“¿De qué vamos a vivir”?

“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi


Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.

Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.

Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.

Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.

Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.

Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.

Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.

Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.

Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.