Entel, a un año de su nacionalización

Hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad


Hace pocos días, el 1 de mayo, se cumplió el primer aniversario de la “nacionalización” de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lo que fue profusamente recordado por el equipo propagandístico del gobierno mediante una intensa campaña que, de paso, sirvió para echar un manto de olvido sobre YPFB.
Que Entel haya sido presentada como la empresa emblemática del “proceso de cambio”, en vez de la petrolera, se explica porque según indicaban las apariencias ésta estaba libre de los malos manejos que hicieron de YPFB todo un símbolo de la corrupción, la ineficiencia administrativa, y en fin, de todos los males que son propios de las empresas estatales.
Tal imagen positiva llegó a ser hasta cierto punto admitida por la opinión pública gracias, en gran medida, a que no se produjeron escándalos como los que sí abundaron en otros casos.
Sin embargo, la primera auditoría al estado financiero y patrimonial de Entel, al 31 de diciembre de 2008, realizada por la empresa Price WaterHouse Coopers, reveló que la realidad no es tan halagüeña como indicaban las apariencias. Reveló que la empresa adolece de graves desajustes financieros.
Quien llamó la atención sobre la situación de la empresa fue un reconocido economista, columnista de Los Tiempos, quien en un artículo que se reproduce en estas páginas afirma que “la situación financiera de Entel debe preocupar a la ciudadanía, pues se trata de una administración estatal al frente de una compañía que es de propiedad de todos los bolivianos”.
En su descargo, los actuales administradores de la empresa afirman que la actual situación de la empresa no es atribuible a la administración estatal sino a los inversionistas italianos que la capitalizaron. Sostienen que ellos ejecutaron una inadecuada administración y registro contable de los activos fijos de la compañía y sobredimensionar su valor real, lo que también habría sido identificado por la auditoria realizada por Price Waterhouse.
De acuerdo a esa versión, los estados financieros de Entel de la gestión 2008 “muestran una realidad premeditadamente amañada que no fue comunicada por los italianos en gestiones anteriores, causando un grave daño a la empresa y a los intereses nacionales”. La administración italiana habría ocultado deudas de con el Estado boliviano, registrado menores gastos por depreciación, entre otras irregularidades, permitiendo con ello la obtención de mayores beneficios.
Sea como fuere, lo cierto es que todo parece indicar que la empresa de telecomunicaciones se constituye en un motivo más de preocupación entre los muchos que impiden ver con optimismo el futuro de nuestro país y sus empresas. Y lamentablemente, hay razones que hacen temer que la “nacionalización”, como en otros casos, resultó siendo un remedio peor que la enfermedad.