Nosotros somos los que algo hicimos mal

Es importante que reconozcamos que “Algo hicimos mal”. Y más importante aún, que seguimos haciéndolo mal y no es culpa de “ellos”


Hace algo más de dos semanas, cuando en Puerto Príncipe se celebró la Cumbre de las Américas, se produjo una muy elocuente confrontación de ideas. Los discursos de Daniel Ortega y Barack Obama fueron destacados como los más representativos de dos maneras muy diferentes de encarar el asunto.

Días después se conoció uno que no fue público hasta que su versión impresa fue ampliamente difundida y comentada. Fue el de Oscar Arias, quien encabezó su breve pero sustanciosa disertación con el título “Algo hicimos mal”, cuya versión completa se reproduce en esta página.

El mensaje, cuyas ideas sencillas son portadoras de enormes verdades, fue acogido con mucho entusiasmo por quienes critican y se oponen a la ola de populismo de izquierda que avanza por nuestro continente. Un ejemplo de ello es el comentario de Andrés Oppenheimer titulado “La mejor respuesta a los populistas” publicado en este diario el pasado jueves.

Como él, muchos creyeron ver en el discurso de Arias un argumento contra los regímenes de Chávez, Ortega, Correa y Morales, lo que tiene algo de verdad. Sin embargo, esa es una interpretación incompleta pues resulta evidente que la palabra “hicimos”, y la responsabilidad propia a la que el autor se refiere en primera persona del plural involucra también, y sobre todo, a las élites políticas, económicas y sociales que durante los últimos dos siglos tuvieron a su cargo la conducción de nuestros países.

Tanto es así que el vigor del populismo de izquierda al que ahora se atribuyen todos los males –con la misma actitud victimista que critica Arias-- no es causa sino consecuencia de esa “culpa nuestra” reflejada en décadas de malos gobiernos avalados por la tolerancia colectiva.

Ese “nosotros” al que se refiere el autor de “Algo hicimos mal” no se refiere, o por lo menos no sólo, a “ellos”, los populistas de hoy y siempre. Pretender que no abarca a las élites tradicionales de nuestros países, a empresarios, políticos, intelectuales, es incurrir en el mismo error. Es recurrir al cómodo discurso autoexculpador, al victimismo, al rechazo a la autocrítica.

Y si se busca un buen ejemplo de lo dicho, lo tenemos en Bolivia, donde el espíritu autocrítico de quienes tuvieron en sus manos la conducción de los destinos colectivos brilla por su ausencia y abunda, en cambio, el afán de buscar a quién echar la culpa de los fracasos del pasado, del presente y, lo que es peor, del futuro. La actitud de las diversas corrientes de la oposición, muy buenas para los quejidos lastimeros pero incapaces de asumir sus desaciertos, lo dice todo.

Hay pues que reconocer que “Nosotros algo hicimos mal”. Y más importante aún, que seguimos haciéndolo mal. Asumir que el “nosotros” nos incluye, y es más importante que el “ellos”, es el primer paso.

Pando, lo importante y lo banal

Mientras unos investigaban el contrabando de televisores en Pando, otros tenían asuntos mucho más importantes que atender

Hace algo más de ocho meses, el departamento más pequeño del país, del que muy pocas veces provenían noticias dignas de figurar en la prensa nacional, comenzó a ser objeto de atención. Es que se supo que en Pando se producía una serie de movimientos muy sospechosos, los que daban motivos para temer que algo raro estaba ocurriendo en tan alejado rincón del territorio nacional.

Entre quienes intentaron comprender de qué se trataba hubo dos corrientes. Una de ellas preveía que por muchas razones Pando había sido elegido como un importante escenario de la confrontación entre las fuerzas del oficialismo y las de la oposición. La otra, se empeñó en reducir el problema a un simple y vulgar caso de contrabando.

Fue esa segunda interpretación la que se impuso entre los parlamentarios de la oposición y por eso, creyendo que se les presentó una buena ocasión para empañar la imagen gubernamental, concentraron todos sus esfuerzos y energías en el afán de hacer del misterioso caso de los 33 camiones todo un asunto de Estado. Como si no fuera bien sabido que son cientos los camiones que a diario eluden los controles aduaneros. Y como si no hubiera habido motivos para suponer, además, que algo muchísimo más grave se estaba fraguando en el punto más débil de la “Media Luna”.

Dedicados a perseguir a unos cuantos contrabandistas de electrodomésticos, empeñados en descubrir si hubo coima de por medio o no, si los camiones pasaron de día o de noche, los diputados de la oposición mostraron cuán lejos están de discernir entre lo que es importante y lo que no lo es.

Mientras tanto, teniendo cosas más serias de las qué ocuparse, el Gobierno dejó impávido que el tiempo y las investigaciones avancen, seguro de que para resolver tan nimio asunto sus diputados bastaban. Con mucho gusto vio cómo los 33 camiones fueron suficientes para que pase a un plano muy secundario el proceso que condujo a la militarización de Pando, el primer paso hacia la destrucción de la oposición cívico-regional.

El resultado de tanto extravío no podía ser distinto del que ahora se conoce. El oficialismo se abanica con el informe aprobado por su bancada y se ríe de los otros dos, el de sus aliados “Sin Miedo” y el de la oposición. A nadie preocupa que el Ministro de la Presidencia y el Prefecto interventor de Pando queden impunes pues lo que está en juego en la Bolivia de hoy es mucho más importante que desentrañar los ya conocidos procedimientos de los que desde siempre se valieron los contrabandistas de televisores y licuadoras.

Así, mientras unos pierden su tiempo tratando de descubrir la fórmula del agua tibia, otros se dedican a consolidar un régimen en el que la facilidad con que se burlan los controles aduaneros no será uno de los mayores motivos de preocupación.

Más dudas sobre las empresas estatales

El Gobierno tiene la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos


Dos noticias recientemente difundidas han llamado la atención sobre un tema que tendría que ser motivo de permanente preocupación: la manera como están siendo administradas las empresas del Estado.

Una de las noticias a la que nos referimos es la relativa a la decisión gubernamental de liquidar la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB) por pérdidas millonarias que superan los 56 millones de bolivianos y crear en su lugar una nueva televisora estatal, que se llamará “Bolivia TV”. La otra, trata de la solicitud hecha por el Presidente del Senado para que el Gobierno aclare los entretelones de la “nacionalización” de Transredes, pues son muchas las dudas que pesan sobre la transparencia con que está siendo llevada a cabo esa operación.

Ambos casos, que se suman a los múltiples escándalos que salieron a la luz a raíz de la pésima manera como está siendo administrada la principal empresa estatal, YPFB, obligan a que la atención de la opinión pública no se deje distraer por otros temas pues lo que está en juego es nada menos que el patrimonio nacional.

En el primer caso, el de la Empresa de Televisión Boliviana, es mucho lo que el Gobierno -- y especialmente el Ministerio de la Presidencia que por una extraña razón hizo suya la atribución de conducirla-- tiene que explicar. Son demasiadas las razones que permiten sospechar que algo muy turbio se esconde tras la decisión de liquidarla.

La danza de cifras que cuantifican las millonarias pérdidas arrojadas por esa empresa, así como los montos igualmente grandes que sin control alguno se despilfarran a través de la densa red de medios de comunicación del Estado, ameritan algo más que un decreto para hacer “borrón y cuentas nuevas”. Una explicación es lo menos que se debe exigir.

La sospecha de que hay nuevos escándalos en ciernes no son menores en el caso de Transredes. Como ha denunciado el Presidente del Senado, con motivo de la “nacionalización” de esa empresa se han hecho millonarios pagos a los accionistas sin que se haya determinado mediante un estudio un valor previo de las mismas; además que YPFB asumió el pago de contingencias y pasivos de esa empresa.

Los montos erogados no son pequeños. Pero aún más grave que eso es la sospecha de que los nuevos administradores de la empresa, como en el caso de YPFB, no reúnen las cualidades profesionales imprescindibles para evitar más descalabros que agraven las ya alarmantes perspectivas de la economía nacional.

Ningún país, y mucho menos uno agobiado por la pobreza, como el nuestro, puede darse el lujo de ver indolentemente cómo se destruye el patrimonio colectivo como consecuencia de una pésima administración. El Gobierno tiene pues la obligación de informar y despejar las muchas dudas que pesan sobre éstos y otros casos.

Investigaciones mal encaminadas

Está tan mal encaminado el caso del supuesto terrorismo, que da abundantes motivos para los malos augurios


Hace tres semanas, cuando un tras un operativo policial que culminó con la muerte de tres personas y la detención de otras dos, el gobierno anunció que sus servicios de inteligencia habían logrado dar con una peligrosa organización terrorista, fueron muchas las voces que se sumaron a un llamado para que el caso sea afrontado con la seriedad debida. Se recomendó, además que por sus previsibles consecuencias, el caso sea puesto bajo mirada de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Interpol.

Ante esa posibilidad, el gobierno adoptó desde el primer momento una actitud ambigua. El presidente Morales se mostró plenamente dispuesto a aceptar esa propuesta, pero muy poco después fue desmentido por el Vicepresidente quien negó esa posibilidad y finalmente impuso su criterio. La oposición, por su parte, como ya es habitual, nunca atinó a fijar una posición clara y firme sobre el tema.

Ahora, tres semanas después, todo indica que fue un muy grave error no haber insistido, por todos los medios, en solicitar una intervención externa pues el asunto está muy mal encaminado. El gobierno, la fiscalía, la Policía, la comisión parlamentaria, y todos quienes de una u otra manera se han involucrado en el asunto han tenido ya el tiempo suficiente para poner a prueba su capacidad para resolver buenamente el embrollo y el resultado es aún peor de lo que temían las más pesimistas previsiones.

Son tantas y tan bien fundamentadas las dudas que pesan sobre la idoneidad de los investigadores y juzgadores del caso que ya nadie puede tomar en serio sus informes. Las contradicciones, las acusaciones temerarias, la falta de pruebas que las respalden son, entre otras, las características principales del modo como están siendo conducidas las investigaciones. Es por ello previsible que cuando llegue el momento de las conclusiones y las consecuencias, abundarán los motivos para rechazarlas.

Y como si no fueran suficientes todos los antecedentes que desde un principio enturbiaron las investigaciones --entre los que se destaca el papelón que hizo el Ministro de Gobierno, quien desde entonces guarda un elocuente silencio--, ahora es el fiscal Marcelo Sosa quien con cada una de sus intervenciones sólo logra multiplicar las dudas y las sospechas que pesan sobre su rectitud y su idoneidad profesional.

El asunto, de por sí grave, lo es mucho más si se considera que, como no es difícil prever, sus consecuencias políticas serán enormes y tarde o temprano darán serios motivos de preocupación a los organismos internacionales encargados de velar por la paz, el respeto de los derechos humanos y la preservación del imperio de la ley. Cuanto más tarden en asumir un papel activo más difícil será rectificar un proceso que a medida que avanza multiplica los motivos para los malos augurios.

Tarea ineludible para la oposición

Está en sus manos la oposición la tarea de consolidar no sólo el proceso electoral en marcha, sino la institucionalidad democrática


Dando continuidad a lo que bien puede ser interpretado como un proceso de revitalización del sistema democrático boliviano, el Órgano Electoral ha elegido a quien lo presidirá durante los próximos meses. El vocal Antonio Costas Sitic, quien fue designado por el Congreso Nacional como fruto de un acuerdo entre las fuerzas del oficialismo y la oposición, con el apoyo de las otras dos vocales, devuelve la transparencia y confiabilidad imprescindibles para que los pasos que a partir de ahora se den hacia las elecciones de diciembre sean dignos de la confianza colectiva.

Al asumir el cargo, el flamante presidente del Órgano Electoral ha ratificado su compromiso de hacer todo lo posible y necesario para que el proceso de empadronamiento biométrico sea llevado a cabo en los plazos previstos. Ha reconocido que será una tarea difícil pero no imposible, siempre y cuando se cuente con las condiciones necesarias.
Entre ellas, ha destacado el tema presupuestario. Ha dicho que los 35 millones de dólares inicialmente calculados no serán suficientes, por lo que hará falta asignar un monto adicional para cubrir el presupuesto que asciende a 43 millones de dólares.

A primera vista, el monto puede parecer excesivamente oneroso. Y es probable que sí lo sea si el empadronamiento biométrico ha de servir sólo para los actos electorales. Sin embargo, se ha propuesto ya, con mucha razón, que el esfuerzo económico que deberá hacerse sea considerado una inversión para sentar las bases de un nuevo sistema de identificación personal que sustituya al vigente que, por obsoleto y corrompido, requiere una urgente renovación.

Para que así sea, urge una decisión que debe ser adoptada de inmediato. Una decisión que no corresponde sólo a Órgano Electoral pues involucra a otras instituciones, como la Policía Nacional, cuyo rol en el sistema de identificación personal deberá ser revisado. Tan importante paso, largamente eludido durante los últimos años, corresponde al Congreso Nacional.

Para ello, como para todo lo relativo al acompañamiento y supervisión del proceso de empadronamiento, es imprescindible que los partidos políticos legalmente vigentes, pero sobre todo los que tienen presencia parlamentaria, asuman un papel activo que hasta ahora brilla por su ausencia. Está en sus manos la responsabilidad de consolidar no sólo el proceso electoral que debe culminar el próximo diciembre, sino, lo que es más importante, la institucionalidad democrática.

Los argumentos de los que a modo de pretexto se valieron hasta ahora los parlamentarios de la oposición para incumplir su obligación ya no existen. Ahora, más que nunca, sus reclamos sólo podrán ser interpretados como simples majaderías.

Un nuevo hito en el “proceso de cambio”

El MAS ha dado un paso más hacia la consolidación de su proyecto político y la oposición ha sufrido una nueva derrota


Entre las muchas características de la “revolución democrática y cultural” que está produciéndose en nuestro país desde hace ya varios años, hay una que la hace muy diferente a lo que usualmente se entiende por “revolución”. Es que a diferencia de las revoluciones clásicas, ésta no tiene un punto de ruptura, un acontecimiento y una fecha en el calendario que puedan identificarse como el límite que separa un “antes” y un “después” del hecho revolucionario. Es, más bien, un proceso.

Como todo proceso, consiste en un conjunto de fases sucesivas que de manera paulatina van marcando el avance en una dirección determinada. Vistas aisladamente, ninguna de esas fases parece trascendental. Pero vistas como un conjunto, adquieren la forma de una profunda transformación.

Es eso lo que caracteriza al proyecto político que el Movimiento al Socialismo se ha propuesto llevar a cabo en nuestro país. Consiste en una sucesión de hitos que poco a poco van marcando una línea fronteriza que va dejando atrás las estructuras económicas, políticas y sociales que poco a poco van siendo desmanteladas y sustituías por unas nuevas.

Una segunda característica es que ese proceso se desarrolla simultáneamente en dos escenarios: el de la democracia formal y sus instituciones cada vez más débiles, y el de las vías de hecho, el de los actos que al ir consumándose consolidan el avance del proyecto político.

El MAS, con extraordinaria habilidad, ha actuado en ambos escenarios. Sus sucesivos éxitos electorales, la imposición de una nueva Constitución, y el desmantelamiento o por lo menos neutralización de las instituciones republicanas, son un ejemplo de lo primero. La militarización de Pando, primero, y de Santa Cruz, ahora, de lo segundo.

En ese contexto, la conformación del Comando Conjunto del Plata en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, y la decisión de desplazar hacia ese departamento a un nutrido contingente de efectivos militares, marca sin duda un nuevo hito. Consolida la presencia del nuevo “Estado Plurinacional” en un territorio en el que proceso revolucionario tenía hasta ahora dificultades para continuar su avance.

El hecho, cuya importancia es evidente, confirma por otra parte dos características del proceso político que está en marcha. Una, es que el gobierno tiene absoluta y totalmente claros sus objetivos y sabe bien cuáles son los medios más eficientes para alcanzarlos. La segunda, que la oposición, tanto en sus múltiples vertientes políticas como la cívico-regional, no sabe qué hacer.

Se puede pues afirmar, más allá de cualquier valoración subjetiva, que el régimen del MAS ha dado un paso más hacia la consolidación de su proyecto político. Y el que era el último baluarte de la oposición cívico regional ha sido derrotado.

La libertad de prensa

La firmeza con la que se ha defendido la libertad de prensa permite confiar en que seguirá siendo un sólido pilar de la democracia

Ayer, 3 de mayo, en Bolivia como en todo el mundo se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, jornada fijada por las Naciones Unidas para que los periodistas, los gobiernos y los pueblos reafirmen su compromiso con uno de los principales pilares sobre los que se sostiene una sociedad libre y democrática.

Como todos los años, la fecha se presta a poner especial énfasis en lo importante que resulta para la salud de un sistema democrático la plena vigencia de la libertad de prensa. Es buena ocasión para que todos reflexionemos sobre el tema y con una mirada autocrítica hagamos una evaluación de la manera como ejercemos este tan importante derecho.

Hasta hace no poco tiempo, los bolivianos teníamos la posibilidad de afirmar nuestro orgullo y satisfacción por haber logrado, aun a pesar de uno que otro tropezón, construir y conservar una democracia que entre sus muchas cualidades, y a pesar de sus imperfecciones, garantizaba una plena libertad de prensa.

Hoy, en cambio, como viene sucediendo desde hace tres años, la situación es algo diferente. Han sido demasiadas las ocasiones en que la labor periodística se ha visto amenazada, y se ha llegado al extremo de obligar a un periodista a renunciar a su fuente de trabajo so pena de ser sometido a las prácticas impuestas del “control social”.

Para empeorar el panorama, ha habido también durante los últimos meses más de un atentado contra la libertad de prensa proveniente de las fracciones antidemocráticas de la oposición. La destrucción de instalaciones de Televisión Boliviana y de radios estatales en diversos puntos del país durante los enfrentamientos de agosto y septiembre del año pasado, así como las recurrentes amenazas y agresiones contra trabajadores de medios de comunicación estatales, han contribuido a que Bolivia figure entre los países en los que la libertad de prensa está deteriorándose.

Como contrapartida, y ese también debe ser motivo de reflexión, con frecuencia se puede constatar que hay casos en los que la libertad de expresión no es ejercida con la responsabilidad y el respeto a normas de ética periodística. No pocas veces se confunde la libertad de prensa con una especie de carta blanca para manipular la información y ponerla al servicio de causas o intereses incompatibles con los fundamentos básicos de una sociedad democrática.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el balance final no es del todo negativo. La firmeza con la que se ha defendido la libertad de expresión cuando ésta ha sido amenazada ha impedido que tengan éxito los intentos hechos por menoscabarla. Ese es un buen motivo para ver el futuro con optimismo y para redoblar el compromiso de mantener firme éste que es uno de los pilares fundamentales de la democracia.

A revitalizar la democracia

Quienes pretenden asumir el rol de una oposición democrática deben abandonar el victimismo y asumir el rol activo que les corresponde


En medio de la vorágine de noticias a cuál más desalentadora que ha acaparado la atención de la opinión pública de nuestro país durante las últimas semanas, impidiendo que se preste la debida atención a temas tan importantes como el proceso que debe conducir a las elecciones generales de diciembre próximo, durante las últimas horas ha habido dos que merecen ser destacadas. Ambas, felizmente, están relacionadas con la revitalización de la institucionalidad democrática.

Una de ellas, es la relativa a la decisión de José Luis Exeni de dar un paso al costado y renunciar a su condición de representante presidencial ante la Corte Nacional Electoral. La segunda, es el nombramiento, para remplazarlo, de Roxana Ibarnegaray.

La primera es una buena noticia porque Exeni se convirtió en un incordio, un motivo de malestar, un obstáculo para la buena marcha del proceso, un factor que privaba al Órgano Electoral de la transparencia y confianza imprescindible para que el escenario democrático vuelva a ser el más idóneo para que las pugnas políticas se canalicen por la vía pacífica y legal.

El correlato de tal renuncia, el nombramiento de quien ocupará su lugar, es también una noticia alentadora pues la persona nombrada reúne las condiciones necesarias para devolver la credibilidad a una institución tan importante para la salud de la democracia. Por su experiencia y sus antecedentes personales, Ibarnegaray no da motivos a ningún tipo de susceptibilidad.

Tan importantes pasos, sin embargo, no son suficientes. Hace falta, ahora, que el Congreso Nacional cumpla sin más dilaciones la tarea que le corresponde. Debe cubrir las vocalías que desde hace ya tanto tiempo están vacantes. Para ello, es necesario que los parlamentarios, tanto los del oficialismo como los de la oposición, renuncien a la tentación de acomodar en esos cargos a gente que se subordine a sus respectivos intereses.

Pero además, y lo más importante, es que las organizaciones políticas, partidos y agrupaciones habilitadas legalmente para participar en las lides democráticas, abandonen el rol de simples espectadores y asuman el papel protagónico que la ley les asigna. Sobre ellos pesa, en gran medida, la responsabilidad de que el proceso de empadronamiento biométrico se realice sin sombras de duda.

Quienes pretenden asumir el rol de una oposición democrática, deben, de una vez, abandonar el victimismo; esa actitud pasiva que se limita a las quejas y los lamentos. Tienen, más que el derecho, la obligación de participar activamente en el proceso pre electoral y organizarse de modo que en diciembre próximo no haya mesa electoral sin delegados que garanticen el respeto del voto de la ciudadanía. Ya no tienen pretexto para eludir tan importante misión.

Nuevos uniformes militares

Son muchas las dudas que ha dejado abiertas el anuncio de cambiar el uniforme de los miembros de las FF.AA. del “Estado Plurinacional”

Sin que quede claro si fue por pura casualidad, o por una relación de causalidad, el uniforme que visten los miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia ha sido tema de sendas declaraciones del Ministro de Defensa.

Por una parte, entre los argumentos inútilmente esgrimidos para paliar lo bochornosas que fueron las acusaciones contra un grupo de jugadores de “airsoft”, dijo que el uniforme camuflado era de uso exclusivo de los militares y, por lo tanto, ilegal que lo usen civiles. Tal argumento no hizo más que acrecentar el papelón.

Casi simultáneamente, anunció que las Fuerzas Armadas dejarán de usar a partir del próximo año sus actuales uniformes, por ser “modelo estadounidense”, y serán remplazados por un diseño “propio y auténtico” que represente a todas las regiones y a todas las culturas que conforman el “Estado Plurinacional”.

"Los uniformes sólo pueden ser utilizados por militares y policías, el uso indiscriminado de camuflados genera confusión. Para evitar en el futuro, que cualquier ciudadano utilice el camuflado universal, a partir del 2010 el Ejército cambiará su uniforme camuflado, porque merece respeto, dijo."

Es sorprendente, por decir lo menos, que el ejército boliviano deba renunciar a un elemento tan elemental y universal de la indumentaria militar como es el camuflaje, sólo porque otras personas también lo usan. Quienes entienden del asunto, consideran que tal razonamiento sólo puede aumentar las ya muchas dudas que pesan sobre la seriedad con que se abordan muchos temas relativos al “proceso de cambio”.

La iniciativa gubernamental, como era de prever, ha dado lugar a especulaciones, muchas de ellas alimentadas por ciertos antecedentes que ya fueron motivo de malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. Uno de ellos es el relativo a lo que alguien calificó como “folklorización” de las otrora solemnes paradas militares, las mismas que desde hace algún tiempo son “enriquecidas” con manifestaciones muy similares a las que son propias de las entradas carnavaleras.

Desfiles marciales engalanados con la exhibición de atuendos típicos de las “naciones indígenas originarias campesinas”, primero, y la idea de adoptar diseños típicos, “propios y auténticos”, ahora, no pueden dejar de dar lugar a algunas preguntas. Por ejemplo: ¿Será que las tropas acantonadas en la amazonia deberán sustituir los cascos “foráneos” por penachos ornamentados con plumas multicolores? ¿Los soldados del altiplano deberán disfrazarse de guerreros incaicos? ¿Se remplazarán las trompetas por pututus? ¿Se prohibirá a los civiles vestirse con prendas con “diseños auténticos”, que pasarán a ser uniforme oficial de los militares? Esas, entre otras, son algunas de las dudas que merecen una explicación.

El 1 de mayo no circuló Los Tiempos por ser día del trabajador