Combatir la inseguridad

Mientras el Estado continúe eludiendo su responsabilidad de ofrecer más seguridad, serán cada vez más frecuentes los desbordes de aquellos ciudadanos que, hartos de la impunidad de la que gozan los delincuentes callejeros, ya no dudan en hacer justicia por su propia mano


En estos últimos meses y años, varias ciudades del país están sido afectadas por una alarmante ola de delincuencia, expresada en horrendos crímenes, ataques cada vez más frecuentes con armas blancas y robos sistemáticos a entidades financieras, quedando así plenamente demostrado el poco o ningún impacto que han tenido los planes de seguridad ciudadana puestos en vigencia por los últimos gobiernos, así como las tremendas limitaciones que afectan a la Policía Nacional, dificultando su misión de combatir el delito con eficiencia.

Ante esta situación, que tiende a agravarse cada día más con el consiguiente riesgo para las vidas y propiedades de cientos de miles de bolivianos, se torna apremiante la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, asumiendo como una de sus tareas de prioridad la de garantizar la seguridad ciudadana a través de un programa que afronte el problema en todas sus variables.

Más todavía, en virtud de los cambios que se avecinan en el andamiaje jurídico del país a partir de las elecciones generales que tendrán lugar en diciembre próximo, ya está abundantemente demostrada la necesidad de modificar la legislación penal vigente, especialmente para asegurar que los delincuentes no aprovechen las medidas cautelares para evadir su responsabilidad, así como para introducir una necesaria normativa sobre los delitos que involucran a menores de edad de edad -sea como autores o como víctimas- o a personas que hoy, por gozar de fueros especiales debido a su pertenencia a instituciones como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, logran esquivar merecidos castigos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Es clara, también, la urgencia de contar con una verdadera política preventiva y punitiva para esta clase de delitos, que tendría que pasar necesariamente por la remisión de los criminales menores de edad a centros especializados de rehabilitación, que tendrían que ser creados al menos en los centros urbanos más importantes. A estas alturas, ya no quedan dudas de que la labor policial no está siendo debidamente acompañada ni por el Ministerio Público ni por la legislación vigente en esta materia.

Por otra parte, es patente que para contar con una estrategia eficaz de seguridad ciudadana, la Policía tiene que ser redimensionada y reestructurada en su integridad, puesto que sólo podrá cumplir a cabalidad sus deberes de vigilancia, patrullaje, investigación y aprehensión de delincuentes si se transforma en un cuerpo organizado, probo y dotado de recursos humanos capacitados, así como de los suficientes recursos técnicos y -sobre todo- económicos que hoy tanto le hacen falta.

Dicha reforma resulta ineludible y debería ser reactivada por el Gobierno en acuerdo con la institución del orden, cuyos integrantes creemos que están plenamente concientes de que tal como se encuentra, con las tremendas limitaciones que afronta, no está pudiendo desempeñar en toda su plenitud el papel que debe jugar en la sociedad, estando inclusive en riesgo su propia razón de ser, frente a la acelerada e irrestricta proliferación de fuerzas de seguridad privada que, en los hechos, no ofrecen garantías a la población.

Y tampoco debemos olvidar que mientras el Estado continúe eludiendo su responsabilidad de ofrecer más seguridad, serán cada vez más frecuentes los desbordes de aquellos ciudadanos que, hartos de la impunidad de la que gozan los delincuentes callejeros, ya no dudan en hacer justicia por su propia mano, lo cual constituye un exceso que debe evitarse.