Más dudas sobre las empresas estatales

El Gobierno tiene la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos


Dos noticias recientemente difundidas han llamado la atención sobre un tema que tendría que ser motivo de permanente preocupación: la manera como están siendo administradas las empresas del Estado.

Una de las noticias a la que nos referimos es la relativa a la decisión gubernamental de liquidar la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) por pérdidas millonarias que superan los 56 millones de bolivianos y crear en su lugar una nueva televisora estatal, que se llamará “Bolivia TV”. La otra, trata de la solicitud hecha por el Presidente del Senado para que el Gobierno aclare los entretelones de la “nacionalización” de Transredes, pues son muchas las dudas que pesan sobre la transparencia con que está siendo llevada a cabo esa operación.

Ambos casos, que se suman a los múltiples escándalos que salieron a la luz a raíz de la pésima manera como está siendo administrada la principal empresa estatal, YPFB, obligan a que la atención de la opinión pública no se deje distraer por otros temas pues lo que está en juego es nada menos que el patrimonio nacional.

En el primer caso, el de la Empresa de Televisión Boliviana, es mucho lo que el Gobierno -- y especialmente el Ministerio de la Presidencia que por una extraña razón hizo suya la atribución de conducirla-- tiene que explicar. Son demasiadas las razones que permiten sospechar que algo muy turbio se esconde tras la decisión de liquidarla.

La danza de cifras que cuantifican las millonarias pérdidas arrojadas por esa empresa, así como los montos igualmente grandes que sin control alguno se despilfarran a través de la densa red de medios de comunicación del Estado, ameritan algo más que un decreto para hacer “borrón y cuentas nuevas”. Una explicación es lo menos que se debe exigir.

La sospecha de que hay nuevos escándalos en ciernes no son menores en el caso de Transredes. Como ha denunciado el Presidente del Senado, con motivo de la “nacionalización” de esa empresa se han hecho millonarios pagos a los accionistas sin que se haya determinado mediante un estudio un valor previo de las mismas; además que YPFB asumió el pago de contingencias y pasivos de esa empresa.

Los montos erogados no son pequeños. Pero aún más grave que eso es la sospecha de que los nuevos administradores de la empresa, como en el caso de YPFB, no reúnen las cualidades profesionales imprescindibles para evitar más descalabros que agraven las ya alarmantes perspectivas de la economía nacional.

Ningún país, y mucho menos uno agobiado por la pobreza, como el nuestro, puede darse el lujo de ver indolentemente cómo se destruye el patrimonio colectivo como consecuencia de una pésima administración. El Gobierno tiene pues la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos.