Hacia el fin de la Autonomía Universitaria

¿Dónde están los defensores de la Autonomía? ¿Aceptarán tan dócilmente que el dé órdenes sobre cómo gastar el dinero del sistema universitario?

Hace algo menos de seis meses, en abril pasado, se desencadenó un muy ligero alboroto en los ámbitos universitarios de nuestro país. No fue muy intenso ni duradero, pues las voces que daban la alerta fueron pronta y fácilmente silenciadas por las que llamaban a la calma.

El motivo de la inquietud fueron unas declaraciones, no del Ministro de Educación, como cabía esperar, sino del de Hidrocarburos, quien se atribuyó la tarea de anunciar los lineamientos centrales de la manera como el gobierno del MAS se propone proceder a la reforma del sistema de educación superior y especialmente de las universidades estatales.

Al inaugurar tres universidades “indígenas”, el Ministro de Hidrocarburos afirmó que aquella ocasión marcaba “el fin del sistema universitario público que responde a ‘criterios neoliberales’ (…) para “descolonizar ideológicamente y culturalmente” a los profesionales (… y ) sepultar definitivamente al sistema universitario, discriminador, individualista y neoliberal”.

Al comentar esas palabras, el 13 de abril decíamos en este espacio editorial que no era difícil prever que pronto le llegaría al sistema universitario el turno “en el proceso de destrucción del Estado nacional”. “La “revolución cultural” tiene ahora una nueva tarea que cumplir en la que, obviamente, no tendrán cabida los profesionales “colonizados”, esos que hasta ahora tuvieron a su cargo la formación de las nuevas generaciones”, decíamos.

Al preguntarnos sobre la manera como se iniciaría tal proceso, preveíamos que la primera etapa consistiría en destruir el actual sistema universitario “colonialista y neoliberal”. “¿Cómo se lo logrará? Será, un proceso moroso, se entiende, pero ya se ha iniciado. El primer paso, como no es difícil prever, será sin duda asfixiar económicamente a las universidades públicas y someter a reglas cada vez más duras a las privadas”. Afirmábamos.

No hace falta mucha suspicacia para sospechar que es precisamente en esa dirección que apunta el Decreto Supremo 308 promulgado el pasado 21 de septiembre por el Vicepresidente Álvaro García Linera, mediante el cual se instruye a las universidades estatales que dediquen una parte muy considerable de sus ingresos a dar un seguro de salud a más de 350.000 estudiantes del sistema estatal de educación superior.

Semejante disposición, que a todas luces es una aviesa violación a principios básicos de la autonomía universitaria, por muy encubierta que esté en una aparentemente noble causa, no ha merecido mayor reacción. Ni autoridades universitarias, ni docentes, ni estudiantes… nadie ha advertido la magnitud del desafío que se les ha lanzado o, si lo han hecho, han optado por el cauteloso silencio.

Es probable que sea esto último, más que la desinformación, lo que explique la pasividad con que se reaccionó. Sería comprensible, pues como lo dijimos en este espacio en abril pasado: “Los docentes que quieran sobrevivir en el nuevo sistema ya saben qué tienen que hacer. Si no quieren engrosar pronto las filas de los desempleados, deben comenzar a dar claras muestras de su compromiso con “el proceso de cambio”.