YPFB, devorador de recursos públicos

Hay motivos para temer que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, la nueva caja chica del Gobierno central

La decisión del Gobierno de formalizar mediante un contrato el anuncio que ya fue hecho meses atrás, para que YPFB reciba del Banco Central de Bolivia un crédito de 1.000 millones de dólares, monto que saldrá de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha inaugurado una nueva etapa en la economía nacional.

Desde el punto de vista del Gobierno, marca un nuevo hito en el camino que conduce a la independencia económica, la descolonización, la industrialización y el despegue hacia el desarrollo de nuestro país. Para quienes cuestionan esa medida, que son los más renombrados expertos en temas hidrocarburíferos y económicos, en cambio, la disposición sólo puede ocasionar que todos los males de los que hasta hoy fue víctima YPFB sean contagiados al Banco Central. Es que, según sus análisis, nada garantiza que esos recursos sean mejor administrados que los que fueron groseramente despilfarrados desde la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Desgraciadamente, dados los antecedentes del tema, abundan los motivos para creer que esta segunda interpretación —la de quienes critican la medida— es la que más se aproxima a la realidad. Más de tres años han sido suficientes para dudar de la eficiencia con que tan cuantiosos recursos serán administrados por una empresa que sólo ha dado malas noticias desde que se hizo cargo de la principal riqueza de nuestro país.

Pero las razones para cuestionar la decisión de transferir a YPFB tanto dinero no son sólo económicas. También quienes todavía se preocupan por el aspecto legal han expuesto las razones que permiten afirmar que el contrato suscrito vulnera normas básicas de la legislación vigente.

Se ha denunciado, por ejemplo, que el contrato en cuestión vulnera de manera flagrante la ley 1670 del BCB, según la cual la institución emisora no puede otorgar créditos al sector público y contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Los artículos 22 y 23, de esta ley señalan que las operaciones previstas solamente se dan mediante títulos, valores negociables de deuda pública emitido por el Tesoro de la Nación, en caso de atender casos especiales. Para esos casos especiales, se establece un plazo máximo de un año y se define la emisión de valores como garantías a favor del BCB.

Como si eso fuera poco, la autorización para el crédito se aprobó de manera irregular en una ley específica que es la del Presupuesto que tiene una duración de un año y cuyo contenido, por sentencias constitucionales previas, no puede exceder los límites de la temática presupuestaria de una sola gestión.

Pero como ya es habitual, ni las razones económicas, ni las legales, ni las que dicta el sentido común son suficientes para disuadir al Gobierno de un propósito del que nada bueno se puede esperar. Por el contrario, lo que se puede temer es que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, institución que, por lo que se ve, comenzará a ser tratada como la caja chica del Gobierno central.

La máxima expresión del fracaso

Al paso que vamos, pronto habrá que “exigir” a Brasil que el gasoducto se transforme en poliducto para importar biocombustibles

Si hubiera que recurrir a una sola frase que de manera breve pero sustanciosa describa la magnitud del fracaso de la política hidrocarburífera del gobierno de Evo Morales, y los estropicios causados por la “nacionalización”, ninguna mejor que la empleada por el presidente de YPFB para anunciar cuál será la principal solicitud que se hará al presidente brasileño cuando visite nuestro país el próximo fin de semana. “Se pedirá la revisión del contrato de exportación de gas a Brasil para bajar los volúmenes comprometidos”.
“Ante confesión de partes, relevo de pruebas”, habrá que decir, pues el hecho de que después de más de treinta años durante los que la apertura, primero, y ampliación después, del mercado brasileño para el gas boliviano fue uno de los pocos objetivos compartidos por cuanto gobierno se sucedió en la administración de nuestro país, el régimen del MAS ha logrado lo que hasta hace poco parecía imposible. Ha logrado dar un enorme salto atrás y ahora ruega para que Brasil disminuya su demanda.
El asunto, de por sí alarmante, lo es mucho más si se considera el contexto en que se produce. Es que si hay alguien interesado en deshacerse de sus compromisos con Bolivia, es precisamente Brasil. Como lo dijo en marzo pasado el presidente Lula da Silva, “no quiere depender del humor de nadie para comprar gas”, en clara alusión a Evo Morales.
Fue precisamente para “no depender del humor de nadie”, que Petrobras decidió, después de la “nacionalización”, desviar los miles de millones de dólares que tenía previsto invertir en nuestro país hacia proyectos alternativos que liberen al Brasil de los compromisos contraídos.
Le dieron tan buenos resultados esas inversiones, que ahora el problema de Brasil consiste en la sobreoferta de gas y no sabe qué hacer con el que se comprometió a comprar a Bolivia. Por eso, nada le caería mejor que desligarse de su compromiso de “take or pay”, lo que significa que aunque no compre los volúmenes contratados, igual debe pagar por ellos. Que los burócratas de YPFB sean incapaces de hacer los cobros, es otra cosa.
Sería lógico, por ello, que sean los representantes de Brasil quienes tomen la iniciativa de renegociar el contrato. Pero no… para esto está el presidente de YPFB quien, además de que no se ruboriza al informar sobre la “demanda” boliviana, lo hace como si de una gran conquista para los intereses nacionales se tratara.
Al paso que vamos, nadie deberá sorprenderse si dentro de poco nos informan que el gobierno boliviano “exigirá” a Brasil que el gasoducto sea transformado en poliducto para importar biocombustibles brasileños y así paliar la escasez de energéticos en nuestro mercado interno. ¿Y con qué se llenará el vacío que va dejando la debacle del sector hidrocarburífero? Ya más de uno está pensando en el litio.

Los frutos de la “nacionalización"

Ante la contundencia con que se impuso el engaño, resultan inútiles los esfuerzos que hacen los expertos para hacer oír sus advertencias


Si alguien todavía tenía alguna duda sobre la verdadera naturaleza de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, lo que es peor aún, sobre las consecuencias que tal medida traerá para el futuro de nuestro país, es probable que ésta haya sido ya despejada a la luz de las más recientes informaciones que sobre el tema se han publicado.

La manera pueril como se negoció la compra de las acciones que Shell y Ashmore tenían en Transredes; la descarada manera como tal transacción fue presentada, despliegue militar de por medio, como si de un heroico acto se tratara; el silencio cómplice que ante tan burdo engaño mantuvieron mientras les fue conveniente hacerlo los directores de la empresa, son pequeñas muestras de lo lejos que se llevó, en el campo político y propagandístico, lo que en los hechos es una monumental estafa al pueblo boliviano.

Pero nada de lo anterior es en sí mismo grave. Al final de cuentas, es sólo una manifestación más de la manera como se ha hecho de la mentira el pilar fundamental de un proyecto político. Nada que deba sorprender cuando la mitomanía imperante deja sus huellas en todos y cada uno de los pasos que se da en el “proceso de cambio” en curso.

Cuando el asunto adquiere dimensiones dignas de preocupación es cuando se cuantifican sus consecuencias en términos económicos y, mucho peor aún, cuando las cifras se proyectan hacia el porvenir. Lo único que se puede ver al hacer ese ejercicio es un país que se encamina a pasos agigantados desde la pobreza hacia la miseria.

La falta de inversiones externas para la exploración, perforación y explotación de nuevos campos, la malversación de los pocos recursos propios disponibles, la falta de idoneidad profesional de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en el sector hidrocarburìfero son algunos de los factores que no permiten ver con optimismo el futuro.

Pero aún peores son las consecuencias que tales circunstancias ocasionan en nuestra relación con el mundo externo, y principalmente con los principales compradores de nuestros hidrocarburos. Es el caso de Brasil y Argentina que ya planifican su futuro sin contar con el gas boliviano. Y no menos significativas son las inversiones que hacen Trinidad y Tobago, Perú y –el colmo de la paradoja— Venezuela, para copar los mercados que Bolivia está abandonando.

Ante tal panorama, y frente a los impulsos suicidas que por lo visto se han apoderado de la mente de quienes conducen la política hidrocarburífera nacional, resultan inútiles los esfuerzos que hacen los expertos en la materia para hacer oír sus advertencias. En vano se desgañitan tratando de detener la destrucción de la principal fuente de ingresos que todavía tiene nuestro país. Es una muestra más de lo lejos que puede llegar la mitomanía cuando todo un pueblo se hace adicto a ella.

El mito de la “nacionalización”

Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal

Como si de algo sorprendente se tratara, las denuncias hechas por el ex presidente de YPFB-Transportes han sido recibidas por algunos círculos políticos y periodísticos como si el ex candidato presidencial de NFR hubiera sido el portador de una verdadera revelación. Como era de suponer, algunos aspirantes a candidatos opositores fueron los que con más entusiasmo las recibieron, suponiendo sin duda que algún rédito electoral podrían obtener al sumarse al alboroto originado en las nuevas denuncias.

Sin embargo, una semana ha sido suficiente para que el asunto vuelva al punto de donde salió: la tenebrosa oscuridad donde desde hace tres años se toman las decisiones relativas a la riqueza hidrocarburífera de nuestro país. El autor de las denuncias gozó de unos días de fama y seguramente nadie volverá a acordarse de él.

Que el asunto no haya merecido otra suerte es lo lógico y normal. Es que a estas alturas de la historia de la “nacionalización” ya nadie que esté medianamente informado puede hacer alardes de indignación –sin caer en lo ridículo-- ante una manera de actuar que no es la excepción, sino la regla. Es el caso de la manera como se procedió a comprar las acciones de Shell y Ashmore, procedimiento que en nada se distingue de todo lo hecho en nombre de la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Que se trata de un pésimo negocio para el país, es evidente. Que se actuó sin asomo de transparencia, también. Que quienes negociaron en nombre del Estado lo hicieron como neófitos en el asunto, lo que los hizo presa fácil de los representantes de las transnacionales en las negociaciones, es incuestionable. Pero nada de eso es nuevo y mucho menos sorprendente.

Así se explica que al Gobierno le haya resultado tan fácil salir del paso. No importa que hasta ahora nadie haya podido precisar la magnitud del monto de las deudas de Transredes que será asumido por el Estado. Tampoco importa que entre una versión y otra haya algunas decenas de millones de dólares de diferencia. Lo único que en los hechos tiene alguna relevancia es que el Gobierno ha logrado poner a su “nacionalización” mucho más allá del bien y del mal.

Es tan incontrovertible el mito, que está fuera del alcance de cualquier argumento racional. El que se haya llegado a tal punto de confusión es en gran medida atribuible a la eficiencia con que los propagandistas del MAS lograron imponer esa idea, como muchas otras. Pero tanto éxito no hubiera sido posible si, además, no tuvieran al frente una oposición ideológicamente vencida, incapaz de ir más allá de las manifestaciones externas de los problemas. La facilidad con que se soslaya ese monumental fraude que fue todo el proceso de “nacionalización” es una de las claras muestras de lo rotundo que fue el triunfo ideológico del MAS,