La violencia, protagonista de las campañas

A diferencia de épocas anteriores, la violencia política es hoy parte fundamental de las campañas. La alimentan tanto los que la ejercen como los que la sufren

Desde hace muchos meses, antes incluso de que se inicie el proceso electoral que está ya ingresando a su etapa final, se sabía que la violencia, la intolerancia, las agresiones verbales entre los diferentes candidatos, y las agresiones físicas entre sus seguidores, serían una de sus principales características.

Había, y hay, dos razones que explican que así sea. Una de ellas es tan antigua como la historia política de nuestro país. Como es fácil recordar, siempre fue así. Movimientistas que agredían a miristas y adenistas; adenistas que destrozaban la publicidad de todos sus rivales; miristas que agredían a eneferistas y viceversa… y así fue siempre, hasta donde la memoria alcanza a recordar. Es un rasgo de nuestra débil cultura democrática que no tiene nada de nuevo, por lo que no hay porqué sorprenderse si este proceso electoral está también contaminado por tan deplorable manera de actuar.

Hay, sin embargo, en el caso presente, un factor adicional que se suma y agrava el que se arrastra desde siempre. Es que, a diferencia de épocas anteriores, ahora la violencia y la agresión contra los rivales es franca y abiertamente alentada por quienes conducen la campaña electoral del oficialismo. Han sido importantes dirigentes de los “movimientos sociales” que respaldan al Movimiento al Socialismo los que abiertamente instruido a sus bases para que actúen con máximo rigor para evitar que los candidatos de la oposición hagan campaña en “su” territorio. Y lo han hecho con tanta eficiencia que en gran parte del territorio nacional está impunemente vedada cualquier actividad política que no sea la del oficialismo.

Una segunda característica de los brotes de violencia que empañan el actual proceso electoral es que se prestan muy bien a lo que ha sido adoptado como el eje principal de la campaña de una de las dos principales fórmulas opositoras. Se trata del victimismo, que consiste en magnificar cuanto hecho se adecue a su afán de presentarse como víctimas de un complot al que atribuyen todas sus propias falencias.

En ese contexto se explica, aunque de ningún modo se justifica, la actitud de seguidores del MAS que a lo largo y ancho del país cumplen disciplinadamente las órdenes recibidas. Los grupos de choque organizados con la expresa misión de evitar que sus rivales hagan campaña electoral es sólo la manifestación más visible de esa forma de actuar, pero no la única. Las amenazas contra quien alquile ambientes para casas de campaña, contra quien exhiba afiches, banderas, o cualquier otro símbolo de los opositores, son otras, entre muchas formas de ejercer violencia e intolerancia.

Tal situación pone en evidente desventaja a los candidatos de la oposición. Pero no es el único factor, ni siquiera el principal, que explica las dificultades que tienen para encarar el desafío que tienen al frente. La falta de ideas, de un plan de acción, de liderazgos y de organización son mucho más perjudiciales.

Por eso, que los estrategas del Plan Progreso continúen desperdiciando los pocos recursos, el poco tiempo y energías que tienen sólo en formar coros quejumbrosos con la esperanza de inspirar una estéril conmiseración, en vez de dar las muestras de aplomo que exigen las circunstancias, es uno de esos errores que en la lucha política tienen alto precio.

El Estado, principal promotor de conflictos

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes –y la oposición-- que se merece


Una serie de enfrentamientos que se han producido durante los últimos días en diferentes regiones de nuestro país, a los que se suman muchos otros que están todavía en estado latente pero con la carga explosiva lista para ser activada en cualquier momento, dan cuenta de un fenómeno que ya no puede ser visto como fruto del azar. Es más bien el resultado, el único que se podía esperar, de un conjunto de factores que durante los últimos años han sido, si no creados, por lo menos alimentados por la política gubernamental y el proyecto político que la inspira, el proyecto del MAS.

Cocaleros contra “indígena originarios campesinos”; comunarios de Tinquipaya contra “movimientos sociales” masistas; cooperativistas mineros contra obreros asalariados de las minas; indígenas del norte paceño contra YPFB y sus “socios estratégicos” como PDVSA; campesinos de Pantipata contra narcotraficantes; “Ponchos Rojos” contra masistas… La agenda de conflictos violentos es tan larga que ya no deja tiempo para atender los muchos que a diario se producen con motivo de la decisión de los seguidores del oficialismo de no permitir que los candidatos opositores hagan campaña en gran parte del territorio nacional.

En circunstancias normales, en un país en el que el Estado cumple el rol que les corresponde, las autoridades que lo representan, a través de sus actos y sus mensajes, tendrían que dedicar todos sus esfuerzos y energías a conjurar las causas de esos enfrentamientos. Pero en la Bolivia de hoy pasa algo muy diferente. Es el Estado, a través de quienes lo conducen, el principal promotor de esos conflictos.

Es tan cierto eso, que no es por casualidad que todos los beligerantes, cada cual a su manera, justifica sus actos en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado. Así, la norma básica que en cualquier sociedad civilizada es el instrumento que entre otras cosas fija los límites entre los derechos y obligaciones de sus miembros, es en Bolivia exactamente todo lo contrario. Es el instrumento mediante el que se rompe todo límite y se da legitimidad, rango de constitucionalidad, hasta a los peores desmanes.

No debe ser nada fácil el papel en que a sí mismo se ha puesto el gobierno de Evo Morales. Es que en rigor de verdad, se ha privado por voluntad propia de todo argumento válido para intervenir mediante una acción pacificadora o disuasiva. ¿Cómo podría hacerlo si todos los que han empezado ya a empuñar las armas para defender sus “derechos” no hacen nada más que exigir lo que según su buen saber y entender es lo que manda la Constitución Política del nuevo “Estado Plurinacional”?

Pero tan, o más penoso que el espectáculo que dan las cada vez más diversas fracciones en que está dividido el pueblo boliviano, y la manera como el gobierno del Evo Morales afronta los conflictos, es la respuesta de la oposición. Mientras para cada uno de tan graves problemas unos proponen producir perejil orgánico, o cosas parecidas, otros concentran sus escasas energías en buscar argumentos para justificar su previsible fracaso electoral.

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y habría que agregar que cada pueblo tiene la oposición que se merece.

“¿De qué vamos a vivir”?

“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi


Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.

Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.

Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.

Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.

Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.

Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.

Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.

Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.

Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.

Las autonomías indígenas

La principal facultad que la Constitución concede a las autonomías indígenas es la del autogobierno, permitiéndoles organizarse de acuerdo a sus propias normas, instituciones y procedimientos ancestrales

El día de ayer, en el marco de la celebración de la Reforma Agraria, el presidente de la República promulgó en la localidad de Camiri un Decreto Supremo que autoriza a los municipios del país que quieran adoptar el régimen de las autonomías indígenas puedan convocar a referendos municipales que tendrán el próximo 6 de diciembre de este año, el mismo día en que se llevarán a cabo las elecciones generales.

De esta manera, y en la que podría considerarse como una de las principales medidas gubernamentales para aplicar la Constitución Política del Estado en actual vigencia, la administración de Evo Morales dio un paso decisivo que marcará, a no dudarlo, el rumbo que vaya a seguir el proceso autonómico iniciado en el país hacen ya varios años bajo el liderazgo de los departamentos de la denominada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).

Es precisamente en respuesta al planteamiento de esas cuatro regiones, que propugnaban un modelo de autonomías departamentales, que el oficialismo creó en el nuevo texto constitucional cuatro niveles de autonomías: la autonomía regional, la autonomía municipal, la autonomía departamental y la autonomía indígena originaria campesina.

El referéndum al que podrán acogerse los municipios en el marco del Decreto Supremo promulgado ayer da lugar a la aplicación del último de esos niveles; es decir, de la autonomía indígena originaria campesina.

De esta manera, se pone en aplicación, también, la nueva organización territorial establecida en el texto de la CPE; en la que, además de los departamentos, provincias y municipios, se crean los territorios indígena originarios campesinos.

Así, los municipios que el 6 de diciembre adopten la condición de Autonomía Indígena, Originaria Campesina, se convertirán en entidades territoriales que, según lo estipulado en la CPE, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional; es decir que no tendrán dependencia alguna de los niveles de autonomía departamental, municipal o regional.

La principal facultad que la Constitución concede a las autonomías indígenas es la del autogobierno, permitiéndoles organizarse de acuerdo a sus propias normas, instituciones y procedimientos ancestrales.

No está claro, aún, cuántos municipios, de los 327 que existen en Bolivia, irán al referéndum para acogerse al modelo de las autonomías indígena; ni cuántas -si no todas- de las 36 naciones indígenas constitucionalmente reconocidas se declararán autónomas.

Lo cierto es que ayer, con la promulgación del mencionado Decreto, se crea otro hito del largo proceso de inclusión y reconocimiento de los derechos de los indígenas y campesinos iniciado hace más de medio siglo, con la dictación de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953.
De ahora en adelante, al Gobierno le toca la difícil tarea de dar viabilidad y sostenibilidad a la coexistencia de varios niveles autonómicos, evitando que las competencias y atribuciones de cada uno de ellos puedan constituirse en fuente de futuros conflictos.

Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.

Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.

“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”

Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.

El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.

En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.

Las ONG en la hora de las definiciones

Para las ONG de El Alto, y para todas las que trabajan a lo largo y ancho del país, también ha llegado la hora de las definiciones

Hace unos días, cuando Evo Morales dijo que había llegado “la hora de las definiciones”, y trazó una línea a un lado de la cual debían ubicarse sin titubeos los que están con el “proceso de cambio”, y al otro sus enemigos, no hablaba en vano. Sabía lo que decía, y esperaba que sus seguidores, tanto los incondicionales como los que no lo son tanto, entiendan el significado de sus palabras.

Las primeras reacciones no se dejaron esperar. Uno de sus principales aliados políticos, el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, se reunió en un ampliado para decidir si están dispuestos a renunciar a su actitud crítica para convertirse en dóciles seguidores del masismo, o si se mantendrán leales a los principios básicos inherentes a una izquierda democrática. Pero ante la duda, optaron por abstenerse y postergar para junio tan importante decisión.

No fueron tan dubitativos los dirigentes de la Central Obrera Regional de El Alto, quienes decidieron dar el ejemplo y asumir el rol de inquisidores e iniciar la purga. A quienes no consideran suficientemente masistas, y por consiguiente, siguiendo la lógica de Morales, son fascistas, los expulsarán de la urbe alteña y expropiarán sus bienes.

Para dar el primer ejemplo aleccionador, han decidido acallar y exiliar de El Alto a un comunicador social de amplia trayectoria, a quien acusan de haber criticado a dirigentes de los “movimientos sociales”. No se conforman con privarle del derecho al trabajo y a la libre expresión. Además de ello, le quieren prohibir que pise la ciudad que en los hechos gobiernan.

El segundo objetivo de esa ofensiva “purificadora” son las 145 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en esa ciudad. A ellas las han conminado a que en el plazo de 30 días les presenten sus informes económicos y sometan las actividades que realizan a una evaluación de los dirigentes. “Los alteños no dudaremos en echarlos y tomar las instalaciones que edificaron a nombre de la pobreza de los alteños”, han dicho, y ya se preparan para dar el zarpazo.

Entre las muchas ONG que han sido conminadas a decidir “si son masistas o fascistas”, hay por ahora sólo una que ha rechazado el trato que los dirigentes alteños le pretenden dar. Es el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza que desde hace 26 años brinda múltiples servicios a las mujeres de El Alto. Ellas han decidido salir en defensa de la institución y se niegan a someterse a los dictados de la COR.

¿Qué dirán, y qué harán las otras 144 ONG de El Alto? ¿Y las varias centenas que trabajan a lo largo y ancho del país? ¿Cuántas de ellas aceptarán por ponerse de rodillas ante los inquisidores del MAS? Es difícil saberlo. Pero lo que sí es seguro es que para ellas también ha llegado la hora de las definiciones.