15 años de Participación Popular

Recuperar el espíritu que inspiró la aprobación de la Ley 1551 bien puede ser la base de una nueva propuesta de futuro para nuestro país

Un día como hoy, hace ya 15 años, se puso en vigencia la Ley 1551, de Participación Popular. Se trató de un hecho histórico que bien merece ser recordado, pues el tiempo desde entonces transcurrido da suficientes elementos de juicio para valorar en su justa dimensión lo mucho que significó esa medida en la historia contemporánea de nuestro país. Fue la base de una serie de reformas en la estructura económica, política y social de Bolivia, la mayor parte de las cuales no fueron, y aún hoy no son, suficientemente valoradas.

Entre las muchas consecuencias positivas que la Participación Popular trajo consigo, se destaca el haber iniciado un proceso de desconcentración del poder que hizo posible la incorporación de amplios sectores de la población boliviana a la toma de decisiones de interés colectivo a través de los gobiernos municipales. Como se recordará, hasta 1994 el territorio boliviano contaba con 186 radios urbanos donde se elegían autoridades, pero sólo 24 municipios de ciudades capitales y urbes intermedias recibían recursos. Ahora son 327 gobiernos municipales que manejan sus propios recursos.

La Ley de Participación Popular sentó también las bases de muchas de las tareas que aún ahora están en proceso de maduración. La participación de pueblos indígenas, campesinos, y la ampliación de las competencias de los municipios, que asumieron responsabilidades en temas relacionados con la salud, educación, deporte, cultura y caminos, entre otros, dieron un formidable impulso al fortalecimiento de los derechos y obligaciones de amplios sectores de la ciudadanía que hasta entones tenían un rol pasivo en sus relaciones con el Estado.

Desgraciadamente, tan profundos cambios no fueron debidamente comprendidos por quienes por aquel entonces actuaban desde la oposición. Desde quienes la calificaron como “ley maldita”, hasta los que temieron que su éxito tenga consecuencias adversas sobre sus expectativas electorales, muchos coincidieron en el afán de entorpecer, cuando no sabotear, la aplicación de la Participación Popular. La mezquindad de quienes heredaron la tarea de darle continuidad al proceso fue sin duda una de las causas de que los resultados obtenidos no hayan sido todos los que se podía esperar.

A pesar de ello, es necesario recordar esta medida pues se constituye en un ejemplo de los profundos cambios que se pueden realizar no sólo respetando sino reforzando los límites de la legalidad democrática. Retomar ese camino, recuperar los aciertos del pasado y proyectarlos hacia el porvenir bien puede ser la base de una propuesta de futuro para nuestro país. Una propuesta que hoy hace más falta que nunca.