Un escenario electoral inmutable

Ya que el Plan Progreso se empeña en calcar lo que fue Podemos, pero sobre todo sus errores, no sorprende que se encamine a similar destino




Como suele ocurrir en vísperas de todo proceso electoral, en Bolivia se ha intensificado la elaboración, aunque no siempre difusión, de las encuestas que se proponen detectar las tendencias y prever los posibles resultados de las elecciones de diciembre.

La más reciente de ellas, la difundida ayer por Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, ratificó una vez más que en Bolivia está sólidamente consolidado un escenario electoral que puntos más, puntos menos, es descrito en términos similares por cuanta encuesta se hace. Cabe advertir, sin embargo, que la que hoy comentamos contiene una limitación muy importante, que consiste en que no abarca el área rural donde, como todos saben, hay un voto cautivo que al no ser tomado en cuenta sin duda distorsiona los resultados.

A pesar de ello, el primer dato relevante es que Evo Morales cuenta con una base electoral prácticamente inmutable. Todas las encuestas indican que se mantiene entre 50 y 60 por ciento del apoyo de la gente, mientras la oposición se mantiene, también estática, con la adhesión firme de un 30 por ciento del electorado, poco más o menos, sin importar quién la represente.

Son tan estables esos números, que resulta evidente que el Plan Progreso y su candidato, Manfred Reyes Villa, no han hecho más que heredar un caudal electoral que desde hace cinco años estuvo, está, y estará, sin importar el nombre del beneficiario, disponible. Es el caudal que antes pertenecía a Podemos. Un caudal que tiene en el “antimasismo” –o “antievismo” su principal, si no único factor cohesionador. No es un voto “a favor de”, sino en “contra de”.

Entre ambos polos compuestos por lo que se suele llamar “voto duro”, pues no es probable que cambie de destino, que sumados fluctúan entre 80 y 90 del electorado, hay sólo entre un 10 y 20 por ciento de gente que podría, según cómo se pinte el panorama, cambiar su intención. Es el único segmento que en realidad está siendo disputado durante la campaña electoral.

De momento, es ese porcentaje el que tiende a beneficiar a Samuel Doria Medina, en distintos porcentajes en todo el país y a René Joaquino en Potosí. Es el voto de quienes no se sienten identificados con ninguna de las principales fórmulas y hallan en los candidatos “de centro”, en el voto blanco, nulo o finalmente en la abstención, una forma de protestar.

Esos tres segmentos, con un margen muy pequeño de variación, están desde hace ya varios años muy sólidamente identificados con una opción política. No es pues probable que ninguna campaña, por intensa que sea, logre significativas modificaciones. Mucho menos si los principales protagonistas, pero sobre todo los de la oposición, pues el MAS, como los datos lo demuestran sabe bien qué y cómo hacer, insisten en ensayar las mismas fórmulas que ya se probaron inútiles cuando de modificar la distribución de adhesiones se trata.

El Plan Progreso, que desde su origen y por la forma en que encara el proceso electoral no hace nada más que calcar lo que fue e hizo su antecesor, Podemos, y sobre todo sus errores, no puede esperar mejores resultados si aplica los mismos métodos. Así, todo parece indicar que nos encaminamos a una reedición casi exacta de lo que fue el acto electoral de 2005. Con la diferencia de que ahora nadie podrá declararse sorprendido.

El Estado, principal promotor de conflictos

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes –y la oposición-- que se merece


Una serie de enfrentamientos que se han producido durante los últimos días en diferentes regiones de nuestro país, a los que se suman muchos otros que están todavía en estado latente pero con la carga explosiva lista para ser activada en cualquier momento, dan cuenta de un fenómeno que ya no puede ser visto como fruto del azar. Es más bien el resultado, el único que se podía esperar, de un conjunto de factores que durante los últimos años han sido, si no creados, por lo menos alimentados por la política gubernamental y el proyecto político que la inspira, el proyecto del MAS.

Cocaleros contra “indígena originarios campesinos”; comunarios de Tinquipaya contra “movimientos sociales” masistas; cooperativistas mineros contra obreros asalariados de las minas; indígenas del norte paceño contra YPFB y sus “socios estratégicos” como PDVSA; campesinos de Pantipata contra narcotraficantes; “Ponchos Rojos” contra masistas… La agenda de conflictos violentos es tan larga que ya no deja tiempo para atender los muchos que a diario se producen con motivo de la decisión de los seguidores del oficialismo de no permitir que los candidatos opositores hagan campaña en gran parte del territorio nacional.

En circunstancias normales, en un país en el que el Estado cumple el rol que les corresponde, las autoridades que lo representan, a través de sus actos y sus mensajes, tendrían que dedicar todos sus esfuerzos y energías a conjurar las causas de esos enfrentamientos. Pero en la Bolivia de hoy pasa algo muy diferente. Es el Estado, a través de quienes lo conducen, el principal promotor de esos conflictos.

Es tan cierto eso, que no es por casualidad que todos los beligerantes, cada cual a su manera, justifica sus actos en lo que manda la nueva Constitución Política del Estado. Así, la norma básica que en cualquier sociedad civilizada es el instrumento que entre otras cosas fija los límites entre los derechos y obligaciones de sus miembros, es en Bolivia exactamente todo lo contrario. Es el instrumento mediante el que se rompe todo límite y se da legitimidad, rango de constitucionalidad, hasta a los peores desmanes.

No debe ser nada fácil el papel en que a sí mismo se ha puesto el gobierno de Evo Morales. Es que en rigor de verdad, se ha privado por voluntad propia de todo argumento válido para intervenir mediante una acción pacificadora o disuasiva. ¿Cómo podría hacerlo si todos los que han empezado ya a empuñar las armas para defender sus “derechos” no hacen nada más que exigir lo que según su buen saber y entender es lo que manda la Constitución Política del nuevo “Estado Plurinacional”?

Pero tan, o más penoso que el espectáculo que dan las cada vez más diversas fracciones en que está dividido el pueblo boliviano, y la manera como el gobierno del Evo Morales afronta los conflictos, es la respuesta de la oposición. Mientras para cada uno de tan graves problemas unos proponen producir perejil orgánico, o cosas parecidas, otros concentran sus escasas energías en buscar argumentos para justificar su previsible fracaso electoral.

Ante tan desolador panorama, sólo cabe preguntarse cuán cierto es eso de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Y habría que agregar que cada pueblo tiene la oposición que se merece.

Campañas con transparencia

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos



A diferencia de las últimas elecciones generales, los partidos políticos que terciarán en los comicios de diciembre próximo ya no tendrán el acostumbrado financiamiento del Estado para financiar sus campañas. El tema, que ya ha sido motivo de polémica, dará mucho que hablar en los próximos días y semanas.

De hecho, la carrera electoral se abrió con sendas denuncias provenientes de la oposición política sobre una presunta utilización de recursos y bienes estatales de parte del oficialismo. El Movimiento al Socialismo, a su vez, ha negado tal extremo y ha señalado que los recursos para su campaña provendrán de aportes de su militancia y de las organizaciones sociales que lo sustentan.

Sea cual fuere la verdad, queda claro que el partido gobernante goza de una sólida base económica que la constituyen los funcionarios públicos, los sindicatos afines y su control sobre todo el aparato del Estado. Una ventaja difícil de superar para el resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

Eso, sin embargo, no exime de responsabilidad a los partidos de la oposición, que deberán invertir importantes sumas de dinero para echar a andar su andamiaje proselitista. Ninguno de ellos ha informado, ni siquiera vagamente, de sus presupuestos de campaña ni de sus fuentes de financiamiento.

Una de las ventajas de que el Estado financie a los partidos políticos —independientemente del debate sobre la conveniencia o no de dicho financiamiento— era precisamente la de establecer reglas electorales más o menos claras de juego, permitiendo la fiscalización de los recursos de campaña así como el origen de los mismos.

Se pretendía, asimismo, que los partidos políticos asumieran compromisos económicos de naturaleza dudosa con financiadores particulares; compromisos que, tarde o temprano, tenían que ser retribuidos con dineros de todos los bolivianos, ya sea a través de cuotas de poder o de favores estatales, o de sobreprecios y jugosas comisiones en los contratos públicos.

Si bien es cierto que el financiamiento estatal a los partidos políticos no disminuyó la corrupción en la administración de la cosa pública, no es menos cierto que al menos generó ciertas condiciones de transparencia sobre el origen del dinero empleado en el proselitismo electoral.

Por eso, ahora que las fuerzas políticas se verán en la obligación de autofinanciar sus campañas, lo menos que tendría que esperarse es una información precisa y clara sobre sus presupuestos y el origen de sus recursos; evitando así que dinero de dudosa procedencia o de actividades ilícitas vuelvan a contaminar la actividad política, tal y como sucedió en el pasado.

La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de esos recursos porque, finalmente, las deudas que asumen los dirigentes políticos en tiempos de campaña se transforman, después, en facturas que suele pagar el Estado con el dinero de todos los bolivianos.

Irán y Honduras en el escenario mundial

Los casos de Irán y Honduras han logrado unir en una causa común a la diplomacia mundial con algunas excepciones. Bolivia y Venezuela entre ellas

Dos acontecimientos aparentemente distantes entre sí, no sólo por razones geográficas sino por sus respectivos antecedentes históricos, han concitado la atención del mundo durante los últimos días y darán sin duda muchos más motivos para la preocupación durante el futuro inmediato. Se trata de las funestas secuelas que trajo consigo el golpe de Estado perpetrado en Honduras hace casi ya tres meses, y la exacerbación de la amenaza que para la paz mundial representa el régimen iraní de Mahmud Ahmadineyad.

Ambos hechos, a pesar de las distancias que los separan, tienen muchos elementos en común. El más importante es que, aunque por vías de lo más diferentes, convergen en un escenario de conflictos que ya no se circunscriben a sus respectivas áreas geográficas sino que tienen una dimensión planetaria. Son dos manifestaciones de una reedición de lo que durante la segunda mitad del siglo XX fue la “guerra fría”. Como la que tuvo divida a la humanidad durante más de cinco décadas, ésta conlleva la amenaza de “calentarse” en cualquier momento.

En términos de Samuel Huntington, se diría que lo que subyace a los actuales conflictos es un “choque de civilizaciones” y quienes se alinean en uno u otro bando no lo hacen a partir de las concepciones que marcaron el siglo XX, --capitalismo y comunismo— ambas modernas y racionalistas, hijas de la civilización Occidental, sino de la adhesión y el rechazo a todo lo que implica la modernidad y su correspondiente visión sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad.

Irán, que bajo la conducción de Ahmadineyad se propone asumir el liderazgo no sólo del mundo islámico sino de los “marginados de la tierra”, plantea su causa como un desafío a la civilización Occidental –judeocristiana— y sus aliados. Y para la “guerra santa” que tiene en mente espera contar con el apoyo de quienes por muy diferentes motivos creen que comparten un “enemigo común”.

Entre sus principales aliados se destacan los regímenes “anticolonialistas”, “anticapitalistas” y “antiimperialistas” representados en el escenario que se configura por Venezuela y Bolivia, en Latinoamérica, y varios países africanos, como Sudán o Zimbabwe. Regímenes todos ellos que en nombre de sus respectivos pueblos están dispuestos a apoyar cualquier aventura.

En ese contexto, ganar a su causa la adhesión de las masas populares de Latinoamérica, África, Asia, así como a los intelectuales “progresistas” del mundo entero, es de vital importancia. Conquistar “las mentes y corazones” de quienes se sienten víctimas de la vida es tan o más importante que dotarse de arsenales de última tecnología.

No es por eso casual que Hugo Chávez, Evo Morales, o el sudanés Omar Al Bashir, figuren entre los principales aliados del régimen iraní. Y que Estados Unidos y todos, absolutamente todos los países del mundo Occidental, bien asesorados por sus servicios de inteligencia, se nieguen a entregar a sus rivales, en nombre de miserables disputas propias de “repúblicas bananeras”, la mente y corazón de amplios sectores del pueblo hondureño que, como otros pueblos, merece algo mejor que tener que elegir entre el chavismo pro iraní y el retorno al reino de la arbitrariedad.

“¿De qué vamos a vivir”?

“¿De qué vamos a vivir”, se preguntó Morales ante las desmedidas exigencias de los “indígenas”. La misma pregunta vale para el caso Inti Raymi


Seguramente alentados por la absoluta y total impunidad con que hace ya casi dos años los comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz tomaron la mina Himalaya, sin que el Estado haya hecho nada por defender los derechos de su legítimo propietario, ahora los “indígena originario campesinos” del Chuquiña, Oruro, han decidido tomar posesión de las instalaciones de la mina aurífera Kori Kollo, de Inti Raymi.

Esta es la séptima “toma pacífica” que se produce en los últimos dos años. Como las anteriores, los autores actúan en nombre de los derechos que les otorga la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Exigen que las atribuciones que les da el texto constitucional no se queden en el papel, sino que sea en la práctica donde se plasme su condición de propietarios de los recursos naturales existentes en la zona que habitan.

Lo que piden los campesinos es que la empresa Inti Raymi pague una indemnización de 11 millones de dólares y 1.500 dólares a cada familia por concepto de un “repago” de una venta de terrenos que hicieron hace ya muchos años, y como indemnización por una supuesta contaminación ambiental. Exigen, además, que las fuentes de trabajo sean para miembros de la comunidad.

Como resultado de esos actos, la empresa minera se ha visto obligada a paralizar sus actividades productivas. Los más de dos mil trabajadores, la mayor parte de los cuales proviene de Oruro y de Villa Chuquiña, alarmados por el funesto precedente que se sentó en la mina Himalaya, temen por sus fuentes de trabajo y están dispuestos a defenderlos a toda costa.

Mientras tanto, tal como en el caso de Himalaya, el gobierno se niega a intervenir en contra de los avasalladores. El Ministro de Minería se deshace en lamentos y exhorta a que empresarios y comunarios resuelvan entre ellos el conflicto “mediante el diálogo”. Las demás autoridades, optan por un elocuente silencio.

Dados los antecedentes del caso, y el contexto en que se produce, no es difícil prever cuál es el rumbo que tomará el conflicto. El gobierno paralizado ante el pavor que le produce ver los primeros movimientos del monstruo que creó mediante la nueva Constitución, eludirá el conflicto aún a pesar del enorme costo económico que traerá. Se habrá dado así un paso más hacia la destrucción del aparato productivo nacional.

Además de los efectos económicos, los sociales no serán seguramente menos funestos. El riesgo de nuevos enfrentamientos entre obreros y “comunarios”, aunque unos son tan “indígena originarios” como los otros, ya se avizoran, a pesar de que la empresa, para evitarlos, evacuó a todos sus empleados.

Ante una situación muy similar, pero que no afecta a una empresa privada sino a YPFB, el presidente Morales fue categórico al negarse a aceptar las exigencias de los supuestos indígenas del norte paceño. Preguntó alarmado “¿de qué vamos a vivir?”, al referirse a las consecuencias que tendría paralizar las exploraciones petroleras en la zona, como exigen los “propietarios” de los recursos naturales.

Habrá que ver si la misma pregunta se formula en el caso que comentamos. Y más importante aún, si da la misma respuesta.

La corrupción y el sector privado

A pesar de que Bolivia, con Venezuela, se destaca porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno, está mejor que otros países de la región


El informe 'Global Corruption Report 2009', elaborado por Transparencia Internacional y presentado ayer en Londres, dedica este año su atención al sector privado y contiene una serie de elementos sobre la situación de nuestro país que bien merecen un detenido análisis y evaluación.

Como durante los últimos años, nuestro país figura entre los países que, según la percepción de los encuestados, está mejorando en su lucha contra la corrupción. Y aunque todavía figura entre los más afectados por esa lacra, una vez más aparece fuera del grupo de los más corruptos de la región y del mundo.

Como todos los años, es previsible que durante los próximos días abunden las opiniones a favor y en contra de las conclusiones del informe, y sin duda éstas estarán sesgadas por las visiones parciales del oficialismo y de la oposición. A pesar de ello, bien vale la pena tomar en cuenta lo que dice, pues es un reflejo muy confiable, más que de la realidad, de la manera como ésta es percibida por las personas consultadas.

El estudio este año está dedicado al sector privado y la manera como éste interviene en las prácticas corruptas que actúan como "una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y atenta contra la existencia de las empresas". A partir de 73.000 encuestas en 69 países, añade que la mitad de los encuestados cree que el sector privado utiliza el soborno para influir en las políticas públicas, las leyes y los reglamentos.

Según la clasificación por países, Bolivia y Venezuela son los dos países latinoamericanos que se destacan porque sus ciudadanos dicen estar más afectados por el soborno.

A pesar de ello, Bolivia, en el puesto 102 entre 180, aparece en el “ranking de la corrupción” mejor ubicada que Argentina (109) Paraguay (138), Ecuador (151) y Venezuela (180). La lista de los latinoamericanos mejor ubicados es encabezada por Chile y Uruguay (en el puesto 23), seguidos México y Perú (72), y Brasil (80). Cabe recordar que en 2001 Bolivia figuró como el segundo país más corrupto del mundo y durante los últimos años ha ido mejorando su ubicación.

Si bien en líneas generales la percepción sobre Bolivia continúa con una tendencia positiva, el informe destaca un aspecto negativo. Indica que nuestro país es el único de América que todavía carece de una ley de protección al consumidor, lo que dificulta la lucha contra la corrupción del sector privado.

A medida que se conozcan más detalles del informa se podrá sin duda ver en qué se basan las percepciones sobre el estado de la lucha contra la corrupción en nuestro país. De momento, lo cierto es que a pesar de lo que se podría suponer, la percepción de las personas consultadas por Transparencia Internacional es más positiva que negativa y eso, en sí mismo, es algo digno de atención.
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La lucha contra la corrupción

Santa Cruz, la clave de futuro nacional

En Santa Cruz es donde mejor se manifiesta todo lo que nos une, pero también lo que nos separa. Es donde se sentarán las bases de nuestro futuro

Hoy, 24 de septiembre, se conmemora un aniversario más de la incorporación de Santa Cruz al proceso que concluyó 15 años después con la formación de la República de Bolivia. Hace 199 años, el pueblo cruceño se reunió en un Cabildo Abierto en el que decidió plegarse al levantamiento que diez días antes tuvo en Cochabamba su más reciente hito.

Ese día, codo a codo con los cruceños, paceños, chuquisaqueños, cochabambinos, además de orureños y potosinos e incluso representantes de la Junta de Buenos Aires, se sumaron activamente en la organización del movimiento y luego en las acciones contra las fuerzas realistas. Fue una temprana muestra de lo estrechos que eran los vínculos, pese a las distancias geográficas, entre esa región y las demás ciudades de lo que luego fue Bolivia.

Según un censo de la época, ya entonces la población de Santa Cruz era tan heterogénea como es ahora. De los 10.500 habitantes registrados, 4.303 eran “blancos” --como se denominaba a los españoles y a sus descendientes-- 1.376 mestizos, 2.638 cholos, 2.111 indios y 150 negros.

Como en otros focos de la rebelión independentista, todos esos sectores se unieron por encima de sus diferencias sociales en una causa común, en la que los ideales de la igualdad ocupaban un lugar incluso más importante que en otras latitudes. Tanto es así, que el primer acto de la Junta Gubernamental fue liberar a los esclavos y otorgarles todos los derechos de ciudadanía. Después de aprobar esa medida se procedió a redactar el Acta de Pronunciamiento del Cabildo Abierto.

199 años después, el espíritu acogedor que siempre caracterizó a Santa Cruz se manifiesta en la enorme diversidad de origen de los cruceños de hoy. La inmensa mayoría de quienes se sienten cruceños, por nacimiento o por adopción, proviene de todos los rincones de nuestro país, lo que ha hecho de ese Departamento un inmenso crisol en el que se funden las más variadas identidades.

Es precisamente esa característica la que ha hecho de Santa Cruz el centro más dinámico de la economía nacional; el punto donde más exitosamente se encuentra, complementa y florece el espíritu emprendedor de gentes de distinto origen que se unen la búsqueda de la prosperidad basada en la actividad productiva y el esfuerzo propio.

Por eso, es en Santa Cruz donde mejor se manifiesta todo lo que nos une a los bolivianos, pero también lo que nos separa. Es donde más dramáticamente florecen las contradicciones de nuestro pasado y presente, y donde por consiguiente se sentarán, para bien o para mal, las bases de nuestro futuro.

Es de esperar que el próximo año, cuando Santa Cruz celebre el bicentenario de su efeméride, se manifieste en su plenitud el espíritu que animó a quienes el 24 de septiembre de 1810 se sumaron a la titánica tarea de construir un país libre.

Hacia la cumbre del cambio climático

"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", ha dicho Barack Obama

En medio de un ambiente en el que el escepticismo parece imponerse a las esperanzas, ayer se ha inaugurado en la sede de la Organización de Naciones Unidas la llamada “Semana del Cambio Climático”, en la que los líderes de todo el mundo deben sentar las bases de los acuerdos que se espera suscriban en diciembre, en Copenhague, Dinamarca.

Son casi cien los mandatarios que participaran de la cita, pero la atención se concentra en lo que vayan a decir los representantes de los países más involucrados en la emisión de gases invernadero. Y son precisamente ellos los que más motivos dan al escepticismo.

Estados Unidos, China, India, los que más aportan a la contaminación planetaria, son los que menos dispuestos se muestran a adoptar medidas drásticas más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Y aunque es mucho lo que se espera de lo que proponga Barack Obama, en los hechos hay muchas dudas sobre si su país estará realmente dispuesto a hacer efectivo durante los próximos años.

No es fácil el papel que le toca al presidente estadounidense, pues EE.UU., que se negó a firmar el protocolo de Kyoto, ha aumentado sus emisiones un 18% desde 1990 (año de referencia de Kyoto) mientras que la Unión Europea las ha reducido un 2,7%. Y aunque Obama ha dado abundantes muestras de su buena voluntad, como su elocuente discurso de ayer, eso no es suficiente ni mucho menos.

Es verdad que ha propuesto una ley para reducir sus emisiones un 17% en 2020 y un 83% en 2050, y también que ha dado, durante los primeros ocho meses de su mandato, un formidable impulso a las energías limpias. Pero muy a pesar de sus deseos y voluntad la ley que propuso avanza lentamente en el Congreso y seguirá tramitándose en 2010.

Sin la aprobación de esa ley, Obama llegará a Copenhague “con las manos atadas”. No podrá asumir ningún compromiso en nombre de su país y, mientras EE.UU. no lo haga, China, India, y los demás que por su alto nivel de industrialización se destacan entre los más contaminantes, tampoco lo harán.

En esas circunstancias, sobre la Cumbre del Clima de Copenhague se extiende una densa nube de dudas. Se teme que no en ella no se llegue a ningún acuerdo importante y que se deje pasar, una vez más, la oportunidad de revertir un proceso que al ritmo que avanza hará estragos sobre el futuro de nuestro planeta.

"Si no actuamos, corremos el riesgo de entregarles a las futuras generaciones una catástrofe irreversible", advirtió Barack Obama en el mensaje que dirigió de ayer. Pero por lo visto, quienes más llamados están a atender esas palabras, los congresistas de su país, son los menos dispuestos a hacerlo.

Ante tan desalentador panorama, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a la sociedad civil internacional que aumente la presión sobre los líderes políticos. Propone que durante los próximos meses se haga sentir una presión suficientemente fuerte para que quienes tienen en sus manos la toma de decisiones no puedan dejar de tomarla en cuenta.

Los debates de cada día

Fijar la agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es la base de una estrategia que le da muy buenos réditos al oficialismo

Una de las características de todos los proceso electorales que se han desarrollado en nuestro país durante los últimos años es el afán con que unos candidatos exigen a otros debatir sobre sus programas de gobierno mientras otros los eluden.

Los desafíos a debatir han dado resultados diferentes. En unos casos, como la recordada exitosa campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993, cuando partiendo casi de la nada llegó a ganar la elección es un ejemplo. La base de su ofensiva fue desafiar a un debate al Gral. Banzer y éste, empeñado en evitarlo, fue cayendo vertiginosamente en las intenciones de voto. Exactamente lo mismo pasó en 2002, sólo que la víctima de Goñi ese año fue Manfred Reyes Villa.

Jorge Tuto Quiroga quiso hacer lo mismo en 2005, y ya sabemos cómo le fue. Ahora, es el candidato del Plan Progreso, el mismo que basó su estrategia en eludir el debate cuando era candidato de NFR, quien insiste en que se debata.

Cuando los candidatos hablan de debatir se refieren a una sola cosa. A que el país los vea confrontar sus respectivas propuestas ante las cámaras de televisión. No ven, o no quieren ver, que los verdaderos debates, los que en realidad definen las inclinaciones de quienes no tienen definido su voto con anticipación, se produce todos los días en los más diversos escenarios.

Los debates que realmente importan son los que tienen lugar en las charlas cotidianas de la gente. En la sobremesa del almuerzo o la cena, entre amigos en toda reunión social, en medios de transporte público, en las calles y plazas donde la gente intercambia opiniones sobre la política nacional.

Los temas alrededor de los que giran esas conversaciones en las que la gente expone sus preferencias, sus dudas, sus críticas a los candidatos y sus propuestas no son fruto del azar. Son el resultado de una agenda temática que resulta de las iniciativas, de las acciones u omisiones de los candidatos y sus asesores. Definir esa agenda, hacer que la gente hable de unos temas y no de otros es pues la base de una buena estrategia de comunicación. Quien tome la iniciativa lleva las de ganar.

En el caso de la campaña que se inicia, resulta evidente que quien tiene la iniciativa, y por lo tanto tiende a ganar la batalla que tiene lugar en las mentes y corazones de los potenciales votantes, es el gobierno. Con la misma habilidad con que lo ha hecho durante los últimos años logra dirigir la atención colectiva hacia unos asuntos y desviarla de otros.

Así, el oficialismo logra que los medios de comunicación, y tras ellos la ciudadanía atiendan los temas que le convienen y no atienda los que no le convienen. Y la oposición, mansamente, se deja llevar al territorio escogido por su rival. Ahora, por ejemplo, el tema de debate colectivo escogido es el de los votos de los bolivianos en el exterior. Pero del desempleo, del fracaso de la política hidrocarburífera, de los muchísimos puntos débiles de la gestión gubernamental y sus proyecciones al futuro, no hay quién hable. Y si alguien habla, no hay quién lo atienda. La agenda temática es pues, una batalla que está siendo perdida por la oposición.

El caótico transporte público

En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe una resuelta política para solucionarlo

Día que pasa, el tráfico de motorizados en nuestra ciudad se hace más inviable. El desmedido crecimiento del parque vehicular, alimentado durante varios años por la irrestricta internación -o contrabando, en la generalidad de los casos- de vehículos, no sólo que ha inundado la ciudad de la chatarra que es expulsada de otros países, sino que ha terminado sobredimensionando la oferta de transporte urbano.

Movilizarse en vehículo por el centro de la ciudad se ha convertido en una pérdida de tiempo. La evidente falta de educación vial de conductores y peatones ha dado rienda suelta a que los vehículos del transporte público (llámense micros, trufis o minibuses) interrumpan el tráfico de manera caprichosa y arbitraria y, para colmo de males, no hay autoridad que evite que las calles del denominado "casco viejo" sigan siendo utilizadas como escenario de protestas, desfiles, danzas y de cuanto alboroto público existe.

Pero, además, a ese panorama debemos añadir otros elementos que agravan la situación y la convierten en un riesgo para la seguridad y la salud públicas. Los niveles de contaminación ambiental y acústica se están incrementando de manera alarmante; el estado de los vehículos del transporte público no es sometido a una rigurosa revisión técnica.

Si hacemos un rápido recuento, las soluciones planteadas hasta el día de hoy por la Alcaldía han sido sistemáticamente bloqueadas por las organizaciones de chóferes que saben que sus intereses económicos se verán afectados cuando se intente poner orden al desorden. Toda propuesta de solución fue rechazada por un comité interinstitucional que, en su momento, estuvo integrado mayoritariamente por representantes de las organizaciones de transportistas.

Es que el problema de nuestra ciudad, como todas las demás de Bolivia, es tan sencillo de describir que no necesita diagnóstico alguno: hay que descongestionar de vehículos el centro citadino pero, como eso significa modificar las rutas que tan pingües ganancias les dan a los chóferes, ellos se opusieron y seguirán oponiéndose.

En medio del tira y afloja, el tiempo continúa pasando y, mientras el problema crece de manera desmedida, no existe hasta el momento una resuelta política para solucionarlo.

Como decía en la edición de ayer uno de nuestros columnistas, “los que se postularán como alcaldes o alcaldesas para las elecciones municipales de año 2010 deben planear una sana visión de futuro, y proponerse con prioridad la regulación de las normas que ordenamiento del tráfico vehicular en esta ciudad alborotada”. “Si a los concejales les queda algo de sangre en la cara, deberían asumir con rigor sus deberes y liberarnos de los sujetos que nos muestran los nabos, para plantarlos en nuestras espaldas”.

“Halcones” y “palomas” en Santa Cruz

… Al ser Santa Cruz el bastión principal de la oposición, resulta inevitable que ese conflicto de visiones se reproduzca en el escenario político nacional



La semana que concluye ha estado marcada por las pugnas internas entre dos fracciones en que se han dividido las principales instituciones de Santa Cruz. El Comité Cívico, la Cainco con todas las cámaras sectoriales que la integran, y hasta los principales clubes de fútbol han sufrido las consecuencias. Y aunque los principales representantes de las dos fracciones en que está dividida la oposición se han esmerado por eludir el asunto, es bien sabido que tanto el Plan Progreso como Unidad Nacional han sufrido los efectos del sismo.
Para quienes más informados están de los entretelones de la actividad económica, política y social cruceña no fue nada sorprendente que tan intempestivamente hayan salido a luz las fisuras. Es que la historia tiene ya larga data y sus antecedentes se remontan incluso a décadas pasadas. Lo admirable, desde ese punto de vista, es que el conflicto se haya mantenido tanto tiempo latente y sea recién ahora, en vísperas del proceso electoral que se inicia, que se manifieste.
Según una de las explicaciones sobre el origen de esas disputas, la causa estaría en una ya antigua disputa por el control del poder local en que están enfrascadas dos logias, “Caballeros del Oriente” y “Toborochi”. Y aunque todo parece indicar que hay mucho de cierto en eso, más relevante parece ser un conflicto de visiones sobre la mejor manera de afrontar los retos políticos y económicos que plantea a las élites cruceñas el gobierno de Evo Morales y el proyecto político que encabeza.
Más que entre logias, la división estaría dada entre “halcones” y “palomas”, dos términos que se hicieron muy comunes en ambiente político estadounidense y que ahora son empleados para identificar en todo el mundo a dos maneras diferentes de afrontar los conflictos.
Se califica como “halcones” a quienes prefieren la mano dura, la negación de los problemas y la confrontación. Desconfían de la política y la diplomacia y son proclives a recurrir a las acciones de hecho, a las vías de la violencia. Para ellos, los oponentes más que rivales son enemigos.
Las “palomas”, por el contrario, se inclinan por la concertación, la diplomacia y la reforma gradual de las condiciones que les son adversas. Están más dispuestos a negociar haciendo las concesiones que eso implica, y priorizan las vías legales y pacíficas para hacer frente a sus rivales.
Dados los antecedentes del caso, esa y no otra parece ser la verdadera naturaleza de las discrepancias que han puesto a los sectores de la oposición cruceña en dos bandos antagónicos. Y siendo Santa Cruz el bastión principal de la oposición, resulta inevitable que ese conflicto de visiones se reproduzca en el escenario político nacional.
A primera vista, el Plan Progreso sería la opción política de los “halcones” y UN la de las “palomas”. Tendrán que ser los candidatos de ambas fórmulas los que asuman una posición al respecto, para lo que deberán dejar de eludir un tema que por su importancia no debe quedar al margen del debate político actual.

Internet, un resquicio de libertad en Cuba

Aunque con muchísimas limitaciones, Internet dejará de ser un privilegio al alcance sólo de turistas y funcionarios allegados al régimen cubano

Durante los últimos meses, Cuba ha sido noticia por las tímidas y muy paulatinas reformas, pero reformas al fin, que bajo la conducción de Raúl Castro ha comenzado a aplicar a su anquilosado régimen económico y político. La más reciente de ellas consiste en que el Estado, en un gesto de indulgencia poco común en la isla, permitirá que los ciudadanos cubanos usen Internet.

La medida, que en el contexto del socialismo cubano implica una transformación cuya magnitud es difícil comprender para quienes no sabemos lo que es vivir bajo un régimen dictatorial, tiene sin embargo muchas limitaciones. Seguirán prohibidas las conexiones domiciliarias, los comisarios del Estado encargados de la censura se reservan el derecho de bloquear cuanto sitio les parezca inconveniente, y el precio seguirá fuera del alcance del ciudadano común.

A pesar de ello, no deja de ser un gran avance si se considera que hasta ahora la única manera que tenían los cubanos de conectarse a Internet era en los hoteles reservados para los turistas, pagando tarifas inaccesibles para el común de la gente, y robando o comprando ilegalmente las contraseñas. El acceso libre a la web era un privilegio sólo reservado a visitantes extranjeros, periodistas avalados por el régimen, algunas instituciones y empresas oficiales, intelectuales y científicos destacados del país.

Se calcula que en todo el país no más de 100.000 personas tenían de un modo u otro el privilegio de navegar por el ciberespacio. El resto debía conformarse con navegar por la Intranet, la red local que sólo permite tener acceso a sitios oficiales y correo electrónico con el que comunicarse con el exterior, pero siempre bajo la estricta vigilancia estatal.

Muy difícil debe haber sido para la cúpula gobernante cubana dar tan audaz paso hacia la apertura pues, como es bien sabido, uno de los más sólidos pilares que sostiene al régimen es el férreo aislamiento informativo al que ha sido sometido el pueblo cubano durante los últimos 50 años. Es que como otras experiencias han demostrado, un país en el que no hay prensa libre, en el que el Estado tiene el monopolio absoluto y total de la información y decide qué pueden y qué no pueden leer, ver, oír o decir sus habitantes, corre un enorme riesgo cuando abre un resquicio de libertad, por pequeño que sea.

Es de temer, sin embargo, que antes de permitir que la gente común se conecte al mundo el Estado haya tomado las medidas necesarias para no perder el control. China, por ejemplo, ha desarrollado la tecnología suficiente para evitar que Internet salga del control de la censura oficial.

Desenfrenada carrera armamentista

En medio de la carrera bélica que asola la región, la importancia de Bolivia no radica en su poder bélico, sino en su ubicación geográfica

Después de más de dos décadas durante las que estuvo vigente la idea según la que se había arribado ya “al fin de la historia”, y que el triunfo que se suponía definitivo de las democracias liberales en lo político y del liberalismo en lo económico hacían inminente la inauguración de una era de paz en Sudamérica, como en todo el mundo, nuevamente han comenzado a soplar vientos de guerra en la región.

Una desenfrenada carrera armamentista es el primer síntoma de una tendencia que ya ha comenzado a alarmar a quienes ven en las diferencias políticas que separan a los países latinoamericanos el germen de futuros conflictos. Esos temores no parecen infundados, pues prácticamente todos los gobiernos sudamericanos han caído presas de una compulsiva compra de armas.

Los datos de los que disponen organismos especializados en el tema son de lo más elocuentes. Un reciente informe del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), por ejemplo, señala que la inversión en armas en Suramérica el año pasado fue de 34.100 millones de dólares. Cifra que se queda corta si se la compara con el cálculo de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Redsal), según la que los gastos militares se elevan unos 48.000 millones de dólares. Más alto aún es el cálculo hecho por Nueva Mayoría, un centro argentino especializado en análisis militar, que eleva el monto a 51.110 millones de dólares.

Lo cierto, dólar más, dólar menos, es que todos coinciden en calcular en alrededor de 30% el incremento de gastos militares en relación a 2007. La elocuencia de las cifras es pues suficiente para llamar la atención sobre un mal que como un maligno virus se extiende entre políticos y militares de esta parte del mundo.

Los países que se destacan en medio de tanta locura son Venezuela y Colombia, que aumentaron sus presupuestos bélicos en 29,06% y 37,07% respectivamente. Chile, cuyas cuantiosas inversiones en armamento no son nada nuevo, ha incrementado también notablemente sus gastos militares. Pero el que más recursos destina a la compra de armas, es Brasil, con un presupuesto estimado para el 2008 de 27.540 millones de dólares.

Ante semejantes cifras, el caso boliviano parece ridículo por su pequeñez. Los 100 millones provenientes de un acuerdo con Rusia para “gastos militares” se diluyen en la compra de un lujoso avión para los viajes del Presidente Morales y unos cuantos medios de transporte y comunicaciones.

Sin embargo, desde el punto de vista de los expertos en temas militares, la importancia de Bolivia no radica y nunca radicará en su poder bélico, sino en su ubicación geográfica. En cualquiera de las hipótesis de guerra que quitan el sueño a más de un gobernante vecino, tener a nuestro país como aliado vale más que todo un arsenal. Razón más que suficiente para suponer que eso lo que guía la política exterior de Venezuela, Chile y Brasil, los tres más interesados en incrementar su influencia en el “hinterland” latinoamericano.

Túpac Katari en el espacio sideral

Poner en órbita un satélite llamado Túpac Katari es algo que más allá de la racionalidad económica, tiene una carga simbólica que no se puede desdeñar

El Presidente Evo Morales, con tono triunfal, ha expuesto a su retorno al país los resultados obtenidos durante su reciente viaje a Europa. Y no le faltan razones para sentirse satisfecho por las noticias que trajo, pues una vez más se hizo evidente que una de las mayores fortalezas del gobierno que encabeza es la buena acogida que tiene en el viejo continente.

El primer logro lo consiguió en Ginebra, Suiza, donde obtuvo permiso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para poner en órbita el primer satélite boliviano, el que según anunció, se llamará Túpac Katari y será fabricado y puesto en órbita por la agencia especial de China.

Su segundo éxito lo obtuvo en España, donde selló la condonación de 77 millones de dólares, lo que reduce la deuda externa boliviana en 15 por ciento, es decir, de 2.230 millones de dólares a 1.410 millones de dólares. Ahora, entre los principales países acreedores de nuestro país están Venezuela (227,6 millones de dólares) y Brasil (98,6 millones de dólares).

Sobre la decisión gubernamental de poner llevar al espacio sideral un satélite propio se han hecho muchas críticas, buena parte de ellas en tono burlón y despectivo. Otras, las menos, han recurrido a argumentos técnicos y económicos para poner en duda la necesidad y conveniencia de hacer una inversión –o un gasto, según cómo se vea el asunto-- que aparentemente no se justifica.

Los cuestionamientos que se han hecho con argumentos peyorativos, generalmente provenientes de políticos opositores, son ilustrativos de una errónea manera de actuar que suelen tener los más enconados críticos del actual régimen gubernamental. Insisten en subestimarlo, lo que con excesiva frecuencia los lleva a quitar seriedad a sus argumentos.

Más dignas de atención son las razones que algunos expertos en temas técnicos y científicos han expuesto. Han dicho, por ejemplo, que los mismos resultados que ofrece un satélite propio, como poner las telecomunicaciones al alcance hasta del más remoto rincón del territorio nacional, podrían ser obtenidos mediante el alquiler de uno de los muchos ya puestos en órbita. No se cuestiona la validez de la idea, sino la relación entre el costo y el beneficio.

Ese argumento, sin embargo, no toma en cuenta algo que en casos como éste tiene un valor que trasciende la racionalidad económica. Se trata del aspecto simbólico, uno de los que con mayor eficiencia administra el gobierno de Morales. No es casual, por eso, que se proponga poner al satélite boliviano el nombre de un caudillo indígena. Se puede decir que es, para Bolivia y el gobierno del MAS, el equivalente de lo que en su momento fue el proyecto Apolo para EE.UU., o el Sputnik para la URSS.

No es difícil imaginar, en ese contexto, el impacto que tendrá en el ánimo de quienes constituyen la principal base de sustento político del gobierno saber que pronto Túpac Katari estará en el espacio sideral. No se puede menospreciar lo que eso significa,

El extravío de la sensatez

Es inadmisible que a través de la censura y las amenazas se pretenda impedir que se levante el velo que cubre un asunto que por su gravedad incumbe a todo el país

Con esa frase, pero entre signos de interrogación, titula el editorial del matutino cruceño El Deber del día de ayer una muy pertinente reflexión sobre las encarnizadas pugnas entre dos fracciones del movimiento cívico cruceño. Una pugna cuya magnitud y profundidad está resquebrajando la unidad no sólo Comité Cívico, sino que se extiende a las organizaciones empresariales y políticas de nuestro país.

El detonante que sacó a luz las profundas discrepancias fue la invitación que hizo en días pasados el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), con apoyo de su directorio, al Presidente Evo Morales para que asista a la inauguración de la Expocruz. Los autores de ese gesto de deferencia han sido acusados de traidores y no ha faltado quien ha sugerido que se les imponga la “muerte civil”.

La ocasión en que afloraron los enconos fue un acto en el que se conmemoró el Día de la Tradición cruceña, “que quedó marcada por el matiz de unas encendidas y hasta disparatadas alocuciones sobre el tema, como si fuera lo más trascendente o importante de aquella celebración. Entre lo disparatado figura eso de convocar y organizar grupos que salgan a marchar contra los “empresarios traidores”, afirma el editorial que comentamos.

“En la desafortunada circunstancia que deja entrever una seria fisura de la ‘institucionalidad’ cruceña y que ocupa estas consideraciones, es posible detectar, además, un penoso extravío de la sensatez que está en sintonía con los radicalismos y la intolerancia que estropean la democracia y los derechos de las personas” --continúa El Deber-- y afirma que tal extravío “nos ha hecho perder el norte como región, en ausencia de una interpretación cabal de los hechos, de los más idóneos liderazgos, de la mejor estrategia”

Coincidiendo con tales muestras de división en las instituciones cruceñas, el matutino paceño La Razón publicó el pasado domingo un extenso reportaje titulado “Las logias habrían provocado la división de la oposición cruceña”. Casualmente ese día se omitió la edición digital de ese matutino, a pesar de lo que los datos revelados tuvieron amplia difusión y repercusiones por los muchos elementos de juicio que aporta para comprender el trasfondo de las desinteligencias entre los líderes políticos de la oposición cruceña y, por extensión, nacional.

Casualidad o no, el hecho es que las rivalidades entre las logias “Caballeros del Oriente” y “Toborochi” han vuelto a ser, después de muchos años, motivo de atención por la enorme influencia que ambas tienen en la actividad política y económica de Santa Cruz. A tal extremo, que las dos fórmulas opositoras, Plan Progreso y UN, sienten ya en sus propias filas los efectos disolventes de una pugna de intereses que por alguna razón se mantienen en el más estricto secreto.

Las consecuencias que tal estado de cosas puede tener no sólo afectan a Santa Cruz. Es imprescindible, por eso, que el tema sea sacado a la luz y abordado con la mayor transparencia posible. Es inadmisible que a través de la censura y las amenazas se pretenda impedir que se levante el velo que cubre un asunto que por su gravedad incumbe a todo el país.

Inseguridad e indefensión

La redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones


Varios asaltos y atracos sucedidos, casi simultáneamente, en las últimas horas en La Paz y Santa Cruz, han vuelto a poner en evidencia el cada vez más alarmante deterioro de la seguridad ciudadana sobre todo en las principales ciudades de Bolivia, quedando así nuevamente demostrado el poco o ningún impacto que han tenido los planes de lucha contra la delincuencia puestos en vigencia en los últimos años, así como las enormes limitaciones que afectan a la Policía Nacional y no le permiten cumplir su misión con eficiencia.

Ante esta situación, que tiende a agravarse cada día más con el consiguiente riesgo para las vidas y propiedades de cientos de miles de bolivianos, se torna apremiante la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, asumiendo como una de sus tareas de prioridad la de garantizar la seguridad ciudadana a través de un programa que afronte el problema en todas sus variables.

Será necesario, por una parte, estudiar y si es el caso modificar la legislación penal vigente, especialmente para asegurar que los delincuentes no aprovechen de las medidas cautelares para evadir su responsabilidad, pero hará falta, también, que el Ministerio Público actué con la energía y firmeza necesarias, cosa que no está sucediendo en la actualidad.
A estas alturas, ya no quedan dudas de que la labor policial no está siendo debidamente acompañada ni por el Ministerio Público ni por la legislación vigente en esta materia, por lo que urge estudiar el tema en su verdadera dimensión y obrar en consecuencia.

Por otra parte, es a todas luces innegable que para contar con una estrategia eficaz de seguridad ciudadana, la Policía tiene que ser fortalecida y redimensionada en su integridad, puesto que sólo podrá cumplir a cabalidad con sus deberes de vigilancia, patrullaje, investigación y aprehensión de delincuentes en la medida en que se transforme en un cuerpo organizado, probo y dotado de recursos humanos capacitados, así como de los suficientes recursos técnicos y —sobre todo— económicos que hoy tanto le hacen falta.

Sobre este particular, llama la atención que el Gobierno Nacional le esté poniendo particular énfasis a la adquisición de nuevos equipos bélicos para las Fuerzas Armadas, asignando para ello importantes recursos económicos, cuando dichos recursos —o una parte de ellos— bien podrían ser empleados en la tan necesaria como urgente modernización y fortalecimiento de las fuerzas del orden.

De lo que se trata, simplemente, es de establecer prioridades. Por esto, y antes de ingresar en un militarismo innecesario, se hace cada vez más patente la necesidad de que el Gobierno concentre su atención y sus esfuerzos en dotarle a la Policía Nacional de todos los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para afrontar la creciente ola de inseguridad y delincuencia.

Dicha redefinición de la política de lucha contra el delito tendría que producirse antes de que los propios ciudadanos, sumidos en una total indefensión, se vean obligados a organizarse y tomar sus propias acciones para llenar el vacío de seguridad que están dejando el Estado, sus autoridades e instituciones.

14 de septiembre, germen de la unidad

Esta fecha es todo un símbolo de la unidad nacional cuyo embrión fue la alianza de los mestizos, indígenas y criollos que siguieron a Esteban Arze


En medio de una polarización política e ideológica cuyas batallas se han extendido hasta las primeras páginas de la historia de nuestro país, hoy los cochabambinos conmemoramos el 199 aniversario de la sublevación que el 14 de septiembre de 1810 encabezó Esteban Arze en apoyo al proceso que se inició un año antes, el 25 de mayo de 1809 en Sucre, primero, y el 16 de julio del mismo año en La Paz, después.

A diferencia de los actos con que se conmemoraron esas dos fechas, así como los del 6 de agosto, en los que se manifestó el conflicto de visiones sobre el pasado, presente y futuro que nos tiene divididos a los bolivianos, el 14 de septiembre es recordado con un ánimo diferente. Y no sólo porque todavía no se trata del bicentenario, sino porque hoy, como hace casi doscientos años, Cochabamba es más un punto de encuentro que de separación.

Por su ubicación geográfica, Cochabamba fue siempre un centro de actividad económica tan ligada a La Paz como a Charcas, hoy Sucre, al norte como al sur, al occidente como al oriente del territorio nacional. Fue y es un punto de paso y de encuentro no sólo de flujos comerciales, sino también de ideas, de sentimientos, de identidades étnicas, políticas y culturales.

También contribuyó mucho a su rol integrador su composición social, pues aquí ni la población indígena ni las élites criollas tuvieron tanta importancia como en otros centros urbanos de la Audiencia de Charcas, primero, y de Bolivia, después. Por eso, Cochabamba fue siempre un núcleo articulador de nuestra abigarrada sociedad, el hilo conductor de un tejido multiforme y multicolor.

Tales características se reflejaron en las sublevaciones de 1809, así como la que en 1730 encabezó Alejo Calatayud. Mestizos, criollos e indígenas, sin grandes intereses, odios ni resentimientos que los distancien, pudieron unirse alrededor de una causa común más armoniosamente que en otras latitudes.

Casi doscientos años después de la irrupción cochabambina en las luchas por la independencia, tales características se mantienen plenamente vigentes. Cochabamba sigue siendo la bisagra a través de la que se unen las diferentes zonas geográficas de nuestro país y también donde se atenúan las pugnas políticas e ideológicas. Por eso, ni el indigenismo radical ni el conservadurismo retrógrado encuentran aquí tierra fértil para echar raíces, lo que entre otras cosas impide que la recordación de nuestra historia sea un motivo de desencuentros.

Recordar, reforzar y enriquecer esas características que nos llegan desde los orígenes de nuestra historia es el mayor reto que tenemos los cochabambinos de hoy. Ya que las efemérides de otros departamentos han sido motivo de enconos, es de esperar que dentro de un año, cuando nos toque celebrar el bicentenario, hagamos del 14 de septiembre todo un símbolo de la unidad nacional cuyo embrión fue la alianza de los mestizos, indígenas y criollos que siguieron el liderazgo de Esteban Arze.

Hacia una reedición del reciente pasado

Todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador

La presentación de las listas de candidatos que terciarán en pos de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, unos, y de una senaduría o diputación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los demás, ha terminado de configurar el escenario político nacional de los próximos años.

Las ocho fórmulas inscritas --más de lo que cabía suponer tras el retiro de algunos de los aspirantes a representar a la oposición— muestran un cuadro que se puede dividir en tres grandes bloques. Uno, del que forman parte cuatro candidaturas que por lo irrelevantes que son no merecen ni ser tomadas en cuenta. El segundo, del que forman parte Unidad Nacional y Alianza Social, que en el mejor de los casos logrará una que otra diputación, sin ninguna posibilidad de influir en el futuro inmediato. Y el tercero, que es el realmente importante, compuesto por el MAS y Plan Progreso, donde tiende a concentrarse el grueso de la votación del oficialismo y de la oposición respectivamente.

En el primer bloque mencionado sobresale el caso de Gente, la agrupación que intentó presentar la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas y que a último momento puso su sigla a disposición de líderes disidentes del MAS y antiguos rivales de Evo Morales, como Román Loayza y Felipe Quispe, lo que ha dejado una muy penosa sombra de duda sobre la integridad ética de Cárdenas y la gente que lo rodeó en su afán.

Tan brusco viraje hace sospechar que el despecho, el resentimiento y la mezquindad fueron tan grandes que motivaron una actitud que da cuenta de la fragilidad del ideario, los principios y valores de un grupo de personas que en algún momento parecieron merecedores de la confianza de quienes vieron en ese proyecto político una fuente de esperanza. Es de esperar que Cárdenas pueda explicar el papel que jugó, si jugó alguno, en tan vergonzosa pirueta política.

La consolidación del Plan Progreso como principal, si no única opción opositora, por su parte, deja más dudas que certezas sobre la solidez de una coalición que, por lo menos hasta ahora, no presenta nada más que el “antievismo” como elemento aglutinador de sus miembros y potenciales votantes. El riesgo de que se repita la experiencia Podemos a partir del día siguiente de la votación es demasiado grande, y así lo confirma la composición de sus listas de candidatos. Puede llegar a ser una exitosa fórmula electoral, pero nada permite suponer que de ahí pase a convertirse en un instrumento político de verdad.

En ese contexto, todo parece indicar que Bolivia se encamina hacia una reedición de la desigual confrontación de fuerzas de los últimos años. Un escenario poco alentador.

YPFB, devorador de recursos públicos

Hay motivos para temer que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, la nueva caja chica del Gobierno central

La decisión del Gobierno de formalizar mediante un contrato el anuncio que ya fue hecho meses atrás, para que YPFB reciba del Banco Central de Bolivia un crédito de 1.000 millones de dólares, monto que saldrá de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ha inaugurado una nueva etapa en la economía nacional.

Desde el punto de vista del Gobierno, marca un nuevo hito en el camino que conduce a la independencia económica, la descolonización, la industrialización y el despegue hacia el desarrollo de nuestro país. Para quienes cuestionan esa medida, que son los más renombrados expertos en temas hidrocarburíferos y económicos, en cambio, la disposición sólo puede ocasionar que todos los males de los que hasta hoy fue víctima YPFB sean contagiados al Banco Central. Es que, según sus análisis, nada garantiza que esos recursos sean mejor administrados que los que fueron groseramente despilfarrados desde la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Desgraciadamente, dados los antecedentes del tema, abundan los motivos para creer que esta segunda interpretación —la de quienes critican la medida— es la que más se aproxima a la realidad. Más de tres años han sido suficientes para dudar de la eficiencia con que tan cuantiosos recursos serán administrados por una empresa que sólo ha dado malas noticias desde que se hizo cargo de la principal riqueza de nuestro país.

Pero las razones para cuestionar la decisión de transferir a YPFB tanto dinero no son sólo económicas. También quienes todavía se preocupan por el aspecto legal han expuesto las razones que permiten afirmar que el contrato suscrito vulnera normas básicas de la legislación vigente.

Se ha denunciado, por ejemplo, que el contrato en cuestión vulnera de manera flagrante la ley 1670 del BCB, según la cual la institución emisora no puede otorgar créditos al sector público y contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Los artículos 22 y 23, de esta ley señalan que las operaciones previstas solamente se dan mediante títulos, valores negociables de deuda pública emitido por el Tesoro de la Nación, en caso de atender casos especiales. Para esos casos especiales, se establece un plazo máximo de un año y se define la emisión de valores como garantías a favor del BCB.

Como si eso fuera poco, la autorización para el crédito se aprobó de manera irregular en una ley específica que es la del Presupuesto que tiene una duración de un año y cuyo contenido, por sentencias constitucionales previas, no puede exceder los límites de la temática presupuestaria de una sola gestión.

Pero como ya es habitual, ni las razones económicas, ni las legales, ni las que dicta el sentido común son suficientes para disuadir al Gobierno de un propósito del que nada bueno se puede esperar. Por el contrario, lo que se puede temer es que la debacle del sector hidrocarburífero sea transmitida al Banco Central, institución que, por lo que se ve, comenzará a ser tratada como la caja chica del Gobierno central.

11 de septiembre, un año después

Lo ocurrido hace un año fue la reducción a su mínima expresión de un enfrentamiento que estuvo a punto de tener dimensión nacional


Hace un año, un día como hoy, el 11 de septiembre de 2008, se escribió una de las páginas más funestas de la historia contemporánea de nuestro país. Un año después no se ha aclarado plenamente cómo fue que se produjeron los luctuosos enfrentamientos de Porvenir, en Pando, ni quiénes fueron sus autores intelectuales. Pero el hecho es que independientemente de ello, lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después de un proceso que a punto estuvo de desencadenar una feroz guerra civil.

Sobre el asunto hay todavía dos versiones mutuamente excluyentes, cada una defendida por los dos sectores que fueron protagonistas. Según el Gobierno, todo fue resultado de un plan de acción cuidadosamente planificado con el fin último de provocar su derrocamiento. Los grupos cívicos que se le enfrentaron, en cambio, coinciden en que hubo una fría preparación de la violencia pero la atribuyen a los estrategas políticos del oficialismo.

Como suele suceder en estos casos, cuya complejidad no admite explicaciones simplistas, la verdad no puede ser encontrada en las versiones de los involucrados. Son tantos los factores que confluyeron en el desencadenamiento de la violencia que resulta imposible atribuir toda la culpa a una de las partes y tampoco se puede exculpar a ninguna de ellas.

El año transcurrido no es suficiente para juzgar y evaluar cuanto ocurrió ese día desde una perspectiva histórica. Ver el lugar que lo ocurrido en Pando ocupa en esa larga cadena de causas y efectos que son los procesos políticos de largo alcance, como el actual, es algo que habrá que dejar para el futuro.

Por ahora, sólo se cabe recordar que Porvenir y el 11 de septiembre fueron sólo un lugar y un momento en el que se condensó un fenómeno político mucho más amplio en términos temporales y geográficos. Fue la reducción a su mínima expresión de un enfrentamiento que estuvo a punto de tener dimensión nacional, con todo lo que ello hubiese significado.

Lo importante, por ahora, es que, independientemente de los criterios relativos a la legalidad y la justicia, el 11 de septiembre selló el triunfo de una de las partes contendientes, —el Gobierno— y la derrota de la otra —la oposición cívica regional—. Fue tan fulminante el resultado que aún hoy, un año después, son notables sus secuelas.

Como ahora se puede constatar, fue enorme el desacierto de los dirigentes cívicos de los departamentos de la “Media Luna” que se dejaron llevar por las corrientes más radicales, las que sobrestimando sus fuerzas y subestimando las del Gobierno creyeron conveniente optar por la vía de la violencia y dar la espalda a la legalidad democrática. Como lo dijimos en este espacio editorial hace un año, tal decisión fue más que un crimen, un error de esos que en la política y en la guerra tienen un alto precio.

Quienes ahora tienen en sus manos la conducción de la oposición tienen pues la obligación de reflexionar sobre el aniversario que hoy se conmemora, pues desgraciadamente no son pocas las voces que desde sus propias filas insisten en retomar el camino que condujo a tan fatídica fecha.

Un mensaje de Lula a Bolivia

El mensaje de Lula nos atañe tanto como a los brasileños. Es de esperar que los candidatos lo tomen en cuenta y digan algo al respecto


El pasado domingo, con motivo de celebrarse el aniversario 187 de la Independencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dirigió a su país un mensaje cuyo contenido nos atañe muy directamente a todos los bolivianos. Es que el tema central de su discurso fue el hallazgo de inmensas reservas de petróleo y gas en pre-sal (a grandes profundidades), las que colocarán a su país entre los primeros del mundo en cuanto a la posesión de ese recurso natural.

El mensaje de Lula nos debe interesar por una doble razón. Primero, porque confirma lo que ya se veía venir: Brasil ya no necesita el gas boliviano. Y segundo, porque aunque de manera indirecta, se refirió a nuestro país como un ejemplo de lo que no se debe hacer. "Nuestro deber es garantizar que esa riqueza no escape de nuestras manos, buscar los medios más eficientes para explorarla y modernizar las leyes para no repetir los errores de otros países", dijo, en clara alusión a Bolivia y Venezuela.

Al explicar lo que el pre-sal significa para el futuro brasileño, Lula afirmó que es uno de los más grandes descubrimientos de todos los tiempos. Y aunque aún no se puede decir con exactitud cuántos miles de millones de barriles de petróleo contiene, "puedo garantizar, con toda certeza, que va a situar a Brasil entre los países con las mayores reservas de petróleo y gas en el mundo", afirmó. Pero el mayor énfasis de su discurso no estuvo en el anuncio de la buena noticia, sino en la urgente necesidad de tomar las medidas necesarias para impedir "que cualquier gobernante imprudente gaste estos recursos". "La historia ha demostrado que la riqueza del petróleo es un arma de doble filo. Cuando se utiliza bien, trae progreso para el pueblo. Al mal explotarlo, trae el conflicto, los residuos, la agresión al medio ambiente, la desorganización de la economía y los privilegios para unos pocos. Así, algunos países pobres, ricos en petróleo, no pudieron nunca salir de la pobreza", sostuvo. Para evitar que Brasil cometa los mismos errores que "otros países ricos en gas", Lula ha propuesto la aprobación de una serie de disposiciones legales que pongan esa riqueza fuera del alcance de "cualquier gobernante imprudente". Por eso, antes de iniciar la explotación de sus recursos gasíferos, propone crear fondos para educación, acción social, ciencia, tecnología, medio ambiente y cultura.

Así pues, la que desde el punto de vista económico es una excelente noticia para Brasil es pésima para Bolivia. Significa que hay que empezar a olvidarse del mercado brasileño. El aspecto positivo del mensaje es que llama nuestra atención sobre la necesidad de revisar muy profundamente la manera como nuestros gobernantes están administrando nuestra riqueza gasífera. Es de esperar que los candidatos, los del oficialismo y los de la oposición, lo tomen en cuenta y digan algo al respecto ahora que estamos ante la oportunidad de rediseñar nuestro futuro.

Un nuevo escenario político

Como hace cuatro años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición

La publicación de las listas de candidatos y candidatas a diputados y senadores de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional ha abierto una nueva etapa del proceso que alcanzará su punto culminante el 6 de diciembre próximo. Y aunque todavía se puede prever que habrá muchas modificaciones, las líneas centrales de lo que cada fórmula ofrece ya están definidas.
Un primer dato que por su relevancia no puede pasar inadvertido es que se ha sellado la muerte del viejo sistema de partidos. Ya no queda ni un rastro de él. Hasta el MNR, que era el último sobreviviente, recibió, o se infligió a sí mismo, el tiro de gracia, con lo que sigue el camino por el que lo precedieron ADN, MIR, PDC, UCS, NFR y todos los que en algún momento jugaron un rol protagónico. Su desaparición del escenario político cierra definitivamente una era de la historia de nuestro país.
No menos significativa es la inexistencia de organizaciones políticas que hayan logrado llenar tan enorme vacío. Podemos y Unidad Nacional, los dos proyectos políticos que nacieron hace algunos años con ese propósito, no lograron superar la etapa embrionaria y hoy languidecen víctimas de sus propios desaciertos.
Es verdad que Unidad Nacional, a diferencia de Podemos, por lo menos ha logrado estar presente en la contienda electoral. Pero ha llegado a este punto tan débil, que las pocas señales de vida que todavía da no alcanzan para que este partido pueda considerarse heredero de quienes lo antecedieron. Si en cinco años no logró trascender la soledad y el voluntarismo de su jefe y propietario, no hay porqué pensar que pueda hacerlo en el futuro. Las pocas figuras relevantes que aparecen en sus listas no alcanzan para una valoración más optimista.
En tales circunstancias, todo parecería indicar que están dadas otra vez, como en 2005, todas las condiciones necesarias para la aparición de una nueva organización política que llene el vacío que por ahora deja al Movimiento al Socialismo como partido monopólico.
En efecto, la notable facilidad y velocidad con que alrededor de Manfred Reyes Villa y Leonardo Fernández se concentraron decenas de agrupaciones cívicas, ciudadanas y liderazgos individuales, hasta convertirlo en pocos días en la principal fuerza opositora, indica cuán grande es la demanda de una parte de la sociedad de una opción alternativa a la que ofrece el oficialismo.
La experiencia enseña, sin embargo, que hay una enorme distancia entre una exitosa coalición electoral y un proyecto político serio. La debacle de Podemos es el ejemplo más reciente pero no el único. Es que reunir votos alrededor de un caudillo y de una coyuntural causa electoral, en este caso el “antievismo”, no alcanza para dar vida a una organización que se proyecte más allá del corto plazo.
Por segunda vez en los últimos años, están dadas las condiciones necesarias, aunque no las suficientes, para que nazca un partido político de oposición. De los próximos pasos que den quienes organizan la coalición naciente dependerá que eso ocurra, o que los fracasos del pasado se repitan tras la primera prueba.

Los futuros asambleístas

La lista de los candidatos a asambleístas podrá ser interpretada como una declaración de intenciones del frente o partido que los postule

La atención de gran parte del país, a partir de hoy y durante los próximos días, estará sin duda concentrada en las listas de candidatos a senadores y diputados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será la primera prueba para las fórmulas contendientes, pues el rol que les espera a los futuros legisladores es tan o más importante que el de los binomios que encabezan las listas.
En ese contexto, cada nombre que figure en las “franjas de seguridad” será todo un mensaje al país. Los antecedentes de cada candidato, y ahora más que nunca de cada candidata, podrán interpretarse como una declaración de intenciones del frente o partido que los postule.
En el caso del Movimiento al Socialismo, las características individuales de sus candidatos, sin dejar de ser importantes, pueden ser consideradas secundarias porque quienes acepten incorporarse a su futura bancada de legisladores lo hacen con un plan de acción previamente definido con toda claridad. Ya saben qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Su tarea consistirá en poner en plena vigencia la nueva Constitución Política del Estado mediante la aprobación de las leyes necesarias para su aplicación.
Para las fórmulas de la oposición, en cambio, el panorama no es nada claro. Hasta ahora no han presentado al país una propuesta sobre lo que se proponen hacer con la Constitución Política ahora vigente, lo que deja un margen excesivamente amplio para que cada asambleísta, en el futuro, actúe según su propio criterio.
Tal falta de definiciones sobre el tema fundamental, el único que está realmente en juego, es sin duda el punto más débil de las fórmulas opositoras. Al no haber una propuesta que sirva como elemento aglutinador de las futuras bancadas, es enorme el riesgo de que la suma de votos y de legisladores no se plasme en una acción común cuando llegue el momento de elaborar, apoyar o rechazar cada una de las muchas leyes cuyo tratamiento los espera.
Una clara muestra de lo que eso puede significar la dio Podemos durante los últimos años. Esa agrupación nunca logró mantener la cohesión interna en sus propias filas, lo que dio lugar a una dispersión de voluntades y ésta, a su vez, esterilizó completamente su labor parlamentaria. La falta de ideas rectoras fue una falencia que nunca logró superar, lo que arrojó los resultados ya conocidos.
Dadas las características de la “hipercoalición” que se proponen ocupar el lugar que dejó Podemos, es muy grande el riesgo de que esa experiencia se repita. Por eso, las cualidades y defectos, ideas, visiones e intereses individuales de cada postulante del frente opositor darán la pauta de lo que se puede y lo que no se puede esperar de quienes tendrán en sus manos la construcción del andamiaje legal que regirá los destinos del país durante los próximos años.

Un derecho en riesgo

La violencia contra los medios de comunicación social va e aumento sino que ahora es protagonizada por organismos de seguridad del Estado

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia y uno de los mejores indicadores del nivel de ejercicio de la ciudadanía en los países del mundo, en el que Bolivia no es la excepción.Durante gran parte de la historia, la libertad de expresión ha marcado la diferencia entre quienes tenían poder y quienes estaban sometidos al mismo. Con la democratización de las sociedades y la emergencia de la clase media, este derecho se ha consolidado.Sin embargo, pese a que cada vez más naciones se suman al sistema democrático y, por lo tanto, al respeto a la libertad de expresión, las organizaciones internacionales siguen identificando importantes reductos de totalitarismo de Estado y en otros casos un retroceso en el ejercicio ciudadano.El caso de la China es singular y al mismo tiempo paradójico. Mientras que la apertura económica ha marcado su presencia a nivel internacional, las restricciones en cuanto a la libertad de expresión siguen marcando el dominio ideológico sobre la sociedad civil del gigante asiático.En los países de Oriente Medio con gobiernos islamistas, la libertad de expresión también enfrenta fuertes limitaciones, en especial, si se cuestiona las creencias religiosas más arraigadas. En nuestro continente se tienen dos ejemplos contrapuestos. Por un lado, la Cuba de Fidel Castro, cuyo gobierno insiste en mantener la cohesión social en torno a un desgastado proyecto socialista, o la Venezuela de Hugo Chávez que cada vez ejerce más presión y control sobre la libertad de expresión.Por otro lado, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre y el inicio de la guerra contra el terrorismo, la libertad de expresión junto a otros derechos básicos ha sido limitada en los Estados Unidos. Pese a las protestas de activistas de los derechos humanos, la pasada administración del presidente Bush ha justificado con el estado de guerra, las restricciones e, incluso, la violación de algunas prerrogativas constitucionales tanto en su territorio como en otras latitudes.En cuanto a Bolivia, es oportuno señalar que la vigencia plena de la libertad de expresión ha sido una de las más importantes conquistas del último período democrático. Esa libertad, sin embargo, está comenzando a encontrar obstáculos y restricciones con una frecuencia cada vez mayor en los últimos meses.La libertad de expresión ha sido, en los momentos más críticos de la historia reciente de Bolivia, el instrumento y la garantía para que el país no caiga al abismo sino, más al contrario, para que encuentre salidas pacíficas y democráticas a sus diferencias internas.La sociedad en su conjunto parece haber comprendido que la libertad de expresión es un medio elemental para la convivencia ciudadana, por lo cual, su resguardo es imprescindible para el actual debate sobre los destinos del país.Quienes, empero, parecen pasar por alto el valor que tiene esa libertad son los organismos de seguridad del Estado quienes, en lugar de precautelar los derechos de la sociedad, ahora se dedican a infringirlos seguramente alentados por la impunidad de las recientes agresiones a medios de comunicación social.

Naciente “hipercoalición” opositora

El principal reto de la naciente coalición es ahora compatibilizar la cantidad, que la tiene, con la calidad que por ahora no se ve

La semana que concluye ha sido sin duda una de las políticamente más intensas de los últimos tiempos. Una avalancha de noticias, que se inició con el lanzamiento del binomio Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández, marcó el inicio de una reconfiguración del escenario político cuyos alcances, aunque todavía no se puede ver en toda su magnitud, dejarán honda huella en el futuro nacional.
La consolidación de una sólida fórmula de oposición, a la que una tras otra se fueron sumando decenas de líderes regionales, agrupaciones ciudadanas, y los resabios de partidos políticos que en los hechos dejaron hace tiempo ya de existir, ha sentado las bases de una concentración del voto opositor y dejado en el camino a muchos otros aspirantes que fracasaron en su intento de encabezar un frente alternativo al partido oficialista.
Desde el punto de vista cuantitativo, es incuestionable el éxito que logró Manfred Reyes Villa. Fue tan fulminante el efecto mediático que consiguió, que dejó a sus rivales aturdidos, sin poder mantener vivas sus expectativas. Fue tan desventajosa la situación en que quedaron, que el candidato del MNR, Germán Antelo, Víctor Hugo Cárdenas y Jorge Quiroga no tuvieron más remedio que reconocer su derrota y dar un paso al costado para dejar el camino expedito a quien fue más eficiente en la tarea de reclutar aliados.
Han quedado sin embargo muchas dudas sobre el aspecto cualitativo de la coalición resultante. Es que son tantas y tan heterogéneas las corrientes políticas que decidieron unirse alrededor de la figura de Manfred Reyes Villa, que resulta inevitable recordar las limitaciones que experiencias similares mostraron en el pasado.
Las decisiones que deberán tomarse durante las próximas horas, las que faltan para que venza el plazo para la inscripción de los candidatos a diputados y senadores que acompañarán al binomio principal, serán sin duda la primera prueba de fuego para la cohesión de un frente cuya principal, si no única fortaleza, radica en el “antievismo” que aglutina a sus integrantes. Intentar satisfacer las ambiciones de las casi veinte agrupaciones políticas que disputan un espacio en la “franja de seguridad”, será el primer gran desafío para los constructores de esta “hipercoalición”.
Serán seguramente muchas las aspiraciones que queden defraudadas y muchos los fracasos que abonen el potencial éxito de la coalición naciente. El MNR, que por primera vez en los últimos 70 años estará ausente de un acto electoral es sin duda el mayor de los perdedores. Tuto Quiroga y Víctor Hugo Cárdenas tampoco serán los últimos en quedar a la vera del camino, excluidos de un “Arca de Noe” que no podrá albergar a todos los que quisieran un lugar en ella.
Los próximos días, cuando se conozca a los candidatos a senadores y diputados, estará más clara la naturaleza de una coalición cuyo principal desafío es ahora compatibilizar la cantidad, que la tiene, con la calidad. Es de esperar que los elegidos estén a la altura de las expectativas que los preceden.

La coca contra la Pachamama

La destrucción del Parque Machía para facilitar el transporte de hojas de coca es un ejemplo más de la mitomanía en que está sumido nuestro país

Hace unos días, en este espacio editorial, al comentar la distinción que el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas otorgó al presidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” por su defensa de la “Madre Tierra”, decíamos que había abundantes motivos para cuestionar tal reconocimiento a Evo Morales, pues si hay algo que está haciendo estragos en la salud de la “Pachamama” es precisamente la actividad económica de la que es el máximo representante: la producción de coca y su correlato, su transformación en cocaína.

Los datos que confirman ese paradójico rol que le atribuye a Morales son muchos. Pero por si los ya conocidos no fueran suficientes, una nota periodística publicada en este medio da un ejemplo más, que por su elocuencia y magnitud no puede ni debe pasar desapercibido para las muchas organizaciones que actúan en nombre del medio ambiente pero optan por un silencio cómplice cuando la causa ecologista se corrompe con ciertas afinidades políticas.

Según el informe que comentamos, una de las principales reservas naturales que hay en nuestro país, el parque Machía, donde la comunidad Inti Wara Yasi desarrolla desde hace ya mucho tiempo una encomiable labor de protección de la vida silvestre, está a punto de ser destruida por una sola razón: el deseo de los “comunarios” de Villa Copabana, quienes exigen la construcción de un camino que facilite el transporte de sus productos al mercado. Por “productos” se entiende la hoja de coca.

Para satisfacer esa exigencia de “las bases cocaleras”, se destruirá una reserva ecológica donde viven alrededor de 1.000 especies de monos, felinos, osos y aves, todos cobijados por los bosques del parque, uno de los pocos lugares del trópico cochabambino donde todavía se pueden ver árboles centenarios.

Es tan grande el crimen ecológico que se está a punto de cometer, que muchos de los principales líderes del Movimiento al Socialismo estuvieron, mientras pudieron, entre los principales opositores a que se consume.

Hace ya algunos años, el entonces alcalde de Villa Tunari, Felipe Cáceres, actual viceministro, vetó el proyecto. Y lo mismo hizo años después el ex prefecto Rafael Puente. Ambas autoridades tuvieron que enfrentarse a las presiones de los cocaleros de la zona y fueron derrotados. Ahora, un camino cuya única razón de existir es facilitar el transporte de hojas de coca a su mercado, que no es otro que las fábricas de cocaína, dará fin con un parque que solía atraer un promedio de 30.000 turistas al año que lo visitaban atraídos por la belleza del lugar.

Mientras eso ocurre, muy orondo el Presidente Evo Morales luce su condecoración de defensor mundial de la “Madre Tierra”. Y las muchas organizaciones no gubernamentales que reciben cuantiosos recursos en nombre de la defensa del medio ambiente, guardan un vergonzoso silencio. Un ejemplo más de la mitomanía en que está sumido nuestro país.

Una campaña ilegal y mentirosa

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil Más que quejidos, se necesitará ideas, datos, sólidos argumentos


Aunque según lo dispuesto por la ley electoral que rige el proceso que conduce a las elecciones de diciembre próximo aún no están permitidas las campañas propagandísticas para promover a los candidatos que disputa4án el apoyo de la ciudadanía, basta ver unos minutos cualquier canal de televisión, u oír cualquier radioemisora, para comprobar con cuánta facilidad tal regla está siendo vulnerada por los candidatos del oficialismo.

Si bien la campaña se hace con cierto disimulo, pues se presenta encubierta como “informes” de los supuestos logros de la gestión gubernamental, lo que hace difícil la labor del Órgano Electoral, que tendría que hacer cumplir equitativamente las reglas de juego, resulta por demás evidente que esa es una de las muchas maneras como se usa y abusa de los recursos del estado para favorecer a la fórmula del MAS

Ante tal hecho, que sin duda se irá agravando a medida que se intensifiquen las campañas electorales, algunos líderes de la oposición lo han denunciado aunque sin que sus reclamos hayan merecido mayor atención. La falta de una acción conjunta entre los diferentes candidatos opositores, en éste como en otros temas, es uno de los factores que quita fuerza a los reclamos.

Pero el asunto tiene una segunda dimensión que también tendría que ser desenmascarada por quienes se oponen a la propuesta oficialista. Se trata del contenido de los mensajes, la mayor parte de los cuales no guardan relación con la realidad. En algunos casos exponen medias verdades, en otros absolutas mentiras, y en conjunto proyectan una imagen completamente distorsionada de los temas expuestos como los principales logros de la gestión gubernamental.
Entre todos ellos hay dos que se destacan, precisamente los que más insistentemente son presentados como ejemplos de la eficiencia gubernamental: los supuestamente fabulosos resultados de la “nacionalización” de los hidrocarburos y, muy ligado al anterior, el incremento de las Reservas Internacionales Netas, “el ahorro de todos los bolivianos”.

De nada sirve que los datos de la realidad con toda elocuencia desmientan los mensajes propagandísticos. No importa que el descalabro producido por la “nacionalización” sea inocultable si se lo observa con objetividad, ni que la deuda interna neutralice cualquier abultamiento de las RIN. Desde el punto de vista del pragmatismo publicitario lo importante es concentrar la atención en las apariencias y tras ese objetivo se concentra la artillería –y los millones de dólares—que el gobierno gasta –o invierte, según cómo se vea—en consolidar la mitomanía sobre la que se sostiene.

Contrarrestar tan eficiente aparato propagandístico no será tarea fácil para quienes pretenden disputar el apoyo popular. Y los quejidos, reclamos y denuncias, por insistentes que sean, de nada servirán si no van acompañados de una ofensiva en el plano de las ideas, los datos, las cifras, todo lo que se requiere para desmontar el mito.

Más agresiones contra periodistas

Las agresiones contra periodistas son uno más de los síntomas del permanente deterioro de valores básicos como el mutuo respeto y la tolerancia

Un amplio abanico de reacciones que va desde la más honda indignación a la absoluta indiferencia, pasando por cierta complacencia, han causado en diferentes sectores de la sociedad la andanada de insultos y expresiones de deseos que el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, dedicó a un grupo de periodistas y camarógrafos que cubrían una conferencia de prensa.
"Estos son traidores, los veo traicionando a todos, a los colegas que están a su lado. Ojalá algún día se mueran, y pronto nomás de muerte natural para que nadie quede con la culpa, y desaparezcan porque mucho perturban el ambiente. Acosadores del mundo, idos por favor!”, dijo en uno de sus frecuentes arranques de ira.
El asunto fue minimizado en unos casos, pues ya es habitual que el alcalde cruceño, cuya excentricidad es muy conocida, incurra en dislates que por lo frecuentes que son ya suelen ser objeto de burlas y rara vez tomados en serio.
Cierta complacencia poco o nada disimulada, en cambio, se pudo notar entre quienes comparten con el Sr. Fernández su poca simpatía hacia la labor periodística cuando ésta no se acomoda a sus expectativas. Muchos de los principales funcionarios del gobierno central, por ejemplo, deben haberse sentido muy identificados con la actitud del alcalde cruceño.
Diferentes grados de indignación, por su parte, mostraron representantes de los periodistas y de los medios de comunicación, lo que se justifica por los antecedentes que durante los últimos tiempos han llevado a extremos intolerables las relaciones entre quienes ejercen el poder y quienes informan y opinan sobre sus actos.
Llamar a “disciplinar” a los periodistas, o calificarlos como “traidores”, son ejemplos de una actitud que pone en un mismo plano a quienes más allá de sus diferencias políticas e ideológicas, tienen en común el mismo desprecio por la labor periodística. Ambos casos merecen el mismo rechazo, por lo que no es aceptable que se reaccione con tolerancia o indiferencia cuando las agresiones provienen de unos y con indignación y agresividad cuando los autores son otros.
Tampoco se trata de exagerar e incurrir en un exceso de susceptibilidad. Los periodistas que se sienten afectados por las agresiones verbales, así como las organizaciones que los representan, tendrán que definir el límite entre lo que es sólo un exabrupto y lo que por formar parte de un contexto de agresiones que tienden a subir de tono, contribuye a deteriorar el ambiente de libertad y respeto necesario para el pleno ejercicio de la labor periodística.
De cualquier modo, lo cierto es que las cada vez más frecuentes agresiones contra trabajadores de la comunicación son sólo uno más de los muchos síntomas como se manifiesta en nuestro país el permanente deterioro de valores básicos e imprescindibles para la convivencia civilizada como son el mutuo respeto y la tolerancia. Restablecerlos es pues una tarea que debe involucrar a todos.

Los frutos de la “nacionalización”

Es sorprendente la facilidad con que el gobierno enarbola la “nacionalización” como una bandera electoral, pese a los resultados

Desde que el 1 de mayo de 2006 el gobierno del Movimiento al Socialismo decidió “nacionalizar” los hidrocarburos, no ha habido día sin que una mala noticia dé cuenta del avance de un proceso que conduce a un inminente descalabro del sector en el que más esperanzas se habían depositado para el futuro de nuestro país.
La magnitud del daño hecho a la principal base de la economía nacional todavía no ha sido comprendida en su verdadera dimensión por el grueso de la ciudadanía, porque gracias a la desmesurada elevación de los precios del petróleo en el mercado internacional, algo que nada tiene que ver con al política económica gubernamental, los ingresos provenientes de las exportaciones fueron extraordinariamente buenos. A eso se sumó la ligereza con que de diversas maneras el gobierno distribuyó entre los sectores más necesitados de la población los recursos así obtenidos.
Sin embargo, y más allá de las apariencias, abundan los datos que obligan a ver con mucho pesimismo el futuro. Dos noticias conocidas durante las últimas horas, dan cabal idea de lo que eso significa.
Una de ellas, es la contenida en el Plan Quinquenal de inversiones 2010-2026 elaborado por YPFB, según la que durante los próximos seis años el Gobierno deberá gastar 2.584 millones de dólares para importar líquidos de los hidrocarburos (gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, GLP) si no concluye dos refinerías, dos plantas gasíferas y la ampliación del transporte, una inversión de al menos 1.413 millones de dólares. El país podría además comprar por primera vez del exterior petróleo crudo.
Este documento, que delinea la estrategia que YPFB asumirá en los próximos 15 años ante la demanda creciente de gas natural y líquidos derivados del petróleo y la falta de oferta, fue entregado por el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB al presidente Evo Morales para su aprobación.
La segunda noticia a la que nos referimos confirma lo que ya se veía venir. Es que YPFB no podrá cumplir el contrato de exportación de gas natural firmado con Argentina que establece 27 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a partir del año 2010, debido a la baja producción, la demanda para la industrialización nacional y los requerimientos de las plantas de separación de combustibles.
En rigor de verdad, ninguna de las informaciones que comentamos tendría que sorprender a nadie, pues todos los expertos en la materia, desde hace ya mucho tiempo, nos advirtieron que ese y no otro es el único resultado que se puede esperar de la manera como está siendo administrado el sector. Lo que sí sorprende es que a pesar de tan elocuente realidad, la “nacionalización” siga siendo presentada por el gobierno como una de sus principales banderas en la campaña electoral en curso. Y más sorprendente aún, que no haya quién se le ponga al frente para desenmascarar tanta impostura.

El MAS y el padrón biométrico

Ante la ausencia de una oposición seria, el oficialismo ya no necesita distraerse en acciones que podrían empañar la legitimidad de su triunfo

Uno de los últimos escollos que se hallaban en el camino que conduce a las elecciones del 6 de diciembre próximo, ha sido felizmente superado gracias a la encomiable eficiencia con que el Órgano Electoral viene cumpliendo la titánica tarea que se le dio. Fueron tan contundentes los datos presentados al presidente Morales y a su equipo de más estrechos colaboradores sobre el buen avance del empadronamiento biométrico, que el MAS decidió deponer su amenaza de aplicar un “padrón mixto”.

Era previsible que el oficialismo asuma tal actitud, pues sus estrategas deben haber comprendido que el costo político de mantener vigente un padrón sobre el que con razón o sin ella penden demasiadas dudas y suspicacias habría sido mucho mayor que los beneficios. Es tan grande la ventaja que tienen los candidatos del MAS sobre sus rivales de la oposición, que no tenía ningún sentido tender una sombra de duda sobre la legitimidad de una victoria que ya se avizora holgada ante la ausencia de un rival digno de consideración.

Es también posible suponer que la presión externa, expresada a través de gobiernos, organismos internacionales y fundaciones privadas, como el Centro Carter, hizo su parte. Difícilmente se habrían prestado a avalar una causa tan desprestigiada como es la vigencia del antiguo padrón electoral, lo que dio una razón adicional para que el oficialismo opte por no abrir un nuevo frente de batalla, en condiciones adversas, cuando tiene tantos en los que sí lleva todas las de ganar.
A esos factores que jugaron a favor del padrón biométrico se suma sin duda la ineptitud de una oposición que no pone en ningún riesgo la previsible victoria oficialista. Tal como se presenta el escenario político, el MAS no sólo ganará holgadamente las elecciones de diciembre; tendrá además una amplia mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que hace superfluo un plan de acción originalmente concebido para otro escenario.

Algo similar puede decirse de otro recurso que el oficialismo concibió para afrontar una batalla electoral que hace algunos meses no parecía tan fácil. El trasvase de votos de un departamento a otro, mediante las migraciones de militantes del MAS a Pando, respondía a la suposición de que en ese departamento se disputaría palmo a palmo, voto a voto, cada una de las senadurías y diputaciones y que cada una de ellas sería decisiva llegado el momento de hacer el balance final. Al no tener rival al frente, el oficialismo puede ahora prescindir de tan descarado truco y concentrar sus fuerzas en acciones menos engorrosas y más rentables.

El primer efecto de la facilidad con que la oposición le deja al MAS despejado el camino que conduce a su consolidación en el poder es, pues, paradójicamente, positiva. Es que el oficialismo ya no necesita distraerse en acciones que debiliten aún más la salud de nuestro sistema democrático.