Bolivia, un modelo para el FMI

La situación económica del país no es, ni mucho menos, el flanco más débil del gobierno actual. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver


Si hay algo que caracteriza a la actual situación económica de nuestro país, es la confusión. Es que como no ocurría hace ya mucho tiempo, información clave sobre muchos aspectos de la actividad económica, y sobre todo la relativa al manejo que el gobierno central hace de los recursos disponibles, es muy escasa cuando no inexistente, y la poca disponible no goza de la credibilidad que sería de esperar.

A la confusión que eso ocasiona se suma la proliferación de datos aparentemente contradictorios. Se sabe, por ejemplo, que los indicadores macroeconómicos figuran entre los mejores del mundo, pero eso no se refleja en las cifras relativas a la producción, exportaciones y empleo, indicadores en los que el retroceso es inocultable.

Si hay algo que queda claro, a pesar de todo, es que por lo menos por ahora la situación económica de nuestro país no está, ni mucho menos, entre los puntos más débiles de la actual gestión gubernamental. Y aunque las proyecciones hacia e futuro inmediato no son tan halagüeñas, el gobierno tiene motivos más que suficientes para ver con desdén los esfuerzos que hacen sus rivales para dirigir su artillería propagandística hacia un flanco que no es, ni mucho menos, el más vulnerable.

Así lo ha confirmado el informe sobre la economía boliviana recientemente presentado por representantes del Fondo Monetario Internacional quienes no escatimaron elogios al referirse a la política económica de la actual gestión gubernamental. Que el FMI haya puesto al gobierno de Evo Morales como un ejemplo de prudencia y equilibrio, entre otros encomiosos calificativos, no es algo cuya importancia pueda ser minimizada en ninguna circunstancia y mucho menos en pleno proceso electoral.

Entre los muchos elogios tan generosamente vertidos por Gilbert Terrier, asesor principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, al presentar el informe, destaca el relativo a la manera como durante los últimos años se administraron los extraordinarios recursos de los que nuestro país gozó gracias a los altos precios de nuestras exportaciones tradicionales, principalmente el gas. Precisamente lo que más se suele criticar desde las filas de la oposición política y de los centros académicos especializados en temas económicos de nuestro país.

El FMI elogió que Bolivia tenga la tasa más alta de crecimiento de Latinoamérica y una de las más altas del mundo en un año que en todo el planeta fue uno de los peores. Pero nada, o muy poco, dijo sobre la falta de correspondencia entre esos datos y el debilitamiento del aparato productivo nacional en el mismo período de tiempo, lo que se refleja en la vertiginosa caída de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

De cualquier modo, aún siendo evidente que el cuadro actual tiene mucho de engañoso por lo frágiles que son las bases que lo proyectan al porvenir, lo cierto es que, en una coyuntura electoral como la actual, la situación económica del país no es, ni mucho menos, la mayor de las preocupaciones para el equipo gubernamental. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver.

“¿De qué vamos a vivir”?

“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi


Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.

Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.

Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.

Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.

Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.

Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.

Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.

Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.

Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.

Los frutos de la “nacionalización”

Es sorprendente la facilidad con que el gobierno enarbola la “nacionalización” como una bandera electoral, pese a los resultados

Desde que el 1 de mayo de 2006 el gobierno del Movimiento al Socialismo decidió “nacionalizar” los hidrocarburos, no ha habido día sin que una mala noticia dé cuenta del avance de un proceso que conduce a un inminente descalabro del sector en el que más esperanzas se habían depositado para el futuro de nuestro país.
La magnitud del daño hecho a la principal base de la economía nacional todavía no ha sido comprendida en su verdadera dimensión por el grueso de la ciudadanía, porque gracias a la desmesurada elevación de los precios del petróleo en el mercado internacional, algo que nada tiene que ver con al política económica gubernamental, los ingresos provenientes de las exportaciones fueron extraordinariamente buenos. A eso se sumó la ligereza con que de diversas maneras el gobierno distribuyó entre los sectores más necesitados de la población los recursos así obtenidos.
Sin embargo, y más allá de las apariencias, abundan los datos que obligan a ver con mucho pesimismo el futuro. Dos noticias conocidas durante las últimas horas, dan cabal idea de lo que eso significa.
Una de ellas, es la contenida en el Plan Quinquenal de inversiones 2010-2026 elaborado por YPFB, según la que durante los próximos seis años el Gobierno deberá gastar 2.584 millones de dólares para importar líquidos de los hidrocarburos (gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, GLP) si no concluye dos refinerías, dos plantas gasíferas y la ampliación del transporte, una inversión de al menos 1.413 millones de dólares. El país podría además comprar por primera vez del exterior petróleo crudo.
Este documento, que delinea la estrategia que YPFB asumirá en los próximos 15 años ante la demanda creciente de gas natural y líquidos derivados del petróleo y la falta de oferta, fue entregado por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB al presidente Evo Morales para su aprobación.
La segunda noticia a la que nos referimos confirma lo que ya se veía venir. Es que YPFB no podrá cumplir el contrato de exportación de gas natural firmado con Argentina que establece 27 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a partir del año 2010, debido a la baja producción, la demanda para la industrialización nacional y los requerimientos de las plantas de separación de combustibles.
En rigor de verdad, ninguna de las informaciones que comentamos tendría que sorprender a nadie, pues todos los expertos en la materia, desde hace ya mucho tiempo, nos advirtieron que ese y no otro es el único resultado que se puede esperar de la manera como está siendo administrado el sector. Lo que sí sorprende es que a pesar de tan elocuente realidad, la “nacionalización” siga siendo presentada por el gobierno como una de sus principales banderas en la campaña electoral en curso. Y más sorprendente aún, que no haya quién se le ponga al frente para desenmascarar tanta impostura.

Otro paso hacia la miseria

Lo único cierto es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria


Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.

Lo que es bueno para GM…

Si “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.” habrá que suponer que no será la última empresa en ser nacionalizada


… es bueno para Estados Unidos”. Esa frase, que quedó registrada por la historia como una de las más emblemáticas de la cultura estadounidense, ha adquirido durante las últimas horas un significado muy diferente al que originalmente la inspiró, pero no por ello menos elocuente. Es que la quiebra de la General Motors, por lo mucho que esa empresa representó, trasciende los límites de lo estrictamente económico para constituirse en todo un símbolo del fin de una era y el inicio de otra.

La frase fue pronunciada en 1953 cuando el entonces presidente de GM, Charles Erwin Wilson, fue nombrado por Eisenhower Secretario de Defensa. Algún miembro del comité del Senado que tenía que avalar el nombramiento preguntó si sus vínculos empresariales no podrían dar lugar a un conflicto de intereses. Fue tan contundente la respuesta de Wilson y tanta la verdad que parecía contener, que nadie la puso en duda.

Ahora, más de cincuenta años después, y a sólo un año de que la GM haya cumplido su primer siglo de existencia, la empresa ha sido declarada en quiebra y, eufemismos aparte, nacionalizada, por lo que no dejará de existir. El Estado se hará cargo de lo que queda de ella, un pasivo de nada menos que 172.810 millones de dólares, para lo que el Departamento del Tesoro aportará 30.000 millones de dólares –además de los 20.000 que ya aportó-- para tener 72,5% de las acciones, mientras que los sindicatos se quedarán con 17,5%. El resto quedará en manos de sus acreedores, la mayor parte de los cuales son personas particulares que invirtieron sus ahorros previsionales.

Como es fácil deducir, las consecuencias económicas de la quiebra de la otrora mayor empresa estadounidense y por consiguiente del mundo son enormes. Pero serán por lo menos temporalmente atenuadas mediante lo que en los hechos es una nacionalización. Una nacionalización de las pérdidas.

Y es ahí donde el asunto deja de ser simplemente económico para adquirir un muy hondo significado político e ideológico cuyas consecuencias no son por ahora fácilmente previsibles. Es que la estatización de la empresa más emblemática del capitalismo supone una verdadera revolución de la cultura económica con la que se identificaron durante más de cien años no sólo los estadounidenses sino quienes depositaron su fe en la superioridad de un paradigma diametralmente opuesto al estatismo en cualquiera de sus formas.

A partir de hoy, la GM y el Citigroup, otro ícono del capitalismo, que en los hechos también fue nacionalizado, dejarán de figurar en el índice Dow Jones. Será el Estado, como principal accionista, junto con los sindicatos, el que a través de los impuestos de los contribuyentes se haga cargo “de la nueva era que se inicia”. ¿Seguirá siendo cierto que “lo que es bueno para GM es bueno para EE.UU.?

De retorno hacia la monoproducción

El debilitamiento del sector no tradicional de nuestra economía es una de las más funestas consecuencias de la política económica actual




Un análisis del Centro Boliviano de Economía (Cebec) recientemente difundido, dependiente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, (Cainco), llama la atención sobre una de las más deplorables consecuencias de la manera como durante los últimos años viene siendo administrada la actividad económica de nuestro país. Se trata de la vertiginosa caída de las exportaciones de productos no tradicionales.

Según indica el estudio basado en cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre del presente año la reducción de las exportaciones en términos absolutos llegó a 630,1 millones de dólares. La caída afectó tanto a los productos tradicionales, especialmente el gas destinado a Brasil y los minerales exportados a Corea del Sur, Estados Unidos y algunos países europeos, como a los no tradicionales.

Sobre el primer aspecto del problema ya es mucho lo que se ha dicho. Se trata de algo directamente relacionado con la debacle del sector hidrocarburífero, asunto que ya ha sido ampliamente analizado por expertos en la materia.

Es en cambio relativamente poco lo que se ha reflexionado sobre la continua caída de las exportaciones de productos no tradicionales, pese a lo mucho que este dato significa no sólo en términos cuantitativos sino sobre todo cualitativos. Es que tras las cifras, lo que hay es un fenómeno que dice mucho sobre la magnitud del daño que se está haciendo a la base productiva de nuestra sociedad.

El hecho de que las exportaciones de productos no tradicionales se haya contraído en 33 por ciento es algo que indica cuán rápidamente estamos retrocediendo en el camino que tendría que conducirnos a dejar de ser un país tan dependiente como hasta ahora de la exportación de materias primas.

Si algo se hizo bien durante las últimas décadas, fue precisamente crear las condiciones para que productos como la soya y sus derivados, el girasol y otros productos de la agroindustria, así como productos manufacturados, vayan paulatinamente modificando la matriz productiva de nuestro país.

Más allá de las frías cifras, ese proceso se reflejó en el ensanchamiento de una base productiva cuya capacidad de generar fuentes de trabajo es mucho mayor que la que tienen los rubros tradicionales. Y como ya está ampliamente demostrado, esa es la única vía por la que un país puede avanzar en el camino que conduce a la reducción de la pobreza.

El debilitamiento del sector no tradicional de nuestra economía no ha sido, desgraciadamente, ocasionado sólo por las adversas circunstancias externas. Ha sido, más bien, resultado de una política cuyo principal objetivo era, y sigue siendo, minar las bases de sustentación de un sector que desde el punto de vista gubernamental es el principal baluarte de la oposición al régimen actual: el empresariado agroindustrial del oriente boliviano.

Entel, a un año de su nacionalización

Hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad


Hace pocos días, el 1 de mayo, se cumplió el primer aniversario de la “nacionalización” de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lo que fue profusamente recordado por el equipo propagandístico del gobierno mediante una intensa campaña que, de paso, sirvió para echar un manto de olvido sobre YPFB.
Que Entel haya sido presentada como la empresa emblemática del “proceso de cambio”, en vez de la petrolera, se explica porque según indicaban las apariencias ésta estaba libre de los malos manejos que hicieron de YPFB todo un símbolo de la corrupción, la ineficiencia administrativa, y en fin, de todos los males que son propios de las empresas estatales.
Tal imagen positiva llegó a ser hasta cierto punto admitida por la opinión pública gracias, en gran medida, a que no se produjeron escándalos como los que sí abundaron en otros casos.
Sin embargo, la primera auditoría al estado financiero y patrimonial de Entel, al 31 de diciembre de 2008, realizada por la empresa Price WaterHouse Coopers, reveló que la realidad no es tan halagüeña como indicaban las apariencias. Reveló que la empresa adolece de graves desajustes financieros.
Quien llamó la atención sobre la situación de la empresa fue un reconocido economista, columnista de Los Tiempos, quien en un artículo que se reproduce en estas páginas afirma que “la situación financiera de Entel debe preocupar a la ciudadanía, pues se trata de una administración estatal al frente de una compañía que es de propiedad de todos los bolivianos”.
En su descargo, los actuales administradores de la empresa afirman que la actual situación de la empresa no es atribuible a la administración estatal sino a los inversionistas italianos que la capitalizaron. Sostienen que ellos ejecutaron una inadecuada administración y registro contable de los activos fijos de la compañía y sobredimensionar su valor real, lo que también habría sido identificado por la auditoria realizada por Price Waterhouse.
De acuerdo a esa versión, los estados financieros de Entel de la gestión 2008 “muestran una realidad premeditadamente amañada que no fue comunicada por los italianos en gestiones anteriores, causando un grave daño a la empresa y a los intereses nacionales”. La administración italiana habría ocultado deudas de con el Estado boliviano, registrado menores gastos por depreciación, entre otras irregularidades, permitiendo con ello la obtención de mayores beneficios.
Sea como fuere, lo cierto es que todo parece indicar que la empresa de telecomunicaciones se constituye en un motivo más de preocupación entre los muchos que impiden ver con optimismo el futuro de nuestro país y sus empresas. Y lamentablemente, hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad.

Medidas que multiplican el desempleo

El daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme

Entre los muchos problemas que preocupan siempre a los gobernantes y economistas del mundo entero, pero con mayor intensidad desde que se desencadenó la crisis global, se destaca el del desempleo. Es que la creciente cantidad de personas que carecen de la oportunidad de ganarse el sustento diario es no sólo un problema económico, sino uno que tiene hondas repercusiones sociales y políticas.

Bolivia, desgraciadamente, es uno de los países más afectados por ese problema. Y aunque las cifras oficiales enmascaran su magnitud al considerar que un vendedor callejero de limones o chicles no es un desempleado, la dura realidad desmiente tal falacia.

Así lo confirma un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que revela que el “desempleo equivalente” llega al 52%, lo cual quiere decir que si todos los trabajadores tuvieran un empleo “adecuado”, más de la mitad de la fuerza laboral quedaría desocupada.

El problema no es por supuesto nuevo, por lo tanto no es atribuible a la actual gestión gubernamental. Sin embargo, sí se puede y debe cuestionar la manera como las políticas gubernamentales contribuyen a disminuir o a acrecentar la magnitud del mal.

Al respecto, es mucho lo que se puede decir sobre las recientes medidas adoptadas el pasado 1 de mayo, las que tras la apariencia de proteger los derechos de los trabajadores pueden tener efectos colaterales que den resultados diametralmente opuestos a los deseados.

Es el caso, por ejemplo, del conjunto de disposiciones destinadas a mejorar las condiciones laborales de la población asalariada. El asunto merece ser cuestionado porque la experiencia propia y la acumulada por otras sociedades indica que, independientemente de las buenas intenciones que las inspiran, ese tipo de medidas terminan siempre produciendo resultados que sólo perjudican a sus supuestos beneficiarios, los trabajadores y, especialmente, las mujeres trabajadoras.

Como ya ha quedado ampliamente demostrado, políticas laborales que amplían las licencias por maternidad, subsidios, horarios de lactancia, inamovilidad por maternidad, servicio de guardería en el lugar de trabajo, y muchas otras sólo logran que las mujeres, y peor aún si tienen hijos o están embarazadas, sean excluidas del mercado laboral. Así, resultan siendo víctimas más que beneficiarias de medidas concebidas para protegerlas pues cuanto más costoso es para una empresa contratar personal, menos fuentes de trabajo se generan. El resultado obvio es que el desempleo crece.

Por todo lo anterior, hay motivos para temer que el daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme. La creciente masa de desempleados así lo prueba.

Optimistas previsiones económicas

Si la cooperación de los organismos internacionales se plasma en realidad, el gobierno tendrá un motivo menos de qué preocuparse


Cuando una serie de factores atribuibles a la crisis financiera internacional, unos, y otros a los 0resultados arrojados por la gestión gubernamental hacían temer que nuestro país caería en una profunda crisis económica, los principales organismos financieros internacionales, como el BID, BM, CAF, FMI y la Cepal, lanzaron un formidable salvavidas de nada menos que 2.000 millones de dólares.

La noticia fue anunciada durante el foro económico organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el que participaron empresarios, estudiantes y los panelistas internacionales. En el mismo, yendo a contracorriente de las pesimistas previsiones, se destacó el ‘colchón’ financiero con el que cuenta nuestro país, lo ubicaría como uno de los mejor preparados para capear la tempestad que asola a la economía mundial.

Según los representantes del Banco Mundial los recursos comprometidos para Bolivia, los que podrán ser utilizados en los siguientes meses o años estarán disponibles en función al avance de diversos proyectos. “Tenemos dinero reservado para Bolivia que puede apoyar muy bien los requerimientos para la reactivación económica o de apoyo a grupos vulnerables”, afirmó el representante del BM, Julio Loayza, quien además hizo una importante recomendación: que el gobierno mejore la coordinación de sus acciones con el sector privado.

Por su parte, el delegado del FMI para Bolivia, Esteban Vesperoni, destacó la fortaleza del sistema financiero boliviano. El de la CAF, a su vez, manifestó que pese a lo incierta que es la situación global Bolivia tiene ‘defensas’: un buen nivel de reservas internacionales y depósitos monetarios acumulados en el BCB. Recomendó, sin embargo, manejar con prudencia la situación, a tiempo de anunciar que el aporte de la CAF ascenderá a 350 millones de dólares para gastos de inversión de infraestructura y dotar de liquidez para superar la coyuntura. Tales apreciaciones fueron respaldadas por el representante del BID.

Como se ve las relaciones de Bolivia con los organismos internacionales atraviesan, contra lo que se podía suponer, por uno de sus mejores momentos, lo que se refleja en un inusual despliegue de optimismo que sin duda fue recibido como un bálsamo por el gobierno y, muy por el contrario, dada la cercanía de un proceso electoral, con no muy buen ánimo por las esmirriadas fuerzas de la oposición que están a la expectativa de los indicadores económicos con la esperanza de que las cifras jueguen a su favor.

Así, si los vaticinios de los organismos internacionales se cumplen y los montos anunciados llegan a desembolsarse, el gobierno tendrá un motivo menos de qué preocuparse, y la oposición uno más.

A tres años de la “nacionalización”

Hay muchas y buenas razones que explican la falta de entusiasmo con que se conmemoró un aniversario más de la “nacionalización”

Hace ya casi un par de semanas se conmemoró el tercer aniversario de la “nacionalización” de los hidrocarburos, “acontecimiento histórico” -- como fue calificado en su momento-- que ahora ya nadie quiere recordar. No hubo actos oficiales, ni discursos, ni festejos. Muy atrás quedaron los días cuando oficialistas y opositores se disputaban el mérito de haber “recuperado” la principal riqueza del país.

No es casual que así sea. Es comprensible que nadie quiere recordar la “nacionalización”, sencillamente porque nadie sabe qué diablos hacer con ella. Nadie cómo salvar a YPFB del descalabro total, ni cómo recuperar la capacidad productiva perdida. Nadie sabe qué hacer para disimular algo que ya es inocultable: la “nacionalización” fue un monumental fracaso. Nada de lo que alguien pueda sentirse orgulloso.

Las consecuencias económicas negativas de tal medida son enormes. La exploración sigue paralizada, la producción de gas y petróleo no deja de caer. Ya no se perforan nuevos pozos que puedan compensar el paulatino agotamiento de los existentes, en los que siquiera se hace el mantenimiento correspondiente.

Para colmo, el gas que se produce es cada vez más seco, lo que significa que se extrae menos petróleo, lo que a su vez ocasiona menos producción de condensado para refinar, por lo tanto producimos menos gasolina, diesel y jet fuel. La consecuencia obvia es que tiende a aumentar la escasez de combustibles en el mercado interno, lo que obligará a aumentar las importaciones. El colmo de la paradoja es que, como a todo importador, nos resulta buena la caída de los precios del petróleo.

Como si eso fuera poco, la pérdida de la capacidad productiva ha obligado a nuestro principal comprador, Brasil, a buscar alternativas más seguras, aunque no más baratas. Aparejada a la disminución de nuestra capacidad de oferta ha disminuido la demanda, con lo que termina de cerrarse un círculo que nos condena a un futuro cada vez más desalentador.

Pero tan negativo como lo anterior es que a despecho de tan cruda realidad, el gobierno ha hecho del despilfarro de los recursos económicos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos el pilar de su política social, muy ligada a la demagogia electoralista. La proliferación de bonos, teóricamente financiados con la renta petrolera, cuestionable en tiempos de bonanza, lo es mucho más cuando las frías cifras dejan de ser un sostén.

Tanto por la vía de los ingresos que tienden a disminuir, como la de los gastos, que tiende a aumentar, se está pues abriendo una brecha en la base de la economía nacional que tarde o temprano traerá, como no es difícil prever, funestas consecuencias.

Como se ve, no es sorprendente que la “nacionalización” de los hidrocarburos no sea motivo de festejos.

Los primeros efectos de la crisis

Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables

La última edición del Informe Nacional de Coyuntura que periódicamente publica la Fundación Milenio, ofrece abundantes datos, a cuál más alarmante, sobre los primeros efectos de la crisis económica mundial en nuestro país y especialmente en la “locomotora” de la economía nacional, que es Santa Cruz.

“Por supuesto, Bolivia no estaba blindada y empezó a sentir los efectos de la crisis mundial con la reducción de las exportaciones en enero de 2009, la caída de las remesas en el último trimestre de 2008 y el cierre de varias operaciones mineras en Potosí”, indica, Destaca, además, el hecho de que la economía cruceña será la más afectada, pues los dos pilares sobre los que ésta se sostiene, el sector agroindustrial y el manufacturero, verán drásticamente disminuidos sus mercados.

Los datos oficiales del INE dan cuenta de la magnitud de ese fenómeno, En enero de 2009, las exportaciones cruceñas disminuyeron en 51 por ciento con respecto a similar periodo en 2008. Los principales productos de exportación de Santa Cruz que tuvieron un impacto negativo son: la soya y sus derivados que cayeron de 41 millones de dólares a12 millones; los combustibles de 27 millones a menos de 5 millones, el gas natural de 35 millones a 29 millones y los productos alimenticios de 16 millones a menos de 5 millones de dólares.

A lo anterior se suma la disminución de los precios del gas natural, lo que tendrá un fuerte impacto en el balance financiero del aparato público ya sea éste Gobierno Central, departamental y municipal. En cambio, el sector privado estará afectado por la disminución de las exportaciones no tradicionales.

Por ejemplo, los derivados de la soya disminuyeron su valor en un 30 por ciento desde el precio más alto obtenido en 2008 hasta el 20 de marzo de 2009, los precios de los productos alimenticios como el arroz, maíz, sorgo se redujeron en 35 por ciento, 47 por ciento y 46 por ciento respectivamente.

Otro factor que incidirá drásticamente en la economía nacional es la disminución del flujo de remesas provenientes de los bolivianos que emigraron a trabajar en el exterior, principalmente a Estados Unidos, España e Italia, países que han dejado de ser proveedores de fuentes de trabajo.

Como se puede constatar a la luz de esas cifras, Bolivia está muy lejos de tener su economía “blindada”. Muy por el contrario, es uno de los países más vulnerables, por lo que todas las previsiones indican que los próximos meses y años traerán crecientes dificultades.

Y como si los factores externos no fueran suficientes, a ellos se suma la política económica del actual gobierno, o la ausencia de ella, que en nada contribuye a contrarrestar los efectos negativos de la crisis global sino, por el contrario, los agudiza.