La omisión de los grandes temas

Es tan absoluto el silencio sobre los temas más importantes para el futuro económico y político de nuestro país, que sólo se puede suponer que todos están muy conformes con la situación actual


Una de las características más notables del proceso electoral en curso es la absoluta y total omisión de los temas más importantes para el presente y el futuro de nuestro país, en la que incurren de manera coincidente todos los candidatos, sin ninguna excepción.

La política hidrocarburífera, la nueva Constitución Política del Estado y las muchas modificaciones que requiere de manera ineludible, las decenas de leyes que deberán ser discutidas en cuanto se instale la nueva Asamblea Legislativa Plurionacional son, entre muchos otros, algunos asuntos sobre los que la propuesta de quienes aspiran a gobernar o a ocupar un curul durante los próximos cinco años, es un verdadero misterio. Un misterio insondable, pues ni siquiera ofrecen alguna pista que permita deducir lo que se proponen hacer al respecto, sea como gobernantes o como opositores.

Entre los temas ausentes, probablemente ninguno es más llamativo que el relativo a los hidrocarburos. Aunque es por demás evidente que se trata de la piedra angular de la economía nacional, y que cuanto se haga o deje de hacer al respecto tendrá hondísimas consecuencias sobre nuestro futuro, los candidatos actúan como si el problema no existiera.

Que el gobierno ponga sus mejores empeños para evitar que el tema forme parte de la agenda informativa en estos días de proselitismo, es comprensible. No podía ser de otro modo, pues son tan catastróficos los resultados arrojados por la “nacionalización”, que cuanto menos se hable del asunto, mejor.

Muy grave sería para las expectativas electorales del oficialismo que en vez de centrarse en los quejidos victimistas inspirados por los problemas legales de los dos principales candidatos del Plan Progreso, las campañas giraran alrededor de los muchísimos puntos débiles del gobierno, entre los que se destaca el de la “nacionalización” y sus frutos.

Pero como no hay quién se ocupe de dar batalla ideológica o programática, el Ministro del área puede reconocer, por ejemplo, sin que nadie le preste atención, que la pérdida de mercados para el gas está obligando a las empresas productoras a dirigir sus mejores esfuerzos hacia la disminución de los volúmenes producidos. En pocos años Bolivia a pasado de ser el potencial centro energético continental a un rincón marginal; los países vecinos están haciendo grandes inversiones para poder prescindir totalmente de nuestro gas durante los próximos años, pero eso no parece merecer la atención de nadie.

Que el descenso de las exportaciones venga aparejado de la disminución de nuestra capacidad para producir hidrocarburos líquidos, lo que obliga a destinar cada vez más recursos a la importación de carburantes, resulta también asunto secundario ante las tribulaciones legales de algunos candidatos.

Similar es el caso de la nueva Constitución Política del Estado vigente. Son tantas las contradicciones que contiene, tantas las fallas reconocidas incluso por sus autores, que resulta inevitable que durante la próxima legislatura deba ser sometida a profundas modificaciones. Pero es también tan absoluto el silencio sobre este asunto, que sólo se puede suponer que todos están muy conformes con el texto actual y no tienen nada que objetar.

Los frutos de la “nacionalización”

Es sorprendente la facilidad con que el gobierno enarbola la “nacionalización” como una bandera electoral, pese a los resultados

Desde que el 1 de mayo de 2006 el gobierno del Movimiento al Socialismo decidió “nacionalizar” los hidrocarburos, no ha habido día sin que una mala noticia dé cuenta del avance de un proceso que conduce a un inminente descalabro del sector en el que más esperanzas se habían depositado para el futuro de nuestro país.
La magnitud del daño hecho a la principal base de la economía nacional todavía no ha sido comprendida en su verdadera dimensión por el grueso de la ciudadanía, porque gracias a la desmesurada elevación de los precios del petróleo en el mercado internacional, algo que nada tiene que ver con al política económica gubernamental, los ingresos provenientes de las exportaciones fueron extraordinariamente buenos. A eso se sumó la ligereza con que de diversas maneras el gobierno distribuyó entre los sectores más necesitados de la población los recursos así obtenidos.
Sin embargo, y más allá de las apariencias, abundan los datos que obligan a ver con mucho pesimismo el futuro. Dos noticias conocidas durante las últimas horas, dan cabal idea de lo que eso significa.
Una de ellas, es la contenida en el Plan Quinquenal de inversiones 2010-2026 elaborado por YPFB, según la que durante los próximos seis años el Gobierno deberá gastar 2.584 millones de dólares para importar líquidos de los hidrocarburos (gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, GLP) si no concluye dos refinerías, dos plantas gasíferas y la ampliación del transporte, una inversión de al menos 1.413 millones de dólares. El país podría además comprar por primera vez del exterior petróleo crudo.
Este documento, que delinea la estrategia que YPFB asumirá en los próximos 15 años ante la demanda creciente de gas natural y líquidos derivados del petróleo y la falta de oferta, fue entregado por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB al presidente Evo Morales para su aprobación.
La segunda noticia a la que nos referimos confirma lo que ya se veía venir. Es que YPFB no podrá cumplir el contrato de exportación de gas natural firmado con Argentina que establece 27 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a partir del año 2010, debido a la baja producción, la demanda para la industrialización nacional y los requerimientos de las plantas de separación de combustibles.
En rigor de verdad, ninguna de las informaciones que comentamos tendría que sorprender a nadie, pues todos los expertos en la materia, desde hace ya mucho tiempo, nos advirtieron que ese y no otro es el único resultado que se puede esperar de la manera como está siendo administrado el sector. Lo que sí sorprende es que a pesar de tan elocuente realidad, la “nacionalización” siga siendo presentada por el gobierno como una de sus principales banderas en la campaña electoral en curso. Y más sorprendente aún, que no haya quién se le ponga al frente para desenmascarar tanta impostura.

Los frutos de la “nacionalización"

Ante la contundencia con que se impuso el engaño, resultan inútiles los esfuerzos que hacen los expertos para hacer oír sus advertencias


Si alguien todavía tenía alguna duda sobre la verdadera naturaleza de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, lo que es peor aún, sobre las consecuencias que tal medida traerá para el futuro de nuestro país, es probable que ésta haya sido ya despejada a la luz de las más recientes informaciones que sobre el tema se han publicado.

La manera pueril como se negoció la compra de las acciones que Shell y Ashmore tenían en Transredes; la descarada manera como tal transacción fue presentada, despliegue militar de por medio, como si de un heroico acto se tratara; el silencio cómplice que ante tan burdo engaño mantuvieron mientras les fue conveniente hacerlo los directores de la empresa, son pequeñas muestras de lo lejos que se llevó, en el campo político y propagandístico, lo que en los hechos es una monumental estafa al pueblo boliviano.

Pero nada de lo anterior es en sí mismo grave. Al final de cuentas, es sólo una manifestación más de la manera como se ha hecho de la mentira el pilar fundamental de un proyecto político. Nada que deba sorprender cuando la mitomanía imperante deja sus huellas en todos y cada uno de los pasos que se da en el “proceso de cambio” en curso.

Cuando el asunto adquiere dimensiones dignas de preocupación es cuando se cuantifican sus consecuencias en términos económicos y, mucho peor aún, cuando las cifras se proyectan hacia el porvenir. Lo único que se puede ver al hacer ese ejercicio es un país que se encamina a pasos agigantados desde la pobreza hacia la miseria.

La falta de inversiones externas para la exploración, perforación y explotación de nuevos campos, la malversación de los pocos recursos propios disponibles, la falta de idoneidad profesional de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en el sector hidrocarburìfero son algunos de los factores que no permiten ver con optimismo el futuro.

Pero aún peores son las consecuencias que tales circunstancias ocasionan en nuestra relación con el mundo externo, y principalmente con los principales compradores de nuestros hidrocarburos. Es el caso de Brasil y Argentina que ya planifican su futuro sin contar con el gas boliviano. Y no menos significativas son las inversiones que hacen Trinidad y Tobago, Perú y –el colmo de la paradoja— Venezuela, para copar los mercados que Bolivia está abandonando.

Ante tal panorama, y frente a los impulsos suicidas que por lo visto se han apoderado de la mente de quienes conducen la política hidrocarburífera nacional, resultan inútiles los esfuerzos que hacen los expertos en la materia para hacer oír sus advertencias. En vano se desgañitan tratando de detener la destrucción de la principal fuente de ingresos que todavía tiene nuestro país. Es una muestra más de lo lejos que puede llegar la mitomanía cuando todo un pueblo se hace adicto a ella.

El mito de la “nacionalización”

Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal

Como si de algo sorprendente se tratara, las denuncias hechas por el ex presidente de YPFB-Transportes han sido recibidas por algunos círculos políticos y periodísticos como si el ex candidato presidencial de NFR hubiera sido el portador de una verdadera revelación. Como era de suponer, algunos aspirantes a candidatos opositores fueron los que con más entusiasmo las recibieron, suponiendo sin duda que algún rédito electoral podrían obtener al sumarse al alboroto originado en las nuevas denuncias.

Sin embargo, una semana ha sido suficiente para que el asunto vuelva al punto de donde salió: la tenebrosa oscuridad donde desde hace tres años se toman las decisiones relativas a la riqueza hidrocarburífera de nuestro país. El autor de las denuncias gozó de unos días de fama y seguramente nadie volverá a acordarse de él.

Que el asunto no haya merecido otra suerte es lo lógico y normal. Es que a estas alturas de la historia de la “nacionalización” ya nadie que esté medianamente informado puede hacer alardes de indignación –sin caer en lo ridículo-- ante una manera de actuar que no es la excepción, sino la regla. Es el caso de la manera como se procedió a comprar las acciones de Shell y Ashmore, procedimiento que en nada se distingue de todo lo hecho en nombre de la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Que se trata de un pésimo negocio para el país, es evidente. Que se actuó sin asomo de transparencia, también. Que quienes negociaron en nombre del Estado lo hicieron como neófitos en el asunto, lo que los hizo presa fácil de los representantes de las transnacionales en las negociaciones, es incuestionable. Pero nada de eso es nuevo y mucho menos sorprendente.

Así se explica que al Gobierno le haya resultado tan fácil salir del paso. No importa que hasta ahora nadie haya podido precisar la magnitud del monto de las deudas de Transredes que será asumido por el Estado. Tampoco importa que entre una versión y otra haya algunas decenas de millones de dólares de diferencia. Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal.

Es tan incontrovertible el mito, que está fuera del alcance de cualquier argumento racional. El que se haya llegado a tal punto de confusión es en gran medida atribuible a la eficiencia con que los propagandistas del MAS lograron imponer esa idea, como muchas otras. Pero tanto éxito no hubiera sido posible si, además, no tuvieran al frente una oposición ideológicamente vencida, incapaz de ir más allá de las manifestaciones externas de los problemas. La facilidad con que se soslaya ese monumental fraude que fue todo el proceso de “nacionalización” es una de las claras muestras de lo rotundo que fue el triunfo ideológico del MAS,

Entel, a un año de su nacionalización

Hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad


Hace pocos días, el 1 de mayo, se cumplió el primer aniversario de la “nacionalización” de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lo que fue profusamente recordado por el equipo propagandístico del gobierno mediante una intensa campaña que, de paso, sirvió para echar un manto de olvido sobre YPFB.
Que Entel haya sido presentada como la empresa emblemática del “proceso de cambio”, en vez de la petrolera, se explica porque según indicaban las apariencias ésta estaba libre de los malos manejos que hicieron de YPFB todo un símbolo de la corrupción, la ineficiencia administrativa, y en fin, de todos los males que son propios de las empresas estatales.
Tal imagen positiva llegó a ser hasta cierto punto admitida por la opinión pública gracias, en gran medida, a que no se produjeron escándalos como los que sí abundaron en otros casos.
Sin embargo, la primera auditoría al estado financiero y patrimonial de Entel, al 31 de diciembre de 2008, realizada por la empresa Price WaterHouse Coopers, reveló que la realidad no es tan halagüeña como indicaban las apariencias. Reveló que la empresa adolece de graves desajustes financieros.
Quien llamó la atención sobre la situación de la empresa fue un reconocido economista, columnista de Los Tiempos, quien en un artículo que se reproduce en estas páginas afirma que “la situación financiera de Entel debe preocupar a la ciudadanía, pues se trata de una administración estatal al frente de una compañía que es de propiedad de todos los bolivianos”.
En su descargo, los actuales administradores de la empresa afirman que la actual situación de la empresa no es atribuible a la administración estatal sino a los inversionistas italianos que la capitalizaron. Sostienen que ellos ejecutaron una inadecuada administración y registro contable de los activos fijos de la compañía y sobredimensionar su valor real, lo que también habría sido identificado por la auditoria realizada por Price Waterhouse.
De acuerdo a esa versión, los estados financieros de Entel de la gestión 2008 “muestran una realidad premeditadamente amañada que no fue comunicada por los italianos en gestiones anteriores, causando un grave daño a la empresa y a los intereses nacionales”. La administración italiana habría ocultado deudas de con el Estado boliviano, registrado menores gastos por depreciación, entre otras irregularidades, permitiendo con ello la obtención de mayores beneficios.
Sea como fuere, lo cierto es que todo parece indicar que la empresa de telecomunicaciones se constituye en un motivo más de preocupación entre los muchos que impiden ver con optimismo el futuro de nuestro país y sus empresas. Y lamentablemente, hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad.

A tres años de la “nacionalización”

Hay muchas y buenas razones que explican la falta de entusiasmo con que se conmemoró un aniversario más de la “nacionalización”

Hace ya casi un par de semanas se conmemoró el tercer aniversario de la “nacionalización” de los hidrocarburos, “acontecimiento histórico” -- como fue calificado en su momento-- que ahora ya nadie quiere recordar. No hubo actos oficiales, ni discursos, ni festejos. Muy atrás quedaron los días cuando oficialistas y opositores se disputaban el mérito de haber “recuperado” la principal riqueza del país.

No es casual que así sea. Es comprensible que nadie quiere recordar la “nacionalización”, sencillamente porque nadie sabe qué diablos hacer con ella. Nadie cómo salvar a YPFB del descalabro total, ni cómo recuperar la capacidad productiva perdida. Nadie sabe qué hacer para disimular algo que ya es inocultable: la “nacionalización” fue un monumental fracaso. Nada de lo que alguien pueda sentirse orgulloso.

Las consecuencias económicas negativas de tal medida son enormes. La exploración sigue paralizada, la producción de gas y petróleo no deja de caer. Ya no se perforan nuevos pozos que puedan compensar el paulatino agotamiento de los existentes, en los que siquiera se hace el mantenimiento correspondiente.

Para colmo, el gas que se produce es cada vez más seco, lo que significa que se extrae menos petróleo, lo que a su vez ocasiona menos producción de condensado para refinar, por lo tanto producimos menos gasolina, diesel y jet fuel. La consecuencia obvia es que tiende a aumentar la escasez de combustibles en el mercado interno, lo que obligará a aumentar las importaciones. El colmo de la paradoja es que, como a todo importador, nos resulta buena la caída de los precios del petróleo.

Como si eso fuera poco, la pérdida de la capacidad productiva ha obligado a nuestro principal comprador, Brasil, a buscar alternativas más seguras, aunque no más baratas. Aparejada a la disminución de nuestra capacidad de oferta ha disminuido la demanda, con lo que termina de cerrarse un círculo que nos condena a un futuro cada vez más desalentador.

Pero tan negativo como lo anterior es que a despecho de tan cruda realidad, el gobierno ha hecho del despilfarro de los recursos económicos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos el pilar de su política social, muy ligada a la demagogia electoralista. La proliferación de bonos, teóricamente financiados con la renta petrolera, cuestionable en tiempos de bonanza, lo es mucho más cuando las frías cifras dejan de ser un sostén.

Tanto por la vía de los ingresos que tienden a disminuir, como la de los gastos, que tiende a aumentar, se está pues abriendo una brecha en la base de la economía nacional que tarde o temprano traerá, como no es difícil prever, funestas consecuencias.

Como se ve, no es sorprendente que la “nacionalización” de los hidrocarburos no sea motivo de festejos.

Más dudas sobre las empresas estatales

El Gobierno tiene la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos


Dos noticias recientemente difundidas han llamado la atención sobre un tema que tendría que ser motivo de permanente preocupación: la manera como están siendo administradas las empresas del Estado.

Una de las noticias a la que nos referimos es la relativa a la decisión gubernamental de liquidar la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) por pérdidas millonarias que superan los 56 millones de bolivianos y crear en su lugar una nueva televisora estatal, que se llamará “Bolivia TV”. La otra, trata de la solicitud hecha por el Presidente del Senado para que el Gobierno aclare los entretelones de la “nacionalización” de Transredes, pues son muchas las dudas que pesan sobre la transparencia con que está siendo llevada a cabo esa operación.

Ambos casos, que se suman a los múltiples escándalos que salieron a la luz a raíz de la pésima manera como está siendo administrada la principal empresa estatal, YPFB, obligan a que la atención de la opinión pública no se deje distraer por otros temas pues lo que está en juego es nada menos que el patrimonio nacional.

En el primer caso, el de la Empresa de Televisión Boliviana, es mucho lo que el Gobierno -- y especialmente el Ministerio de la Presidencia que por una extraña razón hizo suya la atribución de conducirla-- tiene que explicar. Son demasiadas las razones que permiten sospechar que algo muy turbio se esconde tras la decisión de liquidarla.

La danza de cifras que cuantifican las millonarias pérdidas arrojadas por esa empresa, así como los montos igualmente grandes que sin control alguno se despilfarran a través de la densa red de medios de comunicación del Estado, ameritan algo más que un decreto para hacer “borrón y cuentas nuevas”. Una explicación es lo menos que se debe exigir.

La sospecha de que hay nuevos escándalos en ciernes no son menores en el caso de Transredes. Como ha denunciado el Presidente del Senado, con motivo de la “nacionalización” de esa empresa se han hecho millonarios pagos a los accionistas sin que se haya determinado mediante un estudio un valor previo de las mismas; además que YPFB asumió el pago de contingencias y pasivos de esa empresa.

Los montos erogados no son pequeños. Pero aún más grave que eso es la sospecha de que los nuevos administradores de la empresa, como en el caso de YPFB, no reúnen las cualidades profesionales imprescindibles para evitar más descalabros que agraven las ya alarmantes perspectivas de la economía nacional.

Ningún país, y mucho menos uno agobiado por la pobreza, como el nuestro, puede darse el lujo de ver indolentemente cómo se destruye el patrimonio colectivo como consecuencia de una pésima administración. El Gobierno tiene pues la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos.

Himalaya y el nuevo Estado

La “nacionalización” de la mina Himalaya se suma a los muchos ejemplos de lo que en los hechos significa el “nuevo Estado”

Si hay algo que ya tendría que estar claro a estas alturas del proceso político que se inauguró con el ascenso del Movimiento al Socialismo al gobierno, es que no se trata de un simple relevo de élites burocráticas en la gestión del aparato estatal. Mucho más que eso, es la destrucción premeditada y sistemática del Estado republicano y su paulatina sustitución por otro Estado, uno que va construyendo su propia estructura institucional.

Muestras de lo que eso significa en el plano teórico se las puede encontrar en abundancia en las elucubraciones hechas durante los últimos años por los principales ideólogos del nuevo régimen. Ellos, franca y abiertamente, postulan la necesidad de reducir a escombros la “vieja estructura estatal” para sobre ellos erigir una nueva.

En lo práctico, eso se manifiesta cada vez con mayor claridad en la consolidación y proliferación de enclaves en los que las instituciones del Estado republicano son expulsadas y su lugar va siendo ocupado por las del que está en proceso de construcción.

La “republiqueta de Achacachi”, así definida por el Vicepresidente de la República, es un buen ejemplo pero no el único. Lo que está ocurriendo en El Alto es parte del mismo proceso, sólo que en una etapa aún no tan avanzada.

Otro ejemplo, no menos elocuente, es el que durante los últimos días ha vuelto a salir a luz en el cantón Cohoni, en la provincia Murillo de La Paz, donde se encuentra la mina Himalaya. Allá, hace ya 17 meses, los comunarios “indígena originarios campesinos” decidieron “nacionalizar” esa mina, así como muchas otras de las que fueron expulsados los cooperativistas.

El argumento con que los comunarios justifican sus actos es muy simple. “Los recursos naturales existentes en el país pertenecen a los originarios y deben ser explotados y manejados por los originarios; estamos decididos a eso. Estamos 1 año y 4 meses (en la mina) y ellos (la empresa) estaban 23 años explotando a nuestros hermanos”, dicen. No se refieren a una empresa transnacional, sino a una cooperativa perteneciente a mineros bolivianos tan pobres como ellos pero que, según sus parámetros, no merecen el privilegiado título de “originarios”.

Como se sabe, ni la policía nacional, ni las instancias judiciales, ni otra institución del “viejo Estado” puede intervenir. Han sido impunemente expulsados, de modo que quede claro quién tiene el poder y quién está demás. Y ante ello, más allá de irrelevantes declaraciones líricas que ni siquiera logran disimular sus verdaderas intenciones, los constructores del “Estado Plurinacional” no disimulan su beneplácito. Es que así se da un paso más hacia el logro de su principal objetivo que no es otro que la consolidación de un poder de facto ante el que nada pueda la legalidad “colonial”.