Bolivia, entre los países menos transparentes

Son alarmantes pero no sorprendentes los resultados del estudio. No podía esperarse otro resultado de un modelo de gestión gubernamental que no admite fiscalización alguna

Bolivia, una vez más, ha sido noticia durante las últimas horas por figurar en un lugar muy poco decoroso en otro de los muchos estudios que periódicamente se realizan para evaluar diferentes aspectos relativos a la situación de los países de nuestra región.

En este caso, se trata del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria de 2009 que analiza a doce países de la región. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela fueron los países sometidos a la evaluación.

El estudio, que realiza cada dos años, es coordinado por el Centro de Análisis e Investigación mexicano, Fundar y elaborado por 17 organizaciones civiles y 12 académicos de la región. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los presupuestos gubernamentales, y la disponibilidad y garantías de acceso a la información sobre los ingresos y gastos del sector público, entre otras cosas.

Según los datos del estudio, nuestro país, que fue calificado con 42 puntos sobre 100, es con Venezuela (23) y Ecuador (43) uno de los tres con peor desempeño a la hora de facilitar información sobre cómo se desarrolla el proceso presupuestario en la gestión pública.

Que Venezuela sea la máxima expresión de la opacidad en el manejo de las cuentas fiscales no es algo que deba sorprender. Como es bien sabido, una de las principales características del régimen chavista consiste precisamente en la absoluta y total discrecionalidad con que los jerarcas del régimen administran los ingentes recursos que les provee la exportación de petróleo. Se trata de un país en el que prácticamente todo el presupuesto estatal se administra como si de “gastos reservados” se tratara, por lo que es natural que figure en el último lugar del “Índice de Transparencia Latinoamericano”. Claro que no hay modo de comparar con Cuba, donde la situación es sin duda aún peor.

No es tampoco casual que Bolivia y Ecuador, los otros dos países estudiados en los que campea el populismo y avanza a grandes pasos el proceso de destrucción de las instituciones fiscalizadoras, sigan tan de cerca de Venezuela. Ese, que es uno de los rasgos característicos0 principales del “proceso de cambio”, no podía dar otros resultados.

Según indica el informe que comentamos, el factor que más negativamente incidió en la evaluación de Bolivia fue el conjunto de irregularidades en el proceso de contratación de servicios en YPFB. Además de ello, las tres variables en las que la calificación fue más negativa fueron “Participación ciudadana en el presupuesto”, “Evaluación del control interno” y “Oportunidad en la información”

Llama la atención que en el informe no haya ninguna mención a uno de los aspectos más cuestionables de la actual gestión gubernamental, que es la relativa a la manera como se administran enormes sumas provenientes de la “cooperación venezolana”, cuyo monto ni siquiera se conoce con precisión pero se sabe que asciende a varios millones de dólares. Esos montos ni siquiera figuran en el Presupuesto General de la Nación”, y son manejados sin el más mínimo control. Se trata de verdaderos “gastos reservados” que han sido objeto de múltiples denuncias de corrupción.

El MAS, a la conquista del último bastión

Entre la eficiencia del MAS y la ineptitud des rivales, están escribiendo las próximas páginas de la historia de nuestro país

Hace unos días, al referirnos en este espacio editorial a la cada vez más desigual correlación de fuerzas que caracteriza al actual proceso electoral, decíamos que eran claramente visibles dos tendencias. “Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

“Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez”, decíamos. En efecto, los más recientes actos de la campaña oficialista han dado clarísimas muestras de esa doble estrategia, ante la que la oposición no atina a reaccionar.

Una muestra de lo primero son las agresiones que los grupos de choque del MAS ejercen contra quienes tímidamente intentan hacer campaña en “su” territorio. Por “su” territorio, se entienden prácticamente todas las provincias de los departamentos altiplánicos y de los valles, así como barrios íntegros de las principales ciudades.

Ejemplos de lo segundo han comenzado a abundar durante los últimos días. Tanto, que según recientes reportes de prensa, el Comité pro Santa Cruz es la única entidad de la “institucionalidad” cruceña que no fue “perforada” por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que selló nueve alianzas con unionistas, barras brava, universitarios, ex funcionarios prefecturales, y anteayer firmó un acuerdo con los agropecuarios del norte cruceño.

El más reciente e importante de los frutos obtenidos por el MAS es e convenio suscrito en Montero con la Federación de Agropecuarios del Norte del Departamento de Santa Cruz, que se unió al partido oficialista para realizar campaña por la reelección del presidente Evo Morales.

Pero no es sólo en Santa Cruz donde ese plan de acción se desarrolla con notable éxito. En el Beni, el martes pasado, el MAS logró acuerdos con dos bloques del movimiento cívico de ese departamento, muchos de cuyos principales dirigentes decidieron pasar a engrosar las filas del oficialismo.

Ya antes, algo similar ocurrió en Tarija donde incluso uno de los más prominentes diputados de lo que fue Podemos puso a su agrupación ciudadana al servicio de la campaña del MAS. El caso de Pando, que por ser “el eslabón más débil” es donde se inició la “conquista de la Media Luna”, tiene características diferentes, pero los resultados son los mismos.

Pero tan o más notable que la eficiencia con que el oficialismo avanza hacia el objetivo de lograr dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la absoluta y total parálisis en la que está sumida la oposición. Arrinconada, siempre a la defensiva, sin iniciativas, sin liderazgos, sin ideas, sin saber qué decir cuando tienen la oportunidad de dirigirse a sus potenciales electores, la oposición contribuye en no poca a que el MAS logre cuanto se propone.

Así, entre el MAS y sus oponentes están escribiendo las próximas páginas de la historia de nuestro país.

La violencia, protagonista de las campañas

A diferencia de épocas anteriores, la violencia política es hoy parte fundamental de las campañas. La alimentan tanto los que la ejercen como los que la sufren

Desde hace muchos meses, antes incluso de que se inicie el proceso electoral que está ya ingresando a su etapa final, se sabía que la violencia, la intolerancia, las agresiones verbales entre los diferentes candidatos, y las agresiones físicas entre sus seguidores, serían una de sus principales características.

Había, y hay, dos razones que explican que así sea. Una de ellas es tan antigua como la historia política de nuestro país. Como es fácil recordar, siempre fue así. Movimientistas que agredían a miristas y adenistas; adenistas que destrozaban la publicidad de todos sus rivales; miristas que agredían a eneferistas y viceversa… y así fue siempre, hasta donde la memoria alcanza a recordar. Es un rasgo de nuestra débil cultura democrática que no tiene nada de nuevo, por lo que no hay porqué sorprenderse si este proceso electoral está también contaminado por tan deplorable manera de actuar.

Hay, sin embargo, en el caso presente, un factor adicional que se suma y agrava el que se arrastra desde siempre. Es que, a diferencia de épocas anteriores, ahora la violencia y la agresión contra los rivales es franca y abiertamente alentada por quienes conducen la campaña electoral del oficialismo. Han sido importantes dirigentes de los “movimientos sociales” que respaldan al Movimiento al Socialismo los que abiertamente instruido a sus bases para que actúen con máximo rigor para evitar que los candidatos de la oposición hagan campaña en “su” territorio. Y lo han hecho con tanta eficiencia que en gran parte del territorio nacional está impunemente vedada cualquier actividad política que no sea la del oficialismo.

Una segunda característica de los brotes de violencia que empañan el actual proceso electoral es que se prestan muy bien a lo que ha sido adoptado como el eje principal de la campaña de una de las dos principales fórmulas opositoras. Se trata del victimismo, que consiste en magnificar cuanto hecho se adecue a su afán de presentarse como víctimas de un complot al que atribuyen todas sus propias falencias.

En ese contexto se explica, aunque de ningún modo se justifica, la actitud de seguidores del MAS que a lo largo y ancho del país cumplen disciplinadamente las órdenes recibidas. Los grupos de choque organizados con la expresa misión de evitar que sus rivales hagan campaña electoral es sólo la manifestación más visible de esa forma de actuar, pero no la única. Las amenazas contra quien alquile ambientes para casas de campaña, contra quien exhiba afiches, banderas, o cualquier otro símbolo de los opositores, son otras, entre muchas formas de ejercer violencia e intolerancia.

Tal situación pone en evidente desventaja a los candidatos de la oposición. Pero no es el único factor, ni siquiera el principal, que explica las dificultades que tienen para encarar el desafío que tienen al frente. La falta de ideas, de un plan de acción, de liderazgos y de organización son mucho más perjudiciales.

Por eso, que los estrategas del Plan Progreso continúen desperdiciando los pocos recursos, el poco tiempo y energías que tienen sólo en formar coros quejumbrosos con la esperanza de inspirar una estéril conmiseración, en vez de dar las muestras de aplomo que exigen las circunstancias, es uno de esos errores que en la lucha política tienen alto precio.

El MAS, por el poder total

Aunque las tendencias electorales son claras, y si bien es cierto que nada está dicho entretanto no se conozca el resultado de la votación ciudadana del próximo 6 de diciembre, no es menos cierto que el poder total suele ser origen de toda clase de excesos y tentaciones autoritarias

En el marco de una concentración electoral, el aspirante a la reelección y actual presidente de Bolivia reveló ante sus simpatizantes que la intención del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 6 de diciembre próximo no es ganar ni reeditar su actual mayoría legislativa; lo que el oficialismo busca es mucho más que eso: el control de los dos tercios del Congreso.

Con dos tercios del Congreso a su favor, el partido gobernante no sólo podrá aprobar, modificar, abrogar o derogar cualquier Ley sin necesidad de acudir a acuerdos políticos previos, sino que tendrá la posibilidad de modificar parcialmente la Constitución Política del Estado según su propio interés.

Tal y como están las encuestas de intención de voto que se han hecho públicas hasta el día de hoy, y de no mediar sorpresas que puedan cambiar radicalmente la actual configuración del tablero político, el MAS tiene el camino allanado para lograr una cómoda victoria y asegurar nuevamente su mayoría en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

Vistas así las cosas, y tomando en cuenta la desorientación política y la fragmentación de las fuerzas políticas opositoras, no es descabellada la intención del Primer Mandatario, y por consiguiente del oficialismo, de acariciar y controlar los dos tercios del Congreso.

Si el MAS lograra su propósito, habrá conseguido dar un tercer y definitivo paso hacia la consolidación de su proyecto político. El primer paso lo dio al triunfar en las elecciones generales de diciembre de 1995, después de una prolongada lucha por el poder librada en Bolivia en el último quinquenio; el segundo paso, y quizás el más trascendental para el oficialismo, se produjo cuando el partido gobernante consiguió finalmente aprobar y refrendar, en un accidentado proceso constituyente, su proyecto de nueva Carta Magna.

La siguiente fase será, como también lo han señalado los propios dirigentes del Gobierno, la de aplicar y poner en vigencia plena dicho texto constitucional, lo cual requiere la construcción de un vasto andamiaje jurídico que dé rostro legal e institucional al nuevo modelo de organización política y administrativa contemplado en la Constitución vigente.

Tamaña tarea requerirá, pues, de una intensa labor legislativa que, desde la óptica del MAS, se verá entorpecida si para ese cometido existe la necesidad de negociar y alcanzar acuerdos políticos con partidos de la oposición; máxime si, como hemos visto hasta hoy, la visión del oficialismo suele, por lo general, ser antagónica e innegociable frente a la visión de las minorías.

Aunque las tendencias electorales son claras, y si bien es cierto que nada está dicho entretanto no se conozca el resultado de la votación ciudadana del próximo 6 de diciembre, no es menos cierto que el poder total suele ser origen de toda clase de excesos y tentaciones autoritarias.

No hay que perder de vista que, después de los comicios generales, el MAS procurará ganar el control de los distintos órganos del Poder Judicial, cuyos miembros -en el nuevo régimen constitucional- serán seleccionados mediante sufragio universal, así como de la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías del país.

Y es probable que eso vaya a suceder mientras en el país no exista una oposición capaz de generar los necesarios contrapesos y equilibrios que toda democracia moderna necesita para poder considerarse como tal.

El Estado, principal promotor de conflictos

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes –y la oposición-- que se merece


Una serie de enfrentamientos que se han producido durante los últimos días en diferentes regiones de nuestro país, a los que se suman muchos otros que están todavía en estado latente pero con la carga explosiva lista para ser activada en cualquier momento, dan cuenta de un fenómeno que ya no puede ser visto como fruto del azar. Es más bien el resultado, el único que se podía esperar, de un conjunto de factores que durante los últimos años han sido, si no creados, por lo menos alimentados por la política gubernamental y el proyecto político que la inspira, el proyecto del MAS.

Cocaleros contra “indígena originarios campesinos”; comunarios de Tinquipaya contra “movimientos sociales” masistas; cooperativistas mineros contra obreros asalariados de las minas; indígenas del norte paceño contra YPFB y sus “socios estratégicos” como PDVSA; campesinos de Pantipata contra narcotraficantes; “Ponchos Rojos” contra masistas… La agenda de conflictos violentos es tan larga que ya no deja tiempo para atender los muchos que a diario se producen con motivo de la decisión de los seguidores del oficialismo de no permitir que los candidatos opositores hagan campaña en gran parte del territorio nacional.

En circunstancias normales, en un país en el que el Estado cumple el rol que les corresponde, las autoridades que lo representan, a través de sus actos y sus mensajes, tendrían que dedicar todos sus esfuerzos y energías a conjurar las causas de esos enfrentamientos. Pero en la Bolivia de hoy pasa algo muy diferente. Es el Estado, a través de quienes lo conducen, el principal promotor de esos conflictos.

Es tan cierto eso, que no es por casualidad que todos los beligerantes, cada cual a su manera, justifica sus actos en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado. Así, la norma básica que en cualquier sociedad civilizada es el instrumento que entre otras cosas fija los límites entre los derechos y obligaciones de sus miembros, es en Bolivia exactamente todo lo contrario. Es el instrumento mediante el que se rompe todo límite y se da legitimidad, rango de constitucionalidad, hasta a los peores desmanes.

No debe ser nada fácil el papel en que a sí mismo se ha puesto el gobierno de Evo Morales. Es que en rigor de verdad, se ha privado por voluntad propia de todo argumento válido para intervenir mediante una acción pacificadora o disuasiva. ¿Cómo podría hacerlo si todos los que han empezado ya a empuñar las armas para defender sus “derechos” no hacen nada más que exigir lo que según su buen saber y entender es lo que manda la Constitución Política del nuevo “Estado Plurinacional”?

Pero tan, o más penoso que el espectáculo que dan las cada vez más diversas fracciones en que está dividido el pueblo boliviano, y la manera como el gobierno del Evo Morales afronta los conflictos, es la respuesta de la oposición. Mientras para cada uno de tan graves problemas unos proponen producir perejil orgánico, o cosas parecidas, otros concentran sus escasas energías en buscar argumentos para justificar su previsible fracaso electoral.

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y habría que agregar que cada pueblo tiene la oposición que se merece.

Túpac Katari en el espacio sideral

Poner en órbita un satélite llamado Túpac Katari es algo que más allá de la racionalidad económica, tiene una carga simbólica que no se puede desdeñar

El Presidente Evo Morales, con tono triunfal, ha expuesto a su retorno al país los resultados obtenidos durante su reciente viaje a Europa. Y no le faltan razones para sentirse satisfecho por las noticias que trajo, pues una vez más se hizo evidente que una de las mayores fortalezas del gobierno que encabeza es la buena acogida que tiene en el viejo continente.

El primer logro lo consiguió en Ginebra, Suiza, donde obtuvo permiso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para poner en órbita el primer satélite boliviano, el que según anunció, se llamará Túpac Katari y será fabricado y puesto en órbita por la agencia especial de China.

Su segundo éxito lo obtuvo en España, donde selló la condonación de 77 millones de dólares, lo que reduce la deuda externa boliviana en 15 por ciento, es decir, de 2.230 millones de dólares a 1.410 millones de dólares. Ahora, entre los principales países acreedores de nuestro país están Venezuela (227,6 millones de dólares) y Brasil (98,6 millones de dólares).

Sobre la decisión gubernamental de poner llevar al espacio sideral un satélite propio se han hecho muchas críticas, buena parte de ellas en tono burlón y despectivo. Otras, las menos, han recurrido a argumentos técnicos y económicos para poner en duda la necesidad y conveniencia de hacer una inversión –o un gasto, según cómo se vea el asunto-- que aparentemente no se justifica.

Los cuestionamientos que se han hecho con argumentos peyorativos, generalmente provenientes de políticos opositores, son ilustrativos de una errónea manera de actuar que suelen tener los más enconados críticos del actual régimen gubernamental. Insisten en subestimarlo, lo que con excesiva frecuencia los lleva a quitar seriedad a sus argumentos.

Más dignas de atención son las razones que algunos expertos en temas técnicos y científicos han expuesto. Han dicho, por ejemplo, que los mismos resultados que ofrece un satélite propio, como poner las telecomunicaciones al alcance hasta del más remoto rincón del territorio nacional, podrían ser obtenidos mediante el alquiler de uno de los muchos ya puestos en órbita. No se cuestiona la validez de la idea, sino la relación entre el costo y el beneficio.

Ese argumento, sin embargo, no toma en cuenta algo que en casos como éste tiene un valor que trasciende la racionalidad económica. Se trata del aspecto simbólico, uno de los que con mayor eficiencia administra el gobierno de Morales. No es casual, por eso, que se proponga poner al satélite boliviano el nombre de un caudillo indígena. Se puede decir que es, para Bolivia y el gobierno del MAS, el equivalente de lo que en su momento fue el proyecto Apolo para EE.UU., o el Sputnik para la URSS.

No es difícil imaginar, en ese contexto, el impacto que tendrá en el ánimo de quienes constituyen la principal base de sustento político del gobierno saber que pronto Túpac Katari estará en el espacio sideral. No se puede menospreciar lo que eso significa,

Una campaña ilegal y mentirosa

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil Más que quejidos, se necesitará ideas, datos, sólidos argumentos


Aunque según lo dispuesto por la ley electoral que rige el proceso que conduce a las elecciones de diciembre próximo aún no están permitidas las campañas propagandísticas para promover a los candidatos que disputa4án el apoyo de la ciudadanía, basta ver unos minutos cualquier canal de televisión, u oír cualquier radioemisora, para comprobar con cuánta facilidad tal regla está siendo vulnerada por los candidatos del oficialismo.

Si bien la campaña se hace con cierto disimulo, pues se presenta encubierta como “informes” de los supuestos logros de la gestión gubernamental, lo que hace difícil la labor del Órgano Electoral, que tendría que hacer cumplir equitativamente las reglas de juego, resulta por demás evidente que esa es una de las muchas maneras como se usa y abusa de los recursos del estado para favorecer a la fórmula del MAS

Ante tal hecho, que sin duda se irá agravando a medida que se intensifiquen las campañas electorales, algunos líderes de la oposición lo han denunciado aunque sin que sus reclamos hayan merecido mayor atención. La falta de una acción conjunta entre los diferentes candidatos opositores, en éste como en otros temas, es uno de los factores que quita fuerza a los reclamos.

Pero el asunto tiene una segunda dimensión que también tendría que ser desenmascarada por quienes se oponen a la propuesta oficialista. Se trata del contenido de los mensajes, la mayor parte de los cuales no guardan relación con la realidad. En algunos casos exponen medias verdades, en otros absolutas mentiras, y en conjunto proyectan una imagen completamente distorsionada de los temas expuestos como los principales logros de la gestión gubernamental.
Entre todos ellos hay dos que se destacan, precisamente los que más insistentemente son presentados como ejemplos de la eficiencia gubernamental: los supuestamente fabulosos resultados de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, muy ligado al anterior, el incremento de las Reservas Internacionales Netas, “el ahorro de todos los bolivianos”.

De nada sirve que los datos de la realidad con toda elocuencia desmientan los mensajes propagandísticos. No importa que el descalabro producido por la “nacionalización” sea inocultable si se lo observa con objetividad, ni que la deuda interna neutralice cualquier abultamiento de las RIN. Desde el punto de vista del pragmatismo publicitario lo importante es concentrar la atención en las apariencias y tras ese objetivo se concentra la artillería –y los millones de dólares—que el gobierno gasta –o invierte, según cómo se vea—en consolidar la mitomanía sobre la que se sostiene.

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil para quienes pretenden disputar el apoyo popular. Y los quejidos, reclamos y denuncias, por insistentes que sean, de nada servirán si no van acompañados de una ofensiva en el plano de las ideas, los datos, las cifras, todo lo que se requiere para desmontar el mito.

El MAS y el padrón biométrico

Ante la ausencia de una oposición seria, el oficialismo ya no necesita distraerse en acciones que podrían empañar la legitimidad de su triunfo

Uno de los últimos escollos que se hallaban en el camino que conduce a las elecciones del 6 de diciembre próximo, ha sido felizmente superado gracias a la encomiable eficiencia con que el Órgano Electoral viene cumpliendo la titánica tarea que se le dio. Fueron tan contundentes los datos presentados al presidente Morales y a su equipo de más estrechos colaboradores sobre el buen avance del empadronamiento biométrico, que el MAS decidió deponer su amenaza de aplicar un “padrón mixto”.

Era previsible que el oficialismo asuma tal actitud, pues sus estrategas deben haber comprendido que el costo político de mantener vigente un padrón sobre el que con razón o sin ella penden demasiadas dudas y suspicacias habría sido mucho mayor que los beneficios. Es tan grande la ventaja que tienen los candidatos del MAS sobre sus rivales de la oposición, que no tenía ningún sentido tender una sombra de duda sobre la legitimidad de una victoria que ya se avizora holgada ante la ausencia de un rival digno de consideración.

Es también posible suponer que la presión externa, expresada a través de gobiernos, organismos internacionales y fundaciones privadas, como el Centro Carter, hizo su parte. Difícilmente se habrían prestado a avalar una causa tan desprestigiada como es la vigencia del antiguo padrón electoral, lo que dio una razón adicional para que el oficialismo opte por no abrir un nuevo frente de batalla, en condiciones adversas, cuando tiene tantos en los que sí lleva todas las de ganar.
A esos factores que jugaron a favor del padrón biométrico se suma sin duda la ineptitud de una oposición que no pone en ningún riesgo la previsible victoria oficialista. Tal como se presenta el escenario político, el MAS no sólo ganará holgadamente las elecciones de diciembre; tendrá además una amplia mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que hace superfluo un plan de acción originalmente concebido para otro escenario.

Algo similar puede decirse de otro recurso que el oficialismo concibió para afrontar una batalla electoral que hace algunos meses no parecía tan fácil. El trasvase de votos de un departamento a otro, mediante las migraciones de militantes del MAS a Pando, respondía a la suposición de que en ese departamento se disputaría palmo a palmo, voto a voto, cada una de las senadurías y diputaciones y que cada una de ellas sería decisiva llegado el momento de hacer el balance final. Al no tener rival al frente, el oficialismo puede ahora prescindir de tan descarado truco y concentrar sus fuerzas en acciones menos engorrosas y más rentables.

El primer efecto de la facilidad con que la oposición le deja al MAS despejado el camino que conduce a su consolidación en el poder es, pues, paradójicamente, positiva. Es que el oficialismo ya no necesita distraerse en acciones que debiliten aún más la salud de nuestro sistema democrático.

Evo Morales y la “Madre Tierra”

Sólo con muy mala fe se pueden soslayar los estragos que el circuito coca – cocaína causa en la salud de la “Madre Tierra”

Mucho entusiasmo y alegría entre sus seguidores, como sorpresa, confusión y disconformidad entre sus detractores, ha causado la decisión del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel D’Escoto, de otorgar al presidente Evo Morales una medalla y un pergamino, mediante los cuales será declarado como defensor mundial de la “Madre Tierra”.

Esa distinción, según D’Escoto, se justifica por “la firme postura del jefe de Estado boliviano en defensa del medio ambiente y la “Madre Tierra” (Pachamama), con propuestas concretas que ha presentado en varios foros internacionales”.

No hace falta mucha erudición para poner en evidencia cuán falaz es esa apreciación. Es que pocas actividades son más incompatibles con la preservación de la salud de la “Madre Tierra” que las que realizan los productores de coca, cuyo máximo dirigente es precisamente Evo Morales.

Ese sólo hecho tendría que ser suficiente para descalificar el rol que se le pretende atribuir al principal líder de los cocaleros, pues como lo confirma una infinidad de estudios sobre el tema, la producción de coca y su transformación en cocaína está haciendo estragos en la “Pachamama”.
Es bien sabido, por ejemplo, que los cultivos de coca son incompatibles con la preservación de los suelos del subtrópico cochabambino, lo que está dando lugar a una acelerada desforestación y aniquilamiento de la capa fértil de la tierra. La constante expansión de los cultivos está destruyendo reservas ecológicas, invadiendo todos los parques naturales. Y muchísimo peor es el paso siguiente, el que viene después de la cosecha de las hojas de coca, que consiste en su mezcla con letales sustancias químicas para elaborar la pasta base de cocaína.

Todo ese proceso, que ya no se desarrolla sólo en las zonas de cultivo, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, valles y altiplano incluidos, está haciendo estragos en la tierra, el agua y especies animales. La cadena destructora de los ecosistemas que se inicia con los cultivos de coca es de tal magnitud que sólo con muy mala fe puede ser soslayada por quienes con tanta hipocresía hablan de la “Madre Tierra”.

Como si eso fuera poco, Morales ha desafiado franca y abiertamente a todas las organizaciones defensoras del medio ambiente en nuestro país al insistir en la exploración hidrocarburífera en el norte paceño, una región que por la fragilidad de su ecosistema es una de las que más protección requiere. Es probable que haya argumentos para respaldar tal pragmatismo, pero es seguro que la defensa de la “Pachamama” no es, ni mucho menos, uno de ellos.

Con esos antecedentes, tan cuestionable como la distinción que trae D’Escoto es el silencio de las muchas organizaciones que a pesar de que actúan en nombre de la defensa del medio ambiente en los hechos son cómplices de su destrucción.

Lula y el bautismo de la "Policía Sindical"

La presencia de Lula da Silva fue aprovechada para elevar al rango de institución fundamental del Estado “Plurinacional” a la “Policía Sindical”

Abundantes y de lo más diversas han sido las repercusiones que en el escenario político nacional ha tenido la reciente visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y como en muchos otros casos, los aspectos menos relevantes del asunto son los que más atención han merecido.
El franco y abierto respaldo de Lula al gobierno de Evo Morales, y no muy indirectamente a su candidatura de cara a las elecciones de diciembre, ha sido el aspecto más destacado en lo que a efectos políticos se refiere. Se trata de un espaldarazo que sin duda ha dejado pálidos de envidia y susto a los candidatos opositores.

En lo económico, las muchas dudas que ya existen sobre la transparencia con que se realizó el contrato para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos opacaron lo que para muchos es una dádiva brasileña que se debe recibir de rodillas y sin chistar.

Sin embargo, la aparente generosidad brasileña fue suficiente para que pasen poco menos que desapercibidos los enormes montos que Petrobras debe a Bolivia por diversos conceptos. El gas que no compró, pero que pese a ello debió pagar por estar vigente la cláusula “take or pay”, por ejemplo, implica una deuda de más de 400 millones de dólares. Un monto apenas menor, calculado en más de 300 millones de dólares, es el que adeuda por los licuables que llegan a Brasil mezclados con el gas.

En suma, alrededor de 700 millones que Brasil debe a Bolivia fueron opacados por un muy sospechoso crédito que apenas llega a la mitad de esa cifra. Crédito que además de no ser nada blando, llega condicionado a múltiples arreglos entre empresarios brasileños y funcionarios bolivianos, lo que, como ya ha sido ampliamente denunciado, da lugar a muy graves sospechas de corrupción.

Sin embargo, y pese a lo importantes que son los aspectos señalados, hay uno que probablemente sea el que más honda huella deje en el futuro nacional. Se trata de la elevación a rango de institución fundamental del Estado “Plurinacional” de la “Policía Sindical”, la que al haber sido puesta en igualdad de condiciones que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Federal de Brasil, recibió un bautismo que le da, ante la indiferencia general, una temible legitimidad.

Teniendo como testigo nada menos que al Presidente de Brasil, la “Policía Sindical” designó a su flamante “comandante”, quien al recibir tan alto cargo dijo que se trataba de un “momento histórico para las organizaciones sociales porque se consolidó el trabajo de las tareas de seguridad a las bases originarias en la organización de eventos locales, nacionales e internacionales”. Y no exageró en absoluto pues, en efecto, no todos los días, y no en cualquier país, se da carácter de oficial a una “Policía Sindical”.

Ahora, sólo cabe esperar que en otras regiones “autónomas” del país, en otras de las “republiquetas” que en los hechos ya existen, se sigan los mismos pasos.

Las autonomías indígenas en la práctica

Las fuerzas disgregadoras de la unidad nacional han comenzado a dar sus primeros resultados y no se vislumbra nada que detenga el proceso

Una de las críticas que más certeramente se hizo al texto constitucional elaborado por los asesores del MAS es que muy por encima de las elucubraciones teóricas de quienes dieron rienda suelta a sus fantasías indigenistas durante su redacción, existe una realidad que no se puede manipular con tanta facilidad como los conceptos teóricos.
Una muestra de lo que eso significa se pudo ver el pasado jueves cuando sindicatos campesinos y ayllus “indígena originario campesinos” se enfrentaron en la comunidad de Sienegoma, en Potosí. El saldo fue un muerto y 15 heridos y un odio visceral que clama venganza.
La primera víctima del proceso de consolidación de las “autonomías indígenas” fue Julián Mamani, una autoridad originaria de Tinguipaya. Su muerte, en sí misma significativa, lo es más por la forma en que se produjo. Fue asesinado de la manera más cruel cuando al huir de una emboscada preparada por los seguidores del MAS se alejó del grupo que lo acompañaba. Su cuerpo, destrozado a golpes, fue encontrado días después.
Según la explicación de los agredidos, el origen del problema consiste en que los masistas no quieren que nadie ingrese a las zonas que creen controlar políticamente. Que los que se oponen a las autonomías indígenas sean tan indígenas como los que apoyan la consigna gubernamental, no importa. Se los elimina con la frialdad con que se eliminó a Julián Mamani.
Lo ocurrido en Sienegoma no es una excepción. Muy por el contrario, es el único resultado que se puede esperar de la manera como el MAS se ha propuesto destruir todo el andamiaje institucional para imponer, así sea mediante los métodos aplicados en el caso que comentamos, las autonomías indígenas.
La magnitud del problema y de la carga explosiva que contiene es pavorosa. Es que los conflictos de intereses entre ayllus y municipios en las tierras altas ya tienen larga data y fue por eso que durante los últimos años se dejó pendiente la delimitación de circunscripciones que son objeto de luchas internas. Tales disputas, lejos de atenuarse, como ya se ha comenzado a ver, sólo pueden avivarse cuando lo que se pone en juego es nada menos que "el derecho de los pueblos indígenas al territorio, al autogobierno y a la libre determinación", con todo lo que ello implica en cuanto a poder político y económico.
En las tierras del oriente el asunto se complica aún más pues allá suman decenas las “naciones” que tienen que recorrer tan escabroso camino. En lo inmediato, además del asunto de las autonomías indígenas, tendrán que realizarse reuniones “inter-nacionales” para fijar sus límites y elegir a sus diputados.
Estamos pues ante el destape de una verdadera “caja de Pandora” de la que sólo se pueden esperar que salgan grandes calamidades. Se han desencadenado incontenibles fuerzas disgregadoras de la unidad nacional y no se vislumbra, por lo menos por ahora, algo que pueda revertir el proceso de destrucción.

La filosofía política de Evo Morales

“Si tenemos nuestra Constitución, no debería basarse en leyes (…) Ahí nuestros abogados no nos han orientado muy bien”

Si hay algo de lo que jamás se podrá acusar al presidente Evo Morales, es de falta de sinceridad. Por el contrario, a diferencia de lo que suele caracterizar a los líderes políticos en Bolivia y en cualquier parte del mundo, tiene la virtud de expresar lo que “siente” sobre los temas que lo preocupan con una franqueza admirable.

Entre los sentimientos que con más frecuencia expresa hay uno que se destaca. Es el profundo desprecio que le inspiran las leyes y todo lo que se relaciona con ellas. Como se recordará, en más de una oportunidad dijo que las leyes son un estorbo y por eso “le mete nomás” y que para arreglar los estropicios que esa manera de actuar ocasiona están los abogados que lo rodean.

Hasta ahora, Morales parecía muy conforme con los servicios que le presta el batallón de abogados que han puesto sus conocimientos y habilidades al servicio del “proceso de cambio” asesorándolo a cada paso sobre la mejor manera de eludir “el estorbo de la ley”. Pero ahora está muy decepcionado de ellos y así lo hizo saber a través de un discurso, ante una multitud que lo vitoreaba en El Alto. Los acusó públicamente de haber hecho mal su trabajo al elaborar el texto de la nueva Constitución Política del Estado. “Ahí tal vez nuestros abogados no nos han orientado muy bien”, afirmó al expresar su descontento.

Lo que le parece tan mal al primer mandatario, lo que desde su punto de vista es un inadmisible error de los jurisconsultos que lo asesoran, es que la aplicación de la Constitución tenga que estar sujeta a un régimen legal. “En muchos artículos de la nueva Constitución dice ‘este artículo estará sujeto a la aplicación de una nueva ley.’ (…) Si tenemos nuestra Constitución, no debería basarse en leyes”, dijo.

Como se ve, las expectativas que tenía el Presidente sobre las virtudes del nuevo texto constitucional eran otras. Él esperaba un mejor fruto de todo el esfuerzo hecho, de las luchas, las muertes, la sangre derramada para aprobar la nueva Constitución. Lo que esperaba era una Constitución que le permita gobernar libre del estorbo de cualquier ley. Es decir, gobernar como un verdadero autócrata.

Pero Evo Morales no ha perdido la esperanza. En el mismo discurso que comentamos, afirmó estar seguro de que el pueblo, el 6 de diciembre, enmendará, a través de su voto, los desaciertos de sus abogados y los asambleístas que no comprendieron que “la nueva Constitución no debería basarse en leyes”. Confía para eso en que el MAS obtenga dos tercios de la próxima Asamblea Legislativa. Habrá que suponer que, además de ello, tendrá especial cuidado en que los nuevos asambleístas no sean tan legalistas como los que hasta ahora no fueron capaces de entender algo tan sencillo como lo que desea el presidente del “Estado Plurinacional.”.

Avasallamiento electoral

Sólo con lamentos se responde a un plan de acción que mediante diversos artilugios se propone lograr un avasallamiento electoral

Como para que a nadie le quede ninguna duda sobre la firmeza con que se propone recurrir a cuanto método esté a su alcance para asegurar un triunfo en las elecciones de diciembre, y sobre el profundo desprecio que le inspira el régimen legal vigente, incluida la Constitución Política del Estado que logró imponer, el Movimiento al Socialismo ha ratificado su decisión de aplicar el “voto comunitario” o “voto consigna”.

De nada sirve que el artículo 197 del Código Electoral vigente establezca claramente que “la persona civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente a trabajadores subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano para que se afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, o para que voten por cierta lista o partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionada con la privación de libertad de hasta seis meses”.

Exactamente lo mismo puede decirse del traslado masivo de personas a Pando, a donde están siendo llevados miles de los más leales militantes del MAS con el expreso propósito de que su “voto comunitario” le asegure el triunfo en ese Departamento.

Además de ello, hay motivos para sospechar que más solapadamente, pero con el mismo objetivo, se están produciendo migraciones internas de una circunscripción a otra. Muchos de los residentes en las circunscripciones en las que el MAS tiene asegurada una votación masiva estarían inscribiéndose en aquellas en las que la oposición tiene más posibilidades de ganar. Así, no sería extraño que la fórmula oficialista se alce con victorias incluso en zonas consideradas bastiones de la oposición.

Ambos procedimientos –el “voto comunitario” y las artificiosas migraciones internas-- tienen una doble dimensión. Por una parte, la estrictamente legal, y por otra la política. Cualquier acción para contrarrestarlos tendría pues que contemplar ambos aspectos.

En lo que a la legalidad corresponde, no tendría que haber lugar a dudas. Es tan claro lo que manda la ley que en circunstancias normales ya se habrían aplicado los procedimientos previstos para evitar tan desembozadas formas de manipular la voluntad de la ciudadanía. El problema es que en nuestro país estamos lejos de vivir circunstancias normales, pues como lo ha afirmado con toda franqueza en más de una ocasión el Presidente Evo Morales, “lo político está por encima de lo jurídico”. Y como ya se ha demostrado más de una vez, esa es la cruda realidad.

Sólo cabría pues esperar que una eficiente labor de las fuerzas opositoras, a través de una presencia activa y organizada a lo largo y ancho del territorio nacional, ejerza control y supervisión tanto del proceso de empadronamiento como del acto electoral. Pero como tal fuerza de oposición no existe, es probable que sólo con lamentos se responda a un plan de acción que, al paso que vamos, se encamina a la instauración de un régimen de partido único.

Un país en transición

Es irresponsable caer en la autocomplacencia y afirmar, entre quienes detentan el poder, que el cambio está hecho y es perfecto. Y es también desafortunado que algunos sectores, sobre todo políticos, no consigan asimilar que los tiempos que corren son otros

La celebración del aniversario patrio en la ciudad de Sucre, además de marcar el retorno, después de dos años, del Presidente de la República a esa Capital, ha tenido varias connotaciones.
Han pasado tres años desde aquella vez cuando Sucre fue el centro de la atención nacional e internacional con la instalación de la Asamblea Constituyente. Por entonces, la capital de Bolivia era sinónimo de esperanza para el país, de un futuro con igualdad y fraternidad entre bolivianos. Hace tres años que se iniciaba en esa ciudad el cambio por el cual había votado una mayoría de la población, cuyo magno instrumento democrático era la Asamblea Constituyente.

El 6 de agosto último asistíamos a la consolidación de dichos cambios, cuya concreción está reflejada en la Constitución Política del Estado en actual vigencia, aprobada mediante un referéndum, aunque la misma, para un importante segmento de la población boliviana, sea sinónimo de imposición y atropello.

No cabe duda de que el proceso de elaboración y aprobación de la nueva CPE ha llevado al país a una profunda polarización social y política, cuando lo deseable era que la misma nazca como fruto del diálogo y el consenso entre bolivianos. Es por esa misma razón que dichos cambios, que constituyen un avance para unos y un retroceso para otros, hayan generado escenarios de confrontación traducidos, muchas veces, en violencia e inclusive en la muerte de bolivianos y bolivianas.

En este proceso, por demás intrincado y complejo, el punto de no retorno ha sido rebasado con la paulatina entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, cuya conducción será ratificada o modificada con los resultados de las elecciones generales previstas para diciembre próximo.
Hay, además, otras reflexiones necesarias en torno a lo que se ha dicho y se ha dejado de decir el pasado 6 de agosto en Sucre.

Es innegable que las reformas han modificado la vida política, social e institucional del país en proporciones que aún no conocemos. Sin embargo, otras esferas tan importantes como la economía no parecen cambiar, peor mejorar. Bolivia sigue siendo un país exportador de pobreza, con miles de migrantes que buscan la fuente de trabajo a miles de kilómetros de su hogar; con niños y niñas que deben alternar el juego con el trabajo; con miles de familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas y con una gran parte de la juventud sin idea de su porvenir.
Por todas estas razones es irresponsable caer en la autocomplacencia y afirmar, entre quienes detentan el poder, que el cambio está hecho y es perfecto. Y es también desafortunado que algunos sectores, sobre todo políticos, no consigan asimilar que los tiempos que corren son otros, y que son otros también los valores y destrezas requeridas para el éxito político y social, a diferencia del pasado reciente cuando el origen, la tradición y hasta la cuna solían marcar el destino personal.

Teniendo en cuenta los retos que plantea el futuro, y habiendo visto que el último 6 de agosto fue otra oportunidad perdida para el reencuentro y la reconciliación, es posible afirmar que queda una gran tarea pendiente: que las visiones opuestas de país hagan un esfuerzo para encontrar espacios en común que permitan darle estabilidad y certidumbre al país, en vez de seguir confrontándolo y dividiéndolo.

La “revolución cultural” en marcha

Estamos ante la construcción de uno de los pilares principales de todo régimen totalitario, que consiste en la homogenización de las personas

Hace unos días, como parte de la campaña para “descolonizar” a Bolivia, el gobierno ha anunciado una serie de medidas que se propone aplicar durante los próximos meses para modificar radicalmente todo lo que los ideólogos del régimen consideran que son “símbolos de la dominación colonial”, por otros que representen el nuevo orden social que está en proceso de construcción.

La sustitución de los personajes que actualmente figuran en los billetes y monedas por héroes indígenas, la elaboración de un nuevo calendario de feriados en el que muchas de las fechas que hasta ahora se han celebrado sean sustituidas por otras para recordar el nacimiento o muerte de caudillos indígenas, y el cambio de nombres a calles, avenidas y plazas, son algunas de las se proponen en el plano de lo simbólico.

Además de ellas, hay otras que más allá de su carga ideológica se proponen alcanzar profundos efectos prácticos. Es el caso del proyecto de “depuración administrativa” en el sector público, para lo que se está elaborando un “nuevo perfil del empleado público” que tendrá entre sus principales condiciones el “compromiso con el cambio”.

Según la explicación del Director Nacional de Gestión Pública, los que no encajen en el nuevo modelo de administración del aparato estatal, “obviamente”, no podrán ser parte de él. Sólo podrán ser funcionarios públicos quienes “realmente respondan a esta revolución cultural de las conductas y comportamientos”.

El primer paso hacia esa “revolución cultural” consiste en que se prohibirá el uso de grados académicos. Es decir, nadie podrá anteceder su nombre con términos como Lic. (licenciado) Dr. (doctor), Ing. (Ingeniero) o Mgter. (magíster) y el cargo de un funcionario deberá ser escrito en su membrete en al menos tres idiomas nativos. Ostentar un grado académico será interpretado como un acto discriminador y por lo tanto incompatible con el “nuevo perfil de funcionario público”.

A primera vista, ese conjunto de disposiciones puede parecer sólo efectivo en el plano de lo simbólico, pero poco relevante desde el punto de vista práctico. Sin embargo, resulta evidente que lo que hay tras las inocuas apariencias es algo mucho más serio y profundo. Es el primer paso hacia la construcción de un molde al que deberán ceñirse quienes quieran tener un lugar en el nuevo país. Quienes no se amolden, quienes no adopten las nuevas “conductas y comportamientos”, serán excluidos sin contemplaciones, empezando por la administración pública.

Estamos pues ante la construcción de uno de los pilares principales de todo régimen totalitario, que consiste en la homogenización de las personas para despojarlas de todo rasgo individual. Piezas de un engranaje y no individuos pensantes, y por consiguiente capaces de discrepar, es el ideal hacia el que se pretende avanzar.

Tres rotundos fracasos

Los tres fracasos a los que nos referimos –gas, litio y hierro— pasan desapercibidos en medio de la trivialidad de las pugnas cotidianas

Mientras los bolivianos –los del oficialismo pero también, y sobre todo los de la oposición— continuamos obnubilados con nuestras cotidianas pugnas internas, en las que lo que único que parece estar en disputa son los despojos a los que está siendo reducido nuestro país, los temas realmente importantes, los que tendrían que preocuparnos de verdad, pasan casi desapercibidos sin que haya quién les preste la atención que merecen.

Entre ellos se destaca la sistemática destrucción de las bases sobre las que se sostiene la economía nacional. El caso de los hidrocarburos es el principal de los ejemplos, pero no el único. Un fracaso igual de grande es el que se cierne sobre otros dos rubros en los que se depositaron desmesuradas expectativas y que también se encaminan a ser dos enormes frustraciones. Se trata de la explotación del litio en el salar de Uyuni y del hierro en el Mutún.

Los tres fracasos a los que nos referimos –gas, litio y hierro— tienen algunas características comunes. El sistemático ocultamiento de información, mediante el que se le niega a la ciudadanía el acceso a datos básicos sobre la manera como están siendo administrados esos recursos, es una de ellas.

A pesar de ello, está cada vez más claro el panorama que se vislumbra en lo que a futuro gasífero del país se refiere, pues las noticias que sobre el tema llegan del exterior son de lo más elocuentes. Se sabe, por ejemplo, que alrededor de Bolivia están ya en plena construcción cinco plantas –dos en Brasil, dos en Chile y una Argentina-- para importar gas que sustituya al boliviano. Trinidad y Tobago, Qatar y… ¡Venezuela!, serán los países que ocupen el lugar de Bolivia como proveedores de tan vital energético. Así, Bolivia tendrá cada vez mayores dificultades para conservar su principal fuente de ingresos.

Es mucho menos lo que se sabe sobre el litio. Pero lo poco que se puede averiguar al respecto es suficiente para temer que, como en el caso del gas, se está esfumando una extraordinaria oportunidad. Es que pese a lo importantes que son las reservas de esa materia prima, ninguna de las empresas interesadas en su explotación está dispuesta a realizar las inversiones necesarias por la falta de condiciones mínimas.

El caso del hierro del Mutún es más desalentador aún. Es que a pesar de la tozudez con que las autoridades gubernamentales se niegan a dar la información básica sobre la marcha del proyecto, abundan los motivos para temer que éste se encamina hacia otro fracaso.

En circunstancias normales, los tres temas a los que nos referimos tendrían que ocupar un lugar destacado entre las preocupaciones de los aspirantes a candidatos. Pero como se ve, ninguno de ellos está a la altura de tan grandes desafíos, por lo que no será el oficialismo quien pague el costo de sus fracasos, sino todo el país.

Los demonios que desató el MAS

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Y también para los candidatos opositores que deben dejar de manifestarse

El 31 de octubre del año pasado, en este espacio editorial, decíamos que “entre los 411 artículos del texto constitucional propuesto por el MAS hay dos especialmente peligrosos”. Nos referíamos a los artículos 135 y 136, los que bajo el rótulo de “Acción Popular” introducen a la nueva Constitución “un enorme potencial explosivo”.

Meses después, el 30 de enero del presente año, decíamos que “la ola de avasallamientos de tierras que se ha desatado, cuyos protagonistas afirman que ahora “la Constitución los ampara”, es una pequeña muestra de un fenómeno que sin duda causará gravísimos problemas y, paradójicamente, tendrá al gobierno del MAS entre sus principales víctimas”.

“No podía esperarse otro resultado, --agregábamos-- pues los artículos que comentamos reúnen todas las condiciones necesarias para que ello ocurra. Dicho de manera sintética, lo que se establece a través de ellos es que “la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. (…) Podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza (…) sin que sea necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir”.
“¿Podrá ahora alguna autoridad gubernamental negar que la nueva Constitución da lugar a eso y a mucho más?” nos preguntábamos. Y concluíamos afirmando: “Estamos asistiendo sólo a un pequeño anticipo de lo que ya se puede ver venir. ¿Podrá el MAS conjurar los demonios que desató?”

Ahora, de manera casi simultánea, estamos siendo testigos de la magnitud de los “demonios que desató” el MAS. Uno de ellos es el afán de los comunarios de Chapìsirka, en Cochabamba, quienes amparándose en la nueva Constitución Política del Estado se atribuyen derechos de propiedad sobre el agua de la que se abastece Cochabamba y con la que riegan sus terrenos campesinos de los valles.

El otro, cuya gravedad es mucho mayor y hace prever conflictos de gran magnitud, es el relativo a las pugnas entre Petroandina y las comunidades indígenas mosetén, leco, tacana y chimán del norte de La Paz, que se niegan a admitir que la empresa petrolera ingrese al parque Madidi para iniciar la explotación hidrocarburífera de la zona.

En ambos casos, los “indígena originarios campesinos” respaldan sus demandas en las atribuciones que les otorga la Constitución.

El desafío que tales conflictos plantean al MAS son enormes. Pero no debieran ser menos para los candidatos de la oposición, pues no pueden ni deben eludir su obligación de exponer su posición sobre este tipo de problemas que son con los que tendrán que lidiar durante los próximos meses y años.

Los gastos reservados del MAS

Habrá quien se descontente por la mala calidad de las obras, pero será mayor la satisfacción de participar en la “redistribución de la riqueza”

Entre los muchos temas que fueron muy hábilmente esgrimidos por quienes combatieron a los gobiernos “neoliberales” de los últimos años, hubo uno que se destacó por la eficiencia con que ilustraba la manera arbitraria como “los políticos”, se enriquecían a costa de los dineros del estado. Era el muy cuestionado tema de los “gastos reservados”.

Con mucha razón, además de un sólido respaldo de cifras, los opositores de aquel entonces enrostraban a los gobernantes los cuantiosos montos que bajo el rótulo de “gastos reservados” eran puestos fuera del alcance de las instituciones fiscalizadoras. Por ser “reservados”, nadie estaba obligado a rendir cuentas, lo que muy fácilmente se prestaba a todo tipo de suspicacias.
Conscientes de lo sensible que era la opinión pública a ese tema, una de las primeras y más publicitadas medidas que adoptaron los nuevos gobernantes fue precisamente la eliminación de “los gastos reservados” del presupuesto gubernamental.

Muy astutamente, sin embargo, tal medida fue acompañada por otra especialmente pensada para llenar el vacío dejado por la eliminación de un medio tan conveniente para la reproducción del poder. Se ´creó el programa “Bolivia Cambia Evo Cumple” financiado por el Gobierno de Venezuela a través de un convenio firmado el 29 de abril de 2006, en La Habana Cuba dentro del ALBA – TCP.

Según los datos oficiales, los montos que ese programa pone a disposición del gobierno de Evo Morales no son nada extraordinario. Apenas unos cuantos cientos de millones de dólares, según algunos cálculos cuya precisión es imposible verificar pues precisamente una de las características del programa es su falta de transparencia. Por eso, nunca se sabrá cuál es exactamente la cantidad de dinero tan libremente administrada.

Sin embargo, más que la magnitud de los recursos que el programa pone a disposición de los seguidores de Morales, lo importante es la forma en que lo hace. Una forma que consiste en abrir una enorme cuenta de “gastos reservados” mucho más grandes y muchísimo más reservados que los de otros tiempos.

En esas circunstancias, no resulta nada sorprendente la proliferación de denuncias sobre malos manejos, sobre nuevas fortunas particulares, sobre obras que se desmoronan antes de ser entregadas. Son las consecuencias obvias de una manera de dejar la administración de tan cuantiosos recursos al libre arbitrio de los militantes del MAS, con la única condición de que den constantes pruebas de su lealtad al “proceso de cambio”.

Tampoco es difícil suponer cuáles serán las consecuencias políticas de la democratización de los “gastos reservados”. Habrá quien se descontente por la mala calidad de las obras, pero será mayor la satisfacción de participar activamente en tan original procedimiento de “redistribución de la riqueza”.

Informes mal interpretados

Un síntoma del problema es la tendencia a leer informes como el del BM con una mirada limitada por los cálculos propagandísticos

La reciente publicación del informe titulado “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” elaborado por el Banco Mundial, y las múltiples interpretaciones, análisis y comentarios a que dio lugar tal documento, han puesto ante nuestros ojos una muy elocuente muestra de lo perniciosos que pueden llegar a ser los apasionamientos ideológicos cuando de encarar los principales problemas que afligen a nuestro país se trata.
Muchos dirigentes del oficialismo y de la oposición, de quienes cabría esperar un ejemplo de objetividad y seriedad cuando de abordar estos temas se trata, fueron más bien, como ya es habitual, los que más primariamente reaccionaron. Unos se regocijaron con la creencia de que los datos publicados por el BM podrían alimentar la artillería verbal para echar sombras a la gestión gubernamental. Otros, con similar lógica, supusieron que estaban ante una prueba más del afán con que los organismos internacionales se afanan por desprestigiar el “proceso de cambio”.
Un ejemplo de lo primero es el entusiasmo con que muchos exponentes de la oposición se refirieron al tema de la corrupción. Fue el aspecto del informe que más llamó su atención y casi al unísono lo esgrimieron como una prueba de que éste es un gobierno más corrupto que los anteriores. Los demás temas, seguramente porque en apariencia se prestan menos al sensacionalismo mediático, pasaron casi desapercibidos.
Tal actitud puso en evidencia a quienes quisieron sacar provecho del informe del BM. Quedó claro que no se tomaron la molestia de informarse antes de hablar. De haberlo hecho, habrían sabido que de los seis temas que son objeto de la evaluación el control de la corrupción es el único en el que Bolivia habría mejorado durante los últimos tres años.
Probablemente preocupado y molesto por tan mala interpretación y peor uso de los datos arrojados por el informe, el representante del Banco Mundial en Bolivia hizo las aclaraciones correspondientes empezando por los reales alcances del informe. Se trata, explicó, de medir la calidad de gobierno en todos los países a fin de contar con una base de datos que permita hacer comparaciones y ayude a medir los avances y retrocesos en cada continente”. Algo que sin duda trasciende con mucho la puerilidad de las interpretaciones y manipulaciones de quienes creen que todo gira alrededor de sus pequeños y mezquinos cálculos propagandísticos.
El tema no es irrelevante pues la dificultad que tanto los dirigentes del oficialismo como los de la oposición tienen para leer informes como el del BM con una mirada que vaya más allá de sus estrechos horizontes es precisamente uno de los factores que más impide que en nuestro país puedan adoptarse políticas de Estado, como ocurre en los países que sí mejoran sus indicadores de “Buen Gobierno”.

Otro paso hacia la miseria

Lo único cierto es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria


Tal como todos podían prever, excepto aparentemente algunos funcionarios gubernamentales que hasta el último minuto alentaban la esperanza en un distinto desenlace, la noche del 30 de junio llegó de Washington la temida noticia: EE.UU. no oyó los ruegos que le llegaron desde Bolivia para extender la vigencia de las preferencias arancelarias para productos no tradicionales.
Era previsible que eso ocurriera. Tan previsible como la reacción gubernamental que una vez más consistió en asumir la condición de inocente víctima supuestamente atacada sin motivo por la maldad de los enemigos –en este caso externos-- del “proceso de cambio”.
Fiel a su ya muy conocido estilo, el que provoca crueles burlas en algunos círculos, condescendientes sonrisas en otros, franca simpatía en unos casos y muy sincera admiración y respeto en los demás, el presidente Morales aprovechó la ocasión para arremeter contra Barack Obama. Expresó su decepción por lo que desde su punto de vista es una falta de consecuencia del “primer negro”, con el “primer indio” que gobierna un país. Aparentemente, no cabe en su comprensión del problema la idea de que tras ese tipo de decisiones, más que afectos o desafectos personales, lo que hay es algo que se llama política de Estado.
La pérdida de las ventajas que daba el ATPDEA tendrá, como ya lo han expuesto abundantemente expertos en la materia, muy serias consecuencias económicas. Los principales afectados serán los pequeños, mediantes y grandes empresarios alteños, así como los miles de trabajadores y sus familias que hallaron en el rubro exportador una muy prometedora oportunidad que ahora se les cierra.
Podría suponerse, como consecuencia de lo anterior, que el costo político para el gobierno será muy alto. Sin embargo, como ya lo han demostrado experiencias propias y ajenas, este tipo de situaciones que tan fácilmente se prestan a los discursos victimistas pueden ser hábilmente utilizadas por los expertos artífices de la propaganda gubernamental.
Se puede prever que a partir de ahora el gobierno quedará fuera del alcance de cualquier acusación relativa al crecimiento del desempleo. El único culpable es Barack Obama. Y a ver quién logra mostrar a un pueblo que ya ha caído víctima de la mitomanía, que esa no es la realidad.
Sin duda, el gobierno recurrirá a algún artilugio para minimizar los negativos efectos económicos y políticos de la pérdida de las preferencias del ATPDEA, como el incremento de un fondo estatal destinado a financiar el pago de aranceles. Pero es evidente que tal medida es tan inútil como la apertura del mercado venezolano.
Lo único que está más allá de toda duda es que Bolivia acaba de dar un paso más en su rápida marcha por el camino que conduce de la pobreza a la miseria.