Tráfico y desorden urbano

Ninguna de las capitales de Bolivia, aunque unas en mayor grado que otras, ha tomado medidas urbanísticas oportunas ni apropiadas para atender los crecientes problemas derivados del desproporcionado crecimiento de sus respectivos parques vehiculares.

Todas las capitales de Bolivia se han visto atiborradas, en los últimos años, por el incontenible y desmedido crecimiento del parque vehicular, como producto, en gran medida, del ingreso -sea por la vía legal o ilegal- de unidades motorizadas a medio uso, traídas desde Chile, Brasil y, más recientemente, desde Estados Unidos.

En este último caso, la crisis económica estadounidense ha hecho que muchos habitantes de ese país se deshagan de grandes cantidades de vagonetas o vehículos todoterreno que, por sus características, representan un alto consumo de carburantes.

Muchos de esos vehículos, comercializados a precios bajos en comparación a los ofertados por las tiendas importadoras, han inundado las calles de países como el nuestro.

Lo propio sucede con los coches más pequeños o aquellos utilizados para el servicio de transporte público de taxis, minibuses o buses, que han crecido de manera excesiva y sin que exista ninguna regulación de por medio. Y es que mucha gente, golpeada por el desempleo y las carencias económicas, ha optado por el fácil recurso de trabajar con uno o varios vehículos.

Lo cierto es que ninguna de las capitales de Bolivia, aunque unas en mayor grado que otras, ha tomado medidas urbanísticas oportunas ni apropiadas para atender los crecientes problemas derivados del desproporcionado crecimiento de sus respectivos parques vehiculares.

Si bien el Gobierno le ha puesto límites a la irrestricta importación de vehículos usados, no es para nadie desconocido que el contrabando sigue haciendo de las suyas y, aunque en proporciones menores a las vistas en años pasados, continúan ingresando al país vehículos usados.

Lo cierto es que, independientemente del crecimiento del parque vehicular, la cuestión del tráfico está empezando a causar serias dificultades en todas las ciudades de Bolivia sin excepción, y ahora toca que los gobiernos municipales sean capaces de dar respuestas eficaces e inmediatas para evitar problemas urbanos de proporciones todavía mayores.

El problema se torna mucho mayor si tomamos en cuenta la poca o ninguna conciencia de una gran mayoría de los conductores, sobre todo del transporte público, para quienes no existen normas viales ni quiénes las hagan cumplir. Y sobre este particular, tanto el Gobierno como la Policía Nacional tendrían que asumir parte de su responsabilidad.

Así pues, el tema del tráfico vehicular es abordado por las autoridades concernidas con absoluta simpleza y sin ninguna planificación, cuando más bien tendría que ser afrontado a tiempo y en su verdadera dimensión, antes de que la sobresaturación vehicular alcance proporciones imposibles de controlar.

El caótico transporte público

En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe una resuelta política para solucionarlo

Día que pasa, el tráfico de motorizados en nuestra ciudad se hace más inviable. El desmedido crecimiento del parque vehicular, alimentado durante varios años por la irrestricta internación -o contrabando, en la generalidad de los casos- de vehículos, no sólo que ha inundado la ciudad de la chatarra que es expulsada de otros países, sino que ha terminado sobredimensionando la oferta de transporte urbano.

Movilizarse en vehículo por el centro de la ciudad se ha convertido en una pérdida de tiempo. La evidente falta de educación vial de conductores y peatones ha dado rienda suelta a que los vehículos del transporte público (llámense micros, trufis o minibuses) interrumpan el tráfico de manera caprichosa y arbitraria y, para colmo de males, no hay autoridad que evite que las calles del denominado "casco viejo" sigan siendo utilizadas como escenario de protestas, desfiles, danzas y de cuanto alboroto público existe.

Pero, además, a ese panorama debemos añadir otros elementos que agravan la situación y la convierten en un riesgo para la seguridad y la salud públicas. Los niveles de contaminación ambiental y acústica se están incrementando de manera alarmante; el estado de los vehículos del transporte público no es sometido a una rigurosa revisión técnica.

Si hacemos un rápido recuento, las soluciones planteadas hasta el día de hoy por la Alcaldía han sido sistemáticamente bloqueadas por las organizaciones de chóferes que saben que sus intereses económicos se verán afectados cuando se intente poner orden al desorden. Toda propuesta de solución fue rechazada por un comité interinstitucional que, en su momento, estuvo integrado mayoritariamente por representantes de las organizaciones de transportistas.

Es que el problema de nuestra ciudad, como todas las demás de Bolivia, es tan sencillo de describir que no necesita diagnóstico alguno: hay que descongestionar de vehículos el centro citadino pero, como eso significa modificar las rutas que tan pingües ganancias les dan a los chóferes, ellos se opusieron y seguirán oponiéndose.

En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe hasta el momento una resuelta política para solucionarlo.

Como decía en la edición de ayer uno de nuestros columnistas, “los que se postularán como alcaldes o alcaldesas para las elecciones municipales de año 2010 deben planear una sana visión de futuro, y proponerse con prioridad la regulación de las normas que ordenamiento del tráfico vehicular en esta ciudad alborotada”. “Si a los concejales les queda algo de sangre en la cara, deberían asumir con rigor sus deberes y liberarnos de los sujetos que nos muestran los nabos, para plantarlos en nuestras espaldas”.

Excesivo proteccionismo laboral

Las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los intereses de los trabajadores

La última versión del “Informe Nacional de Coyuntura” que periódicamente publica la Fundación Milenio, dedica su atención a los efectos se pueden esperar de los cinco decretos promulgados por gobierno central el pasado primero de mayo, en homenaje al día del trabajo.

Según el minucioso análisis hecho por el equipo de expertos que elaboró el estudio, hay muchas razones para temer que son serán más los efectos negativos que los positivos que tales disposiciones tendrán sobre el mercado laboral boliviano.

Entre los efectos que se prevé tendrá la aplicación de los decretos en la práctica, se destaca el encarecimiento del costo de mano de obra por contratos de tercerización y el aumento del costo de contratación de mano de obra, lo que puede derivar en un aumento de la actividad informal.

Por otra parte, se calcula que se producirá un incremento del capital de trabajo previsto por efectos de la provisión a corto plazo para pago de beneficios sociales, además de que las empresas deberán incurrir en gastos adicionales para la adquisición de equipos de protección de industria nacional, aunque ya cuenten con stock de estos bienes importados.

En cuanto a las restricciones que se imponen a la terciarización de servicios, se prevé que esto ocasionará una pérdida de la eficiencia de la especialización, debido a que es menos atractivo tercearizar procesos. Un efecto previsible es que muchas pequeñas empresas dedicadas a prestar estos servicios estarán condenadas a salir del mercado y lo mismo ocurrirá con personal individual contratado a tiempo parcial para realizar trabajos para terceros, como es el caso de los consultores externos por producto, profesionales libres y empleados en ventas que trabajan sin relación laboral.

La exacerbación de los derechos de los trabajadores por sobre los deberes laborales, que es otra de las características de los decretos promulgados, desalentará a los empresarios a realizar nuevas inversiones que conduzcan a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En síntesis, todo conduce a temer que las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los que cabría esperar de las buenas intenciones que los inspiran. Es que como la experiencia propia y ajena lo enseña, el excesivo proteccionismo del trabajador ocasiona un desincentivo a la contratación y, por lo tanto, deriva en una pérdida oportunidades de empleo para los trabajadores.

Si se considera que uno de los mayores problemas de nuestro país es el muy alto nivel de desempleo, resulta evidente que por sus efectos a corto y a largo plazo, estas medidas sólo agravarán el mal que se pretende resolver.



08/06/09