El Estado y la religión

Si se quiere un Estado aconfesional, no corresponde que Presidente oficie de sacerdote en ritos “pachamámicos”

La Semana Santa que durante estos días se celebra en Bolivia, como en todos los países cuya tradición cultural está ligada al cristianismo, tiene este año características muy especiales. Y no sólo por haber coincidido con una de las más intensas disputas entre el oficialismo y la oposición, sino, sobre todo, porque por primera vez se ha puesto en práctica lo establecido en el artículo cuarto de la nueva Constitución Política del Estado. Es decir, Bolivia ha estrenado su flamante condición de Estado aconfesional.

Que eso sea así no debiera ser motivo de grandes cuestionamientos. A estas alturas de la historia, se debe reconocer que un Estado que reconocía un vínculo especial con la religión católica era un anacronismo difícil de sostener, pues la separación entre la Iglesia y el Estado es un paso que ya fue dado prácticamente en todo el mundo occidental y el caso nuestro era una rara excepción.

Como es bien sabido, hace ya más de un siglo que la mayor parte de los países modernos optaron por retirar de sus respectivas constituciones cualquier reconocimiento a una religión oficial, y la Iglesia católica renunció también hace ya mucho a hacer de la defensa de los privilegios que le daban los estados confesionales una de sus causas más importantes.

Sin embargo, más allá del fondo del asunto, el caso boliviano se complica por aspectos formales y por los antecedentes que durante los últimos meses enturbiaron las relaciones entre el gobierno (más que el Estado), con la jerarquía de la Iglesia católica.

Son esos factores los que dieron lugar a que la actitud asumida por el gobierno central ante las celebraciones de Semana Santa caigan bajo la sospecha de responder, más que a un sano afán de modernizar las relaciones entre el Estado y la religión, a un burdo intento de marcar distancias con los representantes de la fe que más adeptos tiene en Bolivia.

A eso se agrega, por supuesto, la doblez de la conducta gubernamental. Es que mientras el Presidente Morales justifica en lo establecido por la nueva Constitución su falta de participación en las celebraciones católicas, no tiene tanto celo cuando se hacer gala de su adhesión a prácticas religiosas “originarias” se refiere.

Si en verdad el nuevo Estado quiere hacer prevalecer su condición de aconfesional, e incluso laico, no corresponde pues que el primer mandatario oficie, con la frecuencia con que lo hace, de sacerdote en ritos “pachamámicos”, o que se haga del palacio de gobierno un templo donde se rinde culto a los acachilas. Y mucho menos que se rinda pleitesía a los jerarcas de estados teocráticos, como el iraní. O que se imponga el velo musulmán a las ministras del gabinete cuando deben recibir a representes de ese tipo de regímenes, como ocurrió cuando se recibió a Mahmud Ahmadineyad.