Los insólitos programas de gobierno

Tan sorprendente como la superabundancia de disparates que se ofrecen bajo el rótulo de “programa de gobierno” es la inversamente proporcional escasez de ideas dignas de consideración

Con ese título, uno de los columnistas de este matutino comentaba en esta misma página, en nuestra edición de ayer, la que es una de las más notables características del actual proceso electoral: la ligereza con que los candidatos se han lanzado a una competencia que parece consistir en quién dice los mayores disparates.

“Ser candidato a la presidencia o, para el efecto, formar parte de cualquier formula ganadora o de las otras, da el derecho de decir incongruencias, pleonasmos, ofrecer lo inalcanzable, creer que los problemas de la economía del país son parte de un juego de simple y surrealista imaginación. ¡Sea candidato y tiene la prerrogativa de decir necedades, sandeces y alguna que otra ocurrencia graciosa!”, decía el autor, y no le faltaba razón.

El tema ha sido abordado también por muchos otros columnistas en similares términos. Todos azorados por la completa falta de escrúpulos con que algunos de los aspirantes a la presidencia se han dado a la tarea de mofarse de la inteligencia del pueblo cuyo apoyo quisieran conseguir.

Ejemplos abundan. Hacer una recopilación de tanta joya que se encuentra “en el pajar de la actual política eleccionaria”, sería por eso tarea muy ardua. Con razón, otro articulista recomendó en días pasados que antes de que su prestigio termine de desmoronarse, algunos candidatos tendrían que rodearse de un buen equipo de asesores que los ayuden a evitar los papelones que suelen hacer.

Todo lo dicho vale no sólo para algunos candidatos a la presidencia, sino también para los que los acompañan en las listas de aspirantes a diputados y senadores. Entre estos últimos, hay casos que ya no provocan sonrisas burlonas sino indignación. Sólo pueden interpretarse como un insulto a la ciudadanía, pues si creen que alguien tomará en serio sus propuestas debe ser porque suponen que se dirigen a un público de imbéciles.

Pero tan sorprendente como la superabundancia de disparates que se ofrecen bajo el rótulo de “programa de gobierno” es la inversamente proporcional escasez de ideas dignas de consideración. Es como si asuntos como la debacle del sector hidrocarburífero, el fracaso del proyecto del Mutún, la opacidad con que se negocia el litio del salar de Uyuni, sólo por poner algunos ejemplos, no existieran.

Algunos candidatos a asambleístas tampoco parecen haberse enterado de que una de las primeras tareas que tendrán que asumir es modificar la Constitución Política del Estado, pues ni sus más fanáticos defensores se atreven a negar la urgente necesidad de hacer muchos e importantes cambios. Pero los candidatos soslayan el tema como si de lo más irrelevante del mundo se tratara.

Algo similar puede decirse sobre otro problema de primera magnitud, como es el incremento del narcotráfico y sus secuelas, que tampoco parece merecer más que críticas a la actual gestión gubernamental, pero de propuestas serias, nada. A no ser que se considere seria la idea de destinar parte de los recursos económicos del país a subvencionar el acullico de coca.

Nuevas dudas sobre el padrón

“…las deficiencias que queden en el camino tendrán que ser objeto de atención ya no en función al 6 de diciembre, sino a un futuro menos condicionado por las urgencias inmediatas”

El 19 de julio pasado, en este espacio editorial al referirnos a la manera como comenzaba a encararse e proceso electoral, decíamos que la oposición: “…tiene sólo dos caminos. O se pone a la altura de las circunstancias y aprovecha el poco tiempo que le queda para hacer algo serio, (…) o comienza a buscar pretextos para justificar su fracaso. Es de esperar que opte por lo primero”.

Desgraciadamente, cuatro meses después, debemos lamentar que haya sido el segundo el camino elegido. No otra cosa significa el súbito entusiasmo con que algunos portavoces de la oposición han comenzado a desparramar dudas sobre la calidad y transparencia del padrón biométrico. Después de haberlo alabado desmedidamente, ahora vuelven a dirigir su atención al empedrado para echarle la culpa por sus tropiezos y caídas.

Y no es que falten motivos para poner en duda las cualidades milagrosas que hasta poco se atribuían al famoso padrón biométrico. Por el contrario, ellos abundan. Pero no recién ahora, pues todo lo que los flamantes detractores del padrón biométrico dicen hoy es exactamente lo mismo que podía y debía haber sido dicho con la debida oportunidad.

Haber creído que como por arte de birlibirloque el padrón biométrico resolvería las múltiples deficiencias que más que al antiguo padrón eran y siguen siendo atribuibles a lo corrompido que está el registro civil de nuestro país, fue siempre, y no ahora, un grave error.

Tan erróneo como eso fue sobrestimar las cualidades de los artilugios tecnológicos. “No debe perderse de vista que por modernos y eficientes que sean ese los recursos técnicos empleados para empadronar a la ciudadanía seguirá siendo siempre el factor humano el principal. Las máquinas y los sistemas informáticos son sólo herramientas y los resultados que arroje su aplicación dependen de las intenciones de los operadores”, decíamos en este espacio el 19 de junio pasado.

Insistimos, por eso, en muy numerosas oportunidades, en que “la transparencia y confiabilidad del próximo proceso electoral sigue dependiendo, como antes, de la capacidad que tengan las organizaciones políticas de la oposición de supervisar todo el proceso. “Mientras los partidos políticos no sean capaces de ejercer su derecho y cumplir su obligación de hacerse presentes con sus representantes en todo el territorio nacional para supervisar desde el registro hasta la emisión y cómputo de los votos, de nada habrá valido todo el esfuerzo que se está haciendo para construir un cost oso padrón biométrico”, dijimos.

Hasta ahora, ninguno de los frentes opositores ha cumplido con ese deber fundamental. Ninguno ha designado representantes oficiales y capacitados para supervisar el proceso por lo que ahora, cuando se ven los resultados de su desidia, carecen de la autoridad moral necesaria para hacer reclamo alguno.

Por eso, como ya lo dijimos el 1 de octubre, muy a pesar de que el padrón biométrico no estará libre de gravísimas imperfecciones, “las deficiencias que queden en el camino tendrán que ser objeto de atención ya no en función al 6 de diciembre, sino a un futuro menos condicionado por las urgencias inmediatas”.

La hora crucial para la oposición

Han surgido algunas propuestas para desbaratar el actual escenario y dar un giro capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Que uno de los dos principales candidatos de la oposición decline sus aspiraciones es la principal de ellas

Como si el desasosiego y desaliento que ya hacen estragos en el ánimo de las filas de la oposición no hubieran sido ya suficientes, los resultados de la última encuesta realizada por Equipos Mori para la red Usted Elige han tenido el efecto de un sismo entre los estrategas de las dos principales fórmulas que se enfrentan a la oficialista.

Y no es porque hayan sido sorprendentes. ya había muy abundantes motivos, además de todas las encuestas anteriormente publicadas, para suponer que el MAS se encamina hacia un contundente triunfo y la oposición a una más de las muchas derrotas que ha venido acumulando durante los últimos años.

Se ha llegado a tal punto, que ya nadie se atreve a poner en duda la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. Lo que está en juego ya es sólo la remota posibilidad de que la oposición pueda jugar un papel que no sea el de un simple elemento decorativo de la “Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Y eso no es poco, pues de que el MAS logre o no los dos tercios a que aspira depende no sólo el ritmo, sino la intensidad con que la “revolución democrática y cultural” continúe avanzando. Si logra su objetivo, una tras otra serán aprobadas las decenas de leyes que ya han sido elaboradas por su batallón de abogados. Y otras decisiones, para las que los dos tercios son imprescindibles, podrían ser tomadas con toda facilidad.

Los candidatos opositores tienen pues sobre sus espaldas una muy grande responsabilidad. Tanto, que es inadmisible que continúen haciendo de sus ambiciones personales, sus frustraciones y resentimientos, su guía principal.

Lo menos que se puede esperar de ellos, a esta altura del proceso, es que se sometan a unas muy severas sesiones de reflexión y autocrítica. Ellos, y sus principales asesores y allegados, tienen ante nuestro país y su futuro un deber que cumplir. Y si no se ponen a la altura del reto se habrán ganado un lugar destacado entre las páginas más vergonzosas de la historia contemporánea de nuestro país.

Si hay algo que a estas alturas ha quedado claro es que ninguno de los candidatos opositores, por sí solo, está a la altura del momento histórico del que les ha tocado ser protagonistas. No tienen la talla suficiente para constituirse en una opción política viable. Tan obvia realidad los obliga a actuar en consecuencia con humildad y desprendimiento.

Es ya tan escaso el tiempo que queda para el 6 de diciembre que no son muchas las posibilidades de que se produzca un cambio en las tendencias. A pesar de ello, han surgido durante las últimas horas algunas propuestas para desbaratar el actual escenario y dar un giro capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Que uno de los dos principales candidatos de la oposición decline sus aspiraciones, de modo que su potencial caudal electoral se concentre en una sola corriente, es la principal de ellas.

La idea no es nueva pero adquiere nuevo impulso ante las urgencias impuestas por las circunstancias. Todo indica que es la única oportunidad que les queda a los representantes de las dos corrientes de la oposición de hacer algo digno de ser valorado.

Tendencias inalterables

De mantenerse esas tendencias, las elecciones de diciembre no habrán servido sino solamente para reafirmar y consolidar el proyecto político del Movimiento al Socialismo, y para sepultar a los liderazgos de oposición que no han tenido la capacidad de construir alternativas políticas con visión y proyección nacionales


A tan solo tres semanas de las elecciones generales previstas para el próximo 6 de diciembre, es posible afirmar que la campaña electoral que vive actualmente el país es la peor de todos los comicios celebrados en Bolivia en más de veinte años de democracia ininterrumpida.

La ausencia de debates y la trivialidad de los mensajes que se difunden en la propaganda electoral, la ausencia de alternativas políticas sólidas, la incoherencia de la mayoría de los binomios y la improvisación de las formulas y planchas de candidatos, entre otros muchos elementos que resultaría imposible de enumerar, configuran uno de los escenarios electorales más insubstanciales que nos ha tocado vivir en este último tiempo.

El oficialismo tiene muy claras sus metas. Las próximas elecciones generales tienen para el Movimiento Al Socialismo una connotación plebiscitaria, tal y como sucedió con los referendos revocatorio, primero, y constitucional, después. El Gobierno no busca otra cosa más que reafirmarse y fortalecerse para ingresar a la nueva fase de aplicación de su proyecto político: la puesta en vigencia del texto constitucional aprobado en las urnas en enero de este año.

En ese contexto, el principal objetivo del oficialismo es lograr el control de los dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores, y por consiguiente del Congreso.

Las agrupaciones de oposición, en cambio, continúan embarcadas en una carrera electoral sin brújula ni metas claras; una carrera en la que su único propósito parece ser el de disputarse entre sí los votos que no son afines al Gobierno. Tanto Manfred Reyes Villa como Samuel Doria Medina, en ese orden, siguen muy por debajo de Evo Morales en las encuestas de intención de voto. El resto de los candidatos, con la excepción de René Joaquino, apenas aparecen en las preferencias del electorado.

La última encuesta encargada por la red Usted Elige no hace sino demostrar esa tendencia, que es la misma con que se abrió el actual proceso electoral, aunque muestra elementos novedosos que pueden marcar un importante cambio en la configuración del actual mapa político.

Es el caso de los departamentos de Tarija y Beni, en los que el MAS aparece en el primer y segundo lugar, respectivamente; dos tendencias que, de consolidarse a favor del partido gobernante, podrían quebrar el principal eje opositor mejor conocido como la “Media Luna”. Lo que vaya a suceder en Pando, por la pequeña cantidad numérica de su padrón departamental, no dejará de ser una incertidumbre hasta el día de la elección; y en Chuquisaca, según esa misma encuesta, el MAS se afianza en el primer lugar, al igual que en Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

Ese reposicionamiento oficialista en el oriente y el sur del país, al que se añade la invulnerabilidad de su principal bastión electoral en occidente (La Paz, Oruro y Potosí), tiende a ampliar la brecha entre Evo Morales y sus rivales políticos.

De mantenerse esas tendencias, las elecciones de diciembre no habrán servido sino solamente para reafirmar y consolidar el proyecto político del Movimiento Al Socialismo, y para sepultar a los liderazgos de oposición que no han tenido la capacidad de construir alternativas políticas con visión y proyección nacionales.

La degeneración de la política

Muy revelador es el hecho de que sean las hordas de dos fracciones de la Unión Juvenil Cruceñista las que se hayan liado a golpes y hayan estado a punto de matarse entre sí



A medida que pasan los días, más razones hay para afirmar que el proceso que desembocará en las urnas el próximo 6 de diciembre es el peor de los últimos tiempos. Y probablemente de nuestra historia pues, que se sepa, nunca antes una lid electoral había tenido características tan deplorables como la actual.

El monólogo ideológico es una de ellas. El MAS ha logrado hacerse del control monopólico de las propuestas, los programas y proyectos de país, y no tanto por sus propios méritos cuanto por la inexistencia de un rival capaz de hacerle frente en el terreno de las ideas. No hay quién ponga en duda la solidez y validez de los pilares de la opción oficialista, como el retorno al estatismo, en lo económico, o la transformación radical de la estructura estatal, en lo político.

Ninguno de los candidatos opositores se atreve a opinar siquiera sobre temas como la nacionalización de los hidrocarburos o la nueva Constitución Política del Estado, las dos medidas emblemáticas del MAS. Así, tácitamente las avalan y al hacerlo se atribuyen a sí mismos el papel de decoradores de una obra que, por lo visto, la dan por bien hecha. A juzgar por sus pocas palabras, se diría que no tienen ninguna discrepancia de fondo con el oficialismo y sólo los separan de él aspectos formales y secundarios, como el mal trato que reciben sus candidatos u opiniones sobre la calidad de sus hamburguesas.

Al no tener ideas serias con las que confrontar la propuesta oficialista, y agotado el recurso del victimismo, la oposición parece haber optado por otro más grave en términos psicológicos, que es el autismo. Ese mal consiste en la incapacidad para establecer contacto verbal y afectivo con las personas del propio entorno, y en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor.

Así se explica, por ejemplo, que mientras el MAS se lanza con todos los medios a su alcance a la conquista de las extensas llanuras orientales, los estrategas del Plan Progreso se empecinen en reducir su campo de visión y acción a los estrechísimos límites de la celda donde está recluido uno de sus candidatos. Y mientras monologan sobre sus propias penurias, el camino queda expedito para que la máxima expresión de las pugnas políticas en la Bolivia de hoy –ante la ausencia total de ideas y líderes-- sean enfrentamientos como el del jueves pasado en la principal Universidad de Santa Cruz.

Muy revelador es el hecho de que sean las hordas de dos fracciones de la Unión Juvenil Cruceñista las que se hayan liado a golpes y hayan estado a punto de matarse entre sí. No es casual que quienes hasta hace un año compartían garrotes para apalear “collas e indios” en nombre de la autonomía y la “cruceñidad”, hoy se encuentren en bandos opuestos pero sigan compartiendo los mismos métodos de acción a falta de mejores argumentos.

Unos en su flamante condición de punta de lanza para la penetración masista en Santa Cruz; y otros tratando de defender su último bastión, ambos bandos de jóvenes cruceños –cuarentones la mayor parte de ellos—adquieren la condición de sendos emblemas de la degradación de la política en nuestro país. Unos representan a las nuevas juventudes abanderadas del “cambio”, y otros a los que ya no tienen banderas que defender.

Bolivia y la “guerra continental” de Chávez

Así como ya nadie subestima a Ahmadinejad o a Kim Jong-Il, parece haber llegado la hora de tomar en serio a quienes en esta parte del mundo cada vez con más desparpajo dejan traslucir sus intenciones

Coincidiendo con el escándalo mundial que desató Hugo Chávez al haberse dejado llevar por sus pulsiones bélicas en un programa televisivo, donde hizo explícitas sus intenciones --aunque luego fútilmente trató de matizarlas-- se ha publicado el pasado jueves, en La Nación de Buenos Aires, un extenso reportaje del periodista Marco Aguinis que contribuye mucho a aclarar lo que el caudillo venezolano tiene en mente cuando habla de una “guerra continental”.

“Se acercan las FARC”, titula el artículo en el que el autor ofrece abundantes elementos de juicio sobre la magnitud de un peligro que se cierne sobre nuestro continente, en general, y sobre Bolivia en particular. Se trata de la intensa actividad que socapadas por el régimen venezolano, y también por el boliviano, estarían desarrollando las Fuerzas Armadas de Colombia con el propósito de crear las condiciones de una ofensiva guerrillera que, como en los años 60, tenga a nuestro país como su principal foco de irradiación.

A diferencia del movimiento guerrillero encabezado por el Che Guevara, el principal sostén de este proyecto bélico no sería Cuba, país que ha perdido su condición de líder del “internacionalismo proletario”, sino Venezuela. Y Bolivia, en circunstancias totalmente diferentes, vuelve a ser el escenario escogido para la ejecución de la fase inicial del proyecto, sólo que esta vez no a espaldas y en contra del gobierno establecido, sino con su total aquiescencia y apoyo.

La investigación de Aguinis está plenamente respaldada por una abundante cantidad de elementos que le dan plena verosimilitud. Pero ninguno de ellos es tan sólido como la manera más o menos velada en algunos casos, y explícita en otros, como Hugo Chávez deja entrever los extremos a los que está dispuesto a llegar para consolidarse en el poder y dar dimensión continental a sus desvaríos mesiánicos y a su quimérico “Socialismo del Silo XXI”.

Los motivos para temer que el gobierno de nuestro país no es ajeno a esos propósitos los dan también sus principales líderes. La propuesta hecha por Evo Morales para crear unas “Fuerzas Armadas” del Alba, o las de Álvaro García Linera para que nuestro país y nuestro continente se prepare para una guerra que ven avecinarse, son sólo las más recientes y claras, pero no las únicas.

El tipo de guerra en el que piensan está ampliamente explicado por los estrategas militares “bolivarianos”. “Guerra asimétrica” es el concepto que utilizan para referirse a una guerra muy distinta a la convencional. Una guerra en la que los métodos, las armas y los combatientes no son los regulares.

Tan importante como lo anterior es la red de alianzas internacionales que desde hace tiempo se está tejiendo con miras a desencadenar “uno, dos, tres, muchos Vietnam”. Los estrechos vínculos entre el régimen de Caracas y el de Teherán, que también son secundados por el gobierno del MAS, así como con organizaciones islámicas como Hamas o Hizbollah, son piezas fundamentales del esquema.

En ese contexto, resulta evidente que no hay porqué tomar a la ligera los arranques belicosos de Chávez ni las arengas con que lo secundan los mandatarios bolivianos. Así como ya nadie subestima a Ahmadinejad o a Kim Jong-Il, parece haber llegado la hora de tomar en serio a quienes en esta parte del mundo cada vez con más desparpajo dejan traslucir sus intenciones.

La corrupción en la agenda mundial

¿Cuál es la posición boliviana? No se sabe pues éste, como otros temas importantes, ha sido relegado en nuestro país por la más pueril de las coyunturas preelectorales de que se tenga memoria.


Sin haber recibido la atención que merece, lo que es en sí mismo un síntoma de lo distorsionada que está la escala de valores en el mundo actual, hoy concluye en Doha, la capital de Qatar, la tercera conferencia de los Estados miembros de la Convención de la ONU contra la corrupción (UNCAC), luego de cinco días de arduos debates.

La Convención de la ONU contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre del 2003 y que entró en vigor a partir del 14 de diciembre del 2005, es el primer instrumento internacional legalmente obligatorio contra la corrupción. Su razón de ser consiste en crear y fortalecer mecanismos de seguimiento que permitan apoyar y comprobar el avance de los países en la lucha contra la corrupción.

La ONU decidió poner el tema en un lugar privilegiado en su agenda de prioridades porque, según diversos estudios, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del mundo actual. Tanto, que se calcula que los desvíos ilícitos de recursos públicos cuesta a las naciones en desarrollo unos 20.000 a 40.000 millones de dólares cada año. Y en la otra cara de medalla, es uno de los principales motores de los grandes centros financieros del mundo que se están convirtiendo en refugios de activos robados.

Como suele ocurrir en convenciones como la que concluye hoy, ésta fue precedida por grandes expectativas. Se esperaba que los países miembros logren acuerdos que permitan adoptar políticas para conjurar mediante un esfuerzo común uno de los grandes males del mundo actual. Pero una vez más, la frustración parece ser el principal resultado.

Es que son tan grandes los intereses económicos y políticos en juego, que aunque parezca obvia la necesidad y conveniencia de un esfuerzo común, las discrepancias resultan mayores que las coincidencias. En este caso, son tres las principales corrientes en las que está dividida la comunidad internacional.

Por una parte, están los países que promueven con energía la aprobación urgente e inmediata de un mecanismo eficaz, incluyente y transparente. En este grupo se encuentran, entre otros, Noruega, Finlandia, Brasil, Estados Unidos, Uruguay y Chile. Esta posición es compartida y respaldada por la Coalición de Sociedad Civil en la Uncac.

Contra ese bloque se enfrenta un segundo grupo de países que no están de acuerdo con las fórmulas propuestas por los primeros por considerar que atentan contra la soberanía nacional y ven en ellos el peligro de una intromisión en políticas internas. Un segundo argumento de ellos es que el asunto sólo debe ser competencia de los gobiernos y no incluir a la sociedad civil. Esta posición es encabezada por Rusia, China, Irán, Venezuela.

El tercer bloque, del que en última instancia depende cuál de las posiciones prevalezca, está conformado por países que hasta ayer se mostraban indecisos. Ellos aceptan un mecanismo de seguimiento, pero advierten que hay que seguir discutiendo algunos temas que requieren aclararse. Defienden un mecanismo más suave, progresivo, sin urgencias. Otros en este tercer grupo argumentan que es mejor que el mecanismo se concentre en la prevención y no en sanción y persecución.

¿Cuál es la posición boliviana? No se sabe pues éste, como otros temas importantes, ha sido relegado en nuestro país por la más pueril de las coyunturas preelectorales de que se tenga memoria.

Bolivia, entre los países menos transparentes

Son alarmantes pero no sorprendentes los resultados del estudio. No podía esperarse otro resultado de un modelo de gestión gubernamental que no admite fiscalización alguna

Bolivia, una vez más, ha sido noticia durante las últimas horas por figurar en un lugar muy poco decoroso en otro de los muchos estudios que periódicamente se realizan para evaluar diferentes aspectos relativos a la situación de los países de nuestra región.

En este caso, se trata del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria de 2009 que analiza a doce países de la región. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela fueron los países sometidos a la evaluación.

El estudio, que realiza cada dos años, es coordinado por el Centro de Análisis e Investigación mexicano, Fundar y elaborado por 17 organizaciones civiles y 12 académicos de la región. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los presupuestos gubernamentales, y la disponibilidad y garantías de acceso a la información sobre los ingresos y gastos del sector público, entre otras cosas.

Según los datos del estudio, nuestro país, que fue calificado con 42 puntos sobre 100, es con Venezuela (23) y Ecuador (43) uno de los tres con peor desempeño a la hora de facilitar información sobre cómo se desarrolla el proceso presupuestario en la gestión pública.

Que Venezuela sea la máxima expresión de la opacidad en el manejo de las cuentas fiscales no es algo que deba sorprender. Como es bien sabido, una de las principales características del régimen chavista consiste precisamente en la absoluta y total discrecionalidad con que los jerarcas del régimen administran los ingentes recursos que les provee la exportación de petróleo. Se trata de un país en el que prácticamente todo el presupuesto estatal se administra como si de “gastos reservados” se tratara, por lo que es natural que figure en el último lugar del “Índice de Transparencia Latinoamericano”. Claro que no hay modo de comparar con Cuba, donde la situación es sin duda aún peor.

No es tampoco casual que Bolivia y Ecuador, los otros dos países estudiados en los que campea el populismo y avanza a grandes pasos el proceso de destrucción de las instituciones fiscalizadoras, sigan tan de cerca de Venezuela. Ese, que es uno de los rasgos característicos0 principales del “proceso de cambio”, no podía dar otros resultados.

Según indica el informe que comentamos, el factor que más negativamente incidió en la evaluación de Bolivia fue el conjunto de irregularidades en el proceso de contratación de servicios en YPFB. Además de ello, las tres variables en las que la calificación fue más negativa fueron “Participación ciudadana en el presupuesto”, “Evaluación del control interno” y “Oportunidad en la información”

Llama la atención que en el informe no haya ninguna mención a uno de los aspectos más cuestionables de la actual gestión gubernamental, que es la relativa a la manera como se administran enormes sumas provenientes de la “cooperación venezolana”, cuyo monto ni siquiera se conoce con precisión pero se sabe que asciende a varios millones de dólares. Esos montos ni siquiera figuran en el Presupuesto General de la Nación”, y son manejados sin el más mínimo control. Se trata de verdaderos “gastos reservados” que han sido objeto de múltiples denuncias de corrupción.

La preservación de la libertad prensa

En Bolivia, como otros países donde la batalla se libra a diario, se ha logrado preservar la libertad de expresión. No ha sido fácil, pero ha sido posible. Y ese no es un pequeño detalle


La Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que en su sesión de clausura realizada ayer en Buenos Aires, Argentina, aprobó los informes de editores de diarios sobre el estado de la libertad de prensa en el continente americano, ha vuelto a incluir a nuestro país entre los más afectados por actos gubernamentales tendientes a limitar la labor periodística.

Como se recordará, hace unas semanas fue Reporteros Sin Fronteras la institución que llegó a similares conclusiones. Nuestro país es identificado por todos los organismos observadores, como uno de los que da crecientes motivos de preocupación.

Según el balance de la SIP, Cuba, Honduras, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Bolivia pueden ser clasificados en la misma categoría; la de países en los que la libertad de expresión está amenazada sea por actos promovidos por sus respectivos gobiernos, o por organizaciones criminales que se sienten afectadas por las investigaciones que intentan poner al descubierto sus actividades.

Aunque en términos generales no hay nada que objetar tal evaluación, es pertinente hacer algunas diferenciaciones para que los muy importantes matices no se diluyan en las vagas generalizaciones.

Hay que destacar, por ejemplo, que el caso de Cuba no es en nada parecido al de México. En ambos países el periodismo está sometido a gravísimas limitaciones, pero por razones y circunstancias muy distintas entre sí.

El caso boliviano, por su parte, dista mucho de cualquiera de los dos antes mencionados. Ni se ha llegado al extremo de censura y represión que ha hecho de Cuba uno de los países más represivos del mundo, ni la violencia criminal ha llegado al punto de hacer del periodismo una actividad de alto riesgo. Bolivia es, felizmente, un país en el que si bien las relaciones entre prensa y poder político son muy tensas, la libertad está siempre amenazada y el gobierno no disimula su animadversión contra el periodismo, está lejos de merecer ser comparado con Cuba o México.

No es el caso de Honduras, donde a partir del golpe de Estado del 28 de junio se han puesto en vigencia una serie de restricciones que por su gravedad son sólo comparables a las que ya son habituales bajo la dictadura cubana. Honduras es pues, con Cuba, uno de los dos países en los que la eliminación de la libertad de prensa es algo más que una amenaza; es una realidad.

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina no pueden, por lo menos no aún, ser clasificados en esa categoría. Es que aunque en todos ellos son constantes las amenazas y las medidas coercitivas de distinta naturaleza, no han llegado al extremo clausurar medios o perseguir periodistas únicamente por motivos políticos o ideológicos. Y aunque es evidente que no es por falta de ganas que los gobernantes de esos países no adoptan medidas más radicales, como las adoptadas por Micheletti para acallar a la oposición, lo cierto es que no han llegado a tales extremos.

En estos países, en los que la batalla se libra a diario, se ha logrado preservar, aunque a veces precariamente, la libertad de expresión. No ha sido fácil, pero ha sido posible. Y ese no es un pequeño detalle.

Hugo Chávez en pie de guerra

Las pulsiones bélicas de Chávez son algo más que un problema psicopatológico. Son parte de una estrategia geopolítica que merece ser tomada en serio

El presidente de la República “Bolivariana” de Venezuela está en pie de guerra. Está ansioso, muy angustiado, casi desesperado, buscando la forma de abrirse un lugar en la historia, aunque para eso tenga que desencadenar una descabellada conflagración bélica. Megalómano como es, no se conforma con involucrar a su país, sino a todo el continente, e incluso al mundo entero, en una guerra. Y lo que tiene en mente no es una escaramuza fronteriza sino una “guerra de cien años”.

Así lo ha vuelto a proclamar anteayer en “Aló Presidente” el estrado desde donde martiriza todos los domingos al pueblo venezolano. "No perdamos un día en nuestra principal misión: Prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, porque es responsabilidad de todos", ha dicho, Chávez, y abundan los motivos para creer que habla en serio.

A primera vista podría suponerse que más que un asunto del que deba preocuparse el mundo entero se trata de un objeto de estudio para psiquiatras especializados en ciertos trastornos mentales que suelen afectar a individuos cuyo cerebro sufre alteraciones patológicas. Correspondería por lo tanto someterlo a un tratamiento intensivo de modo que pueda devolvérsele la cordura. Y aunque mucho de cierto hay en eso, desgraciadamente el caso es más complicado de lo que puede caber en una camisa de fuerza.

Es que Hugo Chávez es algo más que un caso clínico. Es uno de los individuos más poderosos del planeta y tiene a su alcance los medios necesarios para que sus intenciones y sus actos, además de ser simples síntomas de insania, sean motivos de preocupación para el mundo entero. Ante un caso parecido ya estuvo la humanidad cuando Adolfo Hitler, o José Stalin, tuvieron la oportunidad de canalizar a través de la guerra sus desajustes mentales y los problemas internos de sus respectivos paises.

Lo que es peor es que, como en ambos casos, Chávez no está solo. Tras él hay un pueblo que, como el alemán o el ruso, tiene tantos resentimientos acumulados que lo hacen proclive a secundar los desvaríos de su líder. Peor aún, el caudillo venezolano cuenta con poderosos aliados que comparten con él similares rasgos psicopatológicos y circunstancias políticas internas y externas parecidas. Mahmud Ahmahinejad es el principal de ellos, pero no el único. Kim Jong Il, de Corea del Norte, Omar al Bashir y Robert Mugabe, en Africa, Kim Jong Il, de Corea del Norte, o los hermanos Castro, en Cuba, son líderes que sin duda alguna se identifican con la idea de desencadenar una guerra apocalíptica.

Pretextos para hacerlo no faltan. La crisis hondureña que, al no haber sido resuelta en los términos que la sensatez aconsejaba, vuelve a poner a Centroamérica como un foco de conflictos tras los que se mantiene encendida una mecha que conduce a una carga explosiva, es un ejemplo. En el otro extremo del mundo, la feroz contraofensiva de los fundamentalistas islámicos en Afganistán e Irak, con Pakistán de por medio. no es ajena a un escenario bélico que desde diferentes vertientes se va configurando alrededor de un mismo eje que tiene a Venezuela e Irán como su motor principal. Y a Bolivia como pieza muy importante.

Mucho podrá decirse, como de hecho se dice, para minimizar el peligro que se cierne tras las aparentemente deschavetadas arengas belicistas de Chávez y los apoyos, por ahora verbales, de Evo Morales. Pero si de correr el riesgo de equivocarse se trata, el único error inadmisible consiste en subestimarlo.

Las relaciones con Estados Unidos

Para el Gobierno queda una asignatura final de tipo protocolar y rango diplomático. Nos referimos al respeto con el cual un gobierno debe referirse a cualquiera de sus pares foráneos

Nadie puede negar que Estados Unidos asume una crucial importancia para cualquier país sudamericano, particularmente respecto a cuantos siguen entrampados en un subdesarrollo cuya superación urge aún encarar en el plano de la cooperación bilateral y multilateral. Como la potencia del norte tiene un ostensible peso en ambos espacios, países como el nuestro deben mantener con ella relaciones diplomáticas de total normalidad. Es lo que aconseja no sólo la racionalidad, sino también la más elemental prudencia. Bolivia, en los últimos años, estropeó sus vínculos con Estados Unidos por causas que de modo alguno son justificables. Cabe mencionar entre ellas una acentuada susceptibilidad, lindante con la paranoia, respecto a presuntas acciones intervencionistas de EEUU en los asuntos bolivianos. Se echó al embajador norteamericano de Bolivia, tras un cerco masista a la sede diplomática yanqui en La Paz. A esto se agregó la expulsión de la DEA, medida que le significó al país la pérdida de la cooperación económica y técnica en la lucha contra el narcotráfico. Finalmente, lo que fue más grave todavía: nos quedamos sin ese tratado de preferencias arancelarias sin el cual ciertas exportaciones bolivianas al mercado estadounidense pierden la necesaria competitividad.

Sin duda alguna que las negativas consecuencias de los hechos referidos, constituyen la razón por la cual el Gobierno boliviano se esfuerza hoy por recomponer sus relaciones con Washington. Acaso el fantasma de la desocupación en El Alto, donde muchas grandes, medianas y pequeñas empresas cerraron o redujeron al mínimo su producción, fue el que mayormente le indujo a reanudar lo andado y volver a la normalidad diplomática con la potencia del norte.

Un publicitado aunque no detallado ‘acuerdo marco’, esbozado en Washington entre representantes de la Casa Blanca y enviados especiales del Gobierno de Evo Morales, constituiría el tramo inicial hacia un pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Es decir, a nivel de embajadores y no de encargados de negocios dedicados sólo a trámites y asuntos de rutina.

El ‘acuerdo marco’, naturalmente, tiene que estar referido al cumplimiento estricto no sólo de las reglas que a escala universal rigen las relaciones de los miembros de la comunidad internacional, sino a los compromisos establecidos por tratados vigentes en el mismo ámbito y a los de tipo bilateral. Entre estos últimos, con los Estados Unidos, cabe mencionar a algunos de cuya vigencia depende que EEUU y Bolivia se entiendan y restablezcan relaciones al nivel adecuado. Nos referimos al tema coca-cocaína. ¿Derivará el ‘acuerdo marco’ a una conciliación de criterios sobre éste y otros asuntos de la agenda bilateral? Aún no lo sabemos. Para el Gobierno queda una asignatura final de tipo protocolar y rango diplomático. Nos referimos al respeto con el cual un gobierno debe referirse a cualquiera de sus pares foráneos.

Nada de insultos, agravios, sindicaciones ligeras y de otros comportamientos que ofendan y predispongan a la contraparte. Este tipo de deslices, por parte del Gobierno boliviano, contribuyeron a agravar la crisis en las relaciones con el país del norte. Sería bueno que el actual régimen no vuelva a incurrir en ellas.

A 20 años de la caída del Muro de Berlín

Aunque el Muro de Berlín dejó de existir, los ladrillos con los que fue construido están todavía intactos y disponibles

El 9 de noviembre de noviembre de 1989, hace ya veinte años, la humanidad fue testigo de uno de los acontecimientos más notables de la historia. En muy pocas pero muy intensas horas, el pueblo alemán puso fin a más 72 años de un proceso que se inició con la revolución rusa de 1917.

Aún hoy, pese al tiempo transcurrido, no deja de sorprender y admirar la facilidad con que se desmoronó el muro de Berlín y con él un conjunto de regímenes dictatoriales que dominaban gran parte del mundo y hasta poco antes de ese día parecían inconmovibles. Lo que ocurrió en Berlín es algo que todavía no ha terminado de ser asimilado y corresponde a todos los pueblos del mundo –entre ellos el nuestro—asimilar las muchas lecciones que dejó.

Como lo relata uno de los más importantes testigos de esa jornada, en un artículo que se publica en esta misma página, una sola palabra sintetizó el espíritu que animó a quines ese día escribieron una de las más hermosas páginas de la historia del siglo XX. ============ “¡¡¡¡Freiheit, freihei, freihet!!!” ============= (“¡¡¡¡Libertad, libertad, libertad!!!!)” coreaban los millones de alemanes del Este que durante décadas habían vivido bajo un régimen de terror.

Fue tan contundente y elocuente la fuerza con que ese ideal produjo la caída de los regímenes comunistas europeos, como una fila de fichas de dominó, que una ola de optimismo se apoderó de quienes vieron en ese acontecimiento el triunfo final de la libertad sobre cualquier forma de tiranía.

Desgraciadamente, veinte años después, hay motivos para temer que esas esperanzas eran exageradas. Es que si bien la caída del muro de Berlín significó la recuperación de la libertad y la democracia para varios cientos de millones de personas, no fue suficiente para evitar que casi la mitad de la población mundial siga hoy viviendo bajo regímenes que niegan a sus pueblos las más elementales libertades.

Mil doscientos millones de chinos continúan sometidos a la dictadura del Partido Comunista que gobierna ese país. Otros tantos súbditos de países regidos por regímenes islámicos están en la misma condición. Las dictaduras de Cuba y Corea del Norte han logrado sobrevivir al colapso del estalinismo soviético y gran parte del continente africano está todavía en manos de déspotas como Robert Mugabe, en Zimbabwe, u Omar al Bashir en Sudán.

Pero aún más paradójico es que son muchos los pueblos del mundo, entre los que el nuestro ocupa un lugar destacado, que con todo entusiasmo se encaminan en el sentido opuesto del camino que se abrió en Berlín hace veinte años. La tentación totalitaria, que ve en regímenes como el de los hermanos Castro en Cuba un modelo digno de ser imitado, tiene aún muchos más seguidores de los que a la luz de la experiencia histórica cabría suponer y esperar.

Lo que está ocurriendo en Bolivia es un ejemplo de lo dicho. Muestra que aunque el Muro de Berlín dejó de existir, los ladrillos con los que fue construido están intactos y disponibles para quienes le tienen miedo a la libertad.

La omisión de los grandes temas

Es tan absoluto el silencio sobre los temas más importantes para el futuro económico y político de nuestro país, que sólo se puede suponer que todos están muy conformes con la situación actual


Una de las características más notables del proceso electoral en curso es la absoluta y total omisión de los temas más importantes para el presente y el futuro de nuestro país, en la que incurren de manera coincidente todos los candidatos, sin ninguna excepción.

La política hidrocarburífera, la nueva Constitución Política del Estado y las muchas modificaciones que requiere de manera ineludible, las decenas de leyes que deberán ser discutidas en cuanto se instale la nueva Asamblea Legislativa Plurionacional son, entre muchos otros, algunos asuntos sobre los que la propuesta de quienes aspiran a gobernar o a ocupar un curul durante los próximos cinco años, es un verdadero misterio. Un misterio insondable, pues ni siquiera ofrecen alguna pista que permita deducir lo que se proponen hacer al respecto, sea como gobernantes o como opositores.

Entre los temas ausentes, probablemente ninguno es más llamativo que el relativo a los hidrocarburos. Aunque es por demás evidente que se trata de la piedra angular de la economía nacional, y que cuanto se haga o deje de hacer al respecto tendrá hondísimas consecuencias sobre nuestro futuro, los candidatos actúan como si el problema no existiera.

Que el gobierno ponga sus mejores empeños para evitar que el tema forme parte de la agenda informativa en estos días de proselitismo, es comprensible. No podía ser de otro modo, pues son tan catastróficos los resultados arrojados por la “nacionalización”, que cuanto menos se hable del asunto, mejor.

Muy grave sería para las expectativas electorales del oficialismo que en vez de centrarse en los quejidos victimistas inspirados por los problemas legales de los dos principales candidatos del Plan Progreso, las campañas giraran alrededor de los muchísimos puntos débiles del gobierno, entre los que se destaca el de la “nacionalización” y sus frutos.

Pero como no hay quién se ocupe de dar batalla ideológica o programática, el Ministro del área puede reconocer, por ejemplo, sin que nadie le preste atención, que la pérdida de mercados para el gas está obligando a las empresas productoras a dirigir sus mejores esfuerzos hacia la disminución de los volúmenes producidos. En pocos años Bolivia a pasado de ser el potencial centro energético continental a un rincón marginal; los países vecinos están haciendo grandes inversiones para poder prescindir totalmente de nuestro gas durante los próximos años, pero eso no parece merecer la atención de nadie.

Que el descenso de las exportaciones venga aparejado de la disminución de nuestra capacidad para producir hidrocarburos líquidos, lo que obliga a destinar cada vez más recursos a la importación de carburantes, resulta también asunto secundario ante las tribulaciones legales de algunos candidatos.

Similar es el caso de la nueva Constitución Política del Estado vigente. Son tantas las contradicciones que contiene, tantas las fallas reconocidas incluso por sus autores, que resulta inevitable que durante la próxima legislatura deba ser sometida a profundas modificaciones. Pero es también tan absoluto el silencio sobre este asunto, que sólo se puede suponer que todos están muy conformes con el texto actual y no tienen nada que objetar.

El MAS, a la conquista del último bastión

Entre la eficiencia del MAS y la ineptitud des rivales, están escribiendo las próximas páginas de la historia de nuestro país

Hace unos días, al referirnos en este espacio editorial a la cada vez más desigual correlación de fuerzas que caracteriza al actual proceso electoral, decíamos que eran claramente visibles dos tendencias. “Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

“Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez”, decíamos. En efecto, los más recientes actos de la campaña oficialista han dado clarísimas muestras de esa doble estrategia, ante la que la oposición no atina a reaccionar.

Una muestra de lo primero son las agresiones que los grupos de choque del MAS ejercen contra quienes tímidamente intentan hacer campaña en “su” territorio. Por “su” territorio, se entienden prácticamente todas las provincias de los departamentos altiplánicos y de los valles, así como barrios íntegros de las principales ciudades.

Ejemplos de lo segundo han comenzado a abundar durante los últimos días. Tanto, que según recientes reportes de prensa, el Comité pro Santa Cruz es la única entidad de la “institucionalidad” cruceña que no fue “perforada” por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que selló nueve alianzas con unionistas, barras brava, universitarios, ex funcionarios prefecturales, y anteayer firmó un acuerdo con los agropecuarios del norte cruceño.

El más reciente e importante de los frutos obtenidos por el MAS es e convenio suscrito en Montero con la Federación de Agropecuarios del Norte del Departamento de Santa Cruz, que se unió al partido oficialista para realizar campaña por la reelección del presidente Evo Morales.

Pero no es sólo en Santa Cruz donde ese plan de acción se desarrolla con notable éxito. En el Beni, el martes pasado, el MAS logró acuerdos con dos bloques del movimiento cívico de ese departamento, muchos de cuyos principales dirigentes decidieron pasar a engrosar las filas del oficialismo.

Ya antes, algo similar ocurrió en Tarija donde incluso uno de los más prominentes diputados de lo que fue Podemos puso a su agrupación ciudadana al servicio de la campaña del MAS. El caso de Pando, que por ser “el eslabón más débil” es donde se inició la “conquista de la Media Luna”, tiene características diferentes, pero los resultados son los mismos.

Pero tan o más notable que la eficiencia con que el oficialismo avanza hacia el objetivo de lograr dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es la absoluta y total parálisis en la que está sumida la oposición. Arrinconada, siempre a la defensiva, sin iniciativas, sin liderazgos, sin ideas, sin saber qué decir cuando tienen la oportunidad de dirigirse a sus potenciales electores, la oposición contribuye en no poca a que el MAS logre cuanto se propone.

Así, entre el MAS y sus oponentes están escribiendo las próximas páginas de la historia de nuestro país.

El “caso Rozsa” y la intervención externa

Aunque opacado en medio de otras quejas pueriles, tan propias de la oposición boliviana, es plausible que el “Caso Rozsa” haya llegado por fin a instancias internacionales

Casi siete meses después de que durante un operativo policial fueran fríamente asesinados unos mercenarios supuestamente involucrados en actos terroristas y separatistas, por fin el asunto ha llegado a las instancias internacionales, en cuyas manos desde un principio debieron ser puestas las investigaciones.

Infructuosamente, desde este espacio editorial, hemos venido insistiendo durante los últimos meses en la urgente necesidad de que así se proceda. Ya el 21 de abril, bajo el título de “Urgente intervención externa”, afirmábamos que “estamos ante un hecho cuya importancia trasciende los límites de la política interna. Al estar involucrados ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones de alcance internacional, resulta necesario que en las investigaciones se involucren organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también de carácter internacional”.

Más adelante, sosteníamos que “Siendo tantas las dudas que se ciernen sobre la manera como el gobierno ha encarado el asunto (…) la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción”.

Al día siguiente, el 22 de abril, decíamos: “sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional”.

Posteriormente, el 26 del mismo mes, sosteníamos que “Está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol?”, nos preguntábamos.

Días después, el 7 de mayo, “Investigaciones mal encaminadas” titulaba este espacio, y en él afirmábamos: “El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios”.

Y el 18 del mismo mes insistíamos: “Hay abundantes motivos para suponer que la magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas. Razón más que suficiente para insistir en la necesidad y conveniencia de que en las investigaciones se involucren organismos internacionales. Si hay algo claro, es que ni el oficialismo ni la oposición están a la altura de un caso que trasciende nuestras fronteras”.

Con esos antecedentes, no podemos dejar de expresar nuestra satisfacción porque por fin, aunque con tanta demora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese a un escenario del que nunca debió estar ausente. Y si bien es lamentable que un asunto tan serio como el “Caso Rozsa” resulte opacado en medio de otras quejas pueriles, tan propias de la oposición boliviana, es sin duda un buen paso en la dirección correcta.

La violencia, protagonista de las campañas

A diferencia de épocas anteriores, la violencia política es hoy parte fundamental de las campañas. La alimentan tanto los que la ejercen como los que la sufren

Desde hace muchos meses, antes incluso de que se inicie el proceso electoral que está ya ingresando a su etapa final, se sabía que la violencia, la intolerancia, las agresiones verbales entre los diferentes candidatos, y las agresiones físicas entre sus seguidores, serían una de sus principales características.

Había, y hay, dos razones que explican que así sea. Una de ellas es tan antigua como la historia política de nuestro país. Como es fácil recordar, siempre fue así. Movimientistas que agredían a miristas y adenistas; adenistas que destrozaban la publicidad de todos sus rivales; miristas que agredían a eneferistas y viceversa… y así fue siempre, hasta donde la memoria alcanza a recordar. Es un rasgo de nuestra débil cultura democrática que no tiene nada de nuevo, por lo que no hay porqué sorprenderse si este proceso electoral está también contaminado por tan deplorable manera de actuar.

Hay, sin embargo, en el caso presente, un factor adicional que se suma y agrava el que se arrastra desde siempre. Es que, a diferencia de épocas anteriores, ahora la violencia y la agresión contra los rivales es franca y abiertamente alentada por quienes conducen la campaña electoral del oficialismo. Han sido importantes dirigentes de los “movimientos sociales” que respaldan al Movimiento al Socialismo los que abiertamente instruido a sus bases para que actúen con máximo rigor para evitar que los candidatos de la oposición hagan campaña en “su” territorio. Y lo han hecho con tanta eficiencia que en gran parte del territorio nacional está impunemente vedada cualquier actividad política que no sea la del oficialismo.

Una segunda característica de los brotes de violencia que empañan el actual proceso electoral es que se prestan muy bien a lo que ha sido adoptado como el eje principal de la campaña de una de las dos principales fórmulas opositoras. Se trata del victimismo, que consiste en magnificar cuanto hecho se adecue a su afán de presentarse como víctimas de un complot al que atribuyen todas sus propias falencias.

En ese contexto se explica, aunque de ningún modo se justifica, la actitud de seguidores del MAS que a lo largo y ancho del país cumplen disciplinadamente las órdenes recibidas. Los grupos de choque organizados con la expresa misión de evitar que sus rivales hagan campaña electoral es sólo la manifestación más visible de esa forma de actuar, pero no la única. Las amenazas contra quien alquile ambientes para casas de campaña, contra quien exhiba afiches, banderas, o cualquier otro símbolo de los opositores, son otras, entre muchas formas de ejercer violencia e intolerancia.

Tal situación pone en evidente desventaja a los candidatos de la oposición. Pero no es el único factor, ni siquiera el principal, que explica las dificultades que tienen para encarar el desafío que tienen al frente. La falta de ideas, de un plan de acción, de liderazgos y de organización son mucho más perjudiciales.

Por eso, que los estrategas del Plan Progreso continúen desperdiciando los pocos recursos, el poco tiempo y energías que tienen sólo en formar coros quejumbrosos con la esperanza de inspirar una estéril conmiseración, en vez de dar las muestras de aplomo que exigen las circunstancias, es uno de esos errores que en la lucha política tienen alto precio.

Copenhague en medio del escepticismo

Hasta ahora, las declaraciones líricas de buenas intenciones abundan, pero escasean en cambio las decisiones necesarias para que se plasmen en hechos concretos


Cuando ya son sólo 35 los días que nos separan de la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que los líderes del mundo se reunirán en Copenhague para intentar alcanzar un acuerdo contra ese fenómeno, las esperanzas poco a poco van disipándose y crece el temor de que quienes se oponen a la adopción de las drásticas medidas necesarias logren, finalmente, imponerse.

La posibilidad de que la cumbre de Copenhague concluya con una enorme frustración resulta a primera vista incomprensible, pues con muy pocas excepciones, la inmensa mayoría de los países miembros de la comunidad internacional están de acuerdo sobre los efectos potencialmente catastróficos del cambio climático y la urgencia de frenarlo.

A pesar de ello, a medida que las negociaciones preparatorias avanzan, todo parece indicar que no hay que hacerse muchas ilusiones con lo que pasará entre el 7 y 3l 18 de diciembre. Hace unos días, por ejemplo, después de insistir durante meses en la urgente necesidad de alcanzar un pacto vinculante en la capital danesa, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha reconocido la dificultad de lograrlo. Ha comenzado a tomar fuerza, por eso, la idea de que la cumbre no será el fin de un proceso, sino sólo el inicio de otro que mantendrá ocupados a los negociadores durante los próximos meses.

Los obstáculos que aún no han podido ser despejados, son muchos y muy grandes. Entre ellos, el principal sigue siendo la reticencia estadounidense. Es que además de que ese país es el principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero, muchos países desarrollados se niegan a asumir compromisos si antes Estados Unidos no se suma al esfuerzo global.

Y la posibilidad de que eso ocurra se aleja a medida que pasan los días, pues pese a los muchos esfuerzos que hace Barack Obama, no logra doblegar la resistencia de los legisladores republicanos, y algunos demócratas, que se niegan a aprobar la ley ambiental que tienen entre manos.

Un segundo obstáculo es el abultado presupuesto que se requiere para mitigar los efectos del cambio climático en los países más pobres del mundo y para que éstos puedan adaptarse a los mismos. Según cálculos hechos por expertos de la Unión Europea, para ello se requieren unos 100 mil millones de euros anuales, hasta el año 2020. Un costo que en los hechos nadie está dispuesto a asumir, aunque todos se declaran dispuestos “a asumir su parte justa del esfuerzo mundial".

Los representantes de los países pobres, mientras tanto, mantienen una posición monolítica alrededor de una demanda común: que las economías más desarrolladas aporten en la misma proporción en que han contribuido al deterioro ambiental del planeta.

Hasta ahora, las declaraciones líricas de buenas intenciones abundan, pero escasean en cambio las decisiones necesarias para que se plasmen en hechos concretos.

Ante ese panorama, las pocas esperanzas que quedan en pie dependen de que Obama logre, si no llegar a Copenhague con la ley que respalde su iniciativa, aprobar una serie de decretos que le den un margen de acción suficiente para que su país deje de ser, como en Kyoto, el mayor estorbo, y se convierta más bien en el líder de una causa urgente.

El incendiario del continente

Poco parece importarle al primer mandatario venezolano que se astille el clima de paz y de buena vecindad en el continente donde se ha convertido en incendiario furioso



Nunca antes como ahora, sin contar los sangrientos y dolorosos conflictos bélicos que registra la historia contemporánea, se había instalado un peligroso clima de efervescencia en nuestra América morena, sin que nada bueno haga presagiar la situación planteada, con síntomas marcados de empeoramiento.

Uno de los artífices del estado de crispación continental es, sin lugar a dudas, ese personaje con veleidades de libertador, de salvador universal que es Hugo Chávez Frías, presidente de la fraterna Venezuela digna de mejor ventura, que para mayores señales no hace mucho advirtió con generar hasta tres "vietnams" en Bolivia si el Presidente del Estado Plurinacional era derrocado, en una clara e inadmisible injerencia en los asuntos internos del país. En una grosera demostración de su músculo y de su vocación de matón.

Últimamente, se han disparado las tensiones entre Venezuela y Colombia, luego de la matanza de ocho ciudadanos colombianos por un grupo armado irregular en territorio venezolano. Las relaciones de ambas naciones ya se habían tensado y deteriorado a raíz de la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, duramente cuestionada por Chávez y otros mandatarios que le siguen la corriente, entre ellos el nuestro. Otros hechos recientes que atirantan la relación bilateral tienen que ver con la captura de efectivos de seguridad colombianos a los que Venezuela acusa de labores de espionaje y planes de desestabilizar el tonante Gobierno de Chávez.

Poco antes, con su ya habitual incontinencia verbal, Chávez tildó de "retardado mental" al ministro de Defensa colombiano después de que éste expresara su preocupación por vuelos relacionados con el narcotráfico supuestamente con origen en Venezuela y utilizando el espacio aéreo de Colombia. Lo último de su sello, es la nueva andanada verbal contra el "imperio" al que maldijo una y otra vez a tiempo de criticar una resolución presentada al Congreso estadounidense para que el gobierno del presidente Barack Obama incluya a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Poco parece importarle al primer mandatario venezolano que se astille el clima de paz y de buena vecindad en el continente donde se ha convertido en incendiario furioso, dueño omnipotente de las llaves de un mundo que cree tener a su merced en el puño.

Y no es sólo que poco le importe sino que más bien da la impresión de que le incomoda tal clima de paz y de buena vecindad. ¿O por qué siempre aparece con su pata de banco demoledora dispuesto a prender el fuego de la discordia con su vozarrón marcado por la embriaguez que deriva del abuso del poder?

Un espécimen que hay que poner bajo la lupa es este gobernante que tiene sentadas sus posaderas en una nación que, por sus legítimas glorias, no se merece tal atrocidad histórica.

Sin embargo, su suerte está echada y no es para envidiarla.

En vísperas del final de la crisis hondureña

Honduras es , hoy por hoy, todo un símbolo de la tan antigua pugna entre la estupidez y la sensatez. Antes del jueves próximo sabremos todos cuál de esos factores es el que finalmente se impone

Cuatro meses durante los que la crisis hondureña sometió a la paciencia de la diplomacia de todo el mundo --pero especialmente la estadounidense encabezada por Hillary Clinton y dirigida por Barack Obama-- a una dura prueba, por fin se está a punto de llegar al único desenlace que cabía esperar y admitir. Micheletti se irá, y Zelaya será restituido en el puesto del que fue expulsado.

Han sido cuatro meses durante los que la comunidad internacional de manera unánime –no hubo ni una sola disidencia— se mantuvo firme en su rechazo al vergonzoso golpe de Estado del 28 de junio. Ni un solo país del mundo reconoció al oprobioso gobierno de Roberto Micheletti, con lo que se sentó un valiosísimo precedente que cierra las puertas, ojalá que definitivamente, a quienes todavía creían que en Latinoamérica se podía recurrir exitosamente a los métodos de acción política tan comunes en décadas pasadas.

Es verdad que todavía queda un paso formal, la ratificación congresal del acuerdo suscrito para viabilizar el retorno de Manuel Zelaya al gobierno para que concluya el período para el que fue elegido, pero todo parece indicar que ya nada podrá impedir que, aunque sea sólo con carácter simbólico, sea él, y no un presidente golpista, el que encabece las elecciones del 29 de noviembre próximo y el que entregue el mando a su legítimo sucesor.

Hay sin embargo todavía la posibilidad, aunque remota, de que todos quienes añoran los tiempos cuando eran los fusiles y no los votos los que dirimían las controversias políticas hagan algo para impedir, antes del jueves próximo, que los pactos promovidos por la OEA lleguen a feliz término.

La ultraderecha conservadora estadounidense, en un extremo, y los seguidores de Fidel Castro y Hugo Chávez, en el otro, recurrirán sin duda durante las próximas horas a todos los medios que aún tienen a su alcance para evitar que lo acordado se cumpla. No es casual ni sorprendente que así sea, pues ambos extremos saben que lo peor que les puede pasar es que en Honduras se imponga la racionalidad democrática.

Felizmente, no son ellos los únicos que están muy activos. El boliviano Víctor Rico, representante oficial de la OEA para supervisar el desenlace de la crisis hondureña, ha expuesto al referirse al tema, con mucha claridad, lo inconcebible que sería que el Parlamento hondureño no ratifique, antes del próximo jueves, los términos en que fue pactado el retorno de Zelaya al gobierno. Es que por primera vez en la historia de la diplomacia mundial una causa goza de tan unánime respaldo –lo que no es un pequeño detalle-- y ni la mayor de las estupideces podría insistir en desafiarla.

Desgraciadamente, la estupidez no es precisamente lo que más ha escaseado en la historia del mundo en general y de Latinoamérica en particular. Pero también, y éste parece ser el caso, la sensatez da aún motivos para mantener viva la esperanza. Honduras es por eso, hoy por hoy, todo un símbolo de esa tan antigua pugna. Antes del jueves próximo sabremos todos cuál de esos factores es el que finalmente se impone.

Un sano debate en Santa Cruz

Una sociedad que asume el reto de mirarse ante el espejo de la crítica y la autocrítica; que reconoce sus limitaciones pero también, y sobre todo, sus enormes potencialidades, es una sociedad sana y llena de vitalidad

En ocasión de conmemorarse el 59 aniversario del Comité pro Santa Cruz, el matutino El Deber tuvo la feliz iniciativa de promover un debate acerca el papel que esa institución ha jugado durante los últimos años y para que, sobre la base de una evaluación autocrítica de los aciertos que tuvo y los errores que cometió, tome las decisiones necesarias para recuperar un liderazgo que hoy atraviesa por una muy profunda crisis.

El tema merece ser visto con atención no sólo por los cruceños sino por todos los bolivianos, pues por muchas razones Santa Cruz juega un rol cuya importancia, para bien o para mal, afecta a todo nuestro país. Se trata de un debate que no ha hecho más que comenzar y bueno sería que de él participen todos quienes se sienten involucrados en la búsqueda de mejores horizontes para el futuro nacional.

La iniciativa de El Deber, en sí misma encomiable, lo es más aún si se considera el amplio espíritu pluralista que se reflejó en la diversidad de los puntos de vista políticos e ideológicos que representaron los participantes invitados. Tuvieron la oportunidad de hacer oír sus opiniones tanto los más firmes defensores de la institución cruceña, como su actual presidente, Luis Núñez, hasta uno de sus más severos críticos, como el socialista Jerjes Justiniano.

Como no podía ser de otro modo, fueron muchos los temas en los que las discrepancias afloraron pero fueron también grandes las coincidencias. Todos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en que Santa Cruz debe asumir como un dato de la realidad innegable que Bolivia está atravesando por un profundo proceso de cambios y que lejos de negarlo, lo que corresponde es comprenderlo y participar de él “sobre la base de una ideología regional, pero con visión nacional”.

Coincidieron también al reconocer que el liderazgo cruceño ha perdido durante los últimos tiempos mucho del vigor que en algún momento tuvo y que uno de los principales retos del comité cívico es buscar la forma de recuperarlo. Ardua tarea que no podrá ser cumplida exitosamente si no se revierten los factores que dieron lugar a los recientes fracasos.

Un tema central que fue abordado pero no con suficiente detenimiento y tampoco se plasmó en conclusiones claras, por lo que sin duda deberá seguir siendo objeto principal de las futuras reflexiones, es el relativo a los límites que impone el rol cívico del comité y su relación con la práctica política. El hecho de que durante los últimos años haya asumido un papel eminentemente político en sus enfrentamientos contra el proyecto de país desarrollado por el MAS desde la gestión gubernamental, es uno de los aspectos más cuestionados.

Fueron sin duda muchos los temas que no llegaron a ser suficientemente debatidos dada la complejidad de cada uno de ellos, pero lo importante es que se ha iniciado un proceso que, es de esperar, ya no se detenga. Una sociedad que asume valientemente el reto de mirarse a sí misma ante el espejo de la crítica y la autocrítica; que reconoce sus limitaciones pero también, y sobre todo, sus enormes potencialidades, es una sociedad sana y llena de vitalidad. Es por eso de esperar que este ejemplo que da Santa Cruz, como muchos otros, sea seguido en otras regiones del país.

La oposición, peor que el oficialismo

Si bien gran parte del pueblo venezolano considera que el gobierno de Chávez es malo, muy malo o pésimo, no cree que sea lo peor. Hay algo peor que el chavismo, y es la oposición

Los resultados de una encuesta recientemente hecha en Venezuela por la empresa Datanálisis, está dando mucho trabajo a los políticos oficialistas y opositores, así como a los observan, analizan y comentan sobre la situación política de ese país.

A primera vista, es al régimen de Hugo Chávez el que más motivos de preocupación tiene, pues el dato más relevante parece ser el vertiginoso descenso de la popularidad del caudillo. Y como si eso fuera poco, otro estudio, elaborado por el Instituto Legatum que midió la riqueza y felicidad en 104 países del mundo, ubicó a Venezuela en la última posición en el hemisferio.

Ambos resultados, que fueron difundidos casi simultáneamente, han puesto con justificada razón en estado de emergencia a los operadores del chavismo pues se suman a muchos otros indicadores que permiten suponer que la “revolución bolivariana” ha ingresado a una fase de declinación que pone en serio riesgo su continuidad en el próximo futuro.

Y como suele ocurrir desde hace más de diez años cada que una encuesta arroja resultados poco satisfactorios para el oficialismo, las muchísimas fracciones en que está dividida la oposición venezolana baten palmas creyendo acerca la hora de su redención.

Sin embargo, una interpretación que vaya más allá de las siempre engañosas apariencias muestra una realidad muy diferente. Es que si bien es cierto que la aceptación de Chávez está en descenso, no menos cierto es que a la oposición le va aún peor. Es que si se suman todas las adhesiones que consiguen los opositores, éstas apenas superan el diez por ciento.

A tal extremo llega el desprestigio de la oposición venezolana que si bien Chávez pasó de tener 31% de intención de voto en septiembre a 17% en octubre, lo que equivale a una disminución de 14 puntos porcentuales, tan menguada cifra bastaría y sobraría para derrotar a todos los candidatos de oposición juntos, si las elecciones se realizaran el próximo domingo.

Si se deja de ver a la oposición como un conjunto, y se observan en detalle los resultados correspondientes a sus principales fracciones, el panorama es aún peor. Es que ninguno de los aspirantes a liderar a las corrientes antichavistas llega siquiera al 4% de las adhesiones.

Que un gobernante latinoamericano vea su popularidad disminuida después de diez años de gestión, no es algo difícil de comprender. Más aún si se trata, como en el caso venezolano, de un régimen que ha hecho estragos en la estructura económica de su país.

No es tan fácil, en cambio, y por ello requiere mayor esfuerzo, comprender lo que ocurre en las filas de una oposición que después de diez años de permanente pelea sólo obtiene tan miserables resultados. Tal fracaso es, no cabe ya duda alguna, tan o más importante para comprender el fenómeno venezolano como lo que hace o deja de hacer el régimen Chávez.

Es que si bien gran parte del pueblo venezolano considera que el gobierno de Chávez es malo, muy malo o pésimo, no cree que sea lo peor. Hay algo peor que el chavismo, y es la oposición. Y no habría que descartar la posibilidad de que algo muy similar esté ocurriendo en Bolivia.

Las mafias mexicanas en Bolivia

La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle del Estado mexicano, es sólo uno más de los muchos aspectos del problema

Entre los muchos problemas que aquejan a nuestro país sin recibir de los candidatos presidenciales la atención que merecen, hay uno que al ser soslayado pone en evidencia la enorme irresponsabilidad y ceguera con que están actuando quienes aspiran a recibir el apoyo de la ciudadanía. Se trata del vertiginoso ritmo al que crecen las actividades relacionadas con el narcotráfico, y sus múltiples secuelas.

Las informaciones que a diario dan cuenta de la magnitud del fenómeno al que nos referimos son muchas. Prácticamente no hay día que pase sin que se conozcan nuevas noticias acerca de la profundidad y extensión con que este mal está devorando la estructura económica, política y social de Bolivia.

Una de las más funestas consecuencias de ese proceso es que como se produce de manera paulatina, sin grandes traumas que sirvan para despertar la consciencia colectiva, va incorporándose a la normalidad cotidiana. Así, la sociedad poco a poco se acostumbra a convivir con el mal y pierden fuerza las voces que tratan de llamar la atención con la vana esperanza de provocar una reacción colectiva.

Un ejemplo de lo dicho es la poca atención que han recibido las denuncias hechas por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), según las que los carteles mexicanos que ya controlan gran parte del tráfico de cocaína estarían invirtiendo enormes sumas de dinero en nuestro país a través de organizaciones mafiosas de origen colombiano.

De acuerdo a los informes expuestos por la principal autoridad policial boliviana en la materia, sólo en la construcción de “megalaboratorios” para la transformación de la hoja de coca en cocaína se estarían invirtiendo varias decenas de millones de dólares. Y si eso ocurre en la infraestructura básica, no es difícil suponer que los montos involucrados en las otras fases de la “cadena productiva” son aún mayores.

Otros datos confirman esos temores. El crecimiento exponencial de la extensión de los cultivos de coca no sólo en el trópico cochabambino, sino también en zonas antes libres esas plantaciones, es uno de ellos. Los descubrimientos de laboratorios en provincias rurales que hasta hace poco estaban íntegramente dedicadas a las labores agrícolas, es otro.

Es tan obvia e inocultable la directa relación entre ambos eslabones de la cadena, que de nada valen los esfuerzos que hace el gobierno de Evo Morales por negarla o minimizarla. Y así lo entienden los gobernantes de países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, cada vez menos dispuestos permitir que la condescendencia con que tratan al gobierno boliviano sea confundida con debilidad o estupidez.

La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle del Estado mexicano, es sólo uno más de los muchos aspectos del problema que tendría que servir como llamada de alerta para que dejemos de verlo como si algo que incumbe a todos menos a nosotros se tratara. Evitar que las majaderías de los candidatos presidenciales continúen distrayendo la atención colectiva alejándola de los temas realmente importantes, es por ahora lo mejor que se puede hacer.

Bolivia, un modelo para el FMI

La situación económica del país no es, ni mucho menos, el flanco más débil del gobierno actual. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver


Si hay algo que caracteriza a la actual situación económica de nuestro país, es la confusión. Es que como no ocurría hace ya mucho tiempo, información clave sobre muchos aspectos de la actividad económica, y sobre todo la relativa al manejo que el gobierno central hace de los recursos disponibles, es muy escasa cuando no inexistente, y la poca disponible no goza de la credibilidad que sería de esperar.

A la confusión que eso ocasiona se suma la proliferación de datos aparentemente contradictorios. Se sabe, por ejemplo, que los indicadores macroeconómicos figuran entre los mejores del mundo, pero eso no se refleja en las cifras relativas a la producción, exportaciones y empleo, indicadores en los que el retroceso es inocultable.

Si hay algo que queda claro, a pesar de todo, es que por lo menos por ahora la situación económica de nuestro país no está, ni mucho menos, entre los puntos más débiles de la actual gestión gubernamental. Y aunque las proyecciones hacia e futuro inmediato no son tan halagüeñas, el gobierno tiene motivos más que suficientes para ver con desdén los esfuerzos que hacen sus rivales para dirigir su artillería propagandística hacia un flanco que no es, ni mucho menos, el más vulnerable.

Así lo ha confirmado el informe sobre la economía boliviana recientemente presentado por representantes del Fondo Monetario Internacional quienes no escatimaron elogios al referirse a la política económica de la actual gestión gubernamental. Que el FMI haya puesto al gobierno de Evo Morales como un ejemplo de prudencia y equilibrio, entre otros encomiosos calificativos, no es algo cuya importancia pueda ser minimizada en ninguna circunstancia y mucho menos en pleno proceso electoral.

Entre los muchos elogios tan generosamente vertidos por Gilbert Terrier, asesor principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, al presentar el informe, destaca el relativo a la manera como durante los últimos años se administraron los extraordinarios recursos de los que nuestro país gozó gracias a los altos precios de nuestras exportaciones tradicionales, principalmente el gas. Precisamente lo que más se suele criticar desde las filas de la oposición política y de los centros académicos especializados en temas económicos de nuestro país.

El FMI elogió que Bolivia tenga la tasa más alta de crecimiento de Latinoamérica y una de las más altas del mundo en un año que en todo el planeta fue uno de los peores. Pero nada, o muy poco, dijo sobre la falta de correspondencia entre esos datos y el debilitamiento del aparato productivo nacional en el mismo período de tiempo, lo que se refleja en la vertiginosa caída de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

De cualquier modo, aún siendo evidente que el cuadro actual tiene mucho de engañoso por lo frágiles que son las bases que lo proyectan al porvenir, lo cierto es que, en una coyuntura electoral como la actual, la situación económica del país no es, ni mucho menos, la mayor de las preocupaciones para el equipo gubernamental. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver.

Desigual correlación de fuerzas

Mientras el oficialismo despliega sendos planes de acción para dos escenarios diferentes, la oposición no halla la vía para salir de su aturdimiento paralizador



Cuando ya hemos ingresado ya a lo que en los hechos es el último tramo del proceso que concluirá el 6 de diciembre próximo, las campañas electorales y la actitud de la ciudadanía ante ellas dan ya suficientes elementos de juicio para describir cuál es la correlación de fuerzas en el escenario político y lo que se puede esperar en el futuro inmediato.

Dos parecen ser los rasgos principales del proceso. Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez.

Para el primer caso, el fin es superar ampliamente los dos tercios de los votos y de los asambleístas electos y el medio mantener y reforzar su condición de partido prácticamente monopólico, para lo que cuenta con los muchos mecanismos montados durante los últimos años para que en esas regiones no haya presencia efectiva de la oposición.

En esas regiones, que en términos geográficos y demográficos representan a más de la mitad del país, el objetivo oficialista ha sido ampliamente logrado. Ninguna de las fórmulas opositoras ha podido, en cambio, hacer mella siquiera en la hegemonía oficialista. A tal punto que, así como en esta etapa no tienen ni casas de campaña en el vasto “territorio masista”, tampoco es previsible que vayan a tener presencia alguna cuando llegue el día de controlar, mediante delgados de mesa, el acto electoral.

Diferente, pero no por eso menos eficiente, es el plan oficialista a ser aplicado en lo que fue la “Media Luna”. Allá, por ejemplo, la wiphala ha sido arriada “por respeto a la cultura cruceña”, lo que indica que no se trata en este caso de imponer los símbolos propios, sino de arrebatar los de los rivales. Así, tomar la plaza 24 de septiembre, máximo símbolo de lo que fue la resistencia cívica, y hacer de ella un bastión a partir del que se inicie la “ofensiva electoral final”, más que un acto político se convierte en uno simbólico de máxima significación.

Tal como antes el MAS se apoderó de las banderas de la autonomía, ahora serán los más destacados miembros de las huestes de la “juventud crueceñista” las encargadas de arrinconar, en el plano fáctico y en el simbólico, a lo poco que queda de la oposición cívica.

Que en ambos escenarios estén ejecutándose con tanto éxito sendos planes de acción oficialista se explica no sólo por la habilidad de sus estrategas sino también, y en no menor medida, por la ineptitud de sus rivales. Es que a estas alturas del proceso todavía no se ve, ni remotamente siquiera, una fuerza capaz de oponer resistencia. Sin liderazgo, sin organización y sin un cuerpo de ideas que se plasmen en una propuesta política digna de tal nombre, la oposición no atina a nada más que perseverar en su estéril victimismo.

La necesidad de debatir

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos


A poco más de un mes de las elecciones generales, los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, se han apoderado de los medios de comunicación, pero el país no ha visto hasta hoy una exposición clara y real de los proyectos y visiones que plantean los partidos políticos que participan en este proceso electoral.

Los postulantes a la presidencia, además de desplegar sus estrategias de propaganda electoral, desarrollan una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos vayan incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de las siguientes cinco semanas, tiempo que los partidos políticos tienen para agotar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

Mientras la campaña electoral transcurre, todas las encuestas de intención de voto coinciden en otorgarle una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino.

Los mensajes de propaganda electoral que se están difundiendo a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en lo poco que queda del período de la campaña electoral, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y proyectos, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario, de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

Hacia la cumbre mundial de Copenhague

Los Tiempos, con más de 300 de los más importantes diarios del mundo, ha asumido en días pasados, en Copenhague, el compromiso de sumarse a la causa de revertir el cambio climático



Entre el 7 y el 18 de diciembre próximo, los ojos de todo el mundo estarán fijados en Copenhague, la capital de Dinamarca. Durante esos días, en el marco de convención mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los gobernantes de todos los países de nuestro planeta se reunirán con solo objetivo: suscribir un nuevo acuerdo mundial de lucha contra el calentamiento climático global que prosiga e intensifique los esfuerzos del Protocolo de Kyoto.

Las razones por la expectativa que ya precede a la cumbre de Copenhague son por demás justificadas. Es que a diferencia de lo que ocurrió en Kyoto, las pruebas científicas sobre la responsabilidad humana en el cambio climático son mucho más sólidas y eso ha contribuido a que no sólo los gobiernos, sino los pueblos del mundo, estén más convencidos de la urgente necesidad de adoptar medidas drásticas e inmediatas para detener, primero, y revertir después, un proceso que al ritmo de avanza conducirá a la humanidad entera, en un plazo no lejano, a una catástrofe de horrorosas dimensiones.

Pese a ello, son todavía muchas las dudas que todavía existen sobre la posibilidad de que Copenhague alcance el éxito esperado. Es que la complejidad del fenómeno, y los muchos intereses económicos y políticos que están involucrados, hacen temer que en diciembre no se logre el tan ansiado acuerdo.

Estados Unidos es el obstáculo principal. Es que a pesar del firme compromiso del Presidente Barack Obama, todavía predomina en el senado de ese país una muy fuerte corriente adversa a la adopción de las medidas que el mundo espera.

La reticencia estadounidense contrasta con los esfuerzos que hace el resto del mundo. Los mandatarios de la Unión Europea, por ejemplo, en una de las reuniones preparatorias para la cumbre de diciembre realizada en días pasados, se han comprometido a reducir las emisiones europeas de CO2 hasta en un 95% hasta 2050. China, India y Japón también han adelantado ya su voluntad para adoptar medidas similares, y los demás países del mundo dan señales alentadoras. Estados Unidos, como ya ocurrió en Kyoto, corre el riesgo de quedar como el país más irresponsable del planeta, con todo lo que ello implica en contra de su imagen internacional.

Pero no es sólo de los países más industrializados de los que se esperan drásticas medidas. Los países que todavía cuentan con grandes extensiones de bosques, como Bolivia, también están llamados a fijarse metas que reduzcan su cuota de responsabilidad en las emisiones de dióxido de carbono. Y eso no es poco, pues la destrucción de bosques es causante del 25% de de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra característica especial de lo que será la cumbre de Copenhague es que se realizará ante una sociedad humana mucho más consciente e involucrada en el asunto.. Cientos, si no miles de organizaciones representativas de la sociedad civil del mundo estarán no sólo pendientes, sino presionando activamente para que los gobernantes se pongan a la altura de la responsabilidad que tienen.

Los Tiempos, con más de 300 de los más importantes diarios del mundo, ha asumido en días pasados, en Copenhague, el compromiso de sumarse a tal empeño. Nuestros lectores tendrán pues, la oportunidad de involucrarse en lo que con razón ha sido definido como el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI.

La “juventud cruceñista” y el MAS

La alianza entre los líderes de la “juventud cruceñista” y el MAS confirma que las similitudes entre quienes desprecian la legalidad democrática son siempre mayores que sus eventuales diferencias



Hace un año, en octubre de 2008, las principales organizaciones de la oposición cívica de Santa Cruz comenzaban a salir del aturdimiento en que las dejó la contundente derrota de que les inflingió el gobierno de Evo Morales. Comenzaban a tomar consciencia de la magnitud del error que cometieron al optar por la vía de la violencia, al dar batalla en un terreno en el que, como debió ser evidente, el oficialismo tenía todas las de ganar.

Como cabe recordar, hasta poco antes la oposición cívica cruceña, y tras ella la de la “Media Luna”, pasaba por su mejor momento. Habían logrado resonantes triunfos políticos a través de medios pacíficos--los “referendos autonómicos”--, contaban con enorme respaldo popular, habían logrado poner en una muy difícil situación al gobierno que, por primera vez, parecía condenado a negociar, hacer concesiones, limitar sus aspiraciones de alcanzar el control total del proceso político nacional.

Tan favorables condiciones fueron súbitamente desbaratadas cuando en las filas cívicas se impuso una corriente más proclive a las vías de hecho, a la radicalidad en el discurso y en los actos. Los líderes tras los que se alineaba la Unión Juvenil Cruceñista, con el franco respaldo de mayoría de los miembros del Comité Cívico, terminaron imponiendo su lógica belicista y se procedió, así, a la toma violenta de las principales instituciones del Estado.

Tal ofensiva fue pronto emulada en otros departamentos. Y los líderes de la UJC fueron aclamados como héroes. Hubo, felizmente, muchas voces que oportunamente alertaron sobre la magnitud de tal despropósito. Pero fueron acalladas. Se llegó al extremo de amenazar con imponer “la muerte civil” a quienes tuvieron el valor de oponerse a los métodos delincuenciales aplicados por la “juventud cruceñista” y sus admiradores.

No pasó mucho tiempo antes de que los resultados obtenidos pusieran en evidencia cuán equivocados estaban quienes creyeron que las hordas delictivas elevadas a la categoría de vanguardia de la oposición cívica eran paladines de la defensa de la autonomía, la libertad y la democracia. Pocos días bastaron para que el gobierno aproveche tan excelente ocasión y aseste un golpe tan contundente que fue suficiente para modificar definitivamente y a su favor, el curso del proceso.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de Pando, y la posterior detención de Leopoldo Fernández, marcaron el punto culminante de la malhadada ofensiva cívica. Fue el punto de inflexión a partir del que el hasta entonces vertiginoso ascenso de la oposición cívica se transformó en una caída al vacío.

Ahora, un año después, las consecuencias de tan enorme extravío político no dejan de hacerse sentir. La alianza suscrita entre los más prominentes líderes de la “juventud cruceñista”, los mismos que hasta hace poco eran todavía ensalzados como dignos exponentes del “heroísmo” con que en “épicas jornadas” se opusieron al “totalitarismo comunista”, ha ratificado una vez más que las similitudes entre quienes desprecian los valores y principios inherentes a la legalidad democrática son mayores que sus eventuales diferencias. Una lección que los actuales aspirantes a liderar la oposición no deben dejar de asimilar.

El ensordecedor silencio de Anamar

Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia

Cuando a principios de septiembre pasado Ana María Romero de Campero, --quien se destacó en su labor periodística con el seudónimo de Anamar—fue presentada como candidata a la primera senaduría por La Paz en las listas del Movimiento al Socialismo, se produjo una inusitada vorágine de reacciones a favor y en contra de tal postulación. Pero entre unas y otras, fueron más numerosas y más contundentes las que vieron su incorporación al escenario político como una señal esperanzadora.

Muchas destacadas personalidades del ámbito intelectual no dudaron en expresar su optimismo y la defendieron con muy buena fe de la andanada de críticas de la que tan prestigiosa mujer fue objeto. Tal visión optimista fue alimentada por las palabras con que Ana María Romero justificó su decisión, y con las cuales se comprometió a no defraudar a quienes confiaron en la posibilidad de que su presencia en las filas del MAS contribuiría imponer cierta racionalidad democrática a la conducta del partido gobernante.

Anamar aseguró, en esa ocasión, que no sería una “levantamanos” y que “no sería capaz de seguir una consigna contra mi consciencia”. “El horror a que nos dividamos y la preocupación porque se frustre un proceso que puede permitirnos construir un país con equidad y justicia ha hecho carne en mí durante este tiempo de retiro y me ha decidido a dar el paso. Ha pesado en mí la convicción de que no puedo negarme a brindar mi esfuerzo al ánimo de tender puentes y concertar que me ha manifestado el presidente Evo Morales y que considero imprescindible”, dijo, y por la autoridad moral acumulada durante mucho tiempo, se le creyó.

Quienes entendieron esas palabras como un compromiso digno de ser tomado en serio lo hicieron convencidos de que a la muy probablemente próxima presidente de la Cámara de Senadores no le faltarían oportunidades para ratificar con hechos sus palabras.

Una serie de acontecimientos producidos durante los últimos días, lamentablemente, han echado por la borda tantas ilusiones. Es que teniendo la oportunidad de corresponder a las muestras de apoyo recibidas y refutar a sus detractores, Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia.

La tozudez con que el gobierno del MAS insiste en coartar la libertad de expresión de Leopoldo Fernández; la nueva ofensiva oficialista contra el Órgano Electoral, las reiteradas agresiones contra periodistas, o la brutal arremetida de hordas masistas contra autoridades ediles, cívicas y vecinales de El Alto, son sólo algunos de los casos más recientes, pero no los únicos.

Lejos de aprovechar tales oportunidades para dar una muestra de la sinceridad de las palabras con que asumió el compromiso, Romero no sólo que ha optado por callar, sino que ha participado activamente en actos proselitistas al lado del presidente y candidato presidencial del MAS, lo que no puede interpretarse sino como un tácito aval a la manera como la organización política de la que ahora forma parte actúa. Es una verdadera pena que tan poco tiempo haya sido suficiente para que se produzca tan enorme decepción.

El victimismo de la oposición

Insistir en mendigar un derecho sólo contribuye a reforzar la sospecha de que lo que buscan, más que dar batalla, es regodearse en la cómoda actitud autoexculpatoria tan propia del victimismo


Una de las principales características de toda contienda electoral, como la que está desarrollándose en nuestro país, consiste en que los contendores dedican sus mejores esfuerzos a llamar la atención de los medios de comunicación, y a través de ellos de la ciudadanía, hacia sus respectivos candidatos, propuestas y mensajes.

En ese contexto, resulta evidente que la fórmula oficialista lleva una enorme ventaja. La oposición, en cambio, apenas atina a balbucear una que otra iniciativa sin lograr salir de la marginalidad en la que se encuentra.

En el afán de revertir tal situación, los asesores de las dos principales candidaturas de la oposición parecen haber definido cuáles serán lás fórmulas que ensayarán. Machacar con el tema del empleo y desafiar al presidente y candidato Evo Morales a un debate, es una. Atrincherarse en el victimismo y concentrar sus pocas energías en una inacabable sarta de quejidos lastimeros es la otra.

La más reciente manifestación de esta segunda táctica es la insistencia con que los estrategas de Plan Progreso se lamentan porque el gobierno no da su venia para que su candidato vicepresidencial ejerza su derecho a la libertad de expresión. Ya son varios días, valiosísimos días para una campaña electoral tan corta, durante los que perseveran en su afán de atribuir a una supuesta censura sufrida por el ex prefecto de Pando la falta de vigor y consistencia de su campaña.

No se trata, por supuesto, de minimizar la descarada arbitrariedad con que el gobierno actúa en este caso. Ya se ha dicho mucho en este espacio editorial sobre el asunto y seguiremos insistiendo, cuantas veces sea necesario, en denunciar la manera flagrante como el gobierno viola las leyes y los derechos fundamentales del recluido desde hace más de un año.

Pero lo que ahora está en cuestión, más que los aspectos relativos a las formalidades legales, es el aspecto político del asunto. Y es ahí donde resulta por demás cuestionable la manera de actuar de Plan Progreso pues, siendo tan evidente que la ley respalda sus demandas, insistir en mendigar un derecho sólo contribuye a reforzar la sospecha de que lo que buscan, más que dar batalla, es regodearse en la cómoda actitud autoexculpatoria tan propia del victimismo.

¡El derecho a expresarse no se mendiga, se toma!, habría que decirles a los estrategas de PPB, parafraseando la famosa consigna del mayo francés de 1968. Es que por grande que sea el empeño con que el gobierno del MAS intente coartar el derecho de su candidato vicepresidencial a hacer oír su voz, son muchas, muchísimas las formas como podría ejercerlo sin tener que magnificar su condición de víctima.

Hace poco, por ejemplo, Leopoldo Fernández escribió un artículo de opinión que fue publicado en muchos diarios del país. ¿Podía hacer algo el gobierno para impedirlo? Por supuesto que no, como que no lo hizo. Grabar mensajes para difundirlos a través de radios, televisión o Internet; publicar a través de la prensa escrita artículos o solicitadas, entre muchas otras, son algunas de las posibilidades.

Hacerlo no es algo que requiera la venia gubernamental, sino la voluntad política necesaria para salir de la pasividad, superar el victimismo y dar batalla en todos los terrenos que sea necesario. Actuar de otro modo, como hasta ahora, sólo puede servir para inspirar una inútil conmiseración