La corrupción en la agenda mundial

¿Cuál es la posición boliviana? No se sabe pues éste, como otros temas importantes, ha sido relegado en nuestro país por la más pueril de las coyunturas preelectorales de que se tenga memoria.


Sin haber recibido la atención que merece, lo que es en sí mismo un síntoma de lo distorsionada que está la escala de valores en el mundo actual, hoy concluye en Doha, la capital de Qatar, la tercera conferencia de los Estados miembros de la Convención de la ONU contra la corrupción (UNCAC), luego de cinco días de arduos debates.

La Convención de la ONU contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre del 2003 y que entró en vigor a partir del 14 de diciembre del 2005, es el primer instrumento internacional legalmente obligatorio contra la corrupción. Su razón de ser consiste en crear y fortalecer mecanismos de seguimiento que permitan apoyar y comprobar el avance de los países en la lucha contra la corrupción.

La ONU decidió poner el tema en un lugar privilegiado en su agenda de prioridades porque, según diversos estudios, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del mundo actual. Tanto, que se calcula que los desvíos ilícitos de recursos públicos cuesta a las naciones en desarrollo unos 20.000 a 40.000 millones de dólares cada año. Y en la otra cara de medalla, es uno de los principales motores de los grandes centros financieros del mundo que se están convirtiendo en refugios de activos robados.

Como suele ocurrir en convenciones como la que concluye hoy, ésta fue precedida por grandes expectativas. Se esperaba que los países miembros logren acuerdos que permitan adoptar políticas para conjurar mediante un esfuerzo común uno de los grandes males del mundo actual. Pero una vez más, la frustración parece ser el principal resultado.

Es que son tan grandes los intereses económicos y políticos en juego, que aunque parezca obvia la necesidad y conveniencia de un esfuerzo común, las discrepancias resultan mayores que las coincidencias. En este caso, son tres las principales corrientes en las que está dividida la comunidad internacional.

Por una parte, están los países que promueven con energía la aprobación urgente e inmediata de un mecanismo eficaz, incluyente y transparente. En este grupo se encuentran, entre otros, Noruega, Finlandia, Brasil, Estados Unidos, Uruguay y Chile. Esta posición es compartida y respaldada por la Coalición de Sociedad Civil en la Uncac.

Contra ese bloque se enfrenta un segundo grupo de países que no están de acuerdo con las fórmulas propuestas por los primeros por considerar que atentan contra la soberanía nacional y ven en ellos el peligro de una intromisión en políticas internas. Un segundo argumento de ellos es que el asunto sólo debe ser competencia de los gobiernos y no incluir a la sociedad civil. Esta posición es encabezada por Rusia, China, Irán, Venezuela.

El tercer bloque, del que en última instancia depende cuál de las posiciones prevalezca, está conformado por países que hasta ayer se mostraban indecisos. Ellos aceptan un mecanismo de seguimiento, pero advierten que hay que seguir discutiendo algunos temas que requieren aclararse. Defienden un mecanismo más suave, progresivo, sin urgencias. Otros en este tercer grupo argumentan que es mejor que el mecanismo se concentre en la prevención y no en sanción y persecución.

¿Cuál es la posición boliviana? No se sabe pues éste, como otros temas importantes, ha sido relegado en nuestro país por la más pueril de las coyunturas preelectorales de que se tenga memoria.

Bolivia, entre los países menos transparentes

Son alarmantes pero no sorprendentes los resultados del estudio. No podía esperarse otro resultado de un modelo de gestión gubernamental que no admite fiscalización alguna

Bolivia, una vez más, ha sido noticia durante las últimas horas por figurar en un lugar muy poco decoroso en otro de los muchos estudios que periódicamente se realizan para evaluar diferentes aspectos relativos a la situación de los países de nuestra región.

En este caso, se trata del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria de 2009 que analiza a doce países de la región. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela fueron los países sometidos a la evaluación.

El estudio, que realiza cada dos años, es coordinado por el Centro de Análisis e Investigación mexicano, Fundar y elaborado por 17 organizaciones civiles y 12 académicos de la región. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los presupuestos gubernamentales, y la disponibilidad y garantías de acceso a la información sobre los ingresos y gastos del sector público, entre otras cosas.

Según los datos del estudio, nuestro país, que fue calificado con 42 puntos sobre 100, es con Venezuela (23) y Ecuador (43) uno de los tres con peor desempeño a la hora de facilitar información sobre cómo se desarrolla el proceso presupuestario en la gestión pública.

Que Venezuela sea la máxima expresión de la opacidad en el manejo de las cuentas fiscales no es algo que deba sorprender. Como es bien sabido, una de las principales características del régimen chavista consiste precisamente en la absoluta y total discrecionalidad con que los jerarcas del régimen administran los ingentes recursos que les provee la exportación de petróleo. Se trata de un país en el que prácticamente todo el presupuesto estatal se administra como si de “gastos reservados” se tratara, por lo que es natural que figure en el último lugar del “Índice de Transparencia Latinoamericano”. Claro que no hay modo de comparar con Cuba, donde la situación es sin duda aún peor.

No es tampoco casual que Bolivia y Ecuador, los otros dos países estudiados en los que campea el populismo y avanza a grandes pasos el proceso de destrucción de las instituciones fiscalizadoras, sigan tan de cerca de Venezuela. Ese, que es uno de los rasgos característicos0 principales del “proceso de cambio”, no podía dar otros resultados.

Según indica el informe que comentamos, el factor que más negativamente incidió en la evaluación de Bolivia fue el conjunto de irregularidades en el proceso de contratación de servicios en YPFB. Además de ello, las tres variables en las que la calificación fue más negativa fueron “Participación ciudadana en el presupuesto”, “Evaluación del control interno” y “Oportunidad en la información”

Llama la atención que en el informe no haya ninguna mención a uno de los aspectos más cuestionables de la actual gestión gubernamental, que es la relativa a la manera como se administran enormes sumas provenientes de la “cooperación venezolana”, cuyo monto ni siquiera se conoce con precisión pero se sabe que asciende a varios millones de dólares. Esos montos ni siquiera figuran en el Presupuesto General de la Nación”, y son manejados sin el más mínimo control. Se trata de verdaderos “gastos reservados” que han sido objeto de múltiples denuncias de corrupción.