo que eso significa en el plano teórico se las puede encontrar en abundancia en las elucubraciones hechas durante los últimos años por los principales ideólogos del nuevo régimen. Ellos, franca y abiertamente, postulan la necesidad de reducir a escombros la “vieja estructura estatal” para sobre ellos erigir una nueva.

En lo práctico, eso se manifiesta cada vez con mayor claridad en la consolidación y proliferación de enclaves en los que las instituciones del Estado republicano son expulsadas y su lugar va siendo ocupado por las del que está en proceso de construcción.

La “republiqueta de Achacachi”, así definida por el Vicepresidente de la República, es un buen ejemplo pero no el único. Lo que está ocurriendo en El Alto es parte del mismo proceso, sólo que en una etapa aún no tan avanzada.

Otro ejemplo, no menos elocuente, es el que durante los últimos días ha vuelto a salir a luz en el cantón Cohoni, en la provincia Murillo de La Paz, donde se encuentra la mina Himalaya. Allá, hace ya 17 meses, los comunarios “indígena originarios campesinos” decidieron “nacionalizar” esa mina, así como muchas otras de las que fueron expulsados los cooperativistas.

El argumento con que los comunarios justifican sus actos es muy simple. “Los recursos naturales existentes en el país pertenecen a los originarios y deben ser explotados y manejados por los originarios; estamos decididos a eso. Estamos 1 año y 4 meses (en la mina) y ellos (la empresa) estaban 23 años explotando a nuestros hermanos”, dicen. No se refieren a una empresa transnacional, sino a una cooperativa perteneciente a mineros bolivianos tan pobres como ellos pero que, según sus parámetros, no merecen el privilegiado título de “originarios”.

Como se sabe, ni la policía nacional, ni las instancias judiciales, ni otra institución del “viejo Estado” puede intervenir. Han sido impunemente expulsados, de modo que quede claro quién tiene el poder y quién está demás. Y ante ello, más allá de irrelevantes declaraciones líricas que ni siquiera logran disimular sus verdaderas intenciones, los constructores del “Estado Plurinacional” no disimulan su beneplácito. Es que así se da un paso más hacia el logro de su principal objetivo que no es otro que la consolidación de un poder de facto ante el que nada pueda la legalidad “colonial”.

Las ONG en la hora de las definiciones

Para las ONG de El Alto, y para todas las que trabajan a lo largo y ancho del país, también ha llegado la hora de las definiciones

Hace unos días, cuando Evo Morales dijo que había llegado “la hora de las definiciones”, y trazó una línea a un lado de la cual debían ubicarse sin titubeos los que están con el “proceso de cambio”, y al otro sus enemigos, no hablaba en vano. Sabía lo que decía, y esperaba que sus seguidores, tanto los incondicionales como los que no lo son tanto, entiendan el significado de sus palabras.

Las primeras reacciones no se dejaron esperar. Uno de sus principales aliados políticos, el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, se reunió en un ampliado para decidir si están dispuestos a renunciar a su actitud crítica para convertirse en dóciles seguidores del masismo, o si se mantendrán leales a los principios básicos inherentes a una izquierda democrática. Pero ante la duda, optaron por abstenerse y postergar para junio tan importante decisión.

No fueron tan dubitativos los dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto, quienes decidieron dar el ejemplo y asumir el rol de inquisidores e iniciar la purga. A quienes no consideran suficientemente masistas, y por consiguiente, siguiendo la lógica de Morales, son fascistas, los expulsarán de la urbe alteña y expropiarán sus bienes.

Para dar el primer ejemplo aleccionador, han decidido acallar y exiliar de El Alto a un comunicador social de amplia trayectoria, a quien acusan de haber criticado a dirigentes de los “movimientos sociales”. No se conforman con privarle del derecho al trabajo y a la libre expresión. Además de ello, le quieren prohibir que pise la ciudad que en los hechos gobiernan.

El segundo objetivo de esa ofensiva “purificadora” son las 145 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en esa ciudad. A ellas las han conminado a que en el plazo de 30 días les presenten sus informes económicos y sometan las actividades que realizan a una evaluación de los dirigentes. “Los alteños no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza de los alteños”, han dicho, y ya se preparan para dar el zarpazo.

Entre las muchas ONG que han sido conminadas a decidir “si son masistas o fascistas”, hay por ahora sólo una que ha rechazado el trato que los dirigentes alteños le pretenden dar. Es el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza que desde hace 26 años brinda múltiples servicios a las mujeres de El Alto. Ellas han decidido salir en defensa de la institución y se niegan a someterse a los dictados de la COR.

¿Qué dirán, y qué harán las otras 144 ONG de El Alto? ¿Y las varias centenas que trabajan a lo largo y ancho del país? ¿Cuántas de ellas aceptarán por ponerse de rodillas ante los inquisidores del MAS? Es difícil saberlo. Pero lo que sí es seguro es que para ellas también ha llegado la hora de las definiciones.