viernes, 13 de noviembre de 2009

La corrupción en la agenda mundial

¿Cuál es la posición boliviana? No se sabe pues éste, como otros temas importantes, ha sido relegado en nuestro país por la más pueril de las coyunturas preelectorales de que se tenga memoria.


Sin haber recibido la atención que merece, lo que es en sí mismo un síntoma de lo distorsionada que está la escala de valores en el mundo actual, hoy concluye en Doha, la capital de Qatar, la tercera conferencia de los Estados miembros de la Convención de la ONU contra la corrupción (UNCAC), luego de cinco días de arduos debates.

La Convención de la ONU contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre del 2003 y que entró en vigor a partir del 14 de diciembre del 2005, es el primer instrumento internacional legalmente obligatorio contra la corrupción. Su razón de ser consiste en crear y fortalecer mecanismos de seguimiento que permitan apoyar y comprobar el avance de los países en la lucha contra la corrupción.

La ONU decidió poner el tema en un lugar privilegiado en su agenda de prioridades porque, según diversos estudios, la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas del mundo actual. Tanto, que se calcula que los desvíos ilícitos de recursos públicos cuesta a las naciones en desarrollo unos 20.000 a 40.000 millones de dólares cada año. Y en la otra cara de medalla, es uno de los principales motores de los grandes centros financieros del mundo que se están convirtiendo en refugios de activos robados.

Como suele ocurrir en convenciones como la que concluye hoy, ésta fue precedida por grandes expectativas. Se esperaba que los países miembros logren acuerdos que permitan adoptar políticas para conjurar mediante un esfuerzo común uno de los grandes males del mundo actual. Pero una vez más, la frustración parece ser el principal resultado.

Es que son tan grandes los intereses económicos y políticos en juego, que aunque parezca obvia la necesidad y conveniencia de un esfuerzo común, las discrepancias resultan mayores que las coincidencias. En este caso, son tres las principales corrientes en las que está dividida la comunidad internacional.

Por una parte, están los países que promueven con energía la aprobación urgente e inmediata de un mecanismo eficaz, incluyente y transparente. En este grupo se encuentran, entre otros, Noruega, Finlandia, Brasil, Estados Unidos, Uruguay y Chile. Esta posición es compartida y respaldada por la Coalición de Sociedad Civil en la Uncac.

Contra ese bloque se enfrenta un segundo grupo de países que no están de acuerdo con las fórmulas propuestas por los primeros por considerar que atentan contra la soberanía nacional y ven en ellos el peligro de una intromisión en políticas internas. Un segundo argumento de ellos es que el asunto sólo debe ser competencia de los gobiernos y no incluir a la sociedad civil. Esta posición es encabezada por Rusia, China, Irán, Venezuela.

El tercer bloque, del que en última instancia depende cuál de las posiciones prevalezca, está conformado por países que hasta ayer se mostraban indecisos. Ellos aceptan un mecanismo de seguimiento, pero advierten que hay que seguir discutiendo algunos temas que requieren aclararse. Defienden un mecanismo más suave, progresivo, sin urgencias. Otros en este tercer grupo argumentan que es mejor que el mecanismo se concentre en la prevención y no en sanción y persecución.

¿Cuál es la posición boliviana? No se sabe pues éste, como otros temas importantes, ha sido relegado en nuestro país por la más pueril de las coyunturas preelectorales de que se tenga memoria.

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