Las autonomías indígenas en la práctica

Las fuerzas disgregadoras de la unidad nacional han comenzado a dar sus primeros resultados y no se vislumbra nada que detenga el proceso

Una de las críticas que más certeramente se hizo al texto constitucional elaborado por los asesores del MAS es que muy por encima de las elucubraciones teóricas de quienes dieron rienda suelta a sus fantasías indigenistas durante su redacción, existe una realidad que no se puede manipular con tanta facilidad como los conceptos teóricos.
Una muestra de lo que eso significa se pudo ver el pasado jueves cuando sindicatos campesinos y ayllus “indígena originario campesinos” se enfrentaron en la comunidad de Sienegoma, en Potosí. El saldo fue un muerto y 15 heridos y un odio visceral que clama venganza.
La primera víctima del proceso de consolidación de las “autonomías indígenas” fue Julián Mamani, una autoridad originaria de Tinguipaya. Su muerte, en sí misma significativa, lo es más por la forma en que se produjo. Fue asesinado de la manera más cruel cuando al huir de una emboscada preparada por los seguidores del MAS se alejó del grupo que lo acompañaba. Su cuerpo, destrozado a golpes, fue encontrado días después.
Según la explicación de los agredidos, el origen del problema consiste en que los masistas no quieren que nadie ingrese a las zonas que creen controlar políticamente. Que los que se oponen a las autonomías indígenas sean tan indígenas como los que apoyan la consigna gubernamental, no importa. Se los elimina con la frialdad con que se eliminó a Julián Mamani.
Lo ocurrido en Sienegoma no es una excepción. Muy por el contrario, es el único resultado que se puede esperar de la manera como el MAS se ha propuesto destruir todo el andamiaje institucional para imponer, así sea mediante los métodos aplicados en el caso que comentamos, las autonomías indígenas.
La magnitud del problema y de la carga explosiva que contiene es pavorosa. Es que los conflictos de intereses entre ayllus y municipios en las tierras altas ya tienen larga data y fue por eso que durante los últimos años se dejó pendiente la delimitación de circunscripciones que son objeto de luchas internas. Tales disputas, lejos de atenuarse, como ya se ha comenzado a ver, sólo pueden avivarse cuando lo que se pone en juego es nada menos que "el derecho de los pueblos indígenas al territorio, al autogobierno y a la libre determinación", con todo lo que ello implica en cuanto a poder político y económico.
En las tierras del oriente el asunto se complica aún más pues allá suman decenas las “naciones” que tienen que recorrer tan escabroso camino. En lo inmediato, además del asunto de las autonomías indígenas, tendrán que realizarse reuniones “inter-nacionales” para fijar sus límites y elegir a sus diputados.
Estamos pues ante el destape de una verdadera “caja de Pandora” de la que sólo se pueden esperar que salgan grandes calamidades. Se han desencadenado incontenibles fuerzas disgregadoras de la unidad nacional y no se vislumbra, por lo menos por ahora, algo que pueda revertir el proceso de destrucción.

Las autonomías indígenas

La principal facultad que la Constitución concede a las autonomías indígenas es la del autogobierno, permitiéndoles organizarse de acuerdo a sus propias normas, instituciones y procedimientos ancestrales

El día de ayer, en el marco de la celebración de la Reforma Agraria, el presidente de la República promulgó en la localidad de Camiri un Decreto Supremo que autoriza a los municipios del país que quieran adoptar el régimen de las autonomías indígenas puedan convocar a referendos municipales que tendrán el próximo 6 de diciembre de este año, el mismo día en que se llevarán a cabo las elecciones generales.

De esta manera, y en la que podría considerarse como una de las principales medidas gubernamentales para aplicar la Constitución Política del Estado en actual vigencia, la administración de Evo Morales dio un paso decisivo que marcará, a no dudarlo, el rumbo que vaya a seguir el proceso autonómico iniciado en el país hacen ya varios años bajo el liderazgo de los departamentos de la denominada Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).

Es precisamente en respuesta al planteamiento de esas cuatro regiones, que propugnaban un modelo de autonomías departamentales, que el oficialismo creó en el nuevo texto constitucional cuatro niveles de autonomías: la autonomía regional, la autonomía municipal, la autonomía departamental y la autonomía indígena originaria campesina.

El referéndum al que podrán acogerse los municipios en el marco del Decreto Supremo promulgado ayer da lugar a la aplicación del último de esos niveles; es decir, de la autonomía indígena originaria campesina.

De esta manera, se pone en aplicación, también, la nueva organización territorial establecida en el texto de la CPE; en la que, además de los departamentos, provincias y municipios, se crean los territorios indígena originarios campesinos.

Así, los municipios que el 6 de diciembre adopten la condición de Autonomía Indígena, Originaria Campesina, se convertirán en entidades territoriales que, según lo estipulado en la CPE, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional; es decir que no tendrán dependencia alguna de los niveles de autonomía departamental, municipal o regional.

La principal facultad que la Constitución concede a las autonomías indígenas es la del autogobierno, permitiéndoles organizarse de acuerdo a sus propias normas, instituciones y procedimientos ancestrales.

No está claro, aún, cuántos municipios, de los 327 que existen en Bolivia, irán al referéndum para acogerse al modelo de las autonomías indígena; ni cuántas -si no todas- de las 36 naciones indígenas constitucionalmente reconocidas se declararán autónomas.

Lo cierto es que ayer, con la promulgación del mencionado Decreto, se crea otro hito del largo proceso de inclusión y reconocimiento de los derechos de los indígenas y campesinos iniciado hace más de medio siglo, con la dictación de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953.
De ahora en adelante, al Gobierno le toca la difícil tarea de dar viabilidad y sostenibilidad a la coexistencia de varios niveles autonómicos, evitando que las competencias y atribuciones de cada uno de ellos puedan constituirse en fuente de futuros conflictos.