Una legislación necesaria

Este primer llamado de alerta es suficiente para temer, por una parte, por la privacidad que se ha confiado en los soportes digitales e Internet y, por otra, para iniciar, de una vez, la tarea de legislar las comunicaciones electrónicas.

Hace algunos años, cuando el correo electrónico dejó de ser una novedad y se reveló como un eficaz instrumento de comunicación, se proclamó la resurrección del arte epistolar; es decir, de la práctica de escribir cartas que se extendió por siglos.

Como muchos anuncios relacionados con la Internet, ese fue un error.

Hasta antes de la invención del teléfono y el telégrafo, la carta fue el medio de comunicación por excelencia. Para escribir una se tomaban en cuenta muchas cosas, desde la calidad del papel hasta la caligrafía del remitente. El contenido era, desde luego, lo más importante. En sus párrafos, el autor de la carta demostraba tanto sus conocimientos como su sensibilidad.

Los grandes romances de la humanidad se sostuvieron en gran medida sobre las cartas. Esos papeles cuidadosamente escritos eran enviados por los enamorados eludiendo, muchas veces, el férreo control paterno.

La aparición de la máquina de escribir le quitó la magia al arte epistolar. De inicio, escribir una carta a máquina fue visto como un acto de modernidad pero luego se convirtió en una falta de respeto porque había impersonalizado un medio de comunicación tan antiguo. El telégrafo obligó al uso de resúmenes o, peor, a epítomes y la popularización del teléfono le dio el tiro de gracia a la carta. Siguió existiendo pero en un nivel casi marginal.

Y en medio de una verdadera explosión de tecnología alimentada, entre otros adelantos, por el satélite o la fibra óptica, surgió la red virtual de computadores que hoy todos conocemos por Internet y con ella llegó el correo electrónico. Volvieron las cartas pero ya sin el soporte de papel ni el preciosismo de la caligrafía. Es cierto que en estos no sólo se puede enviar mensajes sino también imágenes (en fotografía y video), canciones, animaciones y muchas otras cosas pero no ha resucitado el arte epistolar. Por el contrario, el "mensajeo" (deformación del español que se utiliza para referirse al envío de mensajes por celulares, generalmente eliminando letras de las palabras) incluso está afectando el idioma.

En los tiempos en que la carta era la reina de las comunicaciones, los países reglamentaron su uso. La legislación que rigió en España y sus colonias está en la recopilación de las Leyes de Indias y era tan detallada que hasta tenía disposiciones de cómo proceder en los diferentes puertos.

No era exageración ni mucho menos. Las autoridades coloniales le dieron la importancia debida y, aunque muchas de las leyes tenían, más bien, contenido de censura, sirvieron para normar las comunicaciones.

Gracias a la Internet, el envío de cartas o mensajes por correo electrónico se ha convertido en una actividad masiva que, empero, no está sometida a ningún tipo de control.

Ayer, las agencias de noticias informaron que los detalles de por lo menos 10.000 cuentas de Hotmail, un conocido servicio gratuito de correo electrónico, fueron publicados en un website. Los detalles incluían las contraseñas para ingresar a esos correos así que lo que ocurrió es que se posibilitó la figura penal que en muchos países se conoce como violación de correspondencia.

Internet, un resquicio de libertad en Cuba

Aunque con muchísimas limitaciones, Internet dejará de ser un privilegio al alcance sólo de turistas y funcionarios allegados al régimen cubano

Durante los últimos meses, Cuba ha sido noticia por las tímidas y muy paulatinas reformas, pero reformas al fin, que bajo la conducción de Raúl Castro ha comenzado a aplicar a su anquilosado régimen económico y político. La más reciente de ellas consiste en que el Estado, en un gesto de indulgencia poco común en la isla, permitirá que los ciudadanos cubanos usen Internet.

La medida, que en el contexto del socialismo cubano implica una transformación cuya magnitud es difícil comprender para quienes no sabemos lo que es vivir bajo un régimen dictatorial, tiene sin embargo muchas limitaciones. Seguirán prohibidas las conexiones domiciliarias, los comisarios del Estado encargados de la censura se reservan el derecho de bloquear cuanto sitio les parezca inconveniente, y el precio seguirá fuera del alcance del ciudadano común.

A pesar de ello, no deja de ser un gran avance si se considera que hasta ahora la única manera que tenían los cubanos de conectarse a Internet era en los hoteles reservados para los turistas, pagando tarifas inaccesibles para el común de la gente, y robando o comprando ilegalmente las contraseñas. El acceso libre a la web era un privilegio sólo reservado a visitantes extranjeros, periodistas avalados por el régimen, algunas instituciones y empresas oficiales, intelectuales y científicos destacados del país.

Se calcula que en todo el país no más de 100.000 personas tenían de un modo u otro el privilegio de navegar por el ciberespacio. El resto debía conformarse con navegar por la Intranet, la red local que sólo permite tener acceso a sitios oficiales y correo electrónico con el que comunicarse con el exterior, pero siempre bajo la estricta vigilancia estatal.

Muy difícil debe haber sido para la cúpula gobernante cubana dar tan audaz paso hacia la apertura pues, como es bien sabido, uno de los más sólidos pilares que sostiene al régimen es el férreo aislamiento informativo al que ha sido sometido el pueblo cubano durante los últimos 50 años. Es que como otras experiencias han demostrado, un país en el que no hay prensa libre, en el que el Estado tiene el monopolio absoluto y total de la información y decide qué pueden y qué no pueden leer, ver, oír o decir sus habitantes, corre un enorme riesgo cuando abre un resquicio de libertad, por pequeño que sea.

Es de temer, sin embargo, que antes de permitir que la gente común se conecte al mundo el Estado haya tomado las medidas necesarias para no perder el control. China, por ejemplo, ha desarrollado la tecnología suficiente para evitar que Internet salga del control de la censura oficial.