“¿De qué vamos a vivir”?

“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi


Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.

Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.

Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.

Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.

Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.

Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.

Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.

Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.

Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.

Himalaya y el nuevo Estado

La “nacionalización” de la mina Himalaya se suma a los muchos ejemplos de lo que en los hechos significa el “nuevo Estado”

Si hay algo que ya tendría que estar claro a estas alturas del proceso político que se inauguró con el ascenso del Movimiento al Socialismo al gobierno, es que no se trata de un simple relevo de élites burocráticas en la gestión del aparato estatal. Mucho más que eso, es la destrucción premeditada y sistemática del Estado republicano y su paulatina sustitución por otro Estado, uno que va construyendo su propia estructura institucional.

Muestras de lo que eso significa en el plano teórico se las puede encontrar en abundancia en las elucubraciones hechas durante los últimos años por los principales ideólogos del nuevo régimen. Ellos, franca y abiertamente, postulan la necesidad de reducir a escombros la “vieja estructura estatal” para sobre ellos erigir una nueva.

En lo práctico, eso se manifiesta cada vez con mayor claridad en la consolidación y proliferación de enclaves en los que las instituciones del Estado republicano son expulsadas y su lugar va siendo ocupado por las del que está en proceso de construcción.

La “republiqueta de Achacachi”, así definida por el Vicepresidente de la República, es un buen ejemplo pero no el único. Lo que está ocurriendo en El Alto es parte del mismo proceso, sólo que en una etapa aún no tan avanzada.

Otro ejemplo, no menos elocuente, es el que durante los últimos días ha vuelto a salir a luz en el cantón Cohoni, en la provincia Murillo de La Paz, donde se encuentra la mina Himalaya. Allá, hace ya 17 meses, los comunarios “indígena originarios campesinos” decidieron “nacionalizar” esa mina, así como muchas otras de las que fueron expulsados los cooperativistas.

El argumento con que los comunarios justifican sus actos es muy simple. “Los recursos naturales existentes en el país pertenecen a los originarios y deben ser explotados y manejados por los originarios; estamos decididos a eso. Estamos 1 año y 4 meses (en la mina) y ellos (la empresa) estaban 23 años explotando a nuestros hermanos”, dicen. No se refieren a una empresa transnacional, sino a una cooperativa perteneciente a mineros bolivianos tan pobres como ellos pero que, según sus parámetros, no merecen el privilegiado título de “originarios”.

Como se sabe, ni la policía nacional, ni las instancias judiciales, ni otra institución del “viejo Estado” puede intervenir. Han sido impunemente expulsados, de modo que quede claro quién tiene el poder y quién está demás. Y ante ello, más allá de irrelevantes declaraciones líricas que ni siquiera logran disimular sus verdaderas intenciones, los constructores del “Estado Plurinacional” no disimulan su beneplácito. Es que así se da un paso más hacia el logro de su principal objetivo que no es otro que la consolidación de un poder de facto ante el que nada pueda la legalidad “colonial”.