Los insólitos programas de gobierno

Tan sorprendente como la superabundancia de disparates que se ofrecen bajo el rótulo de “programa de gobierno” es la inversamente proporcional escasez de ideas dignas de consideración

Con ese título, uno de los columnistas de este matutino comentaba en esta misma página, en nuestra edición de ayer, la que es una de las más notables características del actual proceso electoral: la ligereza con que los candidatos se han lanzado a una competencia que parece consistir en quién dice los mayores disparates.

“Ser candidato a la presidencia o, para el efecto, formar parte de cualquier formula ganadora o de las otras, da el derecho de decir incongruencias, pleonasmos, ofrecer lo inalcanzable, creer que los problemas de la economía del país son parte de un juego de simple y surrealista imaginación. ¡Sea candidato y tiene la prerrogativa de decir necedades, sandeces y alguna que otra ocurrencia graciosa!”, decía el autor, y no le faltaba razón.

El tema ha sido abordado también por muchos otros columnistas en similares términos. Todos azorados por la completa falta de escrúpulos con que algunos de los aspirantes a la presidencia se han dado a la tarea de mofarse de la inteligencia del pueblo cuyo apoyo quisieran conseguir.

Ejemplos abundan. Hacer una recopilación de tanta joya que se encuentra “en el pajar de la actual política eleccionaria”, sería por eso tarea muy ardua. Con razón, otro articulista recomendó en días pasados que antes de que su prestigio termine de desmoronarse, algunos candidatos tendrían que rodearse de un buen equipo de asesores que los ayuden a evitar los papelones que suelen hacer.

Todo lo dicho vale no sólo para algunos candidatos a la presidencia, sino también para los que los acompañan en las listas de aspirantes a diputados y senadores. Entre estos últimos, hay casos que ya no provocan sonrisas burlonas sino indignación. Sólo pueden interpretarse como un insulto a la ciudadanía, pues si creen que alguien tomará en serio sus propuestas debe ser porque suponen que se dirigen a un público de imbéciles.

Pero tan sorprendente como la superabundancia de disparates que se ofrecen bajo el rótulo de “programa de gobierno” es la inversamente proporcional escasez de ideas dignas de consideración. Es como si asuntos como la debacle del sector hidrocarburífero, el fracaso del proyecto del Mutún, la opacidad con que se negocia el litio del salar de Uyuni, sólo por poner algunos ejemplos, no existieran.

Algunos candidatos a asambleístas tampoco parecen haberse enterado de que una de las primeras tareas que tendrán que asumir es modificar la Constitución Política del Estado, pues ni sus más fanáticos defensores se atreven a negar la urgente necesidad de hacer muchos e importantes cambios. Pero los candidatos soslayan el tema como si de lo más irrelevante del mundo se tratara.

Algo similar puede decirse sobre otro problema de primera magnitud, como es el incremento del narcotráfico y sus secuelas, que tampoco parece merecer más que críticas a la actual gestión gubernamental, pero de propuestas serias, nada. A no ser que se considere seria la idea de destinar parte de los recursos económicos del país a subvencionar el acullico de coca.

Nuevas dudas sobre el padrón

“…las deficiencias que queden en el camino tendrán que ser objeto de atención ya no en función al 6 de diciembre, sino a un futuro menos condicionado por las urgencias inmediatas”

El 19 de julio pasado, en este espacio editorial al referirnos a la manera como comenzaba a encararse e proceso electoral, decíamos que la oposición: “…tiene sólo dos caminos. O se pone a la altura de las circunstancias y aprovecha el poco tiempo que le queda para hacer algo serio, (…) o comienza a buscar pretextos para justificar su fracaso. Es de esperar que opte por lo primero”.

Desgraciadamente, cuatro meses después, debemos lamentar que haya sido el segundo el camino elegido. No otra cosa significa el súbito entusiasmo con que algunos portavoces de la oposición han comenzado a desparramar dudas sobre la calidad y transparencia del padrón biométrico. Después de haberlo alabado desmedidamente, ahora vuelven a dirigir su atención al empedrado para echarle la culpa por sus tropiezos y caídas.

Y no es que falten motivos para poner en duda las cualidades milagrosas que hasta poco se atribuían al famoso padrón biométrico. Por el contrario, ellos abundan. Pero no recién ahora, pues todo lo que los flamantes detractores del padrón biométrico dicen hoy es exactamente lo mismo que podía y debía haber sido dicho con la debida oportunidad.

Haber creído que como por arte de birlibirloque el padrón biométrico resolvería las múltiples deficiencias que más que al antiguo padrón eran y siguen siendo atribuibles a lo corrompido que está el registro civil de nuestro país, fue siempre, y no ahora, un grave error.

Tan erróneo como eso fue sobrestimar las cualidades de los artilugios tecnológicos. “No debe perderse de vista que por modernos y eficientes que sean ese los recursos técnicos empleados para empadronar a la ciudadanía seguirá siendo siempre el factor humano el principal. Las máquinas y los sistemas informáticos son sólo herramientas y los resultados que arroje su aplicación dependen de las intenciones de los operadores”, decíamos en este espacio el 19 de junio pasado.

Insistimos, por eso, en muy numerosas oportunidades, en que “la transparencia y confiabilidad del próximo proceso electoral sigue dependiendo, como antes, de la capacidad que tengan las organizaciones políticas de la oposición de supervisar todo el proceso. “Mientras los partidos políticos no sean capaces de ejercer su derecho y cumplir su obligación de hacerse presentes con sus representantes en todo el territorio nacional para supervisar desde el registro hasta la emisión y cómputo de los votos, de nada habrá valido todo el esfuerzo que se está haciendo para construir un cost oso padrón biométrico”, dijimos.

Hasta ahora, ninguno de los frentes opositores ha cumplido con ese deber fundamental. Ninguno ha designado representantes oficiales y capacitados para supervisar el proceso por lo que ahora, cuando se ven los resultados de su desidia, carecen de la autoridad moral necesaria para hacer reclamo alguno.

Por eso, como ya lo dijimos el 1 de octubre, muy a pesar de que el padrón biométrico no estará libre de gravísimas imperfecciones, “las deficiencias que queden en el camino tendrán que ser objeto de atención ya no en función al 6 de diciembre, sino a un futuro menos condicionado por las urgencias inmediatas”.

La hora crucial para la oposición

Han surgido algunas propuestas para desbaratar el actual escenario y dar un giro capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Que uno de los dos principales candidatos de la oposición decline sus aspiraciones es la principal de ellas

Como si el desasosiego y desaliento que ya hacen estragos en el ánimo de las filas de la oposición no hubieran sido ya suficientes, los resultados de la última encuesta realizada por Equipos Mori para la red Usted Elige han tenido el efecto de un sismo entre los estrategas de las dos principales fórmulas que se enfrentan a la oficialista.

Y no es porque hayan sido sorprendentes. ya había muy abundantes motivos, además de todas las encuestas anteriormente publicadas, para suponer que el MAS se encamina hacia un contundente triunfo y la oposición a una más de las muchas derrotas que ha venido acumulando durante los últimos años.

Se ha llegado a tal punto, que ya nadie se atreve a poner en duda la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. Lo que está en juego ya es sólo la remota posibilidad de que la oposición pueda jugar un papel que no sea el de un simple elemento decorativo de la “Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Y eso no es poco, pues de que el MAS logre o no los dos tercios a que aspira depende no sólo el ritmo, sino la intensidad con que la “revolución democrática y cultural” continúe avanzando. Si logra su objetivo, una tras otra serán aprobadas las decenas de leyes que ya han sido elaboradas por su batallón de abogados. Y otras decisiones, para las que los dos tercios son imprescindibles, podrían ser tomadas con toda facilidad.

Los candidatos opositores tienen pues sobre sus espaldas una muy grande responsabilidad. Tanto, que es inadmisible que continúen haciendo de sus ambiciones personales, sus frustraciones y resentimientos, su guía principal.

Lo menos que se puede esperar de ellos, a esta altura del proceso, es que se sometan a unas muy severas sesiones de reflexión y autocrítica. Ellos, y sus principales asesores y allegados, tienen ante nuestro país y su futuro un deber que cumplir. Y si no se ponen a la altura del reto se habrán ganado un lugar destacado entre las páginas más vergonzosas de la historia contemporánea de nuestro país.

Si hay algo que a estas alturas ha quedado claro es que ninguno de los candidatos opositores, por sí solo, está a la altura del momento histórico del que les ha tocado ser protagonistas. No tienen la talla suficiente para constituirse en una opción política viable. Tan obvia realidad los obliga a actuar en consecuencia con humildad y desprendimiento.

Es ya tan escaso el tiempo que queda para el 6 de diciembre que no son muchas las posibilidades de que se produzca un cambio en las tendencias. A pesar de ello, han surgido durante las últimas horas algunas propuestas para desbaratar el actual escenario y dar un giro capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Que uno de los dos principales candidatos de la oposición decline sus aspiraciones, de modo que su potencial caudal electoral se concentre en una sola corriente, es la principal de ellas.

La idea no es nueva pero adquiere nuevo impulso ante las urgencias impuestas por las circunstancias. Todo indica que es la única oportunidad que les queda a los representantes de las dos corrientes de la oposición de hacer algo digno de ser valorado.

Tendencias inalterables

De mantenerse esas tendencias, las elecciones de diciembre no habrán servido sino solamente para reafirmar y consolidar el proyecto político del Movimiento al Socialismo, y para sepultar a los liderazgos de oposición que no han tenido la capacidad de construir alternativas políticas con visión y proyección nacionales


A tan solo tres semanas de las elecciones generales previstas para el próximo 6 de diciembre, es posible afirmar que la campaña electoral que vive actualmente el país es la peor de todos los comicios celebrados en Bolivia en más de veinte años de democracia ininterrumpida.

La ausencia de debates y la trivialidad de los mensajes que se difunden en la propaganda electoral, la ausencia de alternativas políticas sólidas, la incoherencia de la mayoría de los binomios y la improvisación de las formulas y planchas de candidatos, entre otros muchos elementos que resultaría imposible de enumerar, configuran uno de los escenarios electorales más insubstanciales que nos ha tocado vivir en este último tiempo.

El oficialismo tiene muy claras sus metas. Las próximas elecciones generales tienen para el Movimiento Al Socialismo una connotación plebiscitaria, tal y como sucedió con los referendos revocatorio, primero, y constitucional, después. El Gobierno no busca otra cosa más que reafirmarse y fortalecerse para ingresar a la nueva fase de aplicación de su proyecto político: la puesta en vigencia del texto constitucional aprobado en las urnas en enero de este año.

En ese contexto, el principal objetivo del oficialismo es lograr el control de los dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores, y por consiguiente del Congreso.

Las agrupaciones de oposición, en cambio, continúan embarcadas en una carrera electoral sin brújula ni metas claras; una carrera en la que su único propósito parece ser el de disputarse entre sí los votos que no son afines al Gobierno. Tanto Manfred Reyes Villa como Samuel Doria Medina, en ese orden, siguen muy por debajo de Evo Morales en las encuestas de intención de voto. El resto de los candidatos, con la excepción de René Joaquino, apenas aparecen en las preferencias del electorado.

La última encuesta encargada por la red Usted Elige no hace sino demostrar esa tendencia, que es la misma con que se abrió el actual proceso electoral, aunque muestra elementos novedosos que pueden marcar un importante cambio en la configuración del actual mapa político.

Es el caso de los departamentos de Tarija y Beni, en los que el MAS aparece en el primer y segundo lugar, respectivamente; dos tendencias que, de consolidarse a favor del partido gobernante, podrían quebrar el principal eje opositor mejor conocido como la “Media Luna”. Lo que vaya a suceder en Pando, por la pequeña cantidad numérica de su padrón departamental, no dejará de ser una incertidumbre hasta el día de la elección; y en Chuquisaca, según esa misma encuesta, el MAS se afianza en el primer lugar, al igual que en Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

Ese reposicionamiento oficialista en el oriente y el sur del país, al que se añade la invulnerabilidad de su principal bastión electoral en occidente (La Paz, Oruro y Potosí), tiende a ampliar la brecha entre Evo Morales y sus rivales políticos.

De mantenerse esas tendencias, las elecciones de diciembre no habrán servido sino solamente para reafirmar y consolidar el proyecto político del Movimiento Al Socialismo, y para sepultar a los liderazgos de oposición que no han tenido la capacidad de construir alternativas políticas con visión y proyección nacionales.

La degeneración de la política

Muy revelador es el hecho de que sean las hordas de dos fracciones de la Unión Juvenil Cruceñista las que se hayan liado a golpes y hayan estado a punto de matarse entre sí



A medida que pasan los días, más razones hay para afirmar que el proceso que desembocará en las urnas el próximo 6 de diciembre es el peor de los últimos tiempos. Y probablemente de nuestra historia pues, que se sepa, nunca antes una lid electoral había tenido características tan deplorables como la actual.

El monólogo ideológico es una de ellas. El MAS ha logrado hacerse del control monopólico de las propuestas, los programas y proyectos de país, y no tanto por sus propios méritos cuanto por la inexistencia de un rival capaz de hacerle frente en el terreno de las ideas. No hay quién ponga en duda la solidez y validez de los pilares de la opción oficialista, como el retorno al estatismo, en lo económico, o la transformación radical de la estructura estatal, en lo político.

Ninguno de los candidatos opositores se atreve a opinar siquiera sobre temas como la nacionalización de los hidrocarburos o la nueva Constitución Política del Estado, las dos medidas emblemáticas del MAS. Así, tácitamente las avalan y al hacerlo se atribuyen a sí mismos el papel de decoradores de una obra que, por lo visto, la dan por bien hecha. A juzgar por sus pocas palabras, se diría que no tienen ninguna discrepancia de fondo con el oficialismo y sólo los separan de él aspectos formales y secundarios, como el mal trato que reciben sus candidatos u opiniones sobre la calidad de sus hamburguesas.

Al no tener ideas serias con las que confrontar la propuesta oficialista, y agotado el recurso del victimismo, la oposición parece haber optado por otro más grave en términos psicológicos, que es el autismo. Ese mal consiste en la incapacidad para establecer contacto verbal y afectivo con las personas del propio entorno, y en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor.

Así se explica, por ejemplo, que mientras el MAS se lanza con todos los medios a su alcance a la conquista de las extensas llanuras orientales, los estrategas del Plan Progreso se empecinen en reducir su campo de visión y acción a los estrechísimos límites de la celda donde está recluido uno de sus candidatos. Y mientras monologan sobre sus propias penurias, el camino queda expedito para que la máxima expresión de las pugnas políticas en la Bolivia de hoy –ante la ausencia total de ideas y líderes-- sean enfrentamientos como el del jueves pasado en la principal Universidad de Santa Cruz.

Muy revelador es el hecho de que sean las hordas de dos fracciones de la Unión Juvenil Cruceñista las que se hayan liado a golpes y hayan estado a punto de matarse entre sí. No es casual que quienes hasta hace un año compartían garrotes para apalear “collas e indios” en nombre de la autonomía y la “cruceñidad”, hoy se encuentren en bandos opuestos pero sigan compartiendo los mismos métodos de acción a falta de mejores argumentos.

Unos en su flamante condición de punta de lanza para la penetración masista en Santa Cruz; y otros tratando de defender su último bastión, ambos bandos de jóvenes cruceños –cuarentones la mayor parte de ellos—adquieren la condición de sendos emblemas de la degradación de la política en nuestro país. Unos representan a las nuevas juventudes abanderadas del “cambio”, y otros a los que ya no tienen banderas que defender.

La omisión de los grandes temas

Es tan absoluto el silencio sobre los temas más importantes para el futuro económico y político de nuestro país, que sólo se puede suponer que todos están muy conformes con la situación actual


Una de las características más notables del proceso electoral en curso es la absoluta y total omisión de los temas más importantes para el presente y el futuro de nuestro país, en la que incurren de manera coincidente todos los candidatos, sin ninguna excepción.

La política hidrocarburífera, la nueva Constitución Política del Estado y las muchas modificaciones que requiere de manera ineludible, las decenas de leyes que deberán ser discutidas en cuanto se instale la nueva Asamblea Legislativa Plurionacional son, entre muchos otros, algunos asuntos sobre los que la propuesta de quienes aspiran a gobernar o a ocupar un curul durante los próximos cinco años, es un verdadero misterio. Un misterio insondable, pues ni siquiera ofrecen alguna pista que permita deducir lo que se proponen hacer al respecto, sea como gobernantes o como opositores.

Entre los temas ausentes, probablemente ninguno es más llamativo que el relativo a los hidrocarburos. Aunque es por demás evidente que se trata de la piedra angular de la economía nacional, y que cuanto se haga o deje de hacer al respecto tendrá hondísimas consecuencias sobre nuestro futuro, los candidatos actúan como si el problema no existiera.

Que el gobierno ponga sus mejores empeños para evitar que el tema forme parte de la agenda informativa en estos días de proselitismo, es comprensible. No podía ser de otro modo, pues son tan catastróficos los resultados arrojados por la “nacionalización”, que cuanto menos se hable del asunto, mejor.

Muy grave sería para las expectativas electorales del oficialismo que en vez de centrarse en los quejidos victimistas inspirados por los problemas legales de los dos principales candidatos del Plan Progreso, las campañas giraran alrededor de los muchísimos puntos débiles del gobierno, entre los que se destaca el de la “nacionalización” y sus frutos.

Pero como no hay quién se ocupe de dar batalla ideológica o programática, el Ministro del área puede reconocer, por ejemplo, sin que nadie le preste atención, que la pérdida de mercados para el gas está obligando a las empresas productoras a dirigir sus mejores esfuerzos hacia la disminución de los volúmenes producidos. En pocos años Bolivia a pasado de ser el potencial centro energético continental a un rincón marginal; los países vecinos están haciendo grandes inversiones para poder prescindir totalmente de nuestro gas durante los próximos años, pero eso no parece merecer la atención de nadie.

Que el descenso de las exportaciones venga aparejado de la disminución de nuestra capacidad para producir hidrocarburos líquidos, lo que obliga a destinar cada vez más recursos a la importación de carburantes, resulta también asunto secundario ante las tribulaciones legales de algunos candidatos.

Similar es el caso de la nueva Constitución Política del Estado vigente. Son tantas las contradicciones que contiene, tantas las fallas reconocidas incluso por sus autores, que resulta inevitable que durante la próxima legislatura deba ser sometida a profundas modificaciones. Pero es también tan absoluto el silencio sobre este asunto, que sólo se puede suponer que todos están muy conformes con el texto actual y no tienen nada que objetar.

El MAS, a la conquista del último bastión

Entre la eficiencia del MAS y la ineptitud des rivales, están escribiendo las próximas páginas de la historia de nuestro país

Hace unos días, al referirnos en este espacio editorial a la cada vez más desigual correlación de fuerzas que caracteriza al actual proceso electoral, decíamos que eran claramente visibles dos tendencias. “Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

“Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez”, decíamos. En efecto, los más recientes actos de la campaña oficialista han dado clarísimas muestras de esa doble estrategia, ante la que la oposición no atina a reaccionar.

Una muestra de lo primero son las agresiones que los grupos de choque del MAS ejercen contra quienes tímidamente intentan hacer campaña en “su” territorio. Por “su” territorio, se entienden prácticamente todas las provincias de los departamentos altiplánicos y de los valles, así como barrios íntegros de las principales ciudades.

Ejemplos de lo segundo han comenzado a abundar durante los últimos días. Tanto, que según recientes reportes de prensa, el Comité pro Santa Cruz es la única entidad de la “institucionalidad” cruceña que no fue “perforada” por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que selló nueve alianzas con unionistas, barras brava, universitarios, ex funcionarios prefecturales, y anteayer firmó un acuerdo con los agropecuarios del norte cruceño.

El más reciente e importante de los frutos obtenidos por el MAS es e convenio suscrito en Montero con la Federación de Agropecuarios del Norte del Departamento de Santa Cruz, que se unió al partido oficialista para realizar campaña por la reelección del presidente Evo Morales.

Pero no es sólo en Santa Cruz donde ese plan de acción se desarrolla con notable éxito. En el Beni, el martes pasado, el MAS logró acuerdos con dos bloques del movimiento cívico de ese departamento, muchos de cuyos principales dirigentes decidieron pasar a engrosar las filas del oficialismo.

Ya antes, algo similar ocurrió en Tarija donde incluso uno de los más prominentes diputados de lo que fue Podemos puso a su agrupación ciudadana al servicio de la campaña del MAS. El caso de Pando, que por ser “el eslabón más débil” es donde se inició la “conquista de la Media Luna”, tiene características diferentes, pero los resultados son los mismos.

Pero tan o más notable que la eficiencia con que el oficialismo avanza hacia el objetivo de lograr dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la absoluta y total parálisis en la que está sumida la oposición. Arrinconada, siempre a la defensiva, sin iniciativas, sin liderazgos, sin ideas, sin saber qué decir cuando tienen la oportunidad de dirigirse a sus potenciales electores, la oposición contribuye en no poca a que el MAS logre cuanto se propone.

Así, entre el MAS y sus oponentes están escribiendo las próximas páginas de la historia de nuestro país.

La violencia, protagonista de las campañas

A diferencia de épocas anteriores, la violencia política es hoy parte fundamental de las campañas. La alimentan tanto los que la ejercen como los que la sufren

Desde hace muchos meses, antes incluso de que se inicie el proceso electoral que está ya ingresando a su etapa final, se sabía que la violencia, la intolerancia, las agresiones verbales entre los diferentes candidatos, y las agresiones físicas entre sus seguidores, serían una de sus principales características.

Había, y hay, dos razones que explican que así sea. Una de ellas es tan antigua como la historia política de nuestro país. Como es fácil recordar, siempre fue así. Movimientistas que agredían a miristas y adenistas; adenistas que destrozaban la publicidad de todos sus rivales; miristas que agredían a eneferistas y viceversa… y así fue siempre, hasta donde la memoria alcanza a recordar. Es un rasgo de nuestra débil cultura democrática que no tiene nada de nuevo, por lo que no hay porqué sorprenderse si este proceso electoral está también contaminado por tan deplorable manera de actuar.

Hay, sin embargo, en el caso presente, un factor adicional que se suma y agrava el que se arrastra desde siempre. Es que, a diferencia de épocas anteriores, ahora la violencia y la agresión contra los rivales es franca y abiertamente alentada por quienes conducen la campaña electoral del oficialismo. Han sido importantes dirigentes de los “movimientos sociales” que respaldan al Movimiento al Socialismo los que abiertamente instruido a sus bases para que actúen con máximo rigor para evitar que los candidatos de la oposición hagan campaña en “su” territorio. Y lo han hecho con tanta eficiencia que en gran parte del territorio nacional está impunemente vedada cualquier actividad política que no sea la del oficialismo.

Una segunda característica de los brotes de violencia que empañan el actual proceso electoral es que se prestan muy bien a lo que ha sido adoptado como el eje principal de la campaña de una de las dos principales fórmulas opositoras. Se trata del victimismo, que consiste en magnificar cuanto hecho se adecue a su afán de presentarse como víctimas de un complot al que atribuyen todas sus propias falencias.

En ese contexto se explica, aunque de ningún modo se justifica, la actitud de seguidores del MAS que a lo largo y ancho del país cumplen disciplinadamente las órdenes recibidas. Los grupos de choque organizados con la expresa misión de evitar que sus rivales hagan campaña electoral es sólo la manifestación más visible de esa forma de actuar, pero no la única. Las amenazas contra quien alquile ambientes para casas de campaña, contra quien exhiba afiches, banderas, o cualquier otro símbolo de los opositores, son otras, entre muchas formas de ejercer violencia e intolerancia.

Tal situación pone en evidente desventaja a los candidatos de la oposición. Pero no es el único factor, ni siquiera el principal, que explica las dificultades que tienen para encarar el desafío que tienen al frente. La falta de ideas, de un plan de acción, de liderazgos y de organización son mucho más perjudiciales.

Por eso, que los estrategas del Plan Progreso continúen desperdiciando los pocos recursos, el poco tiempo y energías que tienen sólo en formar coros quejumbrosos con la esperanza de inspirar una estéril conmiseración, en vez de dar las muestras de aplomo que exigen las circunstancias, es uno de esos errores que en la lucha política tienen alto precio.

Desigual correlación de fuerzas

Mientras el oficialismo despliega sendos planes de acción para dos escenarios diferentes, la oposición no halla la vía para salir de su aturdimiento paralizador



Cuando ya hemos ingresado ya a lo que en los hechos es el último tramo del proceso que concluirá el 6 de diciembre próximo, las campañas electorales y la actitud de la ciudadanía ante ellas dan ya suficientes elementos de juicio para describir cuál es la correlación de fuerzas en el escenario político y lo que se puede esperar en el futuro inmediato.

Dos parecen ser los rasgos principales del proceso. Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez.

Para el primer caso, el fin es superar ampliamente los dos tercios de los votos y de los asambleístas electos y el medio mantener y reforzar su condición de partido prácticamente monopólico, para lo que cuenta con los muchos mecanismos montados durante los últimos años para que en esas regiones no haya presencia efectiva de la oposición.

En esas regiones, que en términos geográficos y demográficos representan a más de la mitad del país, el objetivo oficialista ha sido ampliamente logrado. Ninguna de las fórmulas opositoras ha podido, en cambio, hacer mella siquiera en la hegemonía oficialista. A tal punto que, así como en esta etapa no tienen ni casas de campaña en el vasto “territorio masista”, tampoco es previsible que vayan a tener presencia alguna cuando llegue el día de controlar, mediante delgados de mesa, el acto electoral.

Diferente, pero no por eso menos eficiente, es el plan oficialista a ser aplicado en lo que fue la “Media Luna”. Allá, por ejemplo, la wiphala ha sido arriada “por respeto a la cultura cruceña”, lo que indica que no se trata en este caso de imponer los símbolos propios, sino de arrebatar los de los rivales. Así, tomar la plaza 24 de septiembre, máximo símbolo de lo que fue la resistencia cívica, y hacer de ella un bastión a partir del que se inicie la “ofensiva electoral final”, más que un acto político se convierte en uno simbólico de máxima significación.

Tal como antes el MAS se apoderó de las banderas de la autonomía, ahora serán los más destacados miembros de las huestes de la “juventud crueceñista” las encargadas de arrinconar, en el plano fáctico y en el simbólico, a lo poco que queda de la oposición cívica.

Que en ambos escenarios estén ejecutándose con tanto éxito sendos planes de acción oficialista se explica no sólo por la habilidad de sus estrategas sino también, y en no menor medida, por la ineptitud de sus rivales. Es que a estas alturas del proceso todavía no se ve, ni remotamente siquiera, una fuerza capaz de oponer resistencia. Sin liderazgo, sin organización y sin un cuerpo de ideas que se plasmen en una propuesta política digna de tal nombre, la oposición no atina a nada más que perseverar en su estéril victimismo.

La necesidad de debatir

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos


A poco más de un mes de las elecciones generales, los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, se han apoderado de los medios de comunicación, pero el país no ha visto hasta hoy una exposición clara y real de los proyectos y visiones que plantean los partidos políticos que participan en este proceso electoral.

Los postulantes a la presidencia, además de desplegar sus estrategias de propaganda electoral, desarrollan una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos vayan incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de las siguientes cinco semanas, tiempo que los partidos políticos tienen para agotar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

Mientras la campaña electoral transcurre, todas las encuestas de intención de voto coinciden en otorgarle una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino.

Los mensajes de propaganda electoral que se están difundiendo a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en lo poco que queda del período de la campaña electoral, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y proyectos, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario, de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

El ensordecedor silencio de Anamar

Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia

Cuando a principios de septiembre pasado Ana María Romero de Campero, --quien se destacó en su labor periodística con el seudónimo de Anamar—fue presentada como candidata a la primera senaduría por La Paz en las listas del Movimiento al Socialismo, se produjo una inusitada vorágine de reacciones a favor y en contra de tal postulación. Pero entre unas y otras, fueron más numerosas y más contundentes las que vieron su incorporación al escenario político como una señal esperanzadora.

Muchas destacadas personalidades del ámbito intelectual no dudaron en expresar su optimismo y la defendieron con muy buena fe de la andanada de críticas de la que tan prestigiosa mujer fue objeto. Tal visión optimista fue alimentada por las palabras con que Ana María Romero justificó su decisión, y con las cuales se comprometió a no defraudar a quienes confiaron en la posibilidad de que su presencia en las filas del MAS contribuiría imponer cierta racionalidad democrática a la conducta del partido gobernante.

Anamar aseguró, en esa ocasión, que no sería una “levantamanos” y que “no sería capaz de seguir una consigna contra mi consciencia”. “El horror a que nos dividamos y la preocupación porque se frustre un proceso que puede permitirnos construir un país con equidad y justicia ha hecho carne en mí durante este tiempo de retiro y me ha decidido a dar el paso. Ha pesado en mí la convicción de que no puedo negarme a brindar mi esfuerzo al ánimo de tender puentes y concertar que me ha manifestado el presidente Evo Morales y que considero imprescindible”, dijo, y por la autoridad moral acumulada durante mucho tiempo, se le creyó.

Quienes entendieron esas palabras como un compromiso digno de ser tomado en serio lo hicieron convencidos de que a la muy probablemente próxima presidente de la Cámara de Senadores no le faltarían oportunidades para ratificar con hechos sus palabras.

Una serie de acontecimientos producidos durante los últimos días, lamentablemente, han echado por la borda tantas ilusiones. Es que teniendo la oportunidad de corresponder a las muestras de apoyo recibidas y refutar a sus detractores, Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia.

La tozudez con que el gobierno del MAS insiste en coartar la libertad de expresión de Leopoldo Fernández; la nueva ofensiva oficialista contra el Órgano Electoral, las reiteradas agresiones contra periodistas, o la brutal arremetida de hordas masistas contra autoridades ediles, cívicas y vecinales de El Alto, son sólo algunos de los casos más recientes, pero no los únicos.

Lejos de aprovechar tales oportunidades para dar una muestra de la sinceridad de las palabras con que asumió el compromiso, Romero no sólo que ha optado por callar, sino que ha participado activamente en actos proselitistas al lado del presidente y candidato presidencial del MAS, lo que no puede interpretarse sino como un tácito aval a la manera como la organización política de la que ahora forma parte actúa. Es una verdadera pena que tan poco tiempo haya sido suficiente para que se produzca tan enorme decepción.

Dudas y certezas sobre el nuevo padrón

…si hay algo que queda claro es que el Padrón Biométrico dará al próximo acto electoral una legitimidad que estará muy por encima de toda duda



Aunque todavía no se conoce la cifra final con la que se cerrará el Padrón Biométrico, pues los datos siguen llegando de provincias alejadas y no ha concluido el proceso de depuración, ha quedado claro que todas las previsiones fueron superadas. Con toda razón, los miembros del Órgano Electoral que hicieron posible la hazaña se sienten tan orgullosos.

Ya se ha dicho que tan notable resultado no habría sido posible sin la extraordinaria muestra de espíritu cívico que una vez más dio el pueblo boliviano. Pero hay que insistir en ello una y otra vez, pues no es un detalle menor. Es, más bien, el más sólido pilar sobre el que a pesar de todo se sostiene el sistema democrático de nuestro país.

Hay que insistir también, aun a riesgo de aparentar un exceso de suspicacia, en que son todavía muchas las dudas que se pueden vislumbrar tras las cifras que arroja el Padrón Biométrico. Despejarlas debe ser el próximo paso que dé el Órgano Electoral para completar su hasta ahora impecable labor.

Un análisis comparativo entre el número de personas habilitadas para votar con el antiguo padrón durante los últimos actos electorales y referendos, y los datos del nuevo padrón da una pauta de lo que nos inquieta. Es que nos encontramos ante dos posibilidades mutuamente excluyentes. O el antiguo padrón no estaba tan contaminado como se creía y como denunciaba la oposición, o el nuevo padrón es tan poco confiable como el que viene a sustituir.

Si la primera hipótesis es la correcta, quienes tanto empeño pusieron al afán de deslegitimar los resultados de las últimas votaciones atribuyéndolos a un supuesto fraude masivo realizado a través de “miles, decenas de miles, y hasta cientos de miles de “fantasmas”, “clones” y muertos que usurparon la “voluntad popular”, tendrán que disculparse.

La segunda posibilidad consistiría en que tales denuncias eran ciertas y, como la cantidad de inscritos no sólo que no disminuyó sino que se incrementó notablemente, sólo cabría suponer que el nuevo padrón está tan lleno de irregularidades como el anterior. Si fuera así, sólo cabría esperar que durante los próximos días se produzca una masiva depuración. Los informes preliminares, sin embargo, descartan esa posibilidad. Las inscripciones dobles hasta ahora detectadas serían tan pocas que su incidencia en el conjunto sería insignificante.

Hay, sin embargo, otros datos que dan cuenta de un fenómeno mucho más relevante desde el punto de vista de la demografía electoral. Se trata del desproporcionado crecimiento del número de potenciales electores en algunas regiones del país, y su disminución, también desproporcionada, en otras.

Al ver los datos, no es difícil sospechar que se están produciendo masivas migraciones de unos departamentos a otros, y de unas provincias a otras, e incluso entre barrios de algunas ciudades, para reforzar la presencia de seguidores de la fórmula oficialista allá donde escasean. Lo que sin ser del todo ilegal, sí denota un afán de manipular la voluntad popular.

De cualquier modo, salvo sorpresas de último momento, si hay algo que queda claro es que el Padrón Biométrico dará al próximo acto electoral una legitimidad que estará muy por encima de toda duda, y a los políticos y asesores intelectuales de la oposición los privará de lo que durante los últimos tiempos fue su principal argumento.

Censo urgente

Si tenemos recursos para consultas populares por todo y por nada, ¿por qué no podemos disponer de una parte para un dato que es imprescindible en la planificación de nuestro desarrollo?

El registro en el padrón biométrico cerró esta madrugada con un balance más que positivo: todo cálculo previo fue rebasado pues se llegó a la impensada cifra de 4,8 millones de inscritos. Semejante éxito amerita nuevos desafíos

En teoría, un padrón electoral aglutina a las personas en edad de votar. Tomando en cuenta que la edad mínima para el sufragio y el ejercicio de la ciudadanía es 18 años, se supone que en el registro están las personas que tienen esa edad o más.

Según los datos, todavía preliminares, de la Corte Nacional Electoral, unas 4,8 millones de personas se inscribieron en el nuevo padrón, cuya principal característica es que registra datos biométricos; es decir, firma, fotografía y, especialmente, las huellas dactilares de los inscritos.

Manejando simplemente esos resultados, habría que decir que el padrón biométrico nos proporciona un dato bastante aproximado de las personas en edad de votar que viven en nuestro país. Si restamos a las aproximadamente 160 mil personas que se registraron en el exterior, tenemos una base de datos nacional de 4,6 millones de ciudadanos que sigue siendo bastante respetable y está muy por encima de las previsiones iniciales.

¿Hay 4,6 millones de personas en edad de votar en Bolivia?

El último Censo Nacional de Población y Vivienda se realizó el año 2001 y, sobre la base de los resultados que arrojó, se estima que la cifra de habitantes de nuestro país subió a 8,2 millones de habitantes hasta 2008.

El dato sobre la población de un país, departamento, municipio o circunscripción no es simplemente estadístico ya que se emplea en la planificación del desarrollo.

Por ello, el 21 de junio de 2000 se promulgó una ley, la 2105, que modificó la Ley de Participación Popular en la parte que corresponde a la planificación y fijó la obligatoriedad de realizar censos de población y vivienda en todos los años terminados en cero. En función a dicha ley, el próximo año tendría que realizarse un censo, pero como este gobierno se ha acostumbrado a atropellar nuestro ordenamiento legal (recordemos que el presidente dijo "yo le meto nomás" porque luego vienen los abogados a arreglar el entuerto), ya se anticipó que el recuento no se realizará.

La imposibilidad de contar con un dato poblacional actualizado evitará un buen trabajo en la planificación del desarrollo. Más aún, los datos que arroja el registro biométrico demuestran que la proyección de 8,2 millones de habitantes para el 2008 está alejada de la realidad. Si los mayores de 18 años son 4,6 millones, ¿a cuántos llegaremos con los menores de esa edad? La proyección, ya sin respaldo científico, de que el país tiene unos diez millones de habitantes es válida estadísticamente, pero no para fines de planificación del desarrollo.

Tras los datos del exitoso registro en el nuevo padrón, no sólo se hace urgente un censo el próximo año, cumpliendo lo dispuesto por la Ley 2105, sino que, siempre en función planificadora, habría que modificarla imponiendo que esos recuentos se realicen cada quinquenio.

A la caza del voto urbano

Es previsible que, teniendo las preferencias del voto rural a su favor, el oficialismo vuelque toda la intensidad de su estrategia electoral a conquistar el electorado de las ciudades capitales y del exterior del país

No es desde ningún punto de vista ilógico el anuncio del Presidente de Bolivia, de orientar el mayor esfuerzo electoral del oficialismo a conquistar el voto de las clases medias del país, tomando en cuenta que el grueso del voto rural está prácticamente asegurado a favor del Movimiento al Socialismo.

Sólo así se explica que el MAS haya acudido a personalidades invitadas para confeccionar sus listas de candidatos, como es el caso de la ex Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero, quien es postulada a la primera senaduría por la ciudad de La Paz.

Así como Ana María Romero, cuya candidatura no puede tener otro objetivo que cautivar a la clase media paceña, el MAS se está jugando en otros departamentos por aproximarse al electorado de las ciudades capitales, para recuperar aquella votación urbana que perdió por efecto del proceso de extremada polarización política en que derivaron los cambios llevados adelante por el partido gobernante en los últimos tres años.

Y es que del voto urbano dependerá, en gran medida, la mayor o menor cantidad de senadores que pueda lograr el MAS en su propósito de lograr el control absoluto de las dos cámaras que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Si las proyecciones de las actuales encuestas se mantienen hasta diciembre, el oficialismo tendría asegurada su mayoría en la Cámara de Diputados y la verdadera batalla electoral se estaría librando en torno al control del Senado, para lo cual el MAS necesita ganar en la mayor cantidad posible de departamentos y no solamente en su principal bastión político concentrado en el occidente del país.

Por eso, en las próximas elecciones el oficialismo buscará más que la sola reelección de Evo Morales: buscará el control absoluto de los órganos Ejecutivo y Legislativo; objetivo indispensable para avanzar -sin más obstáculos ni demoras- en la aplicación de la Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum de enero de este año.

Otro frente electoral inexplorado hasta hoy, pero que puede afirmar decisivamente las tendencias electorales y los porcentajes finales de la votación, lo constituye el de los bolivianos residentes en el exterior, que por primera vez podrán sufragar fuera de nuestras fronteras.

En esta elección, los migrantes bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos emitirán su voto en el país donde residen. No es casual, por eso, que el Presidente, al igual que el resto de los candidatos de la oposición, vaya a dedicarle particular atención al electorado residente fuera de nuestras fronteras.

Es previsible, pues, que teniendo las preferencias del voto rural a su favor, el oficialismo vuelque toda la intensidad de su estrategia electoral a conquistar el electorado de las ciudades capitales y del exterior del país, en procura de recapturar al electorado de la clase media que, por razones que no viene al caso anotar aquí, quedó desencantado con la forma de gobernar del Movimiento al Socialismo.

¿Otra elección sin debate?

No es congruente despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas


Los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, han empezado a apoderarse de los medios de comunicación en los primeros tres días del período establecido por Ley para la campaña electoral.

Adicionalmente, los postulantes a la presidencia han dado inicio a una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos irán incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de los próximos dos meses, tiempo que los partidos políticos tienen para desplegar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

La campaña electoral se ha iniciado con unas tendencias de voto que, según coinciden todas las encuestas hechas públicas hasta hoy, le dan una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino, en ese orden.

Los primeros mensajes de propaganda electoral que han comenzado a ser difundidos a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en el curso de la campaña electoral que apenas comienza, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y programas de gobierno, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

Campañas en marcha

Las cartas están echadas y las tendencias políticas más o menos definidas. Sólo cabe esperar que el fragor del proselitismo electoral, en vez de ahondar las diferencias entre bolivianos, contribuya a fortalecer los cimientos de nuestra todavía joven democracia


El cronograma electoral señala que el día de hoy se abre, de manera oficial, el período asignado por ley para la campaña electoral de los partidos políticos que participarán en los comicios generales del próximo 6 de diciembre.

Serán, pues, dos meses de intensa actividad proselitista que marcan el inicio de una nueva etapa en la vida democrática de Bolivia. Veamos por qué:

Por primera vez en la historia, y por efecto de la actual Constitución Política del Estado aprobada en el referéndum de enero de este año, un Presidente y un Vicepresidente de la República en funciones están habilitados para buscar su reelección; y a diferencia de procesos anteriores, los bolivianos residentes en el exterior también podrán emitir su voto.

Otro elemento –tal vez el más importante– a tomar en cuenta es que en las elecciones de diciembre están en juego intereses políticos mucho más importantes y vitales que la sola renovación o ratificación de las autoridades y representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Lo que verdaderamente está en juego es el futuro del proyecto político y del esquema de poder diseñado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo, porque es finalmente a partir de las elecciones de diciembre cuando comenzará, en los hechos, la aplicación del texto constitucional en actual vigencia, así como la puesta en vigencia del nuevo modelo de organización política y administrativa del Estado.

Una vez hechas esas consideraciones, es posible afirmar que los próximos comicios generales marcarán –qué duda cabe– la suerte que le toque correr a Bolivia en los próximos años, si no décadas; y que la responsabilidad de la decisión que vayan a tomar los ciudadanos bolivianos en las urnas es, probablemente, la más delicada y compleja de toda nuestra vida democrática.

Resulta penoso constatar, sin embargo, que los candidatos y partidos políticos en carrera no parecen estar a la altura de los desafíos antes señalados. De hecho, la campaña electoral que hoy se inicia estará signada por la amplia ventaja con que el oficialismo enfrentará a una oposición frágil, dividida y políticamente extraviada.

Por un lado, está claro que el objetivo del Movimiento Al Socialismo no se centra únicamente en ganar las elecciones generales y asegurar la reelección del presidente Evo Morales. El MAS aspira a tener el control absoluto de las cámaras de Diputados y Senadores, y si es posible de dos tercios de la composición del futuro Congreso Nacional, de manera que pueda tener el camino llano para aprobar sin dificultades el vasto andamiaje jurídico que requiere la implementación de la Constitución Política del Estado.

En el otro lado, en cambio, el resto de los partidos políticos parecen más preocupados por disputarse entre sí la porción del electorado que no es afín al Gobierno y por ganar el liderazgo de la oposición antes de las elecciones de diciembre.

Las cartas están echadas y las tendencias políticas más o menos definidas. Sólo cabe desear que el fragor del proselitismo electoral, en vez de ahondar las diferencias entre bolivianos, contribuya a fortalecer los cimientos de nuestra todavía joven democracia.

Plan Progreso versus Unidad Nacional

Los estrategas del Plan Progreso tendrán que reconducir su artillería. De otro modo, no podrán evitar correr la misma suerte de lo que un día fue Podemos

Entre las muy pocas ideas claras que los candidatos y estrategas del Plan Progreso parecen tener en su intento de hacer frente a la fórmula oficialista en las elecciones de diciembre, hay una que, por lo menos por ahora, se muestra como el eje de su plan de acción. Consiste en concentrar sus escasas energías en destruir, o por lo menos debilitar, la candidatura de Unidad Nacional. Se diría es su enemigo principal.

Los primeros pasos de esa estrategia fueron dados en vísperas del vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos. Recurriendo a los más diversos medios, que van desde las amables exposiciones de argumentos dignos de consideración, hasta las más viles amenazas y chantajes, lograron disuadir a importantes personajes de los nueve departamentos que habían aceptado presentar sus candidaturas con el partido de Doria Medina. Fracasaron en algunos casos, tuvieron éxito en otros; lograron debilitar la fórmula de UN, pero sacarla del camino.

Durante los últimos días, pero con especial empeño después de que se hicieron públicos los resultados de una encuesta sobre las intenciones de voto, la ofensiva contra UN arreció. Según denuncias de muchos partidarios de esa candidatura, han circulado amenazas, a veces veladas y otras no tanto, entre muchas otras formas de presión, para causar tanto daño como sea posible a la fórmula Doria Medina-Helbing y sus seguidores. El más reciente y serio de esos intentos ha tenido el objetivo de convencer al líder cruceño Oscar Ortiz para que abandone a su actual aliado y se pliegue a las filas del Plan Progreso.

Tal forma de actuar merece ser cuestionada desde tres puntos de vista: el ético, el aritmético y el político.

Desde el punto de vista ético, porque es inadmisible que aunque de manera un poco más sutil, el Plan Progreso recurra a métodos que en nada se diferencian de los empleados por los “Ponchos Rojos” y otros “movimientos sociales” para ejercer coerción sobre quienes no se le adhieren voluntariamente. Declarar “traidores” a quienes no se cuadran ante la candidatura del Capitán Reyes Villa, por ejemplo, es una aberración que no puede ni debe ser vista con tolerancia.

Pero si las razones éticas no fueran suficientes para cuestionar tal forma de actuar, abundan también las que dictan los cálculos aritméticos y políticos. En el primer caso, porque por mucho empeño que se ponga a restar votos al caudal de uno para sumarlos al del otro, no alcanza para que las cifras cuadren, más aún si, como ya está ampliamente demostrado, en la política hay sumas que restan y viceversa.

Más importante aún es que una adecuada interpretación del fenómeno político que se refleja en el actual escenario electoral indica que una eventual eliminación de las fórmulas del “centro” daría como resultado un ensanchamiento del caudal electoral del oficialismo más que del de la oposición. La exacerbación de la polarización arrojaría un nítido beneficiario que no sería el conglomerado opositor.

En base a esos elementos, y a la experiencia acumulada durante los últimos años, cabe esperar que los estrategas del Plan Progreso reconduzcan su artillería si no quieren correr la suerte de lo que un día fue Podemos.

Un escenario electoral inmutable

Ya que el Plan Progreso se empeña en calcar lo que fue Podemos, pero sobre todo sus errores, no sorprende que se encamine a similar destino




Como suele ocurrir en vísperas de todo proceso electoral, en Bolivia se ha intensificado la elaboración, aunque no siempre difusión, de las encuestas que se proponen detectar las tendencias y prever los posibles resultados de las elecciones de diciembre.

La más reciente de ellas, la difundida ayer por Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, ratificó una vez más que en Bolivia está sólidamente consolidado un escenario electoral que puntos más, puntos menos, es descrito en términos similares por cuanta encuesta se hace. Cabe advertir, sin embargo, que la que hoy comentamos contiene una limitación muy importante, que consiste en que no abarca el área rural donde, como todos saben, hay un voto cautivo que al no ser tomado en cuenta sin duda distorsiona los resultados.

A pesar de ello, el primer dato relevante es que Evo Morales cuenta con una base electoral prácticamente inmutable. Todas las encuestas indican que se mantiene entre 50 y 60 por ciento del apoyo de la gente, mientras la oposición se mantiene, también estática, con la adhesión firme de un 30 por ciento del electorado, poco más o menos, sin importar quién la represente.

Son tan estables esos números, que resulta evidente que el Plan Progreso y su candidato, Manfred Reyes Villa, no han hecho más que heredar un caudal electoral que desde hace cinco años estuvo, está, y estará, sin importar el nombre del beneficiario, disponible. Es el caudal que antes pertenecía a Podemos. Un caudal que tiene en el “antimasismo” –o “antievismo” su principal, si no único factor cohesionador. No es un voto “a favor de”, sino en “contra de”.

Entre ambos polos compuestos por lo que se suele llamar “voto duro”, pues no es probable que cambie de destino, que sumados fluctúan entre 80 y 90 del electorado, hay sólo entre un 10 y 20 por ciento de gente que podría, según cómo se pinte el panorama, cambiar su intención. Es el único segmento que en realidad está siendo disputado durante la campaña electoral.

De momento, es ese porcentaje el que tiende a beneficiar a Samuel Doria Medina, en distintos porcentajes en todo el país y a René Joaquino en Potosí. Es el voto de quienes no se sienten identificados con ninguna de las principales fórmulas y hallan en los candidatos “de centro”, en el voto blanco, nulo o finalmente en la abstención, una forma de protestar.

Esos tres segmentos, con un margen muy pequeño de variación, están desde hace ya varios años muy sólidamente identificados con una opción política. No es pues probable que ninguna campaña, por intensa que sea, logre significativas modificaciones. Mucho menos si los principales protagonistas, pero sobre todo los de la oposición, pues el MAS, como los datos lo demuestran sabe bien qué y cómo hacer, insisten en ensayar las mismas fórmulas que ya se probaron inútiles cuando de modificar la distribución de adhesiones se trata.

El Plan Progreso, que desde su origen y por la forma en que encara el proceso electoral no hace nada más que calcar lo que fue e hizo su antecesor, Podemos, y sobre todo sus errores, no puede esperar mejores resultados si aplica los mismos métodos. Así, todo parece indicar que nos encaminamos a una reedición casi exacta de lo que fue el acto electoral de 2005. Con la diferencia de que ahora nadie podrá declararse sorprendido.

Campañas con transparencia

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos



A diferencia de las últimas elecciones generales, los partidos políticos que terciarán en los comicios de diciembre próximo ya no tendrán el acostumbrado financiamiento del Estado para financiar sus campañas. El tema, que ya ha sido motivo de polémica, dará mucho que hablar en los próximos días y semanas.

De hecho, la carrera electoral se abrió con sendas denuncias provenientes de la oposición política sobre una presunta utilización de recursos y bienes estatales de parte del oficialismo. El Movimiento al Socialismo, a su vez, ha negado tal extremo y ha señalado que los recursos para su campaña provendrán de aportes de su militancia y de las organizaciones sociales que lo sustentan.

Sea cual fuere la verdad, queda claro que el partido gobernante goza de una sólida base económica que la constituyen los funcionarios públicos, los sindicatos afines y su control sobre todo el aparato del Estado. Una ventaja difícil de superar para el resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

Eso, sin embargo, no exime de responsabilidad a los partidos de la oposición, que deberán invertir importantes sumas de dinero para echar a andar su andamiaje proselitista. Ninguno de ellos ha informado, ni siquiera vagamente, de sus presupuestos de campaña ni de sus fuentes de financiamiento.

Una de las ventajas de que el Estado financie a los partidos políticos —independientemente del debate sobre la conveniencia o no de dicho financiamiento— era precisamente la de establecer reglas electorales más o menos claras de juego, permitiendo la fiscalización de los recursos de campaña así como el origen de los mismos.

Se pretendía, asimismo, que los partidos políticos asumieran compromisos económicos de naturaleza dudosa con financiadores particulares; compromisos que, tarde o temprano, tenían que ser retribuidos con dineros de todos los bolivianos, ya sea a través de cuotas de poder o de favores estatales, o de sobreprecios y jugosas comisiones en los contratos públicos.

Si bien es cierto que el financiamiento estatal a los partidos políticos no disminuyó la corrupción en la administración de la cosa pública, no es menos cierto que al menos generó ciertas condiciones de transparencia sobre el origen del dinero empleado en el proselitismo electoral.

Por eso, ahora que las fuerzas políticas se verán en la obligación de autofinanciar sus campañas, lo menos que tendría que esperarse es una información precisa y clara sobre sus presupuestos y el origen de sus recursos; evitando así que dinero de dudosa procedencia o de actividades ilícitas vuelvan a contaminar la actividad política, tal y como sucedió en el pasado.

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos.

Los debates de cada día

Fijar la agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es la base de una estrategia que le da muy buenos réditos al oficialismo

Una de las características de todos los proceso electorales que se han desarrollado en nuestro país durante los últimos años es el afán con que unos candidatos exigen a otros debatir sobre sus programas de gobierno mientras otros los eluden.

Los desafíos a debatir han dado resultados diferentes. En unos casos, como la recordada exitosa campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993, cuando partiendo casi de la nada llegó a ganar la elección es un ejemplo. La base de su ofensiva fue desafiar a un debate al Gral. Banzer y éste, empeñado en evitarlo, fue cayendo vertiginosamente en las intenciones de voto. Exactamente lo mismo pasó en 2002, sólo que la víctima de Goñi ese año fue Manfred Reyes Villa.

Jorge Tuto Quiroga quiso hacer lo mismo en 2005, y ya sabemos cómo le fue. Ahora, es el candidato del Plan Progreso, el mismo que basó su estrategia en eludir el debate cuando era candidato de NFR, quien insiste en que se debata.

Cuando los candidatos hablan de debatir se refieren a una sola cosa. A que el país los vea confrontar sus respectivas propuestas ante las cámaras de televisión. No ven, o no quieren ver, que los verdaderos debates, los que en realidad definen las inclinaciones de quienes no tienen definido su voto con anticipación, se produce todos los días en los más diversos escenarios.

Los debates que realmente importan son los que tienen lugar en las charlas cotidianas de la gente. En la sobremesa del almuerzo o la cena, entre amigos en toda reunión social, en medios de transporte público, en las calles y plazas donde la gente intercambia opiniones sobre la política nacional.

Los temas alrededor de los que giran esas conversaciones en las que la gente expone sus preferencias, sus dudas, sus críticas a los candidatos y sus propuestas no son fruto del azar. Son el resultado de una agenda temática que resulta de las iniciativas, de las acciones u omisiones de los candidatos y sus asesores. Definir esa agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es pues la base de una buena estrategia de comunicación. Quien tome la iniciativa lleva las de ganar.

En el caso de la campaña que se inicia, resulta evidente que quien tiene la iniciativa, y por lo tanto tiende a ganar la batalla que tiene lugar en las mentes y corazones de los potenciales votantes, es el gobierno. Con la misma habilidad con que lo ha hecho durante los últimos años logra dirigir la atención colectiva hacia unos asuntos y desviarla de otros.

Así, el oficialismo logra que los medios de comunicación, y tras ellos la ciudadanía atiendan los temas que le convienen y no atienda los que no le convienen. Y la oposición, mansamente, se deja llevar al territorio escogido por su rival. Ahora, por ejemplo, el tema de debate colectivo escogido es el de los votos de los bolivianos en el exterior. Pero del desempleo, del fracaso de la política hidrocarburífera, de los muchísimos puntos débiles de la gestión gubernamental y sus proyecciones al futuro, no hay quién hable. Y si alguien habla, no hay quién lo atienda. La agenda temática es pues, una batalla que está siendo perdida por la oposición.