Sin oposición a la vista

Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece, aunque insista en recurrir al victimismo

Cuando ya son sólo seis meses y algunos días los que nos separan del día fijado para las elecciones generales, ya comienza a vislumbrarse en el horizonte un panorama muy poco alentador para el futuro de la democracia en nuestro país.

No nos referimos sólo a las dificultades que trae consigo la enorme tarea de crear un nuevo padrón biométrico, pues éste resulta un factor secundario si se lo compara con el principal que consiste en el desequilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Un desequilibrio que, al paso que vamos, tiende a consolidar en nuestro país un régimen monopartidista.

Lo que hace temer esa posibilidad es que el MAS, además de las ventajas que de por sí le da el uso y abuso del aparato estatal, ya está con todaos sus instancias orgánicas movilizadas para afrontar el reto de diciembre con o sin nuevo padrón. La oposición, en cambio, no da ninguna muestra de vida, no logra revertir el proceso de fragmentación, cuando no disolución, en que está sumida desde hace ya más de tres años y a lo único que atina es a buscar con esmero pretextos que justifiquen con anticipación su previsible fracaso.

Hasta ahora, no ha cuajado el proyecto de formación de una organización política capaz de aglutinar, alrededor de una red de liderazgos nuevos, la voluntad de amplios sectores de la ciudanía que con ansiedad esperan la aparición de quien los represente. Hay demasiados aspirantes a candidatos, pero ninguno de ellos ha logrado dotarse del respaldo orgánico indispensable para una acción política efectiva.

Ninguna de las organizaciones que espontáneamente durante los últimos surgieron para asumir la tarea de aglutinar a los sectores de la ciudadanía adversos al proyecto político oficialista ha logrado dar a luz nuevos liderazgos ni constituirse en sólida base de una opción alternativa. No han logrado hacer confluir sus esfuerzos en una estructura orgánica, y mucho menos esbozar siquiera una base doctrinaria e ideológica, un proyecto político alternativo que guíe sus actos.

Ante tan enorme vacío, los viejos partidos intentan volver a recuperar el terreno perdido. El MNR, ADN, MIR, UCS, NFR salir de sus cenizas aunque algunos de ellos ya ni personería tienen. Podemos, por su parte, ha vuelto a recurrir al mercado de siglas en desuso, esta vez la del PDC, para subsanar su condición de fantasma carente de vida propia, personería, de estructura orgánica y de seguidores.

En tales circunstancias, nadie deberá sorprenderse si el MAS vuelve a arrasar en las urnas. Y de nada servirán, si eso ocurre, las majaderías con que hasta ahora la oposición ha intentado disfrazarse de víctima atribuyendo al atribuir al fraude electoral su fracaso en las lides democráticas. Una oposición como la actualmente existente no puede aspirar a un éxito político que no merece.

De retorno hacia la monoproducción

El debilitamiento del sector no tradicional de nuestra economía es una de las más funestas consecuencias de la política económica actual




Un análisis del Centro Boliviano de Economía (Cebec) recientemente difundido, dependiente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, (Cainco), llama la atención sobre una de las más deplorables consecuencias de la manera como durante los últimos años viene siendo administrada la actividad económica de nuestro país. Se trata de la vertiginosa caída de las exportaciones de productos no tradicionales.

Según indica el estudio basado en cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre del presente año la reducción de las exportaciones en términos absolutos llegó a 630,1 millones de dólares. La caída afectó tanto a los productos tradicionales, especialmente el gas destinado a Brasil y los minerales exportados a Corea del Sur, Estados Unidos y algunos países europeos, como a los no tradicionales.

Sobre el primer aspecto del problema ya es mucho lo que se ha dicho. Se trata de algo directamente relacionado con la debacle del sector hidrocarburífero, asunto que ya ha sido ampliamente analizado por expertos en la materia.

Es en cambio relativamente poco lo que se ha reflexionado sobre la continua caída de las exportaciones de productos no tradicionales, pese a lo mucho que este dato significa no sólo en términos cuantitativos sino sobre todo cualitativos. Es que tras las cifras, lo que hay es un fenómeno que dice mucho sobre la magnitud del daño que se está haciendo a la base productiva de nuestra sociedad.

El hecho de que las exportaciones de productos no tradicionales se haya contraído en 33 por ciento es algo que indica cuán rápidamente estamos retrocediendo en el camino que tendría que conducirnos a dejar de ser un país tan dependiente como hasta ahora de la exportación de materias primas.

Si algo se hizo bien durante las últimas décadas, fue precisamente crear las condiciones para que productos como la soya y sus derivados, el girasol y otros productos de la agroindustria, así como productos manufacturados, vayan paulatinamente modificando la matriz productiva de nuestro país.

Más allá de las frías cifras, ese proceso se reflejó en el ensanchamiento de una base productiva cuya capacidad de generar fuentes de trabajo es mucho mayor que la que tienen los rubros tradicionales. Y como ya está ampliamente demostrado, esa es la única vía por la que un país puede avanzar en el camino que conduce a la reducción de la pobreza.

El debilitamiento del sector no tradicional de nuestra economía no ha sido, desgraciadamente, ocasionado sólo por las adversas circunstancias externas. Ha sido, más bien, resultado de una política cuyo principal objetivo era, y sigue siendo, minar las bases de sustentación de un sector que desde el punto de vista gubernamental es el principal baluarte de la oposición al régimen actual: el empresariado agroindustrial del oriente boliviano.

Gobierno vs. periodismo libre

Una muestra del tipo del periodismo que quiere imponer la dan los medios de comunicación, en los que sólo se oye la voz oficial


Más de una vez, en este espacio editorial, hemos afirmado que el victimismo, entendido éste como la tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal, es la principal característica del modo como el actual gobierno de nuestro país se relaciona con el mundo que lo rodea. El quejido lastimero, mediante el que se transfiere a factores externos la causa de los males que se padecen, es la principal manera como el victimismo se manifiesta.

Una extraordinaria muestra de cómo funciona ese mecanismo psicológico de defensa la hemos visto durante la exposición hecha por los representantes del gobierno “indígena” de Bolivia ante los delegados de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), quienes tuvieron que atender una sarta de reclamos sobre la supuesta maldad con que los medios de comunicación juzgan las acciones gubernamentales.

Todo el acto fue un bochornoso despliegue de acusaciones respaldadas en medias verdades en unos casos, en groseras distorsiones de la verdad, en otros, y en descaradas mentiras en los demás. En conjunto, en otras circunstancias, la aparente inocencia con que los funcionarios gubernamentales intentaron justificar la hostilidad que les inspira la libertad de información y la crítica a sus actos, sólo podrían merecer sonrisas burlonas.

Sin embargo, ante la evidente mala intención con que se pretende allanar el camino hacia el ideal de periodismo que el régimen se propone imponer en el país, resulta ineludible la necesidad de abordar el asunto con la seriedad que merece. Es que además de las palabras aparentemente inofensivas con las que se pretende descalificar la labor periodística, hay motivos para temer que tras ellas hay el firme propósito de pasar al terreno de los actos.

La intención hecha pública hace algunos días por los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de promover la instauración de una instancia internacional que “vigile” la labor periodística, indica que está ya en marcha un plan de acción encaminado a imponer en nuestros países un modelo cuyas características principales ya se pueden sospechar.

Un anticipo de ellas son los ejemplos que a diario dan los medios de comunicación gubernamentales en Venezuela y Bolivia. Un periodismo cuyo rol se reduce al de una caja de resonancia que amplifica la voz oficial sin que la perturbe ni el menor atisbo de crítica.

Cuba, donde el gobierno posee el monopolio de la información, donde está prohibida cualquier opinión que desagrade al régimen, y donde los medios de comunicación privados han sido totalmente eliminados es, sin duda, la máxima expresión del modelo que se proponen reproducir.

Por eso, a pesar de la facilidad con que pueden prestarse a las burlas los ataques oficialistas contra la prensa libre, no es algo que deba ser visto con desdén.

Más dudas sobre las elecciones

No será nada fácil detener la firme decisión con la que el MAS se enrumba hacia las elecciones de diciembre con o sin nuevo padrón



La decisión de la comisión evaluadora de las propuestas para el padrón biométrico, que declaró desierto el contrato de adjudicación, debido a que ninguna de las empresas que presentó sus propuestas cumple los requisitos mínimos exigidos, ha vuelto a poner en riesgo la realización de las elecciones de diciembre próximo en condiciones que resulten aceptables para todos.

El asunto, grave de por sí, lo es mucho más si se considera el contexto político en el que se presenta este nuevo escollo en el camino que debía conducir a las urnas. Es que está ya tan avanzado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana que no es sólo el proceso electoral el que está amenazado. Hemos llegado ya a un punto en el que lo que está en riesgo es la preservación del sistema democrático en nuestro país.

Los factores que nos han conducido a tan trágica situación son los mismos que durante los últimos años han ido minando con singular eficiencia las bases de la institucionalidad democrática. Por una parte, el indisimulado afán del Movimiento al Socialismo de crear con paciencia y meticulosidad las condiciones óptimas para la instauración de un régimen totalitario, y por otra la inexistencia de una oposición política capaz de evitar que el proceso avance en esa dirección.

Como era de prever, el MAS ya tiene un plan de acción para sacar provecho a las dificultades que trae consigo el empadronamiento biométrico. Ya presentó un proyecto de ley para modificar el Código Electoral, aprobado a comienzos de abril, que autorice a la CNE utilizar el actual registro de electores, pese a los cuestionamientos de la oposición. Su obvio objetivo es revertir la derrota que sufrió en abril.

La oposición, en cambio, como ya es habitual, no tiene mejor idea que atrincherarse en una posición quejumbrosa y defensiva. Incapaz de salir de su permanente extravío, no tiene una propuesta digna de ser tomada en cuenta y mucho menos un plan de acción que pueda hacer frente al del oficialismo.

Las pocas voces opositoras que se oyen provienen de iniciativas individuales. Es el caso de los senadores de de lo que era Podemos, Carlos Böhrt y Luis Vásquez, ninguno de los cuales representa a nadie más que a sí mismo. Por su parte, algunos aspirantes a candidatos intentan opinar sobre el asunto, pero lo hacen sin ninguna autoridad porque ni siquiera cuentan con una organización política legalmente reconocida.

En esas circunstancias, no será nada fácil detener la firme decisión con la que el MAS se enrumba hacia las elecciones de diciembre con o sin nuevo padrón. El tiempo corre a su favor y no hay porqué suponer que desperdicie la oportunidad que le presenta la absoluta y total ausencia de un rival. Quien pretenda llenar ese vacío deberá estar listo para ir a las urnas, así sea con el antiguo padrón.

Cochabamba ante la historia

Los cochabambinos tenemos un año para ponernos a la altura de nuestros antepasados reconciliándonos con nuestra historia

El 27 de mayo de 1812, tres años después de que en Chuquisaca se dio inicio a la emancipación hispanoamericana, en Cochabamba se marcó otro hito en el camino que conduciría, 15 años después, a la constitución de la República de Bolivia.

Este aniversario, como el que se recordó hace un par de días, nos encuentra a los cochabambinos, como a los bolivianos en general, en una situación que en nada honra la memoria de nuestros antepasados. Muy por el contrario, la manera cómo llegamos a esta fecha es algo que a todos debe llenarnos de vergüenza.

Es que los 200 años transcurridos desde que se sentaron las bases de la patria por la que lucharon los hombres y mujeres que nos antecedieron, y los 197 de la gesta heroica de la Coronilla, nos ponen ante una dolora evidencia: hemos fracasado en la tarea que nos legaron. No hemos sido capaces de construir un país con el que se sientan identificados todos los descendientes de quienes desde las más diversas vertientes supieron hacer confluir sus esfuerzos en una voluntad común.

Es tan grande la diferencia entre el espíritu que animó a quienes hace 200 años lucharon por una patria compartida y el que hoy prevalece entre nosotros, que ni siquiera se puede hablar de una conmemoración. Conmemorar significa compartir una memoria; unión alrededor de un recuerdo común. Implica hacer del pasado un punto de encuentro. Y eso es lo que menos se puede hallar en la forma cómo hoy nos encontramos con nuestra historia.

Por lo que se ve, los 200 años transcurridos no han sido suficientes para afianzar las coincidencias que en aquel entonces hicieron posible que muy diversas motivaciones e intereses confluyan en un solo haz de voluntades. Los vínculos que hicieron posible que un 27 de mayo peleen por la misma causa indígenas, mestizos, criollos, artesanos e intelectuales hoy están diluidos a tal punto que los descendientes de todos ellos nos encontramos recordando e interpretando de muy diferentes modos lo que los llevó a unirse en una causa común.

Cochabamba, por muchas razones, entre las que se destaca su ubicación geográfica, su composición social, sus vínculos económicos con las demás regiones del Alto Perú fue el punto en el que con mayor vigor y cohesión confluyeron las diversas vertientes de las que se alimentó la lucha independentista.

Fue aquí, el 27 de mayo de 1810, donde se dio la más clara muestra de unión entre hombres y mujeres provenientes de los más diversos sectores sociales que, inspirados por diferentes razones, supieron subordinar sus discrepancias a una causa superior.

Los cochabambinos tenemos, a partir de hoy, tres años para ponernos a la altura de nuestros antepasados. Tenemos el enorme reto de llegar al bicentenario reconciliados con nuestra propia historia, pues esa es la mejor manera de reconciliarnos con nuestro futuro.

Entel, a un año de su nacionalización

Hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad


Hace pocos días, el 1 de mayo, se cumplió el primer aniversario de la “nacionalización” de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lo que fue profusamente recordado por el equipo propagandístico del gobierno mediante una intensa campaña que, de paso, sirvió para echar un manto de olvido sobre YPFB.
Que Entel haya sido presentada como la empresa emblemática del “proceso de cambio”, en vez de la petrolera, se explica porque según indicaban las apariencias ésta estaba libre de los malos manejos que hicieron de YPFB todo un símbolo de la corrupción, la ineficiencia administrativa, y en fin, de todos los males que son propios de las empresas estatales.
Tal imagen positiva llegó a ser hasta cierto punto admitida por la opinión pública gracias, en gran medida, a que no se produjeron escándalos como los que sí abundaron en otros casos.
Sin embargo, la primera auditoría al estado financiero y patrimonial de Entel, al 31 de diciembre de 2008, realizada por la empresa Price WaterHouse Coopers, reveló que la realidad no es tan halagüeña como indicaban las apariencias. Reveló que la empresa adolece de graves desajustes financieros.
Quien llamó la atención sobre la situación de la empresa fue un reconocido economista, columnista de Los Tiempos, quien en un artículo que se reproduce en estas páginas afirma que “la situación financiera de Entel debe preocupar a la ciudadanía, pues se trata de una administración estatal al frente de una compañía que es de propiedad de todos los bolivianos”.
En su descargo, los actuales administradores de la empresa afirman que la actual situación de la empresa no es atribuible a la administración estatal sino a los inversionistas italianos que la capitalizaron. Sostienen que ellos ejecutaron una inadecuada administración y registro contable de los activos fijos de la compañía y sobredimensionar su valor real, lo que también habría sido identificado por la auditoria realizada por Price Waterhouse.
De acuerdo a esa versión, los estados financieros de Entel de la gestión 2008 “muestran una realidad premeditadamente amañada que no fue comunicada por los italianos en gestiones anteriores, causando un grave daño a la empresa y a los intereses nacionales”. La administración italiana habría ocultado deudas de con el Estado boliviano, registrado menores gastos por depreciación, entre otras irregularidades, permitiendo con ello la obtención de mayores beneficios.
Sea como fuere, lo cierto es que todo parece indicar que la empresa de telecomunicaciones se constituye en un motivo más de preocupación entre los muchos que impiden ver con optimismo el futuro de nuestro país y sus empresas. Y lamentablemente, hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad.

La gloriosa Charcas y su bicentenario

En esta malévola danza que juntos bailan oficialismo y opositores, primaron el egoísmo común, el encono, el rencor

Hoy, 25 de mayo de 2009, se cumplen doscientos años del levantamiento revolucionario de 1809 que tuvo lugar en Charcas (también La Plata, Chuquisaca y ahora Sucre), la ciudad de los cuatro nombres.

Resulta penoso que tan magna celebración --de verdadera naturaleza continental-- se encuentre devaluada en nuestro propio país por querellas domésticas entre opositores y gobernantes. Semejante aniversario merecía sin duda algo trascendental, por encima de mezquindades o politiquerías de la hora. Lamentablemente, la situación, hoy, es totalmente contradictoria con respecto al ejemplo de esa gesta en materia de unidad patriótica y de luchas compartidas. Ha predominado una visión corta, estrecha, muy por debajo de la necesaria visión histórica del magno evento de hace 200 años.

Desde el Sucre de hoy, la Universidad de San Francisco Xavier fue en el pasado el faro intelectual de la libertad sudamericana. Desde la vieja Charcas partió hacia todos los puntos cardinales de las colonias hispanas un brote de independencia que derivó en la emancipación sudamericana, alcanzada finalmente en 1825 tras los triunfos de Junín y Ayacucho. Chuquisaca fue, además, la simiente de la República de Bolivia, nacida aquí hace casi 184 años, aunque en este 2009 se haya transformado en "Estado Plurinacional".

¿Qué dirán los historiadores en el futuro frente al bochorno de unos y otros? Seguramente manifestarán que Bolivia, una vez más, no pudo superar rencillas o diferencias internas en aras de un sentimiento nacional único. Triste en verdad. Es un hecho: faltó grandeza y sobraron rencores.

Este aniversario debería hacer estado por encima de banderías u opiniones en pugna. Sucre merecía de lejos una festividad en grande y con plena participación nacional e internacional. Las cosas no salieron así por diversos motivos que no entraremos a detallar, pues no se trata ni de eso ni de dar razones o sin razones. Sentimos profundamente que este Bicentenario sea objeto de controversia y que se lo intente minimizar o menospreciar. No era lo que correspondía. Sí era pertinente un sentido nacional profundo y de verdadera unidad entre bolivianos, expresada ésta mediante hechos concretos, no en volátiles palabras.

El Gobierno tendría que haber honrado con todos los honores a nuestra Capital en este inminente aniversario. La presencia oficial en todas las festividades de Sucre debería haber estado por encima de las políticas de coyuntura, pero en esta malévola danza que juntos bailan oficialismo y opositores, primaron el egoísmo común, el encono, el rencor. Sucre merecía una fiesta de realce. No será así. Los responsables de este patético fiasco -de uno y otro lado- serán juzgados más adelante por el tribunal implacable de los tiempos. De nuestra parte, saludamos en este Bicentenario del Primer Grito Libertario al pueblo de Chuquisaca y hacemos votos por la superación de rencillas, para poder transitar así el anhelado camino de una fraterna conciliación entre bolivianos.

La reescritura de la historia

Borrar la historia de la República de Bolivia empezando por sus orígenes es parte fundamental de la “revolución cultural” en curso

Una de las principales características del proyecto político que según lo indican muchos datos de la dura realidad ha ingresado a la fase final de su consumación, consiste en que su avance se desarrolla en diferentes escenarios. Uno de ellos es el que sus autores intelectuales denominan el de la “dominación simbólica”.

La idea consiste en que durante los últimos doscientos años en nuestro país se ha impuesto el “poder simbólico del mundo q’ara; es decir, la legitimidad de la representación subjetiva de lo "boliviano" y lo "occidental”. Una de las principales tareas del “proceso de cambio” consiste en destruir “la legitimidad de lo boliviano y de todo aquello en lo que se sostiene, (…) destruir el poder simbólico que hace que los excluidos y marginados acepten el orden de las cosas existente: el estado colonial republicano”.

Según esa lógica, “no se trata de (avanzar hacia) una democratización social del poder, sino de que los dominados de antes, hoy en el poder, construyan una red de relaciones que les permitan gobernar de manera absoluta en el tiempo. Los excluidos y dominados pasan a ser los dominadores y los dominadores de ayer pasan a ser los excluidos y dominados del presente”.

Una de las más elocuentes manifestaciones de ese afán destructor de los “símbolos de lo boliviano y occidental” la estamos viendo estos días con motivo de las celebraciones del segundo centenario del inicio del proceso que condujo a la constitución de la ex República de Bolivia, hoy “Estado Plurinacional”.

Reescribir la historia de nuestro país, empezando por cuanto ocurrió el 25 de mayo de 1809, es parte fundamental de ese proceso. No es por eso casual que Sucre, la antigua Charcas, haya sido excluida del programa oficial de actos conmemorativos y que en los discursos oficiales se haya borrado sin miramientos la memoria de los personajes que fueron protagonistas del grito libertario con que se inició la guerra de la independencia continental, y que se desde las esferas oficiales se hagan todos los esfuerzos para minimizar la importancia de esos acontecimientos.

De lo que se trata, como es evidente y como con mucha anticipación lo anunciaron los ideólogos de la “revolución cultural” en curso, es de “quitar el alma a la sociedad mestiza y blanca mediante la destrucción de las bases materiales y subjetivas que la sostienen”.

Borrar la historia de la República de Bolivia empezando por sus orígenes, expulsar de ella a quienes son considerados precursores del “mundo q’ara”, eliminar de la memoria colectiva los vínculos con el mundo “occidental”, y reescribir la historia del “Estado Plurinacional”, es un complemento indispensable, en el plano simbólico, de la destrucción de las instituciones republicanas. Es parte de la demolición de 200 años de historia, sobre cuyos escombros se pretende escribir una nueva.

Medidas que multiplican el desempleo

El daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme

Entre los muchos problemas que preocupan siempre a los gobernantes y economistas del mundo entero, pero con mayor intensidad desde que se desencadenó la crisis global, se destaca el del desempleo. Es que la creciente cantidad de personas que carecen de la oportunidad de ganarse el sustento diario es no sólo un problema económico, sino uno que tiene hondas repercusiones sociales y políticas.

Bolivia, desgraciadamente, es uno de los países más afectados por ese problema. Y aunque las cifras oficiales enmascaran su magnitud al considerar que un vendedor callejero de limones o chicles no es un desempleado, la dura realidad desmiente tal falacia.

Así lo confirma un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que revela que el “desempleo equivalente” llega al 52%, lo cual quiere decir que si todos los trabajadores tuvieran un empleo “adecuado”, más de la mitad de la fuerza laboral quedaría desocupada.

El problema no es por supuesto nuevo, por lo tanto no es atribuible a la actual gestión gubernamental. Sin embargo, sí se puede y debe cuestionar la manera como las políticas gubernamentales contribuyen a disminuir o a acrecentar la magnitud del mal.

Al respecto, es mucho lo que se puede decir sobre las recientes medidas adoptadas el pasado 1 de mayo, las que tras la apariencia de proteger los derechos de los trabajadores pueden tener efectos colaterales que den resultados diametralmente opuestos a los deseados.

Es el caso, por ejemplo, del conjunto de disposiciones destinadas a mejorar las condiciones laborales de la población asalariada. El asunto merece ser cuestionado porque la experiencia propia y la acumulada por otras sociedades indica que, independientemente de las buenas intenciones que las inspiran, ese tipo de medidas terminan siempre produciendo resultados que sólo perjudican a sus supuestos beneficiarios, los trabajadores y, especialmente, las mujeres trabajadoras.

Como ya ha quedado ampliamente demostrado, políticas laborales que amplían las licencias por maternidad, subsidios, horarios de lactancia, inamovilidad por maternidad, servicio de guardería en el lugar de trabajo, y muchas otras sólo logran que las mujeres, y peor aún si tienen hijos o están embarazadas, sean excluidas del mercado laboral. Así, resultan siendo víctimas más que beneficiarias de medidas concebidas para protegerlas pues cuanto más costoso es para una empresa contratar personal, menos fuentes de trabajo se generan. El resultado obvio es que el desempleo crece.

Por todo lo anterior, hay motivos para temer que el daño que está haciendo el gobierno a los trabajadores bolivianos, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras, es enorme. La creciente masa de desempleados así lo prueba.

Bolivia, entre EE.UU. e Irán

No es un pequeño detalle que Thomas Shannon haya sido precedido por un grupo de parlamentarios enviados por Mahmud Ahmadinejad


Días de muy intensa actividad diplomática han sido los de la semana que concluye. Con muy pocas horas de diferencia, el Presidente Evo Morales ha recibido a representantes de Irán y Estados Unidos, en ese orden, lo que se constituye en un hecho cuyo valor simbólico trasciende los límites de las relaciones bilaterales entre Bolivia y ambos países.

En el ámbito diplomático, donde los expresiones simbólicas son tan o más importantes que las palabras, no es un pequeño detalle que Thomas Shannon haya sido precedido por un grupo de parlamentarios enviados por Mahmud Ahmadinejad. Más aún cuando casi simultáneamente Irán puso a prueba un nuevo misil capaz de hacer blanco en Israel.

Que tales coincidencias se hayan producido en nuestro país dice mucho del nuevo contexto político internacional y del lugar que Bolivia ocupa en él. Es algo que hace sólo unos meses no habría sido posible siquiera imaginar, lo que da cuenta de los profundos cambios que se están produciendo a nuestro alrededor.

Tan elocuente como lo anterior es el tono cordial, amistoso incluso, que caracterizó al primer encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el gobierno boliviano, lo que permite suponer que ambas partes están dispuestas a allanar el camino hacia una recomposición de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Por lo que se sabe, que sin duda no es todo lo que está en la mesa de las negociaciones, son cuatro los ejes del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales que ha propuesto Bolivia: 1) El Diálogo Político sobre la base de 10 principios centrales entre los cuales destaca el irrestricto respeto a la soberanía, integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos. 2) La cooperación "de Estado a Estado que no persiga apoyar a la oposición”; 3) La responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, y 4) El fortalecimiento del comercio boliviano, en especial de los bienes que tiene más valor agregado a través de tratamientos que tomen las asimetrías existentes entre nuestros países.

Si esas fueran todas las condiciones que pone el gobierno boliviano, seguramente EE.UU. no tendría muchas dificultades para aceptarlas. Sin embargo, se puede suponer que no son los expuestos los temas más espinosos sino que hay otros que para ser resueltos requerirán muchos esfuerzos adicionales. Y precisamente los vínculos del régimen boliviano con el iraní será sin duda uno de ellos.

Se puede suponer que es mucho lo que aún no se sabe sobre lo que se negocia entre bambalinas. Pero sí podemos estar seguros de que habrá muchos cambios en los términos en que se entablen las nuevas relaciones entre EE.UU. y Bolivia. Y tanto allá como acá habrá quienes tengan muchas dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Un dilema inadmisible

No podemos admitir que protagonistas de la “guerra sucia” argentina pretendan ponernos en el dilema de estar con ellos o contra ellos

Desde el 17 de abril pasado, cuando tras un operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron asesinados tres supuestos terroristas y detenidos otros dos, en este espacio editorial hemos adoptado una posición sobre el tema que por su claridad está más allá de cualquier interpretación ambigua y malintencionada.

Con la firmeza que caracteriza nuestro compromiso con la defensa de la libertad y la democracia y por consiguiente nuestro repudio a todo lo que contribuya a su socavamiento y destrucción, hemos expuesto reiteradamente algunas ideas en las que hoy nos ratificamos.

Hemos dicho, por ejemplo, que Bolivia avanza hacia la instauración de un régimen dictatorial y que lo hace por una doble vía: las acciones gubernamentales, por una parte, y los recurrentes desaciertos de la oposición, por la otra. Y hemos puesto especial énfasis al criticar a una oposición antidemocrática que por los efectos de sus actos se constituye en el principal sostén del totalitarismo en ciernes.

Nos hemos referido también al riesgo de que las pugnas políticas que nos dividen se agraven con la injerencia de fuerzas externas que se proponen hacer del territorio nacional un escenario de enfrentamientos inspirados en fanatismos a cuál más repudiable.

Consideramos que es tan grave el peligro de que eso ocurra, que hemos invocado insistentemente la intervención de organismos internacionales que contribuyan a conjurarlo. Al cuestionar su indiferencia, nos preguntábamos el 26 de abril pasado: “¿Esperan que el asunto se resuelva como en la Argentina de los años 70?”. Nos referíamos al alarmante protagonismo que en el escenario político nacional han adquirido durante los últimos meses personajes que desde uno y otro bando estuvieron profundamente involucrados en esa aciaga etapa de la historia argentina.

En su momento cuestionamos la intervención, bajo la cobertura de Unasur, del abogado argentino Rodolfo Mattarollo a quien se atribuye un activo papel, como fundador y militante activo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el proceso que desembocó en la destrucción de la democracia en su país.

Desgraciadamente, nuestros peores temores se vieron confirmados cuando tras Mattarollo, y a modo de contrarrestar su influencia en Bolivia, se involucraron connotados ex agentes de la represión argentina, los mismos que recurrieron a los más atroces métodos para combatir a las organizaciones de izquierda.

El peligro de que ex guerrilleros y ex militares argentinos –los “carapintadas”-- vengan a Bolivia a saldar sus cuentas pendientes, que unos y otros lo hagan en nombre de la democracia boliviana y de los derechos humanos, y que coincidan en su pretensión de ponernos en el dilema de optar por estar con ellos o contra ellos, es algo que de ningún modo podemos admitir.

Hacia el control total del poder

La libertad de prensa es incompatible con un régimen totalitario, por lo que destruirla es una condición necesaria para obtener el poder total



Muchas cosas podrán criticársele al Presidente de nuestra ex república –ahora “Estado Plurinacional”-- pero no su falta de franqueza. Evo Morales desde siempre se caracterizó por decir lo que “siente”, más que lo que piensa, con absoluta claridad, sin ningún tipo de ambages.

Tal forma de actuar le ha dado hasta ahora muy buenos réditos, lo que en gran medida se explica porque la nuestra es una sociedad cuya cultura política es propensa a caer en la tentación totalitaria. Los valores opuestos al autoritarismo no han sido suficientemente cultivados y eso deja un terreno fértil a disposición de quienes aspiran al poder total.

No resulta por ello sorprendente que una y otra vez Morales proclame su deseo de instaurar un régimen totalitario y lo haga sin temor a las críticas. ´Ojalá desde diciembre de este año podamos tener realmente el poder (...) que el poder lo tenga el pueblo significa que tengamos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial´, ha dicho una vez más, y no hay porqué dudar de la firmeza con que está dispuesto a alcanzar ese objetivo.

Tal aspiración al control del poder total es lo que se llama totalitarismo. Es en función a ese objetivo que el gobierno del MAS ha conducido todos sus actos durante los últimos tres años y no se puede negar que lo ha hecho con tanta paciencia como eficiencia.

Pero no es sólo el control total de los tres poderes el que el actual régimen pretende alcanzar. El monopolio del poder estatal es una condición necesaria pero no suficiente para la instauración de un régimen totalitario, pues hace falta además el control absoluto de otras fuentes de poder, como por ejemplo, los medios de comunicación.

La libertad de prensa, como todas las otras formas de libertad, es incompatible con un régimen totalitario por lo que destruirla es una condición tan importante como el control de los tres poderes del Estado. Y también el Presidente ha sido y es muy transparente cuando de exponer sus “sentimientos” e intenciones al respecto se trata.

En más de una ocasión, Morales ha dicho que “siente” que la prensa es la principal oposición a su proyecto político. Considera que es el principal escollo que debe vencer del “proceso de cambio” y nunca ha ocultado su deseo de despejar el camino.

A eso apunta el juicio instaurado contra el matutino La Prensa de La Paz, el que según el Viceministro Llorenti deberá ser “un buen precedente para el trabajo de los medios de comunicación privados”. Se puede pues temer que después de los muchos triunfos obtenidos por el oficialismo en su camino hacia la instauración de un régimen totalitario, someter a los medios de comunicación es el próximo objetivo.

Juicio de Responsabilidades

Es mucho lo que se debe aclarar. En lo más inmediato, lo más `básico y elemental: ¿Por qué se excluyó del juicio a una de las partes?

Seis años después de haberse iniciado el proceso que condujo al colapso del modelo económico y del sistema de partidos que estuvo vigente durante diez años en nuestro país, se ha iniciado en Sucre el juicio de responsabilidades contra algunos de los principales protagonistas de los hechos de octubre de 2003.

Decimos algunos, porque no están todos los que deberían compartir el banquillo de los acusados. Está siendo juzgada una de las partes involucradas pero no la que provocó los enfrentamientos y creó las condiciones para que tan sangriento desenlace se produzca.

Ese sólo hecho, que no es un pequeño detalle, es suficiente para que el caso merezca ser juzgado en dos escenarios: el de los estrados judiciales, que es el que ha ingresado a su etapa decisiva, y el de la historia que está todavía lejos de llevarse a cabo.

No es mucho lo que el primero de ellos se puede decir. Es que por las circunstancias en que se realiza resulta evidente que no serán las leyes, las reglas propias de un Estado de Derecho las que lo mantengan dentro los marcos de una justicia bien entendida. Una Corte Suprema prácticamente devastada por la eficiencia con que el gobierno del MAS socavó sus bases, la injerencia de múltiples formas de presión y la ausencia de los principales inculpados son factores que impiden creer que el asunto pueda ser resuelto en términos de justicia y legalidad.

El otro escenario, el del juicio de la historia, está también lejos llevar al esclarecimiento de los hechos, a la justa distribución de responsabilidades y lo que es más importante, a la comprensión de los factores económicos, políticos y sociales que más allá de las personas, dieron lugar a los acontecimientos que deben ser juzgados.

Es mucho lo que al respecto se debe aclarar. En lo más inmediato, lo más `básico y elemental: ¿Por qué se excluyó del juicio a una de las partes? ¿En virtud a qué atribuciones el ex Presidente Carlos Mesa se dio la libertad de amnistiar a quienes promovieron los enfrentamientos de febrero y octubre de 2003, siendo tan evidente que su responsabilidad no es menor que la de quienes con él gobernaban?

Esos, entre otros, son algunos de los motivos que llevan a ver con escepticismo el juicio que ayer se inició. No se puede esperar que se haga justicia cuando una de las partes está ausente amparada por las arbitrariedades que permite el abuso del poder y la otra porque se niega a asumir su defensa no sólo en los estrados judiciales sino ante los ojos de la historia.

La deserción de los acusados, que durante los últimos años nada hicieron por defender sus actos en el plano de las ideas, los ha puesto a en una difícil situación pues su silencio no contribuye a equilibrar una balanza que en la percepción colectiva se inclina en su contra. Grave error, pues si no son ellos mismos… ¿quién podrá asumir su defensa?

Carapintadas y croatas en Bolivia

La magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas

Entre los muchos y diversos hilos que se entrelazan para dar forma al abigarrado entramado que paulatinamente ha comenzado a salir a la luz a partir del asesinato y detención de un grupo de mercenarios en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, hay uno que ya se vislumbra como uno de los más importantes. Se trata de la participación de ex militares argentinos, los conocidos “carapintadas”, en la organización de la oposición violenta al régimen del MAS.

Por ahora es todavía mucha la confusión que rodea el tema. Sin embargo, en medio de ella hay ya algunos elementos que permiten afirmar que se trata de algo más que de una de las artimañas de las que se vale el gobierno para legitimar sus actos. Es que más allá de exageraciones y de los muchos yerros que caracterizan el proceso de investigación, hay razones para temer que algo de verdad hay en las denuncias hechas en ese sentido.

Y no se trata sólo de las declaraciones de uno de los individuos involucrados, aparentemente convertido en un soplón al servicio del gobierno. Además de ellas, hay suficientes indicios de que efectivamente más de un “carapintada” se ha hecho presente en el escenario político boliviano y no precisamente con el afán de promover la defensa de los derechos humanos.

Muy ligado a lo anterior está otro de los hilos cuya punta parece conducir a una maraña que por lo compleja que es no puede aún ser vista en toda su magnitud. Se trata de los posibles vínculos entre los “carapintadas” mencionados y excombatientes de una de las fracciones militares que combatió con las fuerzas croatas en la guerra que asoló los Balcanes.

Esos vínculos, que aparentemente forman parte de la trama que comentamos, tienen una larga historia. Se remontan a principios de los años 90 cuando se produjo un escándalo de alcance mundial a raíz del descubrimiento de un millonario tráfico de armas que involucraba al gobierno de Carlos Saúl Menem, al líder de los “carapintadas” Tcnl. Mohamed Alí Seineldín y a las milicias croatas que combatían en Bosnia.

Como se recordará, el asunto llegó a envolver al ex presidente Jaime Paz Zamora y a las Fuerzas Armadas bolivianas. Es un asunto que seguramente habrá que recordar ahora que hay motivos para sospechar que así de antiguos y enmarañados son los antecedentes del caso.

Hay pues abundantes motivos para suponer que la magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas. Razón más que suficiente para insistir en la necesidad y conveniencia de que en las investigaciones se involucren organismos internacionales. Si hay algo claro, es que ni el oficialismo ni la oposición están a la altura de un caso que trasciende nuestras fronteras.

Los dos pilares del totalitarismo

Sólo cabe esperar que no lleguemos al extremo de confundir la causa de la libertad con la de “carapintadas” y muyahidines asalariados


Hace un mes, el 16 de abril, un día antes de que irrumpa en el escenario político nacional el tema del terrorismo, decíamos en este espacio editorial, bajo el título “El miedo, instrumento del poder”, que había abundantes motivos para temer que el proceso político boliviano, en su incesante marcha hacia la consolidación de un régimen totalitario, estaba a punto de ingresar a una nueva fase que tendría en la utilización del miedo su principal característica.

“El miedo, cuando es inculcado a la sociedad desde las más altas esferas del poder, se constituye en un formidable instrumento de dominación política y control social. Cuando es hábilmente empleado, resulta más efectivo que cualquier instrumento legal”, decíamos. Y agregábamos que “”quien logra infundir miedo se apropia de por lo menos una parte de la voluntad de sus oponentes. Y logra así algo que muy difícilmente conseguiría por otros medios: la autocensura, la pasividad, la sumisión”. Concluíamos afirmando que “identificar el peligro y solidarizarse con las víctimas es tarea urgente para evitar que el miedo se convierta en el principal aliado de las pulsiones totalitarias de quienes gobiernan”.

Paralelamente, en una serie de editoriales que de manera reiterativa se referían al tema, advertíamos sobre el peligro de que las corrientes antidemocráticas de la oposición se constituyan en un factor útil para el avance del totalitarismo, en uno de sus pilares. “En todo momento, pero con mayor razón en circunstancias como las actuales, es necesario que las luchas por la defensa de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos se enmarquen precisamente dentro los límites que imponen esos valores. Cualquier acto que se salga de ellos sólo contribuirá a que se imponga el espíritu autoritario”, decíamos el 17 de marzo.

En ese contexto, el 5 de abril sosteníamos que una de las principales tareas pendientes de la oposición democrática era marcar con toda claridad sus diferencias con la que optaba por la violencia. Al referirnos a la oposición cívico-regional de Santa Cruz, elogiábamos las muestras que daba de haberse alejado de “las corrientes antidemocráticas y violentas que en algún mal momento se impusieron.” Días después lamentábamos que “la oposición democrática no haya marcado distancias de esos sectores tan clara y oportunamente como era de esperar”.

Ahora, un mes después de que la victoria democrática obtenida en el Congreso fuera neutralizada, revertida y trastocada en un triunfo de quienes de uno y otro lado abonan el terreno del totalitarismo, sólo cabe esperar que no sea demasiado tarde para recuperar los espacios que han sido usurpados por los mercaderes de la muerte. Y que no lleguemos al extremo de confundir la causa de la libertad y la democracia con la de “carapintadas” y muyahidines asalariados.

Optimistas previsiones económicas

Si la cooperación de los organismos internacionales se plasma en realidad, el gobierno tendrá un motivo menos de qué preocuparse


Cuando una serie de factores atribuibles a la crisis financiera internacional, unos, y otros a los 0resultados arrojados por la gestión gubernamental hacían temer que nuestro país caería en una profunda crisis económica, los principales organismos financieros internacionales, como el BID, BM, CAF, FMI y la Cepal, lanzaron un formidable salvavidas de nada menos que 2.000 millones de dólares.

La noticia fue anunciada durante el foro económico organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el que participaron empresarios, estudiantes y los panelistas internacionales. En el mismo, yendo a contracorriente de las pesimistas previsiones, se destacó el ‘colchón’ financiero con el que cuenta nuestro país, lo ubicaría como uno de los mejor preparados para capear la tempestad que asola a la economía mundial.

Según los representantes del Banco Mundial los recursos comprometidos para Bolivia, los que podrán ser utilizados en los siguientes meses o años estarán disponibles en función al avance de diversos proyectos. “Tenemos dinero reservado para Bolivia que puede apoyar muy bien los requerimientos para la reactivación económica o de apoyo a grupos vulnerables”, afirmó el representante del BM, Julio Loayza, quien además hizo una importante recomendación: que el gobierno mejore la coordinación de sus acciones con el sector privado.

Por su parte, el delegado del FMI para Bolivia, Esteban Vesperoni, destacó la fortaleza del sistema financiero boliviano. El de la CAF, a su vez, manifestó que pese a lo incierta que es la situación global Bolivia tiene ‘defensas’: un buen nivel de reservas internacionales y depósitos monetarios acumulados en el BCB. Recomendó, sin embargo, manejar con prudencia la situación, a tiempo de anunciar que el aporte de la CAF ascenderá a 350 millones de dólares para gastos de inversión de infraestructura y dotar de liquidez para superar la coyuntura. Tales apreciaciones fueron respaldadas por el representante del BID.

Como se ve las relaciones de Bolivia con los organismos internacionales atraviesan, contra lo que se podía suponer, por uno de sus mejores momentos, lo que se refleja en un inusual despliegue de optimismo que sin duda fue recibido como un bálsamo por el gobierno y, muy por el contrario, dada la cercanía de un proceso electoral, con no muy buen ánimo por las esmirriadas fuerzas de la oposición que están a la expectativa de los indicadores económicos con la esperanza de que las cifras jueguen a su favor.

Así, si los vaticinios de los organismos internacionales se cumplen y los montos anunciados llegan a desembolsarse, el gobierno tendrá un motivo menos de qué preocuparse, y la oposición uno más.

¿Dónde está la oposición democrática?

Si no se produce una muy vigorosa reacción de las múltiples fracciones en que está dividida la oposición, no es difícil prever lo que nos depara el futuro


Cuando son sólo seis los meses que nos separan de la fecha fijada para la realización de las próximas elecciones generales, y cuando el tiempo ya corre aceleradamente en contra del proceso, las sombras de duda sobre la posibilidad de que la tan urgente revitalización de la institucionalidad democrática se produzca, no hacen más que crecer.

Los factores que atentan contra una visión optimista del futuro de la democracia boliviana son muchos. Entre ellos, el más alarmante es la evidente negligencia con que actúan quienes tendrían que ser los principales protagonistas del proceso: los partidos políticos.

De todos los que están legalmente habilitados para participar hay sólo uno, y nada más que uno, que se ha involucrado y se prepara para asumir el reto. Es el Movimiento al Socialismo. Los demás, que en realidad son sólo siglas vacías, observan desde afuera como si el asunto no les incumbiera.

Tan enorme es el vacío que dejan, que algo tan importante como empadronamiento biométrico de los electores no tiene quién lo acompañe y supervise. Ninguno de los partidos o agrupaciones de oposición ha nombrado a sus delegados. Los tres vocales del Órgano Electoral han quedado solos y sobre sus espaldas pesa una tarea cuya magnitud es, sin duda, muy superior a sus fuerzas.

Mientras tanto, el partido oficialista continúa su avance aliviado por la falta de algún oponente digno de consideración. Sus bases ya están siendo capacitadas para participar en el empadronamiento, sus líderes intermedios ya están movilizados, ya está en marcha su campaña electoral. Y la encara sobre muy sólidas bases, como lo confirman todas las encuestas de opinión.

Según la más recientemente difundida, el MAS ingresa la carrera con una ventaja abrumadora. Los resultados indican que si las elecciones se hubieran realizado en abril pasado, 41 por ciento de los electores de las nueve ciudades capitales, más El Alto, habrían votado por los candidatos oficialistas. Ninguno de los potenciales candidatos de la oposición, en cambio, llega al 10 por ciento de las intenciones de voto. Si se considera que tales sondeos no abarcan las áreas rurales del país, donde el MAS tiene un apoyo proporcionalmente mucho mayor, se tiene un cuadro completo de la realidad política actual.

En tales circunstancias, al paso que vamos y si no se produce una muy vigorosa reacción de las múltiples fracciones en que está dividida la oposición, no es difícil prever lo que nos depara el futuro. Y si la tendencia actual se mantiene, nadie podrá esgrimir ningún pretexto para justificar su fracaso. La falta de participación en el proceso priva a la oposición de la autoridad moral que haría falta si luego alguien quiere cuestionar los resultados que arroje.

Un país sumido en la confusión

En medio de tanta confusión, ¿se podrá todavía esperar que la sensatez vuelva a poner las cosas en orden?

Si hubiera que definir con una palabra cuanto está ocurriendo en la Bolivia de hoy, probablemente “confusión” sería la más adecuada. Es que todos los factores que usualmente dan alguna coherencia a los acontecimientos y a las ideas han comenzado a diluirse dando lugar a una caótica mezcla en la que todos los límites se hacen difusos.

“Confusión”, según el Diccionario de la Real Academia Española, tiene varias acepciones. Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo, equivocación, error, abatimiento, humillación, afrenta, ignominia, son algunas de ellas. También se refiere a la “acción y efecto de mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse”. Finalmente, se define como “perturbar, desordenar las cosas o los ánimos”.

Eso exactamente es lo que está ocurriendo en nuestro país. No podía ser de otro modo cuando en el escenario político irrumpen en calidad de protagonistas individuos cuyo perfil ideológico y prontuario militar van desde su entrenamiento en los servicios de inteligencia del extinto régimen soviético hasta organizaciones inspiradas en el fundamentalismo islámico, pasando por el Opus Dei y logias que a sí mismas se asumen como simpatizantes del Tercer Reich.

Cuando amigos íntimos de personajes como Ilich “el Chacal” Ramírez son tan bien acogidos por líderes de la oposición boliviana; cuando organizaciones supuestamente defensoras de los Derechos Humanos de derecha los defienden como si de paladines de la libertad se tratara, y cuando las de izquierda dan por bien hecho su asesinato, lo menos que puede decirse es que estamos en medio de una enorme confusión.

Si tan alucinante mezcolanza (mezcla extraña y confusa, y algunas veces ridícula según el DRAE) afectara sólo a las mentes desquiciadas de unos cuantos individuos, el asunto podría ser dejado en manos de psicólogos o psiquiatras. Pero ocurre que es todo un país, con su gobierno y sus opositores incluidos, el que se sume en el marasmo.

Tampoco sería tan grave el asunto si las consecuencias de tanto extravío se limitaran a los delirios ideológicos, a las angustias existenciales de individuos que buscan una causa en la que creer con suficiente fe para liberarse de la necesidad de pensar. Lo terrible es que todas las ideologías involucradas, más allá de sus diferencias, tienen un elemento en común: la creencia en que bien vale la pena morir y matar por ellas.

Así, terminan encontrándose en un mismo campo de batalla, que para desgracia nuestra es nuestro país, ex combatientes de la guerra sucia argentina, de las matanzas balcánicas, de las guerras que en nombre de fanatismos anegan en sangre regiones íntegras del planeta.

En medio de tanta confusión, ¿se podrá todavía esperar que la sensatez vuelva a poner las cosas en orden?

¿Quién se ocupa de la democracia?

La democracia no tiene quién la cuide, mientras son demasiados los que candorosamente siguen el juego de quienes quisieran enterrarla

Hace un mes, un día como hoy, en el Congreso Nacional se hacían los últimas negociaciones para aprobar la Ley de Régimen Electoral Transitorio que presentó el Movimiento al Socialismo. El proyecto oficialista fue destrozado. No quedó ninguna de las oprobiosas condiciones que pretendía imponer; el MAS sufrió su primera gran derrota. Y más aún, quedó muy maltrecha su cohesión interna.

Pocos días después, se dio otro gran paso hacia la revitalización de la institucionalidad democrática cuando se produjo la recomposición de la Corte Nacional Electoral y se inició el proceso para el empadronamiento biométrico.

Todo hacía presumir que el escenario democrático, a través de las elecciones de diciembre, volvía a abrirse como un horizonte esperanzador. Con cierta dosis de optimismo se llegó a pensar que la oposición democrática saldría por fin de su extravío y comenzaría a prepararse para la lid electoral de diciembre.

Desgraciadamente, una vez más, quedó demostrado que en la Bolivia de hoy es un grueso error caer en la tentación del optimismo. Dos días después de que se aprobó la Ley Electoral, un nuevo viraje de los acontecimientos volvió a enturbiar las aguas llevándolas a los escenarios de la violencia. Terrorismo, asesinatos, encarcelamientos ilegales, mercenarios, paramilitares y actos que recuerdan los tiempos de la guerra sucia desplazaron a un plano muy secundario el proceso electoral.

Así, quienes desde el oficialismo y desde la oposición ven con desprecio los métodos pacíficos de confrontación política recuperaron el protagonismo. Unos para anotarse otra victoria, y otros para sufrir la que puede ser su última derrota.

Que eso haya ocurrido no es algo que deba sorprender. La propensión a la violencia no es algo nuevo en nuestra historia y un contexto de polarización extrema y de debilitamiento de las instituciones democrática hacía previsible que los límites entre la acción política y la criminalidad vuelvan a hacerse difusos, como era habitual en tiempos que se creían definitivamente idos.

Lo que no es comprensible ni aceptable es el papel que en tales circunstancias juega la oposición democrática. Una oposición que por extrañas razones se niega a asumir el rol que le corresponde y en vez de hacer suyo el territorio de la democracia, lo abandona. Y lejos de defender y consolidar los espacios reconquistados, dedica sus pocas energías a dar batalla en los campos escogidos por los mercaderes de la muerte.

Mientras tanto, no hay quién se haga presente en los escenarios de la democracia. No hay quien en representación de la oposición participe en la preparación de las elecciones de diciembre. La democracia no tiene quién la cuide, mientras son demasiados los que candorosamente siguen el juego de quienes quisieran enterrarla.

A tres años de la “nacionalización”

Hay muchas y buenas razones que explican la falta de entusiasmo con que se conmemoró un aniversario más de la “nacionalización”

Hace ya casi un par de semanas se conmemoró el tercer aniversario de la “nacionalización” de los hidrocarburos, “acontecimiento histórico” -- como fue calificado en su momento-- que ahora ya nadie quiere recordar. No hubo actos oficiales, ni discursos, ni festejos. Muy atrás quedaron los días cuando oficialistas y opositores se disputaban el mérito de haber “recuperado” la principal riqueza del país.

No es casual que así sea. Es comprensible que nadie quiere recordar la “nacionalización”, sencillamente porque nadie sabe qué diablos hacer con ella. Nadie cómo salvar a YPFB del descalabro total, ni cómo recuperar la capacidad productiva perdida. Nadie sabe qué hacer para disimular algo que ya es inocultable: la “nacionalización” fue un monumental fracaso. Nada de lo que alguien pueda sentirse orgulloso.

Las consecuencias económicas negativas de tal medida son enormes. La exploración sigue paralizada, la producción de gas y petróleo no deja de caer. Ya no se perforan nuevos pozos que puedan compensar el paulatino agotamiento de los existentes, en los que siquiera se hace el mantenimiento correspondiente.

Para colmo, el gas que se produce es cada vez más seco, lo que significa que se extrae menos petróleo, lo que a su vez ocasiona menos producción de condensado para refinar, por lo tanto producimos menos gasolina, diesel y jet fuel. La consecuencia obvia es que tiende a aumentar la escasez de combustibles en el mercado interno, lo que obligará a aumentar las importaciones. El colmo de la paradoja es que, como a todo importador, nos resulta buena la caída de los precios del petróleo.

Como si eso fuera poco, la pérdida de la capacidad productiva ha obligado a nuestro principal comprador, Brasil, a buscar alternativas más seguras, aunque no más baratas. Aparejada a la disminución de nuestra capacidad de oferta ha disminuido la demanda, con lo que termina de cerrarse un círculo que nos condena a un futuro cada vez más desalentador.

Pero tan negativo como lo anterior es que a despecho de tan cruda realidad, el gobierno ha hecho del despilfarro de los recursos económicos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos el pilar de su política social, muy ligada a la demagogia electoralista. La proliferación de bonos, teóricamente financiados con la renta petrolera, cuestionable en tiempos de bonanza, lo es mucho más cuando las frías cifras dejan de ser un sostén.

Tanto por la vía de los ingresos que tienden a disminuir, como la de los gastos, que tiende a aumentar, se está pues abriendo una brecha en la base de la economía nacional que tarde o temprano traerá, como no es difícil prever, funestas consecuencias.

Como se ve, no es sorprendente que la “nacionalización” de los hidrocarburos no sea motivo de festejos.

El sagrado oficio del periodista

Al haberse conmemorado ayer el día de los periodistas bolivianos vale la pena recordar a un viejo maestro de este bello oficio, Juan Carlos Gumucio, quien recordaba que el primer hombre y la primera mujer de una casa periodística es el reportero

Los antiguos resaltan que no hay mejor música para un reportero que escuchar la impresión de su periódico en una rotativa. El apuro del último dato, los gritos para acelerar el cierre y compartir la construcción diaria del conocimiento de nuestra realidad forman parte de esa magia incomparable de trabajar en una Redacción.

Denostados por el establishment intelectual como escritores a medias, cuestionados por los políticos de turno y arrinconados por los autoritarios que no quieren develar sus actos, los periodistas se levantan como molinos de viento en una sociedad sedienta de verdad.

Al haberse conmemorado ayer el día de los periodistas bolivianos vale la pena recordar a un viejo maestro de este bello oficio, Juan Carlos Gumucio, quien recordaba que el primer hombre y la primera mujer de una casa periodística es el reportero.

Ese sacrificado trabajador de las letras que sale a la calle a buscar la información todos los días con la aspiración de contar lo conocido a los miles de lectores, televidentes u oyentes de radio que esperan saber qué pasa y cómo ocurrieron los hechos que afectan a su sociedad y a su entorno más próximo.

No es posible ejercer este oficio sin vocación de servicio por los otros, por los que no tienen la posibilidad de acceder de forma inmediata a los asuntos que son de su interés.

Ser periodista significa disfrutar y sufrir con los otros la comedia y el drama diario de la vida. Así lo postuló y lo ejerció ese otro gran periodista polaco que fue Ryszard Kapuscinski, quien reclamaba de los periodistas no escribir nada antes de saber a fondo de qué se trataba, quiénes y por qué estaban involucrados en un asunto. Sin importar los géneros, sin importar el sacrificio, sin importar el editor o el tiempo, el reportero debe poner los pies en el barro y sentar sus talones sobre la tierra. Sólo así se acercará a esa realidad dura y desafiante que nos circunda. Además, deberá tener el temple del que sabe que afuera no le espera un cuento de hadas, sino de dolor y tristeza.

Ese reportero lidia, entonces, con los muros de la burocracia y la intolerancia que no quieren abrir los recintos públicos de la información a la investigación periodística. No hay periodismo sin investigación, alerta el gran Gabriel García Márquez, y eso requiere verificar hasta el último dato. Además exige la valentía de ir adelante pese a quien le pese, sabiendo que por encima de todo está el interés de la gente.

También debe pelear con las deficientes condiciones laborales que, muchas veces, desafían su voluntad por construir un espacio compartido por saber y conocer más de nuestro mundo. Tienen que sobrellevar el sacrificio de horas sin la familia y sin posibilidad de esparcimiento y diversión. Pero la recompensa también es enorme. Los lectores que llaman para darle fuerzas ante la intolerancia y el oscurantismo, y el placer de ver en rotativa las palabras y los pensamientos que hablan de una nación en construcción.

Nosotros somos los que algo hicimos mal

Es importante que reconozcamos que “Algo hicimos mal”. Y más importante aún, que seguimos haciéndolo mal y no es culpa de “ellos”


Hace algo más de dos semanas, cuando en Puerto Príncipe se celebró la Cumbre de las Américas, se produjo una muy elocuente confrontación de ideas. Los discursos de Daniel Ortega y Barack Obama fueron destacados como los más representativos de dos maneras muy diferentes de encarar el asunto.

Días después se conoció uno que no fue público hasta que su versión impresa fue ampliamente difundida y comentada. Fue el de Oscar Arias, quien encabezó su breve pero sustanciosa disertación con el título “Algo hicimos mal”, cuya versión completa se reproduce en esta página.

El mensaje, cuyas ideas sencillas son portadoras de enormes verdades, fue acogido con mucho entusiasmo por quienes critican y se oponen a la ola de populismo de izquierda que avanza por nuestro continente. Un ejemplo de ello es el comentario de Andrés Oppenheimer titulado “La mejor respuesta a los populistas” publicado en este diario el pasado jueves.

Como él, muchos creyeron ver en el discurso de Arias un argumento contra los regímenes de Chávez, Ortega, Correa y Morales, lo que tiene algo de verdad. Sin embargo, esa es una interpretación incompleta pues resulta evidente que la palabra “hicimos”, y la responsabilidad propia a la que el autor se refiere en primera persona del plural involucra también, y sobre todo, a las élites políticas, económicas y sociales que durante los últimos dos siglos tuvieron a su cargo la conducción de nuestros países.

Tanto es así que el vigor del populismo de izquierda al que ahora se atribuyen todos los males –con la misma actitud victimista que critica Arias-- no es causa sino consecuencia de esa “culpa nuestra” reflejada en décadas de malos gobiernos avalados por la tolerancia colectiva.

Ese “nosotros” al que se refiere el autor de “Algo hicimos mal” no se refiere, o por lo menos no sólo, a “ellos”, los populistas de hoy y siempre. Pretender que no abarca a las élites tradicionales de nuestros países, a empresarios, políticos, intelectuales, es incurrir en el mismo error. Es recurrir al cómodo discurso autoexculpador, al victimismo, al rechazo a la autocrítica.

Y si se busca un buen ejemplo de lo dicho, lo tenemos en Bolivia, donde el espíritu autocrítico de quienes tuvieron en sus manos la conducción de los destinos colectivos brilla por su ausencia y abunda, en cambio, el afán de buscar a quién echar la culpa de los fracasos del pasado, del presente y, lo que es peor, del futuro. La actitud de las diversas corrientes de la oposición, muy buenas para los quejidos lastimeros pero incapaces de asumir sus desaciertos, lo dice todo.

Hay pues que reconocer que “Nosotros algo hicimos mal”. Y más importante aún, que seguimos haciéndolo mal. Asumir que el “nosotros” nos incluye, y es más importante que el “ellos”, es el primer paso.

Pando, lo importante y lo banal

Mientras unos investigaban el contrabando de televisores en Pando, otros tenían asuntos mucho más importantes que atender

Hace algo más de ocho meses, el departamento más pequeño del país, del que muy pocas veces provenían noticias dignas de figurar en la prensa nacional, comenzó a ser objeto de atención. Es que se supo que en Pando se producía una serie de movimientos muy sospechosos, los que daban motivos para temer que algo raro estaba ocurriendo en tan alejado rincón del territorio nacional.

Entre quienes intentaron comprender de qué se trataba hubo dos corrientes. Una de ellas preveía que por muchas razones Pando había sido elegido como un importante escenario de la confrontación entre las fuerzas del oficialismo y las de la oposición. La otra, se empeñó en reducir el problema a un simple y vulgar caso de contrabando.

Fue esa segunda interpretación la que se impuso entre los parlamentarios de la oposición y por eso, creyendo que se les presentó una buena ocasión para empañar la imagen gubernamental, concentraron todos sus esfuerzos y energías en el afán de hacer del misterioso caso de los 33 camiones todo un asunto de Estado. Como si no fuera bien sabido que son cientos los camiones que a diario eluden los controles aduaneros. Y como si no hubiera habido motivos para suponer, además, que algo muchísimo más grave se estaba fraguando en el punto más débil de la “Media Luna”.

Dedicados a perseguir a unos cuantos contrabandistas de electrodomésticos, empeñados en descubrir si hubo coima de por medio o no, si los camiones pasaron de día o de noche, los diputados de la oposición mostraron cuán lejos están de discernir entre lo que es importante y lo que no lo es.

Mientras tanto, teniendo cosas más serias de las qué ocuparse, el Gobierno dejó impávido que el tiempo y las investigaciones avancen, seguro de que para resolver tan nimio asunto sus diputados bastaban. Con mucho gusto vio cómo los 33 camiones fueron suficientes para que pase a un plano muy secundario el proceso que condujo a la militarización de Pando, el primer paso hacia la destrucción de la oposición cívico-regional.

El resultado de tanto extravío no podía ser distinto del que ahora se conoce. El oficialismo se abanica con el informe aprobado por su bancada y se ríe de los otros dos, el de sus aliados “Sin Miedo” y el de la oposición. A nadie preocupa que el Ministro de la Presidencia y el Prefecto interventor de Pando queden impunes pues lo que está en juego en la Bolivia de hoy es mucho más importante que desentrañar los ya conocidos procedimientos de los que desde siempre se valieron los contrabandistas de televisores y licuadoras.

Así, mientras unos pierden su tiempo tratando de descubrir la fórmula del agua tibia, otros se dedican a consolidar un régimen en el que la facilidad con que se burlan los controles aduaneros no será uno de los mayores motivos de preocupación.

Más dudas sobre las empresas estatales

El Gobierno tiene la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos


Dos noticias recientemente difundidas han llamado la atención sobre un tema que tendría que ser motivo de permanente preocupación: la manera como están siendo administradas las empresas del Estado.

Una de las noticias a la que nos referimos es la relativa a la decisión gubernamental de liquidar la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) por pérdidas millonarias que superan los 56 millones de bolivianos y crear en su lugar una nueva televisora estatal, que se llamará “Bolivia TV”. La otra, trata de la solicitud hecha por el Presidente del Senado para que el Gobierno aclare los entretelones de la “nacionalización” de Transredes, pues son muchas las dudas que pesan sobre la transparencia con que está siendo llevada a cabo esa operación.

Ambos casos, que se suman a los múltiples escándalos que salieron a la luz a raíz de la pésima manera como está siendo administrada la principal empresa estatal, YPFB, obligan a que la atención de la opinión pública no se deje distraer por otros temas pues lo que está en juego es nada menos que el patrimonio nacional.

En el primer caso, el de la Empresa de Televisión Boliviana, es mucho lo que el Gobierno -- y especialmente el Ministerio de la Presidencia que por una extraña razón hizo suya la atribución de conducirla-- tiene que explicar. Son demasiadas las razones que permiten sospechar que algo muy turbio se esconde tras la decisión de liquidarla.

La danza de cifras que cuantifican las millonarias pérdidas arrojadas por esa empresa, así como los montos igualmente grandes que sin control alguno se despilfarran a través de la densa red de medios de comunicación del Estado, ameritan algo más que un decreto para hacer “borrón y cuentas nuevas”. Una explicación es lo menos que se debe exigir.

La sospecha de que hay nuevos escándalos en ciernes no son menores en el caso de Transredes. Como ha denunciado el Presidente del Senado, con motivo de la “nacionalización” de esa empresa se han hecho millonarios pagos a los accionistas sin que se haya determinado mediante un estudio un valor previo de las mismas; además que YPFB asumió el pago de contingencias y pasivos de esa empresa.

Los montos erogados no son pequeños. Pero aún más grave que eso es la sospecha de que los nuevos administradores de la empresa, como en el caso de YPFB, no reúnen las cualidades profesionales imprescindibles para evitar más descalabros que agraven las ya alarmantes perspectivas de la economía nacional.

Ningún país, y mucho menos uno agobiado por la pobreza, como el nuestro, puede darse el lujo de ver indolentemente cómo se destruye el patrimonio colectivo como consecuencia de una pésima administración. El Gobierno tiene pues la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos.

Investigaciones mal encaminadas

Está tan mal encaminado el caso del supuesto terrorismo, que da abundantes motivos para los malos augurios


Hace tres semanas, cuando un tras un operativo policial que culminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos, el gobierno anunció que sus servicios de inteligencia habían logrado dar con una peligrosa organización terrorista, fueron muchas las voces que se sumaron a un llamado para que el caso sea afrontado con la seriedad debida. Se recomendó, además que por sus previsibles consecuencias, el caso sea puesto bajo mirada de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Interpol.

Ante esa posibilidad, el gobierno adoptó desde el primer momento una actitud ambigua. El presidente Morales se mostró plenamente dispuesto a aceptar esa propuesta, pero muy poco después fue desmentido por el Vicepresidente quien negó esa posibilidad y finalmente impuso su criterio. La oposición, por su parte, como ya es habitual, nunca atinó a fijar una posición clara y firme sobre el tema.

Ahora, tres semanas después, todo indica que fue un muy grave error no haber insistido, por todos los medios, en solicitar una intervención externa pues el asunto está muy mal encaminado. El gobierno, la fiscalía, la Policía, la comisión parlamentaria, y todos quienes de una u otra manera se han involucrado en el asunto han tenido ya el tiempo suficiente para poner a prueba su capacidad para resolver buenamente el embrollo y el resultado es aún peor de lo que temían las más pesimistas previsiones.

Son tantas y tan bien fundamentadas las dudas que pesan sobre la idoneidad de los investigadores y juzgadores del caso que ya nadie puede tomar en serio sus informes. Las contradicciones, las acusaciones temerarias, la falta de pruebas que las respalden son, entre otras, las características principales del modo como están siendo conducidas las investigaciones. Es por ello previsible que cuando llegue el momento de las conclusiones y las consecuencias, abundarán los motivos para rechazarlas.

Y como si no fueran suficientes todos los antecedentes que desde un principio enturbiaron las investigaciones --entre los que se destaca el papelón que hizo el Ministro de Gobierno, quien desde entonces guarda un elocuente silencio--, ahora es el fiscal Marcelo Sosa quien con cada una de sus intervenciones sólo logra multiplicar las dudas y las sospechas que pesan sobre su rectitud y su idoneidad profesional.

El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios.

Tarea ineludible para la oposición

Está en sus manos la oposición la tarea de consolidar no sólo el proceso electoral en marcha, sino la institucionalidad democrática


Dando continuidad a lo que bien puede ser interpretado como un proceso de revitalización del sistema democrático boliviano, el Órgano Electoral ha elegido a quien lo presidirá durante los próximos meses. El vocal Antonio Costas Sitic, quien fue designado por el Congreso Nacional como fruto de un acuerdo entre las fuerzas del oficialismo y la oposición, con el apoyo de las otras dos vocales, devuelve la transparencia y confiabilidad imprescindibles para que los pasos que a partir de ahora se den hacia las elecciones de diciembre sean dignos de la confianza colectiva.

Al asumir el cargo, el flamante presidente del Órgano Electoral ha ratificado su compromiso de hacer todo lo posible y necesario para que el proceso de empadronamiento biométrico sea llevado a cabo en los plazos previstos. Ha reconocido que será una tarea difícil pero no imposible, siempre y cuando se cuente con las condiciones necesarias.
Entre ellas, ha destacado el tema presupuestario. Ha dicho que los 35 millones de dólares inicialmente calculados no serán suficientes, por lo que hará falta asignar un monto adicional para cubrir el presupuesto que asciende a 43 millones de dólares.

A primera vista, el monto puede parecer excesivamente oneroso. Y es probable que sí lo sea si el empadronamiento biométrico ha de servir sólo para los actos electorales. Sin embargo, se ha propuesto ya, con mucha razón, que el esfuerzo económico que deberá hacerse sea considerado una inversión para sentar las bases de un nuevo sistema de identificación personal que sustituya al vigente que, por obsoleto y corrompido, requiere una urgente renovación.

Para que así sea, urge una decisión que debe ser adoptada de inmediato. Una decisión que no corresponde sólo a Órgano Electoral pues involucra a otras instituciones, como la Policía Nacional, cuyo rol en el sistema de identificación personal deberá ser revisado. Tan importante paso, largamente eludido durante los últimos años, corresponde al Congreso Nacional.

Para ello, como para todo lo relativo al acompañamiento y supervisión del proceso de empadronamiento, es imprescindible que los partidos políticos legalmente vigentes, pero sobre todo los que tienen presencia parlamentaria, asuman un papel activo que hasta ahora brilla por su ausencia. Está en sus manos la responsabilidad de consolidar no sólo el proceso electoral que debe culminar el próximo diciembre, sino, lo que es más importante, la institucionalidad democrática.

Los argumentos de los que a modo de pretexto se valieron hasta ahora los parlamentarios de la oposición para incumplir su obligación ya no existen. Ahora, más que nunca, sus reclamos sólo podrán ser interpretados como simples majaderías.

Un nuevo hito en el “proceso de cambio”

El MAS ha dado un paso más hacia la consolidación de su proyecto político y la oposición ha sufrido una nueva derrota


Entre las muchas características de la “revolución democrática y cultural” que está produciéndose en nuestro país desde hace ya varios años, hay una que la hace muy diferente a lo que usualmente se entiende por “revolución”. Es que a diferencia de las revoluciones clásicas, ésta no tiene un punto de ruptura, un acontecimiento y una fecha en el calendario que puedan identificarse como el límite que separa un “antes” y un “después” del hecho revolucionario. Es, más bien, un proceso.

Como todo proceso, consiste en un conjunto de fases sucesivas que de manera paulatina van marcando el avance en una dirección determinada. Vistas aisladamente, ninguna de esas fases parece trascendental. Pero vistas como un conjunto, adquieren la forma de una profunda transformación.

Es eso lo que caracteriza al proyecto político que el Movimiento al Socialismo se ha propuesto llevar a cabo en nuestro país. Consiste en una sucesión de hitos que poco a poco van marcando una línea fronteriza que va dejando atrás las estructuras económicas, políticas y sociales que poco a poco van siendo desmanteladas y sustituías por unas nuevas.

Una segunda característica es que ese proceso se desarrolla simultáneamente en dos escenarios: el de la democracia formal y sus instituciones cada vez más débiles, y el de las vías de hecho, el de los actos que al ir consumándose consolidan el avance del proyecto político.

El MAS, con extraordinaria habilidad, ha actuado en ambos escenarios. Sus sucesivos éxitos electorales, la imposición de una nueva Constitución, y el desmantelamiento o por lo menos neutralización de las instituciones republicanas, son un ejemplo de lo primero. La militarización de Pando, primero, y de Santa Cruz, ahora, de lo segundo.

En ese contexto, la conformación del Comando Conjunto del Plata en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, y la decisión de desplazar hacia ese departamento a un nutrido contingente de efectivos militares, marca sin duda un nuevo hito. Consolida la presencia del nuevo “Estado Plurinacional” en un territorio en el que proceso revolucionario tenía hasta ahora dificultades para continuar su avance.

El hecho, cuya importancia es evidente, confirma por otra parte dos características del proceso político que está en marcha. Una, es que el gobierno tiene absoluta y totalmente claros sus objetivos y sabe bien cuáles son los medios más eficientes para alcanzarlos. La segunda, que la oposición, tanto en sus múltiples vertientes políticas como la cívico-regional, no sabe qué hacer.

Se puede pues afirmar, más allá de cualquier valoración subjetiva, que el régimen del MAS ha dado un paso más hacia la consolidación de su proyecto político. Y el que era el último baluarte de la oposición cívico regional ha sido derrotado.

La libertad de prensa

La firmeza con la que se ha defendido la libertad de prensa permite confiar en que seguirá siendo un sólido pilar de la democracia

Ayer, 3 de mayo, en Bolivia como en todo el mundo se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, jornada fijada por las Naciones Unidas para que los periodistas, los gobiernos y los pueblos reafirmen su compromiso con uno de los principales pilares sobre los que se sostiene una sociedad libre y democrática.

Como todos los años, la fecha se presta a poner especial énfasis en lo importante que resulta para la salud de un sistema democrático la plena vigencia de la libertad de prensa. Es buena ocasión para que todos reflexionemos sobre el tema y con una mirada autocrítica hagamos una evaluación de la manera como ejercemos este tan importante derecho.

Hasta hace no poco tiempo, los bolivianos teníamos la posibilidad de afirmar nuestro orgullo y satisfacción por haber logrado, aun a pesar de uno que otro tropezón, construir y conservar una democracia que entre sus muchas cualidades, y a pesar de sus imperfecciones, garantizaba una plena libertad de prensa.

Hoy, en cambio, como viene sucediendo desde hace tres años, la situación es algo diferente. Han sido demasiadas las ocasiones en que la labor periodística se ha visto amenazada, y se ha llegado al extremo de obligar a un periodista a renunciar a su fuente de trabajo so pena de ser sometido a las prácticas impuestas del “control social”.

Para empeorar el panorama, ha habido también durante los últimos meses más de un atentado contra la libertad de prensa proveniente de las fracciones antidemocráticas de la oposición. La destrucción de instalaciones de Televisión Boliviana y de radios estatales en diversos puntos del país durante los enfrentamientos de agosto y septiembre del año pasado, así como las recurrentes amenazas y agresiones contra trabajadores de medios de comunicación estatales, han contribuido a que Bolivia figure entre los países en los que la libertad de prensa está deteriorándose.

Como contrapartida, y ese también debe ser motivo de reflexión, con frecuencia se puede constatar que hay casos en los que la libertad de expresión no es ejercida con la responsabilidad y el respeto a normas de ética periodística. No pocas veces se confunde la libertad de prensa con una especie de carta blanca para manipular la información y ponerla al servicio de causas o intereses incompatibles con los fundamentos básicos de una sociedad democrática.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el balance final no es del todo negativo. La firmeza con la que se ha defendido la libertad de expresión cuando ésta ha sido amenazada ha impedido que tengan éxito los intentos hechos por menoscabarla. Ese es un buen motivo para ver el futuro con optimismo y para redoblar el compromiso de mantener firme éste que es uno de los pilares fundamentales de la democracia.

A revitalizar la democracia

Quienes pretenden asumir el rol de una oposición democrática deben abandonar el victimismo y asumir el rol activo que les corresponde


En medio de la vorágine de noticias a cuál más desalentadora que ha acaparado la atención de la opinión pública de nuestro país durante las últimas semanas, impidiendo que se preste la debida atención a temas tan importantes como el proceso que debe conducir a las elecciones generales de diciembre próximo, durante las últimas horas ha habido dos que merecen ser destacadas. Ambas, felizmente, están relacionadas con la revitalización de la institucionalidad democrática.

Una de ellas, es la relativa a la decisión de José Luis Exeni de dar un paso al costado y renunciar a su condición de representante presidencial ante la Corte Nacional Electoral. La segunda, es el nombramiento, para remplazarlo, de Roxana Ibarnegaray.

La primera es una buena noticia porque Exeni se convirtió en un incordio, un motivo de malestar, un obstáculo para la buena marcha del proceso, un factor que privaba al Órgano Electoral de la transparencia y confianza imprescindible para que el escenario democrático vuelva a ser el más idóneo para que las pugnas políticas se canalicen por la vía pacífica y legal.

El correlato de tal renuncia, el nombramiento de quien ocupará su lugar, es también una noticia alentadora pues la persona nombrada reúne las condiciones necesarias para devolver la credibilidad a una institución tan importante para la salud de la democracia. Por su experiencia y sus antecedentes personales, Ibarnegaray no da motivos a ningún tipo de susceptibilidad.

Tan importantes pasos, sin embargo, no son suficientes. Hace falta, ahora, que el Congreso Nacional cumpla sin más dilaciones la tarea que le corresponde. Debe cubrir las vocalías que desde hace ya tanto tiempo están vacantes. Para ello, es necesario que los parlamentarios, tanto los del oficialismo como los de la oposición, renuncien a la tentación de acomodar en esos cargos a gente que se subordine a sus respectivos intereses.

Pero además, y lo más importante, es que las organizaciones políticas, partidos y agrupaciones habilitadas legalmente para participar en las lides democráticas, abandonen el rol de simples espectadores y asuman el papel protagónico que la ley les asigna. Sobre ellos pesa, en gran medida, la responsabilidad de que el proceso de empadronamiento biométrico se realice sin sombras de duda.

Quienes pretenden asumir el rol de una oposición democrática, deben, de una vez, abandonar el victimismo; esa actitud pasiva que se limita a las quejas y los lamentos. Tienen, más que el derecho, la obligación de participar activamente en el proceso pre electoral y organizarse de modo que en diciembre próximo no haya mesa electoral sin delegados que garanticen el respeto del voto de la ciudadanía. Ya no tienen pretexto para eludir tan importante misión.

Nuevos uniformes militares

Son muchas las dudas que ha dejado abiertas el anuncio de cambiar el uniforme de los miembros de las FF.AA. del “Estado Plurinacional”

Sin que quede claro si fue por pura casualidad, o por una relación de causalidad, el uniforme que visten los miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia ha sido tema de sendas declaraciones del Ministro de Defensa.

Por una parte, entre los argumentos inútilmente esgrimidos para paliar lo bochornosas que fueron las acusaciones contra un grupo de jugadores de “airsoft”, dijo que el uniforme camuflado era de uso exclusivo de los militares y, por lo tanto, ilegal que lo usen civiles. Tal argumento no hizo más que acrecentar el papelón.

Casi simultáneamente, anunció que las Fuerzas Armadas dejarán de usar a partir del próximo año sus actuales uniformes, por ser “modelo estadounidense”, y serán remplazados por un diseño “propio y auténtico” que represente a todas las regiones y a todas las culturas que conforman el “Estado Plurinacional”.

"Los uniformes sólo pueden ser utilizados por militares y policías, el uso indiscriminado de camuflados genera confusión. Para evitar en el futuro, que cualquier ciudadano utilice el camuflado universal, a partir del 2010 el Ejército cambiará su uniforme camuflado, porque merece respeto, dijo."

Es sorprendente, por decir lo menos, que el ejército boliviano deba renunciar a un elemento tan elemental y universal de la indumentaria militar como es el camuflaje, sólo porque otras personas también lo usan. Quienes entienden del asunto, consideran que tal razonamiento sólo puede aumentar las ya muchas dudas que pesan sobre la seriedad con que se abordan muchos temas relativos al “proceso de cambio”.

La iniciativa gubernamental, como era de prever, ha dado lugar a especulaciones, muchas de ellas alimentadas por ciertos antecedentes que ya fueron motivo de malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. Uno de ellos es el relativo a lo que alguien calificó como “folklorización” de las otrora solemnes paradas militares, las mismas que desde hace algún tiempo son “enriquecidas” con manifestaciones muy similares a las que son propias de las entradas carnavaleras.

Desfiles marciales engalanados con la exhibición de atuendos típicos de las “naciones indígenas originarias campesinas”, primero, y la idea de adoptar diseños típicos, “propios y auténticos”, ahora, no pueden dejar de dar lugar a algunas preguntas. Por ejemplo: ¿Será que las tropas acantonadas en la amazonia deberán sustituir los cascos “foráneos” por penachos ornamentados con plumas multicolores? ¿Los soldados del altiplano deberán disfrazarse de guerreros incaicos? ¿Se remplazarán las trompetas por pututus? ¿Se prohibirá a los civiles vestirse con prendas con “diseños auténticos”, que pasarán a ser uniforme oficial de los militares? Esas, entre otras, son algunas de las dudas que merecen una explicación.

El 1 de mayo no circuló Los Tiempos por ser día del trabajador