Un 6 de agosto muy especial

Este 6 de agosto nos encuentra pues en el punto álgido de un proceso de transición cuya futura evolución está aún por verse

Hoy, 6 de agosto de 2009, los bolivianos tendríamos que estar conmemorando el 184 aniversario de la fundación de nuestra República, la República de Bolivia. Pero no podemos hacerlo. No podemos conmemorar algo que, por lo menos por ahora y muy a nuestro pesar, está dejando de existir.
Es probable que, a primera vista, parezca una exageración hacer una afirmación tan categórica. Sin embargo y desgraciadamente, hay motivos para sostener que así de honda es la transformación con la que se pretende dar por concluido todo un período de nuestra historia.
Es que la decisión de retirar el término “república” de la caracterización del “Estado Plurinacional de Bolivia” en la Nueva Constitución Política del Estado es algo más, mucho más que un simple cambio de denominación. Es sólo el aspecto formal, el más visible, de un proyecto político que en los hechos, y no sólo en las palabras, se propone destruir hasta no dejar rastros de la institucionalidad republicana que comenzó a construirse un día como hoy de 1825.
Tan audaz proyecto político no está concebido para ser llevado a cabo de un día para el otro. Se trata de un proceso cuyo avance será más o menos rápido dependiendo de las circunstancias en que se desarrolle. Depende tanto de la fuerza de quienes lo impulsan, como de la capacidad de contrarrestarlo que tengan quienes se le oponen.
Los tres años y ocho meses que han transcurrido desde que se inició ya dan algunas pautas que permiten evaluar el estado actual del proceso de destrucción de la República. Un proceso que se desarrolla simultáneamente en dos escenarios: el simbólico o imaginario, y el fáctico. Y enlazando a ambos, el andamiaje legal cuyo principal componente es la nueva Constitución tan irregularmente impuesta por las fuerzas que conducen el “proceso de cambio”.
En el primer escenario, el de lo simbólico, el avance del proceso se refleja de muchas maneras. El desplazamiento de la bandera tricolor por la wiphala, la expulsión de la historia de los héroes cuyas luchas condujeron a la fundación de la República, la sustitución de la nación boliviana por 36 naciones fantasmagóricas, son algunos de sus principales componentes.
En lo fáctico, el principal logro del proyecto ha consistido en el debilitamiento, aunque aún no destrucción, de la independencia de dos de los tres pilares del Estado republicano y la concentración del poder en la figura del Presidente. Se han dado grandes pasos hacia la consolidación de un régimen autárquico y se han sentado las bases para posteriores avances.
Este 6 de agosto nos encuentra pues en el punto álgido de un proceso de transición cuya futura evolución está aún por verse. Qué país tengamos el próximo año, sólo depende de lo que hagan y dejen de hacer las dos fuerzas que están en acción: las que impulsan el proceso de destrucción de la República, por un lado, y las que se le oponen, por el otro.

Evo y las elecciones chilenas

Según la lógica gubernamental, es deber de los bolivianos hacer concesiones al régimen chileno para evitar un triunfo de la oposición

Durante las últimas semanas, desde que se supo que el gobierno del MAS estaba dispuesto a recurrir a todos los medios a su alcance para firmar un acuerdo con Chile mediante el que se dé por zanjado, por lo menos provisionalmente, el litigio por el uso de las aguas del manantial Silala, quedó abierta una pregunta cuya respuesta no parece fácil hallar. ¿Qué se esconde tras tan inusual empeño?
Al buscar una respuesta a tal interrogante, decíamos hace unos días en ese espacio que no es posible hallarla si sólo se recurre “a los elementos de juicio disponibles”. “Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet”, agregábamos.
Pero los términos de tales acuerdos no habían sido, como creíamos, la única explicación para la desembozada pusilanimidad que caracteriza la manera como nuestra cancillería se relaciona con el país vecino. Había habido una razón mucho más simple pero no por eso menos importante. La expuso el presidente Evo Morales durante la presentación del libro del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.
Se trata, según Morales, de la obligación que tiene su gobierno, y con él los “movimientos sociales” que lo apoyan, de evitar que la “derecha fascista” gane las elecciones que se realizarán en Chile el 13 de diciembre próximo. Desde su punto de vista, es obligación de los bolivianos identificados con el “proceso de cambio” ayudar al gobierno de Michelle Bachellet para evitar que eso ocurra.
Si ese el razonamiento que guía la política exterior de nuestro país, resulta un poco más fácil comprender la condescendencia gubernamental. Según esa lógica, insistir en el tema marítimo o defender los intereses nacionales en el caso Silala, por ejemplo, sería dar argumentos a la oposición chilena y por consiguiente, hacerse cómplices de ella. Lo que corresponde, pues, es hacer cuanta concesión haga falta para que la coalición oficialista pueda mostrar a sus potenciales electores un triunfo diplomático, aunque sea a costa de la causa boliviana.
Una muestra de tan peculiar manera de razonar ya la dio Morales cuando, tras la goleada que propinó el equipo boliviano a la selección argentina en un partido por las eliminatorias, declaró que hubiera preferido un triunfo argentino para no dar motivos de reclamo por la altura de La Paz. Ahora, con la misma lógica, propone entregar el Silala y archivar la causa marítima para no dar motivos de reclamo a la “derecha pinochetista”.
Es tan insólito tal modo de conducir la política exterior, que podría suponerse que se trata sólo de un exabrupto o un simple malentendido. Pero en éste como en otros casos, lamentablemente, Morales da motivos para no dudar de la seriedad de sus palabras.

Inadimisibles negociaciones secretas

Resulta evidente que la única explicación a la tozudez gubernamental se encuentra en los documentos secretos suscritos con Chile

Con la tranquilidad que le da la inexistencia de una oposición política capaz de salirle al paso, y confiado en la posibilidad de hacer caer en la tentación del dinero fácil a los “indígena originarios campesinos” que habitan en el cantón Quetana de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, de modo que avalen sus decisiones, el gobierno del MAS está a punto de zanjar, a espaldas del país, la ya antigua controversia que nuestro país sostiene con Chile con motivo del uso de las aguas del manantial Silala.
De nada han servido las muchísimas voces de protesta que se han alzado para cuestionar la decisión gubernamental. Ni los dirigentes cívicos de Potosí, ni las opiniones de los expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema, ni las corrientes de la bancada parlamentaria del MAS, que encabezadas por el senador Gastón Cornejo protestan por la actitud gubernamental, han sido suficientes para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Resulta tan sorprendente la tuzudez con que el la Cancillería se empeña en firmar un acuerdo con Chile, que no es posible comprenderla si sólo se recurre a los elementos de juicio disponibles. Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet. Unos acuerdos que el gobierno se niega a hacer públicos y los oculta incluso a los parlamentarios de la bancada oficialista.
Hay pues suficientes motivos para temer que lo que se esconde tras las negociaciones con Chile es algo muchísimo más serio que lo relativo a las aguas del Silala. Se puede afirmar, por consiguiente, que lo que se está ocultando al país es todo un conjunto de acuerdos que bajo el rótulo de “Top Secret” están siendo negociados entre las cancillerías de ambos países.
Por lo poco que sabe del asunto, se trata de una “agenda de 13 puntos”, sólo uno de los cuales es el relativo a las aguas del Silala. En qué consisten los otros 12 es un secreto que el gobierno está dispuesto a mantener a toda costa, lo que de ningún modo puede ni debe ser admitido por lo mucho que está en juego.
La gravedad del asunto es obvia y más obvio aún que se trata de algo que incumbe a todos los bolivianos y no sólo a potosinos y mucho menos, como pretende el gobierno, a los poquísimos habitantes del cantón Quetena.
Es pues urgente que se cierren filas para evitar que el gobierno continúe negociando a espaldas del país asuntos tan importantes. Y ya que no se puede contar con una oposición política capaz de asumir la tarea, tendrán que ser las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) las que evitan que el gobierno se salga con la suya. El primer paso deberá ser exigir que se levante el secreto y que cualquier negociación se realice de cara al país.
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Otra anodina cumbre del Mercosur

La cumbre del Mercosur es una muestra más de la profundización de las discrepancias políticas e ideológicas entre los países de la región

En medio de una coyuntura política internacional más compleja de lo habitual, ayer se inauguró en Asunción la XXXVII Cumbre de Mercosur en un ambiente signado por el escepticismo sobre el futuro de éste que, tal como van las cosas, se perfila como uno más de los muchos intentos frustrados de integración económica regional.
El escepticismo no es infundado. Y la más clara muestra de lo lejos que está el Mercosur de alcanzar los objetivos para los que fue creado es la agenda que regirá las deliberaciones de la cumbre presidencial. Temas como la unión aduanera, el sistema de distribución de la renta aduanera, la eliminación del doble cobro de la tarifa externa común y varios otros que enrarecen las relaciones comerciales entre los países miembros, que son los que tendrían que ocupar la atención de los participantes, fueron relegados a un plano muy secundario y su lugar será ocupado por el golpe de Estado de Honduras y la pandemia de gripe AH1N1.
Otra muestra del estancamiento en que está sumido el Mercosur es el relativo a la incorporación de Venezuela en calidad de miembro pleno. Como se recordará, hace ya tres años que los cuatro países que fundaron el bloque regional aprobaron el ingreso del país gobernado por Hugo Chávez, pero el protocolo hasta ahora solamente ha sido refrendado por los parlamentos de Argentina y Uruguay, lo que dice mucho de la naturaleza y magnitud de las discrepancias que paralizan el proyecto integrador. La ausencia de Rafael Correa, y la incertidumbre en que hasta el último minuto mantuvo Chávez sobre su eventual participación o ausencia, son otros dos indicadores de lo dicho.
Como si tantos motivos para relegar los temas económicos que se supone son los que dan razón de ser al Mercosur no fueran suficientes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, a pesar de no ser miembro pleno del grupo, lanzó horas antes de la inauguración una propuesta que, por las circunstancias y el contexto en que fue lanzada, contribuyó a acrecentar las suspicacias que enrarecen el ambiente de la cumbre presidencial. Anunció su decisión de proponer a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) la constitución de una escuela “de defensa regional” para cerrar las puertas a la influencia militar estadounidense en la región, ante lo que los gobiernos de Chile y Paraguay ya hicieron conocer su preocupación.
Así las cosas, todo parece indicar que de esta cumbre presidencial sólo se pueden esperar las consabidas declaraciones líricas y algún pronunciamiento contra la gripe porcina. Y aunque Brasil y Chile no desaprovecharán la ocasión que les presenta el caso hondureño para poner un nuevo límite al liderazgo que Chávez intenta adjudicarse sobre la región, no se vislumbra nada que devuelva la vida a otro proyecto de integración que languidece.

Sociedades permisivas con el poder

Cabe también preguntar si la oposición política no es, a su vez, la máxima expresión, y la única posible, de unas élites desfallecientes

Hace unos días, en esta misma página, se publicó un artículo titulado “Sociedades permisivas con el poder” en el que uno de nuestros columnistas, quien además es Jefe de Redacción del matutino colega La Prensa, comentaba un reciente artículo del semiólogo italiano Umberto Eco a propósito de los constantes escándalos protagonizados por Silvio Berlusconi en su país.
En el artículo citado, Eco hace una afirmación categórica: “El problema de Italia no es el presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, sino la misma sociedad italiana ‘enferma’ que le permite acumular poder”. Así, el autor de “El nombre de la rosa” respalda con su firma un muy viejo y conocido adagio según el cual “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.
Como acertadamente hace notar el comentarista, las reflexiones de Umberto Eco son plenamente aplicables no sólo a su país, Italia, sino a cualquier sociedad políticamente organizada. Bolivia, por supuesto, no es una excepción, por lo que bien vale la pena reflexionar sobre el grado de responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad por la calidad de sus gobernantes y sus instituciones políticas.
De lo que se trata, como indica el artículo que comentamos, es de que nos preguntemos “hasta qué punto las “mayorías”, esas a las que apunta el poder democrático y constitucional como la voz del pueblo y como soberano pleno de cualquier Estado, no forman parte —con sus consensos, respaldos y silencios— de procesos que, por largos periodos históricos, permiten a las élites políticas ejercer su poder con impunidad”.
Al aplicar ese razonamiento al caso boliviano, cabe preguntar: “¿cuán permisiva es la sociedad boliviana con el presidente Evo Morales? (…) ¿A cuántos realmente preocupan sus pulsiones autoritarias? ¿En qué medida esas mayorías que hoy lo ven como el único líder le permiten sus atropellos a los otros poderes, a la libertad de expresión y a los derechos humanos en razón de la política justiciera con el viejo sistema político?”, entre otras.
Como es fácil constatar, buscar explicaciones a los fenómenos políticos en el alma colectiva de una sociedad más que en las virtudes o defectos de los eventuales gobernantes puede dar lugar a muy fértiles reflexiones. Pero en el caso boliviano, el ejercicio resultaría excesivamente parcial, por lo incompleto, si no se lo aplicara también a las corrientes de oposición.
Así, si se asume que el gobierno del MAS, con todas sus cualidades y defectos, es la más fiel expresión de la cultura, los valores, las ideas y los intereses predominantes en la sociedad boliviana de hoy, cabría también preguntar si la oposición política actualmente existente no es, a su vez, la máxima expresión, y la única posible, de unas élites a las que la historia de su propio país les quedó demasiado grande.

Arce Gómez y el fin del golpismo

La experiencia debe servir para que no se abra ni la más mínima posibilidad de retroceso hacia el golpismo latinoamericano

Pocos días antes de se cumpla el vigésimo noveno aniversario del último de los muchísimos golpes de Estado que jalonaron la historia de nuestro país, uno de sus principales protagonistas, Luis Arce Gómez, ha sido encarcelado. Es un hecho que, además de justiciero, tiene un alto contenido simbólico por las circunstancias internacionales en que se produce.
El encarcelamiento de Arce Gómez, que coincide con el rotundo y unánime rechazo con que el mundo entero reaccionó ante el reciente golpe hondureño, son dos actos que dicen mucho de lo lejos que están --y de lo lejos que deben mantenerse-- esos aciagos tiempos en los que los militares, siempre con la complicidad de grupos civiles, hacían de árbitros y protagonistas de la política latinoamericana.
Hasta hace 30 años, personajes como Arce Gómez y crímenes como los que cometió no eran excepcionales. Por el contrario, los golpes de estado con sus secuelas de atrocidades fueron una constante en la historia latinoamericana desde sus primeros tiempos. Ya Bolívar y Sucre fueron víctimas de ese método de acción política y ni Bolívar se libró, al final de su vida política, de caer en la tentación de la dictadura.
Las razones con las que se justificaron los golpes de estado fueron variando a través de la historia, pero lo que nunca cambió fue el fenómeno de fondo que se manifestaba a través de ellos. La incapacidad de nuestras sociedades para resolver sus conflictos políticos por medios civilizados siempre estuvo tras cada intervención militar.
Todos los golpes de estado de los años 60 y 70, por razones inherentes a su espurio origen, derivaron en regímenes dictatoriales. Todos fueron atroces, pero hubo dos que se destacaron por su extrema crueldad. Uno fue el argentino, que hizo desaparecer a unas 30.000 personas y aplicó indescriptibles torturas a muchas más. Otro fue el de García Meza y Arce Gómez. Los asesinatos de Luis Espinal, en la fase preparatoria del golpe, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de toda la dirigencia del MIR, entre muchos otros, fueron algunos de sus peores crímenes.
Aunque como todos los demás golpes de estado de aquella época pretendió justificarse en la lucha contra la “expansión del comunismo”, expresado entonces en el triunfo electoral de la UDP, tuvo además muy sólidos vínculos con el narcotráfico, lo que lo hizo doblemente repudiable ante los ojos del mundo. Tanto, que contribuyó mucho a que en la conciencia mundial se active, y se mantenga vivo hasta hoy, el rechazo a los regímenes provenientes de golpes de estado.
El encarcelamiento de Arce Gómez es pues una buena ocasión para recordar porqué no se puede ni debe considerar, ni remotamente siquiera, la posibilidad de volver a abrir las puertas al golpismo latinoamericano.

El índice del planeta feliz

El estudio pretende dar base científica a una muy antigua sospecha: “el dinero no trae la felicidad”. Los países ricos no son los más felices

El pasado sábado, la “New Economics Foundation” (NEF), presentó la segunda versión del “Índice del Planeta Feliz” (IPF), indicador del bienestar humano que se propone erigirse en una alternativa a los clásicos parámetros utilizados para medir los éxitos y fracasos de las personas, los países y los pueblos en su afán de mejorar sus condiciones de vida.
El IPF, que fue presentado bajo e título “Por qué las buenas vidas no tienen que costar un mundo”, está basado en datos corroborados de 143 países que representan el 99 por ciento de la población mundial. El índice utiliza tres baremos para realizar la clasificación: la esperanza de vida, la satisfacción vital que expresan los ciudadanos de cada país y la huella contaminante que dejan para obtener el nivel de vida que consideran necesario para ser felices.
Entre los resultados del estudio, lo que más llama la atención es la enorme distancia que hay entre los parámetros clásicos y los que se obtienen aplicando el IPF. Es decir, los países ricos no son necesariamente los más felices y mucho menos los que más contribuyen a la construcción de un “Planeta Feliz”. Todo lo contrario, los países que más retroceden en el índice son los que más éxitos económicos obtienen. Estados Unidos, China e India, vistos como modelos de éxito económico, son según el IPF los que más rápidamente ven deteriorarse la calidad de vida de sus habitantes.
América Latina, por su parte, aparece como el continente más feliz. Nueve de los 10 países “más felices y ecológicos” son latinoamericanos y Costa Rica es el que encabeza la lista. La República Dominicana figura segunda y Guatemala cuarta, y entre el sexto y el décimo puesto se sitúan por este orden Colombia, Cuba, El Salvador, Brasil y Honduras. Bolivia figura en el puesto 47, uno por debajo de Chile.
Los países que se supone deberían representar un desarrollo exitoso, en cambio, son los que peor calificación tienen en términos de crear bienestar dentro de los límites de la Tierra.
El estudio que comentamos será sin duda recibido con cierto escepticismo en algunos círculos académicos y se hará más de una objeción a los valores que promueve y a los resultados que arroja. Es un tema que se presta a la polémica. Lo que es indudable, a pesar de ello, es que se trata de algo muy representativo de una corriente de pensamiento y de “sentimiento” muy influente en el mundo contemporáneo. Algo que de ningún modo se puede soslayar si se pretende comprender una de las más vigorosas corrientes que impulsan los procesos políticos del mundo actual: el cuestionamiento a los valores imperantes cuyo eje central es el desempeño económico. Es uno de los “signos de los tiempos”.

Argentina, entre dos caminos

Pocos pueblos del mundo tienen tan claras muestras de lo profundas que pueden llegar a ser las consecuencias de decisiones equivocadas

El próximo domingo, 28 de junio, el pueblo argentino concurrirá a las urnas para renovar parcialmente el Poder Legislativo de su país. Deberán elegir a la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Será, además, como suele ocurrir siempre que se realizan elecciones en medio de una gestión gubernamental, una especie de referéndum en el que la ciudadanía evaluará para aprobar o reprobar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
La principal consecuencia de la decisión que tome el pueblo argentino será la consolidación o no del proyecto político encabezado por el matrimonio Kirchner, el mismo que tiene entre sus principales características el debilitamiento de las instituciones republicanas y su sustitución por la voluntad de una pareja con aspiraciones dinásticas. Así, Argentina tendrá que elegir entre dar más poder a la pareja que los gobierna o reforzar la democracia representativa mediante un apoyo a los candidatos de la oposición.
Por el contexto y la coyuntura internacional en que se realizará el acto electoral del domingo, el resultado que arrojen las urnas tendrá repercusiones en el escenario político continental. Es que lo que está en juego en Argentina es, en gran medida, la posibilidad de que ese país incline la balanza, actualmente en precario equilibrio, entre dos proyectos de futuro que están disputándose la supremacía en esta región del mundo. Se trata del “socialismo del Siglo XXI” encabezado por Hugo Chávez, y el socialismo democrático cuyo principal líder es Luiz Inacio Lula da Silva.
Hasta ahora, en gran medida debido a que el Poder Legislativo logró poner límite a los ímpetus del matrimonio Kirchner y sus seguidores, Argentina se mantuvo navegando entre ambas aguas. No llegó a alinearse de manera inequívoca con el bloque encabezado por Chávez, pero tampoco dio muestras claras de haber optado decididamente por el más moderado camino escogido por Lula en Brasil, y Vásquez en Uruguay.
La importancia de tal disyuntiva es enorme, pero en el caso argentino tiene especial importancia pues. La rapidez con que Argentina pasó de ser uno de los países más prósperos del mundo a engrosar la lista de los países subdesarrollados del planeta, es un claro ejemplo de lo fatales que pueden ser las consecuencias de los extravíos de un pueblo.
El domingo Argentina tendrá que elegir entre continuar retrocediendo por el camino que conduce a la pobreza, o rectificar el rumbo reforzando los límites que hasta ahora han impedido la plena imposición de un régimen contaminado de todos los vicios del caudillismo populista.

Medidas que multiplican el desempleo

El daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme

Entre los muchos problemas que preocupan siempre a los gobernantes y economistas del mundo entero, pero con mayor intensidad desde que se desencadenó la crisis global, se destaca el del desempleo. Es que la creciente cantidad de personas que carecen de la oportunidad de ganarse el sustento diario es no sólo un problema económico, sino uno que tiene hondas repercusiones sociales y políticas.

Bolivia, desgraciadamente, es uno de los países más afectados por ese problema. Y aunque las cifras oficiales enmascaran su magnitud al considerar que un vendedor callejero de limones o chicles no es un desempleado, la dura realidad desmiente tal falacia.

Así lo confirma un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que revela que el “desempleo equivalente” llega al 52%, lo cual quiere decir que si todos los trabajadores tuvieran un empleo “adecuado”, más de la mitad de la fuerza laboral quedaría desocupada.

El problema no es por supuesto nuevo, por lo tanto no es atribuible a la actual gestión gubernamental. Sin embargo, sí se puede y debe cuestionar la manera como las políticas gubernamentales contribuyen a disminuir o a acrecentar la magnitud del mal.

Al respecto, es mucho lo que se puede decir sobre las recientes medidas adoptadas el pasado 1 de mayo, las que tras la apariencia de proteger los derechos de los trabajadores pueden tener efectos colaterales que den resultados diametralmente opuestos a los deseados.

Es el caso, por ejemplo, del conjunto de disposiciones destinadas a mejorar las condiciones laborales de la población asalariada. El asunto merece ser cuestionado porque la experiencia propia y la acumulada por otras sociedades indica que, independientemente de las buenas intenciones que las inspiran, ese tipo de medidas terminan siempre produciendo resultados que sólo perjudican a sus supuestos beneficiarios, los trabajadores y, especialmente, las mujeres trabajadoras.

Como ya ha quedado ampliamente demostrado, políticas laborales que amplían las licencias por maternidad, subsidios, horarios de lactancia, inamovilidad por maternidad, servicio de guardería en el lugar de trabajo, y muchas otras sólo logran que las mujeres, y peor aún si tienen hijos o están embarazadas, sean excluidas del mercado laboral. Así, resultan siendo víctimas más que beneficiarias de medidas concebidas para protegerlas pues cuanto más costoso es para una empresa contratar personal, menos fuentes de trabajo se generan. El resultado obvio es que el desempleo crece.

Por todo lo anterior, hay motivos para temer que el daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme. La creciente masa de desempleados así lo prueba.