Campañas con transparencia

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos



A diferencia de las últimas elecciones generales, los partidos políticos que terciarán en los comicios de diciembre próximo ya no tendrán el acostumbrado financiamiento del Estado para financiar sus campañas. El tema, que ya ha sido motivo de polémica, dará mucho que hablar en los próximos días y semanas.

De hecho, la carrera electoral se abrió con sendas denuncias provenientes de la oposición política sobre una presunta utilización de recursos y bienes estatales de parte del oficialismo. El Movimiento al Socialismo, a su vez, ha negado tal extremo y ha señalado que los recursos para su campaña provendrán de aportes de su militancia y de las organizaciones sociales que lo sustentan.

Sea cual fuere la verdad, queda claro que el partido gobernante goza de una sólida base económica que la constituyen los funcionarios públicos, los sindicatos afines y su control sobre todo el aparato del Estado. Una ventaja difícil de superar para el resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

Eso, sin embargo, no exime de responsabilidad a los partidos de la oposición, que deberán invertir importantes sumas de dinero para echar a andar su andamiaje proselitista. Ninguno de ellos ha informado, ni siquiera vagamente, de sus presupuestos de campaña ni de sus fuentes de financiamiento.

Una de las ventajas de que el Estado financie a los partidos políticos —independientemente del debate sobre la conveniencia o no de dicho financiamiento— era precisamente la de establecer reglas electorales más o menos claras de juego, permitiendo la fiscalización de los recursos de campaña así como el origen de los mismos.

Se pretendía, asimismo, que los partidos políticos asumieran compromisos económicos de naturaleza dudosa con financiadores particulares; compromisos que, tarde o temprano, tenían que ser retribuidos con dineros de todos los bolivianos, ya sea a través de cuotas de poder o de favores estatales, o de sobreprecios y jugosas comisiones en los contratos públicos.

Si bien es cierto que el financiamiento estatal a los partidos políticos no disminuyó la corrupción en la administración de la cosa pública, no es menos cierto que al menos generó ciertas condiciones de transparencia sobre el origen del dinero empleado en el proselitismo electoral.

Por eso, ahora que las fuerzas políticas se verán en la obligación de autofinanciar sus campañas, lo menos que tendría que esperarse es una información precisa y clara sobre sus presupuestos y el origen de sus recursos; evitando así que dinero de dudosa procedencia o de actividades ilícitas vuelvan a contaminar la actividad política, tal y como sucedió en el pasado.

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos.