Resulta evidente que la única explicación a la tozudez gubernamental se encuentra en los documentos secretos suscritos con Chile
Con la tranquilidad que le da la inexistencia de una oposición política capaz de salirle al paso, y confiado en la posibilidad de hacer caer en la tentación del dinero fácil a los “indígena originarios campesinos” que habitan en el cantón Quetana de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, de modo que avalen sus decisiones, el gobierno del MAS está a punto de zanjar, a espaldas del país, la ya antigua controversia que nuestro país sostiene con Chile con motivo del uso de las aguas del manantial Silala.
De nada han servido las muchísimas voces de protesta que se han alzado para cuestionar la decisión gubernamental. Ni los dirigentes cívicos de Potosí, ni las opiniones de los expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema, ni las corrientes de la bancada parlamentaria del MAS, que encabezadas por el senador Gastón Cornejo protestan por la actitud gubernamental, han sido suficientes para que el gobierno dé su brazo a torcer.
Resulta tan sorprendente la tuzudez con que el la Cancillería se empeña en firmar un acuerdo con Chile, que no es posible comprenderla si sólo se recurre a los elementos de juicio disponibles. Sólo cabe suponer que la única explicación posible se encuentra en los documentos secretos suscritos con el gobierno de Michelle Bachellet. Unos acuerdos que el gobierno se niega a hacer públicos y los oculta incluso a los parlamentarios de la bancada oficialista.
Hay pues suficientes motivos para temer que lo que se esconde tras las negociaciones con Chile es algo muchísimo más serio que lo relativo a las aguas del Silala. Se puede afirmar, por consiguiente, que lo que se está ocultando al país es todo un conjunto de acuerdos que bajo el rótulo de “Top Secret” están siendo negociados entre las cancillerías de ambos países.
Por lo poco que sabe del asunto, se trata de una “agenda de 13 puntos”, sólo uno de los cuales es el relativo a las aguas del Silala. En qué consisten los otros 12 es un secreto que el gobierno está dispuesto a mantener a toda costa, lo que de ningún modo puede ni debe ser admitido por lo mucho que está en juego.
La gravedad del asunto es obvia y más obvio aún que se trata de algo que incumbe a todos los bolivianos y no sólo a potosinos y mucho menos, como pretende el gobierno, a los poquísimos habitantes del cantón Quetena.
Es pues urgente que se cierren filas para evitar que el gobierno continúe negociando a espaldas del país asuntos tan importantes. Y ya que no se puede contar con una oposición política capaz de asumir la tarea, tendrán que ser las organizaciones de la sociedad civil, empezando por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) las que evitan que el gobierno se salga con la suya. El primer paso deberá ser exigir que se levante el secreto y que cualquier negociación se realice de cara al país.
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