YPFB, devorador de recursos públicos

Hay motivos para temer que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, la nueva caja chica del Gobierno central

La decisión del Gobierno de formalizar mediante un contrato el anuncio que ya fue hecho meses atrás, para que YPFB reciba del Banco Central de Bolivia un crédito de 1.000 millones de dólares, monto que saldrá de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha inaugurado una nueva etapa en la economía nacional.

Desde el punto de vista del Gobierno, marca un nuevo hito en el camino que conduce a la independencia económica, la descolonización, la industrialización y el despegue hacia el desarrollo de nuestro país. Para quienes cuestionan esa medida, que son los más renombrados expertos en temas hidrocarburíferos y económicos, en cambio, la disposición sólo puede ocasionar que todos los males de los que hasta hoy fue víctima YPFB sean contagiados al Banco Central. Es que, según sus análisis, nada garantiza que esos recursos sean mejor administrados que los que fueron groseramente despilfarrados desde la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Desgraciadamente, dados los antecedentes del tema, abundan los motivos para creer que esta segunda interpretación —la de quienes critican la medida— es la que más se aproxima a la realidad. Más de tres años han sido suficientes para dudar de la eficiencia con que tan cuantiosos recursos serán administrados por una empresa que sólo ha dado malas noticias desde que se hizo cargo de la principal riqueza de nuestro país.

Pero las razones para cuestionar la decisión de transferir a YPFB tanto dinero no son sólo económicas. También quienes todavía se preocupan por el aspecto legal han expuesto las razones que permiten afirmar que el contrato suscrito vulnera normas básicas de la legislación vigente.

Se ha denunciado, por ejemplo, que el contrato en cuestión vulnera de manera flagrante la ley 1670 del BCB, según la cual la institución emisora no puede otorgar créditos al sector público y contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Los artículos 22 y 23, de esta ley señalan que las operaciones previstas solamente se dan mediante títulos, valores negociables de deuda pública emitido por el Tesoro de la Nación, en caso de atender casos especiales. Para esos casos especiales, se establece un plazo máximo de un año y se define la emisión de valores como garantías a favor del BCB.

Como si eso fuera poco, la autorización para el crédito se aprobó de manera irregular en una ley específica que es la del Presupuesto que tiene una duración de un año y cuyo contenido, por sentencias constitucionales previas, no puede exceder los límites de la temática presupuestaria de una sola gestión.

Pero como ya es habitual, ni las razones económicas, ni las legales, ni las que dicta el sentido común son suficientes para disuadir al Gobierno de un propósito del que nada bueno se puede esperar. Por el contrario, lo que se puede temer es que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, institución que, por lo que se ve, comenzará a ser tratada como la caja chica del Gobierno central.