El “caso Rozsa” y la intervención externa

Aunque opacado en medio de otras quejas pueriles, tan propias de la oposición boliviana, es plausible que el “Caso Rozsa” haya llegado por fin a instancias internacionales

Casi siete meses después de que durante un operativo policial fueran fríamente asesinados unos mercenarios supuestamente involucrados en actos terroristas y separatistas, por fin el asunto ha llegado a las instancias internacionales, en cuyas manos desde un principio debieron ser puestas las investigaciones.

Infructuosamente, desde este espacio editorial, hemos venido insistiendo durante los últimos meses en la urgente necesidad de que así se proceda. Ya el 21 de abril, bajo el título de “Urgente intervención externa”, afirmábamos que “estamos ante un hecho cuya importancia trasciende los límites de la política interna. Al estar involucrados ciudadanos extranjeros vinculados con organizaciones de alcance internacional, resulta necesario que en las investigaciones se involucren organismos especializados en la lucha contra el terrorismo también de carácter internacional”.

Más adelante, sosteníamos que “Siendo tantas las dudas que se ciernen sobre la manera como el gobierno ha encarado el asunto (…) la intervención de organismos internacionales especializados es, sin duda, la mejor opción”.

Al día siguiente, el 22 de abril, decíamos: “sólo cabe insistir en la urgencia de que se agilice la llegada al país de agentes de la Interpol y de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, no pueden ni deben soslayar su responsabilidad pues la magnitud de este caso es demasiado grande para dejarla sólo en manos del gobierno nacional”.

Posteriormente, el 26 del mismo mes, sosteníamos que “Está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol?”, nos preguntábamos.

Días después, el 7 de mayo, “Investigaciones mal encaminadas” titulaba este espacio, y en él afirmábamos: “El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios”.

Y el 18 del mismo mes insistíamos: “Hay abundantes motivos para suponer que la magnitud y complejidad del embrollo supera con mucho los estrechos límites de las pugnas políticas bolivianas. Razón más que suficiente para insistir en la necesidad y conveniencia de que en las investigaciones se involucren organismos internacionales. Si hay algo claro, es que ni el oficialismo ni la oposición están a la altura de un caso que trasciende nuestras fronteras”.

Con esos antecedentes, no podemos dejar de expresar nuestra satisfacción porque por fin, aunque con tanta demora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese a un escenario del que nunca debió estar ausente. Y si bien es lamentable que un asunto tan serio como el “Caso Rozsa” resulte opacado en medio de otras quejas pueriles, tan propias de la oposición boliviana, es sin duda un buen paso en la dirección correcta.