Investigaciones mal encaminadas

Está tan mal encaminado el caso del supuesto terrorismo, que da abundantes motivos para los malos augurios


Hace tres semanas, cuando un tras un operativo policial que culminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos, el gobierno anunció que sus servicios de inteligencia habían logrado dar con una peligrosa organización terrorista, fueron muchas las voces que se sumaron a un llamado para que el caso sea afrontado con la seriedad debida. Se recomendó, además que por sus previsibles consecuencias, el caso sea puesto bajo mirada de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Interpol.

Ante esa posibilidad, el gobierno adoptó desde el primer momento una actitud ambigua. El presidente Morales se mostró plenamente dispuesto a aceptar esa propuesta, pero muy poco después fue desmentido por el Vicepresidente quien negó esa posibilidad y finalmente impuso su criterio. La oposición, por su parte, como ya es habitual, nunca atinó a fijar una posición clara y firme sobre el tema.

Ahora, tres semanas después, todo indica que fue un muy grave error no haber insistido, por todos los medios, en solicitar una intervención externa pues el asunto está muy mal encaminado. El gobierno, la fiscalía, la Policía, la comisión parlamentaria, y todos quienes de una u otra manera se han involucrado en el asunto han tenido ya el tiempo suficiente para poner a prueba su capacidad para resolver buenamente el embrollo y el resultado es aún peor de lo que temían las más pesimistas previsiones.

Son tantas y tan bien fundamentadas las dudas que pesan sobre la idoneidad de los investigadores y juzgadores del caso que ya nadie puede tomar en serio sus informes. Las contradicciones, las acusaciones temerarias, la falta de pruebas que las respalden son, entre otras, las características principales del modo como están siendo conducidas las investigaciones. Es por ello previsible que cuando llegue el momento de las conclusiones y las consecuencias, abundarán los motivos para rechazarlas.

Y como si no fueran suficientes todos los antecedentes que desde un principio enturbiaron las investigaciones --entre los que se destaca el papelón que hizo el Ministro de Gobierno, quien desde entonces guarda un elocuente silencio--, ahora es el fiscal Marcelo Sosa quien con cada una de sus intervenciones sólo logra multiplicar las dudas y las sospechas que pesan sobre su rectitud y su idoneidad profesional.

El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios.