Una campaña ilegal y mentirosa

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil Más que quejidos, se necesitará ideas, datos, sólidos argumentos


Aunque según lo dispuesto por la ley electoral que rige el proceso que conduce a las elecciones de diciembre próximo aún no están permitidas las campañas propagandísticas para promover a los candidatos que disputa4án el apoyo de la ciudadanía, basta ver unos minutos cualquier canal de televisión, u oír cualquier radioemisora, para comprobar con cuánta facilidad tal regla está siendo vulnerada por los candidatos del oficialismo.

Si bien la campaña se hace con cierto disimulo, pues se presenta encubierta como “informes” de los supuestos logros de la gestión gubernamental, lo que hace difícil la labor del Órgano Electoral, que tendría que hacer cumplir equitativamente las reglas de juego, resulta por demás evidente que esa es una de las muchas maneras como se usa y abusa de los recursos del estado para favorecer a la fórmula del MAS

Ante tal hecho, que sin duda se irá agravando a medida que se intensifiquen las campañas electorales, algunos líderes de la oposición lo han denunciado aunque sin que sus reclamos hayan merecido mayor atención. La falta de una acción conjunta entre los diferentes candidatos opositores, en éste como en otros temas, es uno de los factores que quita fuerza a los reclamos.

Pero el asunto tiene una segunda dimensión que también tendría que ser desenmascarada por quienes se oponen a la propuesta oficialista. Se trata del contenido de los mensajes, la mayor parte de los cuales no guardan relación con la realidad. En algunos casos exponen medias verdades, en otros absolutas mentiras, y en conjunto proyectan una imagen completamente distorsionada de los temas expuestos como los principales logros de la gestión gubernamental.
Entre todos ellos hay dos que se destacan, precisamente los que más insistentemente son presentados como ejemplos de la eficiencia gubernamental: los supuestamente fabulosos resultados de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, muy ligado al anterior, el incremento de las Reservas Internacionales Netas, “el ahorro de todos los bolivianos”.

De nada sirve que los datos de la realidad con toda elocuencia desmientan los mensajes propagandísticos. No importa que el descalabro producido por la “nacionalización” sea inocultable si se lo observa con objetividad, ni que la deuda interna neutralice cualquier abultamiento de las RIN. Desde el punto de vista del pragmatismo publicitario lo importante es concentrar la atención en las apariencias y tras ese objetivo se concentra la artillería –y los millones de dólares—que el gobierno gasta –o invierte, según cómo se vea—en consolidar la mitomanía sobre la que se sostiene.

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil para quienes pretenden disputar el apoyo popular. Y los quejidos, reclamos y denuncias, por insistentes que sean, de nada servirán si no van acompañados de una ofensiva en el plano de las ideas, los datos, las cifras, todo lo que se requiere para desmontar el mito.

Avasallamiento electoral

Sólo con lamentos se responde a un plan de acción que mediante diversos artilugios se propone lograr un avasallamiento electoral

Como para que a nadie le quede ninguna duda sobre la firmeza con que se propone recurrir a cuanto método esté a su alcance para asegurar un triunfo en las elecciones de diciembre, y sobre el profundo desprecio que le inspira el régimen legal vigente, incluida la Constitución Política del Estado que logró imponer, el Movimiento al Socialismo ha ratificado su decisión de aplicar el “voto comunitario” o “voto consigna”.

De nada sirve que el artículo 197 del Código Electoral vigente establezca claramente que “la persona civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente a trabajadores subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano para que se afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, o para que voten por cierta lista o partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionada con la privación de libertad de hasta seis meses”.

Exactamente lo mismo puede decirse del traslado masivo de personas a Pando, a donde están siendo llevados miles de los más leales militantes del MAS con el expreso propósito de que su “voto comunitario” le asegure el triunfo en ese Departamento.

Además de ello, hay motivos para sospechar que más solapadamente, pero con el mismo objetivo, se están produciendo migraciones internas de una circunscripción a otra. Muchos de los residentes en las circunscripciones en las que el MAS tiene asegurada una votación masiva estarían inscribiéndose en aquellas en las que la oposición tiene más posibilidades de ganar. Así, no sería extraño que la fórmula oficialista se alce con victorias incluso en zonas consideradas bastiones de la oposición.

Ambos procedimientos –el “voto comunitario” y las artificiosas migraciones internas-- tienen una doble dimensión. Por una parte, la estrictamente legal, y por otra la política. Cualquier acción para contrarrestarlos tendría pues que contemplar ambos aspectos.

En lo que a la legalidad corresponde, no tendría que haber lugar a dudas. Es tan claro lo que manda la ley que en circunstancias normales ya se habrían aplicado los procedimientos previstos para evitar tan desembozadas formas de manipular la voluntad de la ciudadanía. El problema es que en nuestro país estamos lejos de vivir circunstancias normales, pues como lo ha afirmado con toda franqueza en más de una ocasión el Presidente Evo Morales, “lo político está por encima de lo jurídico”. Y como ya se ha demostrado más de una vez, esa es la cruda realidad.

Sólo cabría pues esperar que una eficiente labor de las fuerzas opositoras, a través de una presencia activa y organizada a lo largo y ancho del territorio nacional, ejerza control y supervisión tanto del proceso de empadronamiento como del acto electoral. Pero como tal fuerza de oposición no existe, es probable que sólo con lamentos se responda a un plan de acción que, al paso que vamos, se encamina a la instauración de un régimen de partido único.

Excesivo proteccionismo laboral

Las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los intereses de los trabajadores

La última versión del “Informe Nacional de Coyuntura” que periódicamente publica la Fundación Milenio, dedica su atención a los efectos se pueden esperar de los cinco decretos promulgados por gobierno central el pasado primero de mayo, en homenaje al día del trabajo.

Según el minucioso análisis hecho por el equipo de expertos que elaboró el estudio, hay muchas razones para temer que son serán más los efectos negativos que los positivos que tales disposiciones tendrán sobre el mercado laboral boliviano.

Entre los efectos que se prevé tendrá la aplicación de los decretos en la práctica, se destaca el encarecimiento del costo de mano de obra por contratos de tercerización y el aumento del costo de contratación de mano de obra, lo que puede derivar en un aumento de la actividad informal.

Por otra parte, se calcula que se producirá un incremento del capital de trabajo previsto por efectos de la provisión a corto plazo para pago de beneficios sociales, además de que las empresas deberán incurrir en gastos adicionales para la adquisición de equipos de protección de industria nacional, aunque ya cuenten con stock de estos bienes importados.

En cuanto a las restricciones que se imponen a la terciarización de servicios, se prevé que esto ocasionará una pérdida de la eficiencia de la especialización, debido a que es menos atractivo tercearizar procesos. Un efecto previsible es que muchas pequeñas empresas dedicadas a prestar estos servicios estarán condenadas a salir del mercado y lo mismo ocurrirá con personal individual contratado a tiempo parcial para realizar trabajos para terceros, como es el caso de los consultores externos por producto, profesionales libres y empleados en ventas que trabajan sin relación laboral.

La exacerbación de los derechos de los trabajadores por sobre los deberes laborales, que es otra de las características de los decretos promulgados, desalentará a los empresarios a realizar nuevas inversiones que conduzcan a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En síntesis, todo conduce a temer que las disposiciones adoptadas por el gobierno darán resultados diametralmente opuestos a los que cabría esperar de las buenas intenciones que los inspiran. Es que como la experiencia propia y ajena lo enseña, el excesivo proteccionismo del trabajador ocasiona un desincentivo a la contratación y, por lo tanto, deriva en una pérdida oportunidades de empleo para los trabajadores.

Si se considera que uno de los mayores problemas de nuestro país es el muy alto nivel de desempleo, resulta evidente que por sus efectos a corto y a largo plazo, estas medidas sólo agravarán el mal que se pretende resolver.



08/06/09

¿Quién se ocupa de la democracia?

La democracia no tiene quién la cuide, mientras son demasiados los que candorosamente siguen el juego de quienes quisieran enterrarla

Hace un mes, un día como hoy, en el Congreso Nacional se hacían los últimas negociaciones para aprobar la Ley de Régimen Electoral Transitorio que presentó el Movimiento al Socialismo. El proyecto oficialista fue destrozado. No quedó ninguna de las oprobiosas condiciones que pretendía imponer; el MAS sufrió su primera gran derrota. Y más aún, quedó muy maltrecha su cohesión interna.

Pocos días después, se dio otro gran paso hacia la revitalización de la institucionalidad democrática cuando se produjo la recomposición de la Corte Nacional Electoral y se inició el proceso para el empadronamiento biométrico.

Todo hacía presumir que el escenario democrático, a través de las elecciones de diciembre, volvía a abrirse como un horizonte esperanzador. Con cierta dosis de optimismo se llegó a pensar que la oposición democrática saldría por fin de su extravío y comenzaría a prepararse para la lid electoral de diciembre.

Desgraciadamente, una vez más, quedó demostrado que en la Bolivia de hoy es un grueso error caer en la tentación del optimismo. Dos días después de que se aprobó la Ley Electoral, un nuevo viraje de los acontecimientos volvió a enturbiar las aguas llevándolas a los escenarios de la violencia. Terrorismo, asesinatos, encarcelamientos ilegales, mercenarios, paramilitares y actos que recuerdan los tiempos de la guerra sucia desplazaron a un plano muy secundario el proceso electoral.

Así, quienes desde el oficialismo y desde la oposición ven con desprecio los métodos pacíficos de confrontación política recuperaron el protagonismo. Unos para anotarse otra victoria, y otros para sufrir la que puede ser su última derrota.

Que eso haya ocurrido no es algo que deba sorprender. La propensión a la violencia no es algo nuevo en nuestra historia y un contexto de polarización extrema y de debilitamiento de las instituciones democrática hacía previsible que los límites entre la acción política y la criminalidad vuelvan a hacerse difusos, como era habitual en tiempos que se creían definitivamente idos.

Lo que no es comprensible ni aceptable es el papel que en tales circunstancias juega la oposición democrática. Una oposición que por extrañas razones se niega a asumir el rol que le corresponde y en vez de hacer suyo el territorio de la democracia, lo abandona. Y lejos de defender y consolidar los espacios reconquistados, dedica sus pocas energías a dar batalla en los campos escogidos por los mercaderes de la muerte.

Mientras tanto, no hay quién se haga presente en los escenarios de la democracia. No hay quien en representación de la oposición participe en la preparación de las elecciones de diciembre. La democracia no tiene quién la cuide, mientras son demasiados los que candorosamente siguen el juego de quienes quisieran enterrarla.