Un sano debate en Santa Cruz

Una sociedad que asume el reto de mirarse ante el espejo de la crítica y la autocrítica; que reconoce sus limitaciones pero también, y sobre todo, sus enormes potencialidades, es una sociedad sana y llena de vitalidad

En ocasión de conmemorarse el 59 aniversario del Comité pro Santa Cruz, el matutino El Deber tuvo la feliz iniciativa de promover un debate acerca el papel que esa institución ha jugado durante los últimos años y para que, sobre la base de una evaluación autocrítica de los aciertos que tuvo y los errores que cometió, tome las decisiones necesarias para recuperar un liderazgo que hoy atraviesa por una muy profunda crisis.

El tema merece ser visto con atención no sólo por los cruceños sino por todos los bolivianos, pues por muchas razones Santa Cruz juega un rol cuya importancia, para bien o para mal, afecta a todo nuestro país. Se trata de un debate que no ha hecho más que comenzar y bueno sería que de él participen todos quienes se sienten involucrados en la búsqueda de mejores horizontes para el futuro nacional.

La iniciativa de El Deber, en sí misma encomiable, lo es más aún si se considera el amplio espíritu pluralista que se reflejó en la diversidad de los puntos de vista políticos e ideológicos que representaron los participantes invitados. Tuvieron la oportunidad de hacer oír sus opiniones tanto los más firmes defensores de la institución cruceña, como su actual presidente, Luis Núñez, hasta uno de sus más severos críticos, como el socialista Jerjes Justiniano.

Como no podía ser de otro modo, fueron muchos los temas en los que las discrepancias afloraron pero fueron también grandes las coincidencias. Todos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en que Santa Cruz debe asumir como un dato de la realidad innegable que Bolivia está atravesando por un profundo proceso de cambios y que lejos de negarlo, lo que corresponde es comprenderlo y participar de él “sobre la base de una ideología regional, pero con visión nacional”.

Coincidieron también al reconocer que el liderazgo cruceño ha perdido durante los últimos tiempos mucho del vigor que en algún momento tuvo y que uno de los principales retos del comité cívico es buscar la forma de recuperarlo. Ardua tarea que no podrá ser cumplida exitosamente si no se revierten los factores que dieron lugar a los recientes fracasos.

Un tema central que fue abordado pero no con suficiente detenimiento y tampoco se plasmó en conclusiones claras, por lo que sin duda deberá seguir siendo objeto principal de las futuras reflexiones, es el relativo a los límites que impone el rol cívico del comité y su relación con la práctica política. El hecho de que durante los últimos años haya asumido un papel eminentemente político en sus enfrentamientos contra el proyecto de país desarrollado por el MAS desde la gestión gubernamental, es uno de los aspectos más cuestionados.

Fueron sin duda muchos los temas que no llegaron a ser suficientemente debatidos dada la complejidad de cada uno de ellos, pero lo importante es que se ha iniciado un proceso que, es de esperar, ya no se detenga. Una sociedad que asume valientemente el reto de mirarse a sí misma ante el espejo de la crítica y la autocrítica; que reconoce sus limitaciones pero también, y sobre todo, sus enormes potencialidades, es una sociedad sana y llena de vitalidad. Es por eso de esperar que este ejemplo que da Santa Cruz, como muchos otros, sea seguido en otras regiones del país.

La oposición, peor que el oficialismo

Si bien gran parte del pueblo venezolano considera que el gobierno de Chávez es malo, muy malo o pésimo, no cree que sea lo peor. Hay algo peor que el chavismo, y es la oposición

Los resultados de una encuesta recientemente hecha en Venezuela por la empresa Datanálisis, está dando mucho trabajo a los políticos oficialistas y opositores, así como a los observan, analizan y comentan sobre la situación política de ese país.

A primera vista, es al régimen de Hugo Chávez el que más motivos de preocupación tiene, pues el dato más relevante parece ser el vertiginoso descenso de la popularidad del caudillo. Y como si eso fuera poco, otro estudio, elaborado por el Instituto Legatum que midió la riqueza y felicidad en 104 países del mundo, ubicó a Venezuela en la última posición en el hemisferio.

Ambos resultados, que fueron difundidos casi simultáneamente, han puesto con justificada razón en estado de emergencia a los operadores del chavismo pues se suman a muchos otros indicadores que permiten suponer que la “revolución bolivariana” ha ingresado a una fase de declinación que pone en serio riesgo su continuidad en el próximo futuro.

Y como suele ocurrir desde hace más de diez años cada que una encuesta arroja resultados poco satisfactorios para el oficialismo, las muchísimas fracciones en que está dividida la oposición venezolana baten palmas creyendo acerca la hora de su redención.

Sin embargo, una interpretación que vaya más allá de las siempre engañosas apariencias muestra una realidad muy diferente. Es que si bien es cierto que la aceptación de Chávez está en descenso, no menos cierto es que a la oposición le va aún peor. Es que si se suman todas las adhesiones que consiguen los opositores, éstas apenas superan el diez por ciento.

A tal extremo llega el desprestigio de la oposición venezolana que si bien Chávez pasó de tener 31% de intención de voto en septiembre a 17% en octubre, lo que equivale a una disminución de 14 puntos porcentuales, tan menguada cifra bastaría y sobraría para derrotar a todos los candidatos de oposición juntos, si las elecciones se realizaran el próximo domingo.

Si se deja de ver a la oposición como un conjunto, y se observan en detalle los resultados correspondientes a sus principales fracciones, el panorama es aún peor. Es que ninguno de los aspirantes a liderar a las corrientes antichavistas llega siquiera al 4% de las adhesiones.

Que un gobernante latinoamericano vea su popularidad disminuida después de diez años de gestión, no es algo difícil de comprender. Más aún si se trata, como en el caso venezolano, de un régimen que ha hecho estragos en la estructura económica de su país.

No es tan fácil, en cambio, y por ello requiere mayor esfuerzo, comprender lo que ocurre en las filas de una oposición que después de diez años de permanente pelea sólo obtiene tan miserables resultados. Tal fracaso es, no cabe ya duda alguna, tan o más importante para comprender el fenómeno venezolano como lo que hace o deja de hacer el régimen Chávez.

Es que si bien gran parte del pueblo venezolano considera que el gobierno de Chávez es malo, muy malo o pésimo, no cree que sea lo peor. Hay algo peor que el chavismo, y es la oposición. Y no habría que descartar la posibilidad de que algo muy similar esté ocurriendo en Bolivia.

Las mafias mexicanas en Bolivia

La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle del Estado mexicano, es sólo uno más de los muchos aspectos del problema

Entre los muchos problemas que aquejan a nuestro país sin recibir de los candidatos presidenciales la atención que merecen, hay uno que al ser soslayado pone en evidencia la enorme irresponsabilidad y ceguera con que están actuando quienes aspiran a recibir el apoyo de la ciudadanía. Se trata del vertiginoso ritmo al que crecen las actividades relacionadas con el narcotráfico, y sus múltiples secuelas.

Las informaciones que a diario dan cuenta de la magnitud del fenómeno al que nos referimos son muchas. Prácticamente no hay día que pase sin que se conozcan nuevas noticias acerca de la profundidad y extensión con que este mal está devorando la estructura económica, política y social de Bolivia.

Una de las más funestas consecuencias de ese proceso es que como se produce de manera paulatina, sin grandes traumas que sirvan para despertar la consciencia colectiva, va incorporándose a la normalidad cotidiana. Así, la sociedad poco a poco se acostumbra a convivir con el mal y pierden fuerza las voces que tratan de llamar la atención con la vana esperanza de provocar una reacción colectiva.

Un ejemplo de lo dicho es la poca atención que han recibido las denuncias hechas por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), según las que los carteles mexicanos que ya controlan gran parte del tráfico de cocaína estarían invirtiendo enormes sumas de dinero en nuestro país a través de organizaciones mafiosas de origen colombiano.

De acuerdo a los informes expuestos por la principal autoridad policial boliviana en la materia, sólo en la construcción de “megalaboratorios” para la transformación de la hoja de coca en cocaína se estarían invirtiendo varias decenas de millones de dólares. Y si eso ocurre en la infraestructura básica, no es difícil suponer que los montos involucrados en las otras fases de la “cadena productiva” son aún mayores.

Otros datos confirman esos temores. El crecimiento exponencial de la extensión de los cultivos de coca no sólo en el trópico cochabambino, sino también en zonas antes libres esas plantaciones, es uno de ellos. Los descubrimientos de laboratorios en provincias rurales que hasta hace poco estaban íntegramente dedicadas a las labores agrícolas, es otro.

Es tan obvia e inocultable la directa relación entre ambos eslabones de la cadena, que de nada valen los esfuerzos que hace el gobierno de Evo Morales por negarla o minimizarla. Y así lo entienden los gobernantes de países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, cada vez menos dispuestos permitir que la condescendencia con que tratan al gobierno boliviano sea confundida con debilidad o estupidez.

La ferocidad con que las mafias mexicanas administran el negocio, lo que está a punto de llevar a la debacle del Estado mexicano, es sólo uno más de los muchos aspectos del problema que tendría que servir como llamada de alerta para que dejemos de verlo como si algo que incumbe a todos menos a nosotros se tratara. Evitar que las majaderías de los candidatos presidenciales continúen distrayendo la atención colectiva alejándola de los temas realmente importantes, es por ahora lo mejor que se puede hacer.

Bolivia, un modelo para el FMI

La situación económica del país no es, ni mucho menos, el flanco más débil del gobierno actual. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver


Si hay algo que caracteriza a la actual situación económica de nuestro país, es la confusión. Es que como no ocurría hace ya mucho tiempo, información clave sobre muchos aspectos de la actividad económica, y sobre todo la relativa al manejo que el gobierno central hace de los recursos disponibles, es muy escasa cuando no inexistente, y la poca disponible no goza de la credibilidad que sería de esperar.

A la confusión que eso ocasiona se suma la proliferación de datos aparentemente contradictorios. Se sabe, por ejemplo, que los indicadores macroeconómicos figuran entre los mejores del mundo, pero eso no se refleja en las cifras relativas a la producción, exportaciones y empleo, indicadores en los que el retroceso es inocultable.

Si hay algo que queda claro, a pesar de todo, es que por lo menos por ahora la situación económica de nuestro país no está, ni mucho menos, entre los puntos más débiles de la actual gestión gubernamental. Y aunque las proyecciones hacia e futuro inmediato no son tan halagüeñas, el gobierno tiene motivos más que suficientes para ver con desdén los esfuerzos que hacen sus rivales para dirigir su artillería propagandística hacia un flanco que no es, ni mucho menos, el más vulnerable.

Así lo ha confirmado el informe sobre la economía boliviana recientemente presentado por representantes del Fondo Monetario Internacional quienes no escatimaron elogios al referirse a la política económica de la actual gestión gubernamental. Que el FMI haya puesto al gobierno de Evo Morales como un ejemplo de prudencia y equilibrio, entre otros encomiosos calificativos, no es algo cuya importancia pueda ser minimizada en ninguna circunstancia y mucho menos en pleno proceso electoral.

Entre los muchos elogios tan generosamente vertidos por Gilbert Terrier, asesor principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, al presentar el informe, destaca el relativo a la manera como durante los últimos años se administraron los extraordinarios recursos de los que nuestro país gozó gracias a los altos precios de nuestras exportaciones tradicionales, principalmente el gas. Precisamente lo que más se suele criticar desde las filas de la oposición política y de los centros académicos especializados en temas económicos de nuestro país.

El FMI elogió que Bolivia tenga la tasa más alta de crecimiento de Latinoamérica y una de las más altas del mundo en un año que en todo el planeta fue uno de los peores. Pero nada, o muy poco, dijo sobre la falta de correspondencia entre esos datos y el debilitamiento del aparato productivo nacional en el mismo período de tiempo, lo que se refleja en la vertiginosa caída de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

De cualquier modo, aún siendo evidente que el cuadro actual tiene mucho de engañoso por lo frágiles que son las bases que lo proyectan al porvenir, lo cierto es que, en una coyuntura electoral como la actual, la situación económica del país no es, ni mucho menos, la mayor de las preocupaciones para el equipo gubernamental. Uno de los muchos datos de la realidad que los estrategas de la oposición obstinadamente se niegan a ver.

Desigual correlación de fuerzas

Mientras el oficialismo despliega sendos planes de acción para dos escenarios diferentes, la oposición no halla la vía para salir de su aturdimiento paralizador



Cuando ya hemos ingresado ya a lo que en los hechos es el último tramo del proceso que concluirá el 6 de diciembre próximo, las campañas electorales y la actitud de la ciudadanía ante ellas dan ya suficientes elementos de juicio para describir cuál es la correlación de fuerzas en el escenario político y lo que se puede esperar en el futuro inmediato.

Dos parecen ser los rasgos principales del proceso. Primero, que el MAS tiene el control prácticamente total de la iniciativa política y tiene con toda claridad delineado no uno, sino dos planes de acción. Y los ejecuta con gran eficiencia. Y segundo, que la oposición, en las dos principales fracciones en que está dividida, el Plan Progreso y Unidad Nacional, no logra ponerse a la altura del reto que tiene al frente.

Por lo que se ve, la fórmula oficialista tiene un plan diseñado para las regiones del país donde su hegemonía no está en discusión y otro, muy distinto, que guía sus actos allá donde aún no ha logrado imponerse con tanta rotundez.

Para el primer caso, el fin es superar ampliamente los dos tercios de los votos y de los asambleístas electos y el medio mantener y reforzar su condición de partido prácticamente monopólico, para lo que cuenta con los muchos mecanismos montados durante los últimos años para que en esas regiones no haya presencia efectiva de la oposición.

En esas regiones, que en términos geográficos y demográficos representan a más de la mitad del país, el objetivo oficialista ha sido ampliamente logrado. Ninguna de las fórmulas opositoras ha podido, en cambio, hacer mella siquiera en la hegemonía oficialista. A tal punto que, así como en esta etapa no tienen ni casas de campaña en el vasto “territorio masista”, tampoco es previsible que vayan a tener presencia alguna cuando llegue el día de controlar, mediante delgados de mesa, el acto electoral.

Diferente, pero no por eso menos eficiente, es el plan oficialista a ser aplicado en lo que fue la “Media Luna”. Allá, por ejemplo, la wiphala ha sido arriada “por respeto a la cultura cruceña”, lo que indica que no se trata en este caso de imponer los símbolos propios, sino de arrebatar los de los rivales. Así, tomar la plaza 24 de septiembre, máximo símbolo de lo que fue la resistencia cívica, y hacer de ella un bastión a partir del que se inicie la “ofensiva electoral final”, más que un acto político se convierte en uno simbólico de máxima significación.

Tal como antes el MAS se apoderó de las banderas de la autonomía, ahora serán los más destacados miembros de las huestes de la “juventud crueceñista” las encargadas de arrinconar, en el plano fáctico y en el simbólico, a lo poco que queda de la oposición cívica.

Que en ambos escenarios estén ejecutándose con tanto éxito sendos planes de acción oficialista se explica no sólo por la habilidad de sus estrategas sino también, y en no menor medida, por la ineptitud de sus rivales. Es que a estas alturas del proceso todavía no se ve, ni remotamente siquiera, una fuerza capaz de oponer resistencia. Sin liderazgo, sin organización y sin un cuerpo de ideas que se plasmen en una propuesta política digna de tal nombre, la oposición no atina a nada más que perseverar en su estéril victimismo.

La necesidad de debatir

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos


A poco más de un mes de las elecciones generales, los spots televisivos y jingles radiales, además de las consabidas acusaciones y contraacusaciones entre candidatos, se han apoderado de los medios de comunicación, pero el país no ha visto hasta hoy una exposición clara y real de los proyectos y visiones que plantean los partidos políticos que participan en este proceso electoral.

Los postulantes a la presidencia, además de desplegar sus estrategias de propaganda electoral, desarrollan una recargada agenda de visitas y actos de masas con sus militantes y simpatizantes y es previsible que los mismos vayan incrementándose en frecuencia e intensidad a lo largo de las siguientes cinco semanas, tiempo que los partidos políticos tienen para agotar toda su artillería proselitista en busca del voto ciudadano.

Mientras la campaña electoral transcurre, todas las encuestas de intención de voto coinciden en otorgarle una amplia ventaja al presidente Evo Morales respecto de sus más próximos rivales: Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y René Joaquino.

Los mensajes de propaganda electoral que se están difundiendo a través de los medios de comunicación muestran, sin embargo, que en poco o nada ha cambiado la forma de los partidos políticos de aproximarse y cautivar al electorado.

Predominan las consignas, la frivolidad de los discursos o la grandilocuencia de los ofrecimientos, y no parece existir la intención de ingresar a un tratamiento más profundo y responsable de aquellos temas que son de interés cotidiano del común de la gente, y mucho menos de desentrañar aquellos asuntos que han marcado la accidentada vida política de Bolivia en los últimos años.

Es posible que ésa sea una percepción precipitada y que, en lo poco que queda del período de la campaña electoral, los distintos candidatos sean capaces, en el marco de una saludable confrontación de ideas y proyectos, de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que espera escuchar en torno a las múltiples interrogantes sobre el presente y futuro del país.

Hay, sin embargo, razones para creer que ese escenario, de un ideal debate democrático no se produzca, y que el proceso electoral transcurra en medio de consignas electoreras, ataques y campañas de descrédito y polarización política.

De hecho, el partido de Gobierno y favorito en las encuestas ya anticipó, barajando una serie de argumentos, que su principal candidato (el presidente de la República) no concurrirá a entrevistas ni debates públicos con sus contendientes, reeditando así la conducta electoral que tuvo Evo Morales en los anteriores comicios generales, cuando tampoco se presentó a ninguno de los debates públicos con otros candidatos presidenciales.

Con la experiencia ganada en más de tres años de gestión y con un profundo proceso de cambios que se traduce en la vigencia del actual texto constitucional, es mucho lo que el Primer Mandatario tendría que debatir, de cara a la ciudadanía, con sus circunstanciales rivales políticos.

No es congruente, pues, despreciar mecanismos democráticos como el debate y la saludable confrontación de ideas; más aún en un proceso electoral como éste, que marcará decisivamente el destino de Bolivia en los próximos años y tal vez décadas.

Hacia la cumbre mundial de Copenhague

Los Tiempos, con más de 300 de los más importantes diarios del mundo, ha asumido en días pasados, en Copenhague, el compromiso de sumarse a la causa de revertir el cambio climático



Entre el 7 y el 18 de diciembre próximo, los ojos de todo el mundo estarán fijados en Copenhague, la capital de Dinamarca. Durante esos días, en el marco de convención mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los gobernantes de todos los países de nuestro planeta se reunirán con solo objetivo: suscribir un nuevo acuerdo mundial de lucha contra el calentamiento climático global que prosiga e intensifique los esfuerzos del Protocolo de Kyoto.

Las razones por la expectativa que ya precede a la cumbre de Copenhague son por demás justificadas. Es que a diferencia de lo que ocurrió en Kyoto, las pruebas científicas sobre la responsabilidad humana en el cambio climático son mucho más sólidas y eso ha contribuido a que no sólo los gobiernos, sino los pueblos del mundo, estén más convencidos de la urgente necesidad de adoptar medidas drásticas e inmediatas para detener, primero, y revertir después, un proceso que al ritmo de avanza conducirá a la humanidad entera, en un plazo no lejano, a una catástrofe de horrorosas dimensiones.

Pese a ello, son todavía muchas las dudas que todavía existen sobre la posibilidad de que Copenhague alcance el éxito esperado. Es que la complejidad del fenómeno, y los muchos intereses económicos y políticos que están involucrados, hacen temer que en diciembre no se logre el tan ansiado acuerdo.

Estados Unidos es el obstáculo principal. Es que a pesar del firme compromiso del Presidente Barack Obama, todavía predomina en el senado de ese país una muy fuerte corriente adversa a la adopción de las medidas que el mundo espera.

La reticencia estadounidense contrasta con los esfuerzos que hace el resto del mundo. Los mandatarios de la Unión Europea, por ejemplo, en una de las reuniones preparatorias para la cumbre de diciembre realizada en días pasados, se han comprometido a reducir las emisiones europeas de CO2 hasta en un 95% hasta 2050. China, India y Japón también han adelantado ya su voluntad para adoptar medidas similares, y los demás países del mundo dan señales alentadoras. Estados Unidos, como ya ocurrió en Kyoto, corre el riesgo de quedar como el país más irresponsable del planeta, con todo lo que ello implica en contra de su imagen internacional.

Pero no es sólo de los países más industrializados de los que se esperan drásticas medidas. Los países que todavía cuentan con grandes extensiones de bosques, como Bolivia, también están llamados a fijarse metas que reduzcan su cuota de responsabilidad en las emisiones de dióxido de carbono. Y eso no es poco, pues la destrucción de bosques es causante del 25% de de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra característica especial de lo que será la cumbre de Copenhague es que se realizará ante una sociedad humana mucho más consciente e involucrada en el asunto.. Cientos, si no miles de organizaciones representativas de la sociedad civil del mundo estarán no sólo pendientes, sino presionando activamente para que los gobernantes se pongan a la altura de la responsabilidad que tienen.

Los Tiempos, con más de 300 de los más importantes diarios del mundo, ha asumido en días pasados, en Copenhague, el compromiso de sumarse a tal empeño. Nuestros lectores tendrán pues, la oportunidad de involucrarse en lo que con razón ha sido definido como el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI.

La “juventud cruceñista” y el MAS

La alianza entre los líderes de la “juventud cruceñista” y el MAS confirma que las similitudes entre quienes desprecian la legalidad democrática son siempre mayores que sus eventuales diferencias



Hace un año, en octubre de 2008, las principales organizaciones de la oposición cívica de Santa Cruz comenzaban a salir del aturdimiento en que las dejó la contundente derrota de que les inflingió el gobierno de Evo Morales. Comenzaban a tomar consciencia de la magnitud del error que cometieron al optar por la vía de la violencia, al dar batalla en un terreno en el que, como debió ser evidente, el oficialismo tenía todas las de ganar.

Como cabe recordar, hasta poco antes la oposición cívica cruceña, y tras ella la de la “Media Luna”, pasaba por su mejor momento. Habían logrado resonantes triunfos políticos a través de medios pacíficos--los “referendos autonómicos”--, contaban con enorme respaldo popular, habían logrado poner en una muy difícil situación al gobierno que, por primera vez, parecía condenado a negociar, hacer concesiones, limitar sus aspiraciones de alcanzar el control total del proceso político nacional.

Tan favorables condiciones fueron súbitamente desbaratadas cuando en las filas cívicas se impuso una corriente más proclive a las vías de hecho, a la radicalidad en el discurso y en los actos. Los líderes tras los que se alineaba la Unión Juvenil Cruceñista, con el franco respaldo de mayoría de los miembros del Comité Cívico, terminaron imponiendo su lógica belicista y se procedió, así, a la toma violenta de las principales instituciones del Estado.

Tal ofensiva fue pronto emulada en otros departamentos. Y los líderes de la UJC fueron aclamados como héroes. Hubo, felizmente, muchas voces que oportunamente alertaron sobre la magnitud de tal despropósito. Pero fueron acalladas. Se llegó al extremo de amenazar con imponer “la muerte civil” a quienes tuvieron el valor de oponerse a los métodos delincuenciales aplicados por la “juventud cruceñista” y sus admiradores.

No pasó mucho tiempo antes de que los resultados obtenidos pusieran en evidencia cuán equivocados estaban quienes creyeron que las hordas delictivas elevadas a la categoría de vanguardia de la oposición cívica eran paladines de la defensa de la autonomía, la libertad y la democracia. Pocos días bastaron para que el gobierno aproveche tan excelente ocasión y aseste un golpe tan contundente que fue suficiente para modificar definitivamente y a su favor, el curso del proceso.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de Pando, y la posterior detención de Leopoldo Fernández, marcaron el punto culminante de la malhadada ofensiva cívica. Fue el punto de inflexión a partir del que el hasta entonces vertiginoso ascenso de la oposición cívica se transformó en una caída al vacío.

Ahora, un año después, las consecuencias de tan enorme extravío político no dejan de hacerse sentir. La alianza suscrita entre los más prominentes líderes de la “juventud cruceñista”, los mismos que hasta hace poco eran todavía ensalzados como dignos exponentes del “heroísmo” con que en “épicas jornadas” se opusieron al “totalitarismo comunista”, ha ratificado una vez más que las similitudes entre quienes desprecian los valores y principios inherentes a la legalidad democrática son mayores que sus eventuales diferencias. Una lección que los actuales aspirantes a liderar la oposición no deben dejar de asimilar.

El ensordecedor silencio de Anamar

Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia

Cuando a principios de septiembre pasado Ana María Romero de Campero, --quien se destacó en su labor periodística con el seudónimo de Anamar—fue presentada como candidata a la primera senaduría por La Paz en las listas del Movimiento al Socialismo, se produjo una inusitada vorágine de reacciones a favor y en contra de tal postulación. Pero entre unas y otras, fueron más numerosas y más contundentes las que vieron su incorporación al escenario político como una señal esperanzadora.

Muchas destacadas personalidades del ámbito intelectual no dudaron en expresar su optimismo y la defendieron con muy buena fe de la andanada de críticas de la que tan prestigiosa mujer fue objeto. Tal visión optimista fue alimentada por las palabras con que Ana María Romero justificó su decisión, y con las cuales se comprometió a no defraudar a quienes confiaron en la posibilidad de que su presencia en las filas del MAS contribuiría imponer cierta racionalidad democrática a la conducta del partido gobernante.

Anamar aseguró, en esa ocasión, que no sería una “levantamanos” y que “no sería capaz de seguir una consigna contra mi consciencia”. “El horror a que nos dividamos y la preocupación porque se frustre un proceso que puede permitirnos construir un país con equidad y justicia ha hecho carne en mí durante este tiempo de retiro y me ha decidido a dar el paso. Ha pesado en mí la convicción de que no puedo negarme a brindar mi esfuerzo al ánimo de tender puentes y concertar que me ha manifestado el presidente Evo Morales y que considero imprescindible”, dijo, y por la autoridad moral acumulada durante mucho tiempo, se le creyó.

Quienes entendieron esas palabras como un compromiso digno de ser tomado en serio lo hicieron convencidos de que a la muy probablemente próxima presidente de la Cámara de Senadores no le faltarían oportunidades para ratificar con hechos sus palabras.

Una serie de acontecimientos producidos durante los últimos días, lamentablemente, han echado por la borda tantas ilusiones. Es que teniendo la oportunidad de corresponder a las muestras de apoyo recibidas y refutar a sus detractores, Ana María Romero de Campero ha optado por guardar un ensordecedor silencio ante hechos que sin duda deben haberla puesto ante la disyuntiva de seguir una consigna o atender a su consciencia.

La tozudez con que el gobierno del MAS insiste en coartar la libertad de expresión de Leopoldo Fernández; la nueva ofensiva oficialista contra el Órgano Electoral, las reiteradas agresiones contra periodistas, o la brutal arremetida de hordas masistas contra autoridades ediles, cívicas y vecinales de El Alto, son sólo algunos de los casos más recientes, pero no los únicos.

Lejos de aprovechar tales oportunidades para dar una muestra de la sinceridad de las palabras con que asumió el compromiso, Romero no sólo que ha optado por callar, sino que ha participado activamente en actos proselitistas al lado del presidente y candidato presidencial del MAS, lo que no puede interpretarse sino como un tácito aval a la manera como la organización política de la que ahora forma parte actúa. Es una verdadera pena que tan poco tiempo haya sido suficiente para que se produzca tan enorme decepción.

El victimismo de la oposición

Insistir en mendigar un derecho sólo contribuye a reforzar la sospecha de que lo que buscan, más que dar batalla, es regodearse en la cómoda actitud autoexculpatoria tan propia del victimismo


Una de las principales características de toda contienda electoral, como la que está desarrollándose en nuestro país, consiste en que los contendores dedican sus mejores esfuerzos a llamar la atención de los medios de comunicación, y a través de ellos de la ciudadanía, hacia sus respectivos candidatos, propuestas y mensajes.

En ese contexto, resulta evidente que la fórmula oficialista lleva una enorme ventaja. La oposición, en cambio, apenas atina a balbucear una que otra iniciativa sin lograr salir de la marginalidad en la que se encuentra.

En el afán de revertir tal situación, los asesores de las dos principales candidaturas de la oposición parecen haber definido cuáles serán lás fórmulas que ensayarán. Machacar con el tema del empleo y desafiar al presidente y candidato Evo Morales a un debate, es una. Atrincherarse en el victimismo y concentrar sus pocas energías en una inacabable sarta de quejidos lastimeros es la otra.

La más reciente manifestación de esta segunda táctica es la insistencia con que los estrategas de Plan Progreso se lamentan porque el gobierno no da su venia para que su candidato vicepresidencial ejerza su derecho a la libertad de expresión. Ya son varios días, valiosísimos días para una campaña electoral tan corta, durante los que perseveran en su afán de atribuir a una supuesta censura sufrida por el ex prefecto de Pando la falta de vigor y consistencia de su campaña.

No se trata, por supuesto, de minimizar la descarada arbitrariedad con que el gobierno actúa en este caso. Ya se ha dicho mucho en este espacio editorial sobre el asunto y seguiremos insistiendo, cuantas veces sea necesario, en denunciar la manera flagrante como el gobierno viola las leyes y los derechos fundamentales del recluido desde hace más de un año.

Pero lo que ahora está en cuestión, más que los aspectos relativos a las formalidades legales, es el aspecto político del asunto. Y es ahí donde resulta por demás cuestionable la manera de actuar de Plan Progreso pues, siendo tan evidente que la ley respalda sus demandas, insistir en mendigar un derecho sólo contribuye a reforzar la sospecha de que lo que buscan, más que dar batalla, es regodearse en la cómoda actitud autoexculpatoria tan propia del victimismo.

¡El derecho a expresarse no se mendiga, se toma!, habría que decirles a los estrategas de PPB, parafraseando la famosa consigna del mayo francés de 1968. Es que por grande que sea el empeño con que el gobierno del MAS intente coartar el derecho de su candidato vicepresidencial a hacer oír su voz, son muchas, muchísimas las formas como podría ejercerlo sin tener que magnificar su condición de víctima.

Hace poco, por ejemplo, Leopoldo Fernández escribió un artículo de opinión que fue publicado en muchos diarios del país. ¿Podía hacer algo el gobierno para impedirlo? Por supuesto que no, como que no lo hizo. Grabar mensajes para difundirlos a través de radios, televisión o Internet; publicar a través de la prensa escrita artículos o solicitadas, entre muchas otras, son algunas de las posibilidades.

Hacerlo no es algo que requiera la venia gubernamental, sino la voluntad política necesaria para salir de la pasividad, superar el victimismo y dar batalla en todos los terrenos que sea necesario. Actuar de otro modo, como hasta ahora, sólo puede servir para inspirar una inútil conmiseración