Campañas con transparencia

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos



A diferencia de las últimas elecciones generales, los partidos políticos que terciarán en los comicios de diciembre próximo ya no tendrán el acostumbrado financiamiento del Estado para financiar sus campañas. El tema, que ya ha sido motivo de polémica, dará mucho que hablar en los próximos días y semanas.

De hecho, la carrera electoral se abrió con sendas denuncias provenientes de la oposición política sobre una presunta utilización de recursos y bienes estatales de parte del oficialismo. El Movimiento al Socialismo, a su vez, ha negado tal extremo y ha señalado que los recursos para su campaña provendrán de aportes de su militancia y de las organizaciones sociales que lo sustentan.

Sea cual fuere la verdad, queda claro que el partido gobernante goza de una sólida base económica que la constituyen los funcionarios públicos, los sindicatos afines y su control sobre todo el aparato del Estado. Una ventaja difícil de superar para el resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

Eso, sin embargo, no exime de responsabilidad a los partidos de la oposición, que deberán invertir importantes sumas de dinero para echar a andar su andamiaje proselitista. Ninguno de ellos ha informado, ni siquiera vagamente, de sus presupuestos de campaña ni de sus fuentes de financiamiento.

Una de las ventajas de que el Estado financie a los partidos políticos —independientemente del debate sobre la conveniencia o no de dicho financiamiento— era precisamente la de establecer reglas electorales más o menos claras de juego, permitiendo la fiscalización de los recursos de campaña así como el origen de los mismos.

Se pretendía, asimismo, que los partidos políticos asumieran compromisos económicos de naturaleza dudosa con financiadores particulares; compromisos que, tarde o temprano, tenían que ser retribuidos con dineros de todos los bolivianos, ya sea a través de cuotas de poder o de favores estatales, o de sobreprecios y jugosas comisiones en los contratos públicos.

Si bien es cierto que el financiamiento estatal a los partidos políticos no disminuyó la corrupción en la administración de la cosa pública, no es menos cierto que al menos generó ciertas condiciones de transparencia sobre el origen del dinero empleado en el proselitismo electoral.

Por eso, ahora que las fuerzas políticas se verán en la obligación de autofinanciar sus campañas, lo menos que tendría que esperarse es una información precisa y clara sobre sus presupuestos y el origen de sus recursos; evitando así que dinero de dudosa procedencia o de actividades ilícitas vuelvan a contaminar la actividad política, tal y como sucedió en el pasado.

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos.

Horas cruciales para la política

De las decisiones que puedan tomarse en las siguientes horas, de la madurez y responsabilidad que demuestren quienes aspiran a conducir el Estado en los siguientes años, dependerá en gran medida la suerte que le toque correr a Bolivia en al menos la próxima década

Empieza una semana crucial para la configuración del mapa político que marcará la nueva carrera electoral que empieza a vivir el país por la silla presidencial. En efecto, las distintas agrupaciones y partidos políticos embarcados en el propósito de concurrir a los comicios generales de diciembre de este año, tienen como plazo legal hasta el próximo 7 de septiembre, es decir una semana más, para inscribir sus respectivas candidaturas.

Así, con el tiempo a contrarreloj y una implacable cuenta regresiva, los numerosos candidatos opositores continuaban desplegando intensas negociaciones, todas ellas frustradas y sin visos de resultar en el surgimiento de un proyecto de dimensiones nacionales, capaz de articular una propuesta sólida que le haga frente a la hasta hoy imparable maquinaria política del gobernante Movimiento al Socialismo.

Lo único confirmado hasta anoche eran las candidaturas del actual presidente de la República, Evo Morales; del empresario Samuel Doria Medina; del ex prefecto y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas; del alcalde potosino, René Joaquino; del ex líder cívico cruceño Germán Antelo; y del ex presidente de la República Jorge Quiroga Ramírez. Está por verse, aún, qué decisión tomarán el dirigente campesino Alejo Veliz y el ex parlamentario movimientista Hugo San Martín, que también se han presentado como probables presidenciables, además de la probabilidad del ingreso a la arena política nacional del ex prefecto paceño, José Luis Paredes, aunque se conocen que ya han dado un paso al costado en sus aspiraciones presidenciales.

Es muy probable que, en el curso de la presente semana, varios de los "presidenciables" arriba citados tengan que renunciar a sus pretensiones o fusionarse a otras opciones políticas, porque no tienen ni recursos ni estructuras así sean mínimas que les permitan sustentar una candidatura de carácter nacional.

Y es posible, también, que algunas candidaturas agoten todos los esfuerzos en aras de confirmar un bloque amplio de oposición capaz de garantizar unos niveles de votación lo suficientemente expectables como para hacer frente a la amplísima ventaja con que, según todas las encuestas hechas públicas, ha comenzado la carrera electoral el partido del presidente Evo Morales.
De hecho, el que parece ser el último de los esfuerzos para crear ese frente opositor tiene lugar en estos momentos. Es así que, hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes, y sin resultados hasta ahora conocidos, se haya venido desarrollando una prolongada negociación bajo los auspicios de las regiones que conforman el denominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE), en procura de unir en una sola dupla las candidaturas del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y del líder cívico cruceño Germán Antelo.

Lo cierto es que el mundo político nacional vive horas cruciales, si no decisivas. De las decisiones que puedan tomarse en las siguientes horas, de la madurez y responsabilidad que demuestren quienes aspiran a conducir el Estado en los siguientes años, dependerá en gran medida la suerte que le toque correr a Bolivia en al menos la próxima década.