Y la justicia no llega

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país

Al recordarse los seis años de los cruentos enfrentamientos de "octubre negro", resulta pertinente señalar que, si una característica ha tenido el proceso político que vivió Bolivia en al menos la última década, es que el mismo se ha visto teñido por la sangre de decenas -si no centenares- de vidas cegadas a raíz de los innumerables episodios de conflicto y crisis social y política.

Sólo en los tristemente célebres hechos de febrero y octubre de 2003, que marcaron el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjeron alrededor de un centenar de víctimas mortales. Más antes, en las gestiones de los presidentes Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, son incontables los conflictos sociales que se saldaron con la vida de ciudadanos bolivianos; y después, la sucesión constitucional del presidente Carlos Mesa al entonces titular de la Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, se vio manchada por la muerte, en circunstancias hasta hoy no esclarecidas, de un dirigente minero en las proximidades de la ciudad de Sucre.

Ni qué decir de los hechos de violencia que se desataron durante la actual gestión gubernamental. Desde el sangriento conflicto minero ocurrido en el centro minero de Huanuni hasta el enfrentamiento de El Porvenir (Pando), pasando por los cruentos conflictos de Cochabamba, La Calancha (Sucre) o la ejecución de una presunta célula de terroristas boliviano-extranjeros en el Hotel Las Américas, la cantidad de personas muertas es por demás alarmante.

Lo cierto es que en todos esos hechos de violencia fratricida, así como en todos los que resultaría imposible de enumerar en este espacio editorial, se han producido víctimas fatales sin que hasta el día de hoy exista una sola persona que haya sido hallada responsable y, por consiguiente, condenada por la justicia boliviana.

Parecería, pues, que en nuestro país la impunidad ha quedado institucionalizada, y que el luto, el ensangrentamiento y la muerte de ciudadanos bolivianos se han convertido en prácticas habituales de los actores de la vida política y de las luchas sociales, como si no existiera respeto por la vida ni los derechos de las personas.

¿Cómo se puede explicar que las instituciones encargadas de administrar justicia no hubieran cumplido debidamente su rol ante semejante extralimitación de los actores políticos que han estado y están involucrados en la lucha por el poder? ¿Se trata de una conducta que habría que calificar de negligencia, incapacidad, indolencia, temor o sometimiento político de la justicia?

Ahora que nos encontramos sumergidos en un nuevo proceso electoral, éste es un tema que no puede ni debería quedar al margen de los temas de debate público que sostendrán los principales aspirantes a la presidencia de la República, porque finalmente todos ellos han estado vinculados, en distintos momentos de la vida democrática boliviana, al manejo del aparato del Estado.

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.

¿La impunidad como norma?

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.


Si una característica ha tenido el proceso político que vivió Bolivia en la última década es que el mismo se ha visto teñido por la sangre de decenas -si no centenares- de vidas cegadas a raíz de los innumerables episodios de conflicto, crisis social y política.

Sólo en los tristemente célebres hechos de febrero y octubre de 2003, que marcaron el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se produjeron alrededor de un centenar de víctimas mortales. Más antes, en las gestiones de los presidentes Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, son incontables los conflictos sociales con que se saldaron la vida de ciudadanos bolivianos; y después, la sucesión constitucional del presidente Carlos Mesa al entonces titular de la Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, se vio manchada por la muerte, en circunstancias hasta hoy no esclarecidas, de un dirigente minero en las proximidades de la ciudad de Sucre.

Ni qué decir de los hechos de violencia que se desataron durante la actual gestión gubernamental. Desde el sangriento conflicto minero ocurrido en el centro minero de Huanuni hasta el enfrentamiento de El Porvenir (Pando), pasando por los cruentos conflictos de Cochabamba, La Calancha (Sucre) o la ejecución de una presunta célula de terroristas boliviano-extranjeros en el Hotel Las Américas, la cantidad de personas muertas es por demás alarmante.

Lo cierto es que en todos esos hechos de violencia fratricida, así como en todos los que resultaría imposible de enumerar en este espacio editorial, se han producido víctimas fatales sin que hasta el día de hoy exista una sola persona que haya sido hallada responsable y, por consiguiente, condenada por la justicia boliviana.

Parecería, pues, que en nuestro país la impunidad ha quedado institucionalizada, y que el luto, el ensangrentamiento y la muerte de ciudadanos bolivianos se han convertido en prácticas habituales de los actores de la vida política y de las luchas sociales, como si no existiera respeto por la vida ni los derechos de las personas.

¿Cómo se puede explicar que las instituciones encargadas de administrar justicia no hubieran cumplido debidamente su rol ante semejante extralimitación de los actores políticos que han estado y están involucrados en la lucha por el poder? ¿Se trata de una conducta que habría que calificar de negligencia, incapacidad, indolencia, temor o sometimiento político de la justicia?

Ahora que nos encontramos sumergidos en un nuevo proceso electoral, éste es un tema que no puede ni debería quedar al margen de los temas de debate público que sostendrán los principales aspirantes a la presidencia de la República, porque finalmente todos ellos han estado vinculados, en distintos momentos de la vida democrática boliviana, al manejo del aparato del Estado.

La nefasta práctica de escribir con sangre la política tendría que llegar a su fin, y esto sólo será posible si los aspirantes a conducir los destinos de nuestro país asumen un firme compromiso de respeto a la vida, y si la justicia boliviana se quita la venda que le impide ver el régimen de impunidad que, por su propia inacción, se ha instalado en el país.

Juicio de Responsabilidades

Es mucho lo que se debe aclarar. En lo más inmediato, lo más `básico y elemental: ¿Por qué se excluyó del juicio a una de las partes?

Seis años después de haberse iniciado el proceso que condujo al colapso del modelo económico y del sistema de partidos que estuvo vigente durante diez años en nuestro país, se ha iniciado en Sucre el juicio de responsabilidades contra algunos de los principales protagonistas de los hechos de octubre de 2003.

Decimos algunos, porque no están todos los que deberían compartir el banquillo de los acusados. Está siendo juzgada una de las partes involucradas pero no la que provocó los enfrentamientos y creó las condiciones para que tan sangriento desenlace se produzca.

Ese sólo hecho, que no es un pequeño detalle, es suficiente para que el caso merezca ser juzgado en dos escenarios: el de los estrados judiciales, que es el que ha ingresado a su etapa decisiva, y el de la historia que está todavía lejos de llevarse a cabo.

No es mucho lo que el primero de ellos se puede decir. Es que por las circunstancias en que se realiza resulta evidente que no serán las leyes, las reglas propias de un Estado de Derecho las que lo mantengan dentro los marcos de una justicia bien entendida. Una Corte Suprema prácticamente devastada por la eficiencia con que el gobierno del MAS socavó sus bases, la injerencia de múltiples formas de presión y la ausencia de los principales inculpados son factores que impiden creer que el asunto pueda ser resuelto en términos de justicia y legalidad.

El otro escenario, el del juicio de la historia, está también lejos llevar al esclarecimiento de los hechos, a la justa distribución de responsabilidades y lo que es más importante, a la comprensión de los factores económicos, políticos y sociales que más allá de las personas, dieron lugar a los acontecimientos que deben ser juzgados.

Es mucho lo que al respecto se debe aclarar. En lo más inmediato, lo más `básico y elemental: ¿Por qué se excluyó del juicio a una de las partes? ¿En virtud a qué atribuciones el ex Presidente Carlos Mesa se dio la libertad de amnistiar a quienes promovieron los enfrentamientos de febrero y octubre de 2003, siendo tan evidente que su responsabilidad no es menor que la de quienes con él gobernaban?

Esos, entre otros, son algunos de los motivos que llevan a ver con escepticismo el juicio que ayer se inició. No se puede esperar que se haga justicia cuando una de las partes está ausente amparada por las arbitrariedades que permite el abuso del poder y la otra porque se niega a asumir su defensa no sólo en los estrados judiciales sino ante los ojos de la historia.

La deserción de los acusados, que durante los últimos años nada hicieron por defender sus actos en el plano de las ideas, los ha puesto a en una difícil situación pues su silencio no contribuye a equilibrar una balanza que en la percepción colectiva se inclina en su contra. Grave error, pues si no son ellos mismos… ¿quién podrá asumir su defensa?