Inseguridad e indefensión

La redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones


Varios asaltos y atracos sucedidos, casi simultáneamente, en las últimas horas en La Paz y Santa Cruz, han vuelto a poner en evidencia el cada vez más alarmante deterioro de la seguridad ciudadana sobre todo en las principales ciudades de Bolivia, quedando así nuevamente demostrado el poco o ningún impacto que han tenido los planes de lucha contra la delincuencia puestos en vigencia en los últimos años, así como las enormes limitaciones que afectan a la Policía Nacional y no le permiten cumplir su misión con eficiencia.

Ante esta situación, que tiende a agravarse cada día más con el consiguiente riesgo para las vidas y propiedades de cientos de miles de bolivianos, se torna apremiante la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, asumiendo como una de sus tareas de prioridad la de garantizar la seguridad ciudadana a través de un programa que afronte el problema en todas sus variables.

Será necesario, por una parte, estudiar y si es el caso modificar la legislación penal vigente, especialmente para asegurar que los delincuentes no aprovechen de las medidas cautelares para evadir su responsabilidad, pero hará falta, también, que el Ministerio Público actué con la energía y firmeza necesarias, cosa que no está sucediendo en la actualidad.
A estas alturas, ya no quedan dudas de que la labor policial no está siendo debidamente acompañada ni por el Ministerio Público ni por la legislación vigente en esta materia, por lo que urge estudiar el tema en su verdadera dimensión y obrar en consecuencia.

Por otra parte, es a todas luces innegable que para contar con una estrategia eficaz de seguridad ciudadana, la Policía tiene que ser fortalecida y redimensionada en su integridad, puesto que sólo podrá cumplir a cabalidad con sus deberes de vigilancia, patrullaje, investigación y aprehensión de delincuentes en la medida en que se transforme en un cuerpo organizado, probo y dotado de recursos humanos capacitados, así como de los suficientes recursos técnicos y —sobre todo— económicos que hoy tanto le hacen falta.

Sobre este particular, llama la atención que el Gobierno Nacional le esté poniendo particular énfasis a la adquisición de nuevos equipos bélicos para las Fuerzas Armadas, asignando para ello importantes recursos económicos, cuando dichos recursos —o una parte de ellos— bien podrían ser empleados en la tan necesaria como urgente modernización y fortalecimiento de las fuerzas del orden.

De lo que se trata, simplemente, es de establecer prioridades. Por esto, y antes de ingresar en un militarismo innecesario, se hace cada vez más patente la necesidad de que el Gobierno concentre su atención y sus esfuerzos en dotarle a la Policía Nacional de todos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para afrontar la creciente ola de inseguridad y delincuencia.

Dicha redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones.